Posteado por: museodegrandesnovedades | marzo 28, 2012

Un resumen de lo actuado por la policía metropolitana

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=26da5689f3b8ab7ebe719b3e31bc26a3

POLICÍA METROPOLITANA
Con los vicios de la Federal
Casos de narcotráfico y de gatillo fácil y amparo a prostíbulos, mafias de venta ambulante, clínicas clandestinas y empresarios textiles esclavistas ensombrecen la nueva fuerza creada por Mauricio Macri.

La fuerza policial y de inteligencia del Estado porteño cumple dos años de existencia y en su corta vida ya acumuló las mismas mañas que la Policía Federal. Su primer jefe, Jorge “el Fino” Palacios fue echado y luego detenido por espiar a figuras políticas, empresariales y sindicales. Mientras que el martes Roxana Soledad Pereira, de 24 años, oficial de la Policía Metropolitana, fue allanada en su casa por integrar una banda de narcotraficantes. A su vez, Miguel Fausto Colombo tuvo que renunciar a su cargo de jefe de Investigaciones tras ser procesado por encubrir a prostíbulos VIP durante su paso por la Policía Federal. La misma suerte corrió Ricardo Cajal, excomisionado mayor, que ingresó en la policía porteña cuando estaba procesado por la protección a un prostíbulo en San Telmo, que incluyó coimas, amenazas y una causa armada contra la persona que denunciaba. No solo el espionaje ilegal y la complicidad con los prostíbulos y la trata de personas. La PM ha matado en la vía pública a siete personas en hechos que pueden considerarse lisa y llanamente de gatillo fácil o, en algunos casos, al menos, de accionar discutible. A su vez la secta del gatillo vinculada con la corrupción amplió sus negocios a la protección de clínicas clandestinas, la venta ambulante callejera y la vista gorda con empresarios textiles denunciados por trabajo esclavo.
La oficial narco
A modo de mensaje político al macrismo, la propia ministra de Seguridad (y potencial candidata a la Jefatura porteña en 2015), Nilda Garré, anunció que una integrante de la Policía Metropolitana y su madre, empleada del Gobierno porteño, fueron detenidas junto a otras personas, acusadas de integrar una banda de narcotraficantes. La organización narco fue descubierta por la Policía Federal en el barrio porteño de Floresta (Carrasco y Rivadavia), cuando tres personas que iban en un auto Ford Escort intentaron eludir un control vehicular. “Hay que destacar que Roxana Soledad Pereira es una oficial de la Policía Metropolitana, y su madre Maura trabaja en la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo la ministra.
Garré indicó que, además de los estupefacientes, los policías se incautaron de una pistola 9 milímetros, un revólver calibre 38, nueve teléfonos celulares, 22 botellas de precursores químicos, una balanza electrónica y una prensa casera para compactar marihuana.
La secta del gatillo alegre
La adrenalina lo apoderó por completo. Enzo Fabián Álvarez sentía que su cuerpo era una corrida. Pura venganza. La deseaba con esa misma furia con la que corría a Bruno Pappa y a su cómplice. Quería recuperar su billetera y mochila. Tardó segundos en alcanzarlos. Entonces no se detuvo.
Desenfundó, se trenzó con uno y cuando lo tuvo a tiro de gracia no dudó. La bala de plomo se incrustó en el cráneo de Bruno Pappa. Su réplica de pistola cayó y a los segundos fue inundada de sangre. Un policía metropolitano de 25 años sin uniforme fue su verdugo. Entonces los marginales de Chacarita se alzaron. Prometiendo venganza, se presentaron en la noche a copar el cuartel principal de la Policía Metropolitana (PM), donde el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la había presentado en sociedad el 5 de febrero de 2010. Todo fue furia, fuego, destrozos, robos y represión policial. Claudia Resina, la madre de crianza de Bruno, afirmó que dos vecinos vieron que “estaba en el piso, sin posibilidad alguna de defenderse, ni de atacar, cuando el policía metropolitano le disparó a mansalva”. Resina, además, descree de la versión policial. “Es cierto que él tuvo problemas y cayó alguna vez en el delito, pero se había recuperado y estaba trabajando como chef. Yo no creo en la versión de la Metropolitana, que dice que lo mataron cuando intentaba robar al agente. Lo que creo es que lo tenían ‘marcado’. Para un chico que cayó en el delito es muy difícil la recuperación, porque ya queda señalado”.
Bruno Pappa fue el séptimo muerto a manos de efectivos de la PM desde su creación. Tres semanas antes, otro policía porteño de civil mató a dos ladrones en un colectivo lleno de gente, en el barrio de Barracas, cuando recorría la avenida Vélez Sarsfield y Zepita. Mientras que en la primera semana de agosto, un oficial de la PM hirió gravemente a un hombre, de 46 años, a quien le disparó un balazo en la cabeza, durante una discusión vecinal en Temperley, en el partido de Lomas de Zamora.
La situación más complicada para la PM fue el fracasado desalojo, en conjunto con sus pares de la Federal, del Parque Indoamericano. Ese 7 de diciembre cayeron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosmeri Cupeña. Y dos días después, Emilio Canaviri Álvarez fue alcanzado por una bala dirigida desde el barrio Samoré, donde estaba apostada la Metropolitana y los punteros del Pro eran amos y señores de ese complejo habitacional en Lugano, ubicado frente al Indoamericano.
Pero la primera muerte de la nueva fuerza policial se produjo el 10 de junio del último año, a las 22, cuando dos ladrones entraron supuestamente a asaltar un almacén en Glew, cuyo dueño es un miembro de la Policía Federal, quien tiene un familiar que integra las filas de la PM. Los dos policías sin uniformes desenfundaron sus armas y, cuando tuvo la oportunidad, el metropolitano gatilló sobre uno y al segundo lo persiguieron entre los dos, sin lograr matarlo.
La venia política
“Valentía y profesionalismo”, sostuvo el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, cuando lo consultaron por el actuar del funcionario policial que mató a los ladrones arriba del colectivo lleno de gente. El respaldo llegó también del propio ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, exjuez federal devenido en ministro macrista.
“El 83 por ciento de los cargos jerárquicos está ocupado por expolicías federales. De ese grupo, alrededor del 80 por ciento comenzó sus tareas en la Federal en la década de 1970”, precisó a este medio una alta fuente de los servicios de inteligencia que reporta semanalmente a la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, en sus almuerzos en el Yacht Club Puerto Madero.
La muerte dudosa de una agente
Ningún funcionario de la PM hasta ahora cayó en servicio. Sí en un accidente de tránsito falleció una mujer policía. Impactó la moto que conducía con un camión. Mientras que a fines de marzo se halló otra mujer policía de 24 años con un balazo en el pecho dentro de su departamento. Todavía se analiza en la Justicia si fue asesinada o si se suicidó después de discutir con su pareja.
“Supongamos que la agente se suicidó, cosa que es para nosotros completamente inverosímil: una joven de 24 años egresada de la Academia de Policía en diciembre se suicida tras una pelea con el novio. No es demasiado creíble. El otro punto es que el arma fue arrojada a metros después de pegarse el tiro. No cierra”, soltó una fuente en los pasillos de tribunales.
Jerarcas sospechados
La Policía Metropolitana no ahorra escándalos. Ricardo Cajal fue designado comisionado mayor (al mismo nivel de un comisario de la Federal) de esa fuerza luego de la supuesta purga y revisión de legajos. Es un excomisario de la Federal que fue separado en medio de una investigación por la protección a un prostíbulo en San Telmo, que incluyó coimas, amenazas y una causa armada contra el que denunciaba. Antes, otro alto jerarca metropolitano, Miguel Fausto Colombo, tuvo que renunciar a su cargo de jefe de Investigaciones tras ser procesado por encubrir a prostíbulos VIP durante su paso por la Policía Federal. En esa causa el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía se destaca que el nombre y el teléfono de Colombo figuraban en la agenda de un proxeneta detenido. La causa, a cargo del fiscal José María Campagnoli y el juez Alberto Baños, está a punto de llegar a la etapa de juicio oral con cinco excomisarios, cuatro exsubcomisarios y dos oficiales procesados por dar protección a tres boliches de sexo vip.
El propio gobierno de Mauricio Macri separó a altos jefes policiales a los que se les detectaron causas judiciales. Se trataba de cuatro comisionados mayores, un oficial mayor, un inspector, dos subinspectores y un oficial –que es el escalafón más bajo–. “El desempeño de estos nueve hombres dentro de la fuerza hasta ahora había sido impecable, pero arrastran estas causas de antes, así que teníamos que tomar esta decisión”, señaló una fuente de la Metropolitana. Y agregó: “Ninguno es culpable de nada, pero no podían seguir trabajando en la fuerza”.  Dos de los cuatro comisionados mayores desplazados en su momento eran Jorge Silveira y Sergio Lozano
Otra de las áreas cuestionadas por sus vínculos turbios es el área de investigaciones, que trabaja codo a codo con las fiscalías Penales, Contravencionales y Faltas. Cuando este cronista fue amenazado de muerte por el supuesto dueño de la empresa de ropa Soho. A la salida de la fábrica, tras una actuación de la PM en el marco de un conflicto gremial, Nelson Sánchez Anterino, empresario denunciado por vaciamiento y esclavitud en talleres textiles, rechazó una entrevista diciendo: “Sabelo, te voy a sacar a tiros”. En ese instante, un destacado efectivo metropolitano, vestido de civil con campera marrón y anteojos, se sumó a la protección de Sánchez Anterino, agarrando al cronista de la mano y gritando: “Eso no es periodismo”. Este episodio y el policía quedaron registrados en una filmación que actualmente está en poder de la fiscal Verónica Andrade, quien viene manejando con pausa el expediente contra el empresario de reconocido lazo con el círculo íntimo presidencial y la Justicia federal. El propio delegado de Soho reconoció la sospecha de complicidad de la PM y el empresario denunciado. “Mientras el fiscal ordenaba a Anterino que no ingresara a la planta, la policía se lo permitía”, sostuvo Ezequiel Conde, trabajador en la fábrica ubicada en Villa Urquiza.
La sospecha de negociados de la PM alcanza a la peatonal Florida por la venta ambulante y hasta clínicas clandestinas en el barrio de Liniers. “El miércoles 8 de mayo vinieron 70 policías uniformados y 30 de civil, todos metropolitanos. Llegaron con cámaras de filmar y fotografiar. Nos querían sacar las cosas. En eso, el comisionado Rodríguez me dijo que no abusara de mi suerte. Lo denuncié en la Defensoría del Pueblo porteña por amenazas. Es que ellos iniciaron causa junto a la fiscal Guagnino contra artesanos y no, justamente, contra la mafia de la reventa”, expresó Julio Pereyra, quien se encuentra amenazado de muerte en estas horas por los referentes de la estructura criminal que vende mercadería robada o que proviene de talleres textiles clandestinos.
Tres clínicas médicas ilegales donde se receta sin autorización fueron investigadas por la PM bajo órdenes de la Justicia porteña. Transcurrido los meses y estancada la causa en fiscalía, la cobertura de las clínicas sigue en pie. “La cooperativa de consumo Cadel sigue activa. Preguntale a la PM las razones”, confió un alto miembro de la Policía Federal que demuestra su enfado por la competencia.

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