Posteado por: museodegrandesnovedades | febrero 6, 2012

La ley (anti)terrorista

Una ley que a pesar de que la legisladora porteña María Elena Naddeo explicó que está “segura de que este gobierno no diseñó una ley para poder reprimir” ya fue aplicada a nueve asambleístas detenidos durante una protesta contra un proyecto minero en la localidad catamarqueña de Santa María que quedaron imputados por hechos de “terrorismo”, de acuerdo con la ley sancionada en diciembre pasado por el Congreso Nacional. Así lo confirmó el fiscal federal de Cámara Antonio Gustavo Gómez, quien resaltó que es “la primera vez que se aplica” la Ley Antiterrorista desde su sanción. “El sistema acusatorio de Catamarca aplica el artículo 213 bis que es uno de los delitos mencionados por la última Ley Antiterrorista, y es el de pertenecer a una organización que pretende atemorizar”, afirmó Gómez. A pesar que “En este caso se trata de un reclamo por un derecho humano esencial que es la salud pública, en función de la contaminación de minera La Alumbrera”, afirmó el fiscal. Los manifestantes habían sido detenidos mientras realizaban una protesta en la ruta nacional 40, sin corte de tránsito pero impidiendo el paso de los camiones que transportaban elementos hacia la minera La Alumbrera, cuyo cierre exigen desde hace tiempo.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=8a3625e3aee596b39cefa82c8fd633f2

CONTROVERSIA POR LA NUEVA NORMA
Una de terror
La nueva ley antiterrorista plantea penas muy severas sobre actos que “aterroricen a la población”. Cuál sería el impacto en la Ciudad, ubicada en el centro de la escena de marchas y piquetes. Opinan funcionarios, legisladores, intelectuales y representantes de ONG. Los proyectos de ley antiacampe y la idea de que la Policía Metropolitana contara con una fuerza antipiquete fue informado hace unos meses. Voces opositoras no dudaron en hablar de “criminalización de las luchas sociales”. Pero ahora, y con el penoso corolario del décimo aniversario de la masacre del 19 y 20 de diciembre, la pelota parece haber pasado de cancha luego de que la Cámara de Diputados de la Nación, con mayoría kirchnerista, le diera media sanción a la denominada ley antiterrorismo, y de que este último jueves por la madrugada, el Senado la sancionara definitivamente.
La iniciativa plantea, por ejemplo, duplicar las penas sobre actos cometidos para “aterrorizar” a la población. Un piquete, una marcha, una movilización o una toma podrían encuadrarse aquí. La ley tiene alcance a escala nacional, por lo cual comprende a la Ciudad que, casualmente, es el núcleo que concentra las protestas de todo tipo para que se hagan mas visibles y que, en muchos casos, como los docentes de Santa Cruz o los tobas de la comunidad La Primavera, nada tienen que ver con el gobierno local pero llegan a estos lares buscando visibilidad. Se pudo saber que en algunos sectores del Pro están contentos con la iniciativa y piensan que, lejos de ser represiva, “ayudaría a pacificar la Ciudad”. “A nosotros nos toca todo, lo de la Ciudad, los de Avellaneda y los del Chaco, y así Buenos Aires se pone invivible”, señalaron en confianza.
El proyecto de ley fue ingresado en el Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre y se la incluyó en las sesiones extraordinarias. La oposición, ahora en minoría, salió al cruce de la modificación del artículo 41 del Código Penal, con la que el Gobierno nacional logró duplicar las penas para los delitos cometidos con la finalidad de “aterrorizar” a la población, sin mayores aclaraciones sobre los alcances de esa definición.
En una Ciudad con un promedio de cuatro cortes/piquetes por día, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno porteño, la ley es vista con buenos ojos por los sectores más duros del Pro: “Uno no puede vivir pensando por cuál calle pasa, por dónde hay un acampe, por dónde un corte. La gente no puede vivir, justamente, aterrorizada”, confiaron a este medio fuentes cercanas al área de Seguridad. En la vereda de enfrente, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró que “la urgencia con que la Cámara baja aprobó la ley antiterrorista y antidemocrática tiene que ver con las imposiciones de Estados Unidos, el proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de (Raúl) Alfonsín, de Punto Final y Obediencia Debida, que votaron los legisladores sin pestañear”, advirtió.
En un comunicado difundido públicamente, Pérez Esquivel señaló que en el texto no se clarifica “quiénes son terroristas y cuáles los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo”. “Si se aprueba la ley –alertó– pueden ser acusados los indígenas que luchan por el derecho a sus territorios y los obreros cuando reclamen sus derechos laborales; es decir, es una ley que viola los derechos humanos de la persona y de los pueblos”.
De perfil progresista, la legisladora porteña María Elena Naddeo explicó que está “segura de que este gobierno no diseñó una ley para poder reprimir”. “Creo que la ley tiene dos aristas y está más enfocada en los delitos de lavado de dinero. Pero por la redacción que tiene despierta temores de sectores populares a los cuales la letra les suena a represión”, indicó, aunque hizo hincapié en realizar clarificaciones en los textos en caso de que presten lugar a dobles interpretaciones.
Julio Raffo, legislador de Proyecto Sur, en cambio, calificó de “barbaridad” al texto que fue aprobado en el Congreso. Raffo indicó que “hasta el mismo Horacio Verbitsky hizo una nota formidable en Página/12 explicando el daño que puede hacer esta ley”. “En derecho penal hay formas abiertas y cerradas de ver las cosas, si decimos la palabra daño de modo abierto, esto podría incluir en un mismo lugar un tajo en la cara que un asesinato. Y eso justamente tiene este proyecto: es abierto, es amplio y cualquiera puede ser catalogado como terrorista”, remarcó.
Raffo, además, recordó la pata financiera de esta ley y graficó que “uno puede ir preso por ir a sacar plata al banco ante el temor de una corrida bancaria”. “Esto es antidemocrático, anticonstitucional y una presión de EE.UU. Por qué no empezar por la corrupción, que es algo más grave y estamos llenos de corruptos. Terroristas no he visto”, deslizó, y finalizó diciendo que “al Pro le gusta esto porque convierte en delito la protesta social que es legítima. Como norma, le viene bien a un gobierno de derecha pero dentro del mismo kirchnerismo hay divisiones en torno al tema, que puede llegar a ser un escándalo internacional”.
“Debatir terrorismo es muy complejo en la Argentina. La herencia de los 70 nos remite a un pasado doloroso”, refirió en su momento Julio Alak, actual titular de la cartera de Derechos Humanos. Aunque admitió que la no aclaración del concepto terrorismo abre el juego a “múltiples interpretaciones”. A su vez, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, afirmó que “lo que se está buscando no es penalizar la protesta social y eso se ha aclarado explícitamente en la legislación. Hay un párrafo que se dedica a aclarar eso para que los jueces no lo interpreten”. Se refiere a la frase, agregada en Diputados, que dice: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Sin embargo, para las organizaciones sociales y de DD.HH. esto no garantiza lo suficiente.
Posicionado desde un lugar donde las movidas sociales permiten la reivindicación de derechos, Gustavo Vera, coordinador general de la ONG La Alameda, dijo que “lo que se pretende hacer pasar como ley antiterrorista es una deformación grave de lo que en realidad establece la convención de Naciones Unidas sobre la materia”. Es que la ONU tipifica como acción terrorista la presión sobre el Estado o autoridades extranjeras en el marco de un enfrentamiento armado y de asesinatos de civiles inocentes. “Esa hipótesis bien específica –manifestó Vera– queda eliminada y simplemente se tipifica la presión sobre el Estado o autoridades extranjeras como una acción pasible de ser tipificada como terrorista, abriendo el paso a la criminalización de la protesta social en general. Por más que luego indique que se respetarán los derechos humanos, sociales y constitucionales, eso queda a la libre interpretación del Oyarbide de turno.”

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