Posteado por: museodegrandesnovedades | octubre 11, 2011

Basta de la mentira sobre las cámaras de seguridad

Una respuesta a la editorial de La Nación de hoy:

http://www.lanacion.com.ar/1413515-camaras-de-seguridad-en-escuelas

Cámaras de seguridad en escuelas

Debido a una resolución judicial, el gobierno de la ciudad no podrá instalar en los colegios equipos para filmar

El valor documental, disuasivo y probatorio que representan hoy las cámaras de seguridad ha sido limitado por la justicia porteña al impedir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires colocar esos dispositivos electrónicos en escuelas públicas del distrito.

El valor documental, disuasivo y probatorio según el mismo diario La Nación (http://www.lanacion.com.ar/1411104-crecera-el-35-la-colocacion-de-camaras) es de 2600 delitos detectados en flagrancia con 2800 cámaras del gobierno de la ciudad. O sea un valor documental, disuasivo y probatorio muy bajito: es algo así como que cada cámara detectó menos de 0.93 delitos desde su colocación a la fecha.

La decisión de la jueza Elena Liberatori, históricamente enfrentada con la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno, vino a dar respuesta a una decena de recursos de amparo presentados por padres de alumnos junto con la ONG Observatorio de Derechos Humanos y el opositor gremio docente Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), los que consideran que la colocación de cámaras de seguridad dentro de edificios escolares viola el derecho a la intimidad de los chicos que a ellos asisten. A ese requerimiento judicial, el gobierno local respondió que nunca fue su objetivo instalar las cámaras en el interior de los colegios, sino apuntarlas hacia afuera y hacerlas funcionar fuera del horario de clases.

La jueza Elena Liberatori dio lugar al recurso de amparo presentados por padres, el observatorio de Derechos Humanos y UTE de acuerdo a la ley. Se podría decir que quién históricamente está enfrentado con la ley es Mauricio Macri. Y la respuesta del gobierno la analizaremos más adelante.

Algo semejante acaba de ocurrir ahora con las cámaras instaladas en los colegios de La Plata: serán retiradas tras un reclamo de un grupo de docentes que consideró que violan “la intimidad de los maestros y alumnos”, a pesar de que la instalación de estos dispositivos había contado con el consenso de los directivos de escuelas de la región.

En este caso el diario no habla de un juez o una jueza enfrentado/a al gobernador Daniel Scioli, entonces más claro queda aún que la colocación de cámaras dentro de las escuelas atenta contra el derecho a la intimidad de alumnos y docentes.

Parece, por lo menos en este punto, una discusión con poco sentido práctico. Es público y reiterado el pedido de numerosos padres y docentes para que los gobiernos eleven el nivel de seguridad en las escuelas, un espacio que como otros muchos lugares es objeto de hechos delictivos contra sus bienes e integrantes.

Por más público y reiterado que sea el pedido de aumento de seguridad en las escuelas, está claro que ese aumento no se logra violando derechos y también habría que pensar (con los datos de la ciudad donde cada cámara detectó menos de un delito y con los datos de Scotland Yard que reciben la información de 1.000.000 de cámaras en Londres) si realmente las cámaras sirven para ese fin.

En respuesta a esa creciente inseguridad es que se crearon, por ejemplo, los “corredores seguros escolares”, una suerte de trayecto vigilado por agentes de tránsito, policías y comerciantes interconectados con celulares y números de telefonía fija para dar aviso y actuar en caso de registrarse un delito durante el ingreso y la salida de los chicos de los establecimientos educativos. Y nadie podría decir con fundamento por estas horas que esa “vigilancia concertada” entre tantos actores no ha sido beneficiosa para el fin que se persigue.

Los corredores seguros son, por supuesto, una gran idea. En épocas de Anibal Cromañón Ibarra y de Jorge Telerman, esa tarea la realizaba la Guardia Urbana. Entre los primeros actos de gobierno de Mauricio Macri (el que durante la campaña pedía a los opositores que se comprometieran en fijar políticas de estado) fue dar de baja los corredores seguros y disolver la Guardia Urbana.

Las cámaras de seguridad se han convertido en invalorables asistentes de la Justicia y la política. Esas filmaciones adquieren hoy un valor probatorio cada vez más aceptado. Es cierto que en la mayoría de los casos no filman el delito en sí, pero actúan como elementos disuasivos y, más aún, sirven de prueba indiscutible en materia judicial, pues una imagen no puede ser tildada de “falso testimonio”. Sólo el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía Metropolitana recibe 50 oficios diarios de la justicia penal con requerimientos de filmaciones puntuales para lugares y fechas precisas, tal como informó recientemente LA NACION.

En ese mismo informe de La Nación donde dice que la justicia pide por día por 50 casos se contradice con la cifra que da el Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, cuando dice que “desde su instrumentación, las cámaras de la ciudad detectaron 2600 delitos en flagrancia” (lo cual matemáticamente significa que se instrumentaron desde hace 52 días) y por otro lado, esa cantidad de pedidos indica que el poder disuasivo que quieren crear alrededor de las cámaras es falso.

Por otro lado, quienes cuestionan el valor de esas cámaras dentro de las escuelas parecen olvidar que los rostros de esos mismos chicos son reproducidos por centenares de cámaras en comercios; estaciones de servicio, de trenes y de subtes; aeropuertos y entidades bancarias, por citar sólo algunos espacios públicos y privados que son sometidos a videovigilancia.

No nos olvidamos que cámaras en comercios; estaciones de servicio, de trenes y de subtes; aeropuertos y entidades bancarias violan la intimidad de las personas. Sin embargo nos parece incorrecto comparar lugares privados de uso público con la escuela.

Las cámaras de la Policía Metropolitana y de las empresas de transporte representan hoy documentos invalorables para la Justicia que investiga el brutal choque entre un colectivo y dos trenes, ocurrido el 13 del mes último en la estación Flores del ferrocarril Sarmiento, que derivó en la muerte de 11 personas y en más de 200 heridos.

Este punto es decisivo, la cámara de la policía metropolitana vio que la barrera había sido rota por un camión de la basura, vio que la barrera estaba a 45º y que las luces estaban funcionando, vio que autos, motos, camiones y colectivos estaban cometiendo la infracción de cruzar de todas maneras y no hicieron absolutamente nada. ¿qué me importan que esas imágenes sean invalorables para la Justicia que investiga el choque? ¿No hubiera sido mejor evitar el choque? ¿no se podría haber hecho uno o dos llamados telefónicos para que no se siguieran cometiendo infracciones (y salvar vidas)?

Ni siquiera fueron los que llamaron a emergencias: el diario La Nación informó el día posterior al accidente (http://www.lanacion.com.ar/1406027-la-coordinacion-fue-clave-ante-la-emergencia) que “el primer llamado de emergencia, realizado a las 6.28 (apenas cinco minutos después de ocurrida la tragedia), lo hiciera un agente de la Policía Metropolitana que viajaba en una de las formaciones accidentadas” a pesar de que el accidente fue visto en vivo y en directo desde el Centro Único de Coordinación y control.

Del mismo modo, la cámara de vigilancia apostada en la puerta de la sinagoga de la calle Argerich, entre Bacacay y Bogotá, también en Flores, ha mostrado en primer y clarísimo plano el rostro del agresor del feroz ataque a miembros de la comunidad judía el 24 del mes pasado.

Como ocurre hoy en muchas empresas, el objetivo no es colocarlas dentro de las oficinas o en lugares de reunión de empleados. En cambio, son instaladas en pasillos, cercanías de ascensores e ingreso de edificios. Siguiendo esos mismos recaudos, se entiende que la intimidad de los menores de edad en una escuela no se verá afectada porque se coloquen cámaras en el interior de los edificios escolares.

O acaso, quien no recuerda cómo una cámara puesta en un pasillo de una escuela municipal de Realengo, en Río de Janeiro, permitió ver con detalle e identificar al atacante que, antes de suicidarse, asesinó a 12 chicos que participaban de una clase.

De qué sirve traer al caso ese hecho cuando la respuesta del Gobierno de la Ciudad a la Justicia fue que no iban a funcionar en horario de clase ni dentro de las escuelas, de todas maneras ¿de qué nos sirve ver con detalle después de que asesinó a 12 chicos? ¿de que nos sirve identificar al atacante si se suicidó? ¿No sería mejor una campaña a nivel municipal, provincial, nacional e inclusive internacional por el desarme?

En nuestra ciudad, tras la decisión desacertada de la jueza Liberatori, el gobierno porteño emitió una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial, por la que les ordena a las uniones transitorias de empresa (UTE), con las que firmó contratos para instalar cámaras en 92 escuelas del distrito, abstenerse de hacerlo “en el interior de establecimientos educativos y/o cualquier otro donde pudieran resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad”. Es de esperar que la adquisición de los equipos se realice, como es preciso, mediante licitaciones transparentes.

Si la decisión de la juez es desacertada, ¿por qué no se apelo? ¿no sería que no había argumentos para demostrar la inviolabilidad del derecho a la intimidad?

Sería razonable que la Justicia, el gobierno, docentes y padres preocupados por prevenir esa posibilidad ponderen también el derecho a la seguridad no sólo de los niños, sino de todos los ciudadanos en una sociedad que se muestra cada vez más indefensa frente a la creciente violencia.

Sería razonable que los que emiten opiniones sobre seguridad investiguen sobre el tema en lugar de sostener sin ningún tipo de aval serio que las cámaras de seguridad sirven para defendernos de la violencia. Sería razonable dejar de publicar mentiras que solo sirven para que los que repiten sin pensar digan: “lo leí en La Nación”. Si los que escribieron esta editorial son muy perezosos para buscar la información le hacemos el favor desde acá:

En este link el diario The Independent publica los resultados de las cámaras de seguridad según la Scotland Yard. En resumen: la policía de la ciudad más monitoreada del mundo (Londres) sostiene que no se condicen el costo masivo de las cámaras de seguridad con respecto a los mínimos beneficios.

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/cctv-in-the-spotlight-one-crime-solved-for-every-1000-cameras-1776774.html

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