Posteado por: museodegrandesnovedades | febrero 6, 2012

Informe anual 2011 del Observatorio de Derechos Humanos

La única crítica que podemos hacerle al informe es el de contabilizar 3 casos de gatillo fácil cuando en realidad son 4: el 15 de agosto David Alejandro Barrios dentro de un colectivo asesinó a 2 supuestos delincuentes (2 casos), el 8 de septiembre cuando Enzo Fabián Alvarez asesina a Bruno Germán Pappa (3er caso) y el 25 de octubre cuando Gastón Osvaldo Bustamante fue asesinado de un balazo en el pecho por un policía metropolitano en Laferrere (4 caso). A esto se le podría sumar el caso de Juan José Lizondo cuando el tano Francisco Nirta se encontraba discutiendo con su hermano el 8 de agosto terminó la discusión disparandole un balazo en la cabeza (causa que todavía hace que esté en coma internado)

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=e3ecbf956a1d6c92e892df382c9c476b

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad presentó su informe anual 2011. Su titular afirma que “por más ideología que tenga un gobierno electo, lo que no puede dejar de hacer es garantizar los derechos reconocidos en la Constitución”. En el documento se destacan los casos de gatillo fácil a manos de la PM.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó su informe anual 2011 en la sede de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que incluyó críticas conclusiones sobre las políticas que desarrolla Mauricio Macri en las áreas de vivienda, espacio público, seguridad y educación, especialmente. El informe se refirió además a las áreas de accesibilidad, educación sexual, memoria y cultura, en las cuales las conclusiones fueron igualmente punzantes.
Los miembros del Observatorio convocaron a brindar testimonio al doctor Aldo Pagliari, director del Cesac N° 20, ubicado en la Villa 1-11-14, quien explicó que lo quieren echar abriendo un concurso para designar a alguien para ocupar su cargo, pero prohibiéndole a él que se presente a concursar. En tanto, Cecilia Galarza, la novia del asesinado Bruno Pappa, planteó que la Justicia no la aceptó como querellante en la causa porque no estaba casada legalmente con él. Marino Sosa, que representa a sus vecinos en el barrio Rodrigo Bueno, relató, por su parte, la situación de las 300 familias que viven en el barrio, amenazadas con el desalojo por haberse atrevido a asentarse en el lugar en el que la empresa IRSA planea un gigantesco negocio inmobiliario. Y finalmente, el defensor adjunto del fuero Contravencional, Penal y de Faltas, Roberto Gallardo, planteó la sociedad dual y la manera en que el Gobierno de la Ciudad “necesita limpiarla de pobres” para invisibilizarlos y hacer negocios.
Carlos Pisoni, responsable del Observatorio, habló con Noticias Urbanas, y en cuanto al tema específico de la protección de la memoria, fue más allá de las críticas al Jefe de Gobierno y cuestionó también a la conducción del Instituto Espacio de la Memoria, a la que achacó de incurrir en la “inacción”.
El dirigente consideró que “la Ciudad, en materia de derechos humanos, está a contramano de lo que se está haciendo a nivel nacional. Hay un fuerte sesgo autoritario en su gobierno. Esto lo podemos ver, como hemos denunciado, con algunas personas que puso al frente de algunas dependencias, como puede ser Abel Posse, que fue ministro de Educación, o el comisario Jorge ‘el Fino’ Palacios, que fue el primer jefe de la Policía Metropolitana y que integró la patota de Coordinación Federal en los 70; o el caso de Federico Young, juez de la dictadura y amigo del grupúsculo de Cecilia Pando, que estuvo al frente de la Agencia de Control Comunal, y de los tres represores que fueron nombrados en distintos puestos en la Ciudad, como Julio Cirino, Pedro Florido y Enrique Jordana Atestoni, que hoy están presos por haber cometido delitos de lesa humanidad”.
Con respecto al trabajo del Instituto, manifestó: “Somos bastante críticos con la gestión y con el presupuesto que se le asignó al organismo que tiene que velar por estos sitios clandestinos de detención, que es el Instituto Espacio de la Memoria (IEM). No solo eso, sino que hay una inacción por parte del mismo instituto para llevar adelante las acciones que tiene que realizar”. De todos modos, advirtió que “a eso se le suma la falta de presupuesto del Gobierno de la Ciudad”.
Pisoni además consideró que “Macri, en materia de derechos humanos, está aplazado. Hace cuatro años que los DD.HH. se vienen vulnerando constantemente. Nosotros lo que decimos es que, por más ideología que tenga un gobierno electo, lo que no puede dejar de hacer es garantizar los derechos reconocidos en la Constitución. Ponemos especial énfasis en la Policía Metropolitana, de la que todos esperábamos que fuera una nueva fuerza comunitaria y terminó siendo lo peor de la vieja fuerza, en la que más del 60 por ciento de los altos mandos se formaron durante la dictadura. También se intentó en ese ámbito implementar las neopicanas Taser y se enviaron agentes a los cursos de antiterrorismo en la Nueva Escuela de las Américas. Este año, además, hubo tres hechos de gatillo fácil. En uno de ellos, Rodrigo Romero y Jesuán Marchioni fueron asesinados en un colectivo por un oficial de la Metropolitana. El caso emblemático es el de Bruno Pappa, que fue asesinado en Villa Crespo, según los testigos y las pericias, a una distancia de 50 centímetros por el oficial de la Policía Metropolitana Enzo Álvarez”.
En el expediente, relata el titular del Observatorio, “Álvarez dijo que Pappa le robó y que en un forcejeo se le escapó un tiro sin intención. Los tres testigos que figuran en el expediente y las pericias balísticas indican que fue un fusilamiento. Lamentablemente la causa cayó en un juzgado que no es amistoso con los derechos humanos, que es el de la jueza Alicia Iermini, la misma que tuvo la causa de Bulacio por la cual el Estado argentino fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora la jueza está de licencia, por lo que esperamos que el juez subrogante no siga su camino. Enzo Álvarez está imputado por homicidio simple, aunque está libre, lamentablemente. No sabemos si aún sigue en funciones, aunque suponemos que está sumariado”.
Sobre dicho caso, Pisoni asegura que Pappa “no tenía antecedentes y además en la autopsia no se detectó ni que estuviera alcoholizado ni que estuviera bajo los efectos de algún tipo de droga, como afirmaron en un momento los abogados de la Policía Metropolitana. Estos graves hechos se suman a los del Parque Indoamericano, en donde la Justicia analiza en las pericias si las balas halladas en los cuerpos de los asesinados provienen de las escopetas de la Policía Metropolitana. Estos casos fueron protagonizados por oficiales egresados del Instituto de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana. De hecho, Álvarez había egresado hacía una semana de allí, lo que agrava la situación, porque ahora nos preguntamos: ¿qué formación reciben los agentes y oficiales que ya tienen tres casos de gatillo fácil?”.
En 2012, se supone que esta pregunta debería ser contestada con una mejora en el funcionamiento de una policía que hasta ahora es solo un proyecto, pero que viene sumando problemas cada vez que entra en acción.

 

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