Posteado por: museodegrandesnovedades | octubre 10, 2011

Actualización de la causa de la asociación ilícita que permitió a través de recursos estatales que un aparato clandestino de inteligencia se instalara en la policía metropolitana (46)

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=a7e6d0752e5257aa3ba75ce4e5720d76

MACRI Y EL ESPIONAJE PORTEÑO
Un complicado futuro judicial
Las pinchaduras contra Leonardo, los dichos de Chamorro sobre la contratación de personal de inteligencia y la confesión de Palacios perjudican al Jefe de Gobierno. 

El peor enemigo del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, no es un político. Es más, no es humano. Se trata de un programa de entrecruzamiento de llamados telefónicos que es utilizado en la causa del espionaje porteño. El sistema comienza a funcionar una vez que se ingresa el número de teléfono fijo o móvil que se desea rastrear. El programa relaciona el destino o el origen elegido por el operador y muestra en pantalla, con absoluta precisión, la cantidad de operaciones efectuadas, el número y el nombre de los abonados involucrados, la duración de los contactos, la fecha y la dirección en la que están registrados los aparatos telefónicos fijos o celulares. Es el mismo programa que utilizan el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) y la policía de Los Ángeles. Su utilización fue clave en el caso de las escuchas ilegales.
A través suyo, el juez federal Norberto Oyarbide comprobó que el 27 de agosto de 2008 a las 23.05 el espía Ciro James realizó una comunicación con su celular en Avenida del Libertador y Tagle, lugar donde por entonces vivía Macri. Fue el propio James quien retiró de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los casetes con las escuchas de Leonardo, que el expolicía federal les había solicitado a los jueces de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey.
La llamada realizada por James el 27 de agosto de 2008 y las pinchaduras que sufrió Néstor Leonardo, el cuñado del Jefe de Gobierno, son fundamentales para el magistrado. Es más, en las últimas semanas el juez se abocó especialmente al espionaje sufrido por Leonardo porque cree que la pista apunta directamente a Mauricio.
El propio Leonardo apuntó al clan Macri al involucrar a la agencia de seguridad que trabaja para Franco. En su declaración judicial dijo que Richard Ford, un norteamericano que integró el FBI y es el representante en Sudamérica de Ackerman Group –empresa que Franco Macri contrató para la seguridad personal de su familia–, podía ser una de las personas que intervino su línea telefónica. Ford también mantiene una excelente relación con el exjefe de la Policía Metropolitana (PM) Jorge “el Fino” Palacios desde la época en que este último estaba a cargo del Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA).
Según esta línea de investigación, Ford y Palacios habrían recomendado a James para realizar el espionaje contra Leonardo. El premio que obtuvo el espía por su trabajo fue un contrato en el Ministerio de Educación porteño, cuando era dirigido por Mariano Narodowski. El juez confirmó que el exfuncionario mantuvo entre febrero de 2008 y marzo de 2009, época en que se produjo la pinchadura contra Leonardo, 72 llamadas con James, comunicaciones que fueron reconocidas por el propio Narodowski en sede judicial. Finalmente el espía fue contratado por la cartera educativa el 30 de mayo de 2008.
El segundo de Palacios en la PM, el excomisario Osvaldo Chamorro, declaró ante Oyarbide que varios exmiembros de inteligencia de la Policía Federal fueron convocados por el Fino antes de que comenzara el reclutamiento formal de los aspirantes a la Metropolitana y que a estos agentes se les hacían contratos pantallas en distintos ministerios del Gobierno de la Ciudad.
Por esto, quedaba claro que las autoridades porteñas sabían perfectamente a lo que se dedicaba James, un exintegrante de inteligencia de la Federal. Para Oyarbide, el cerco sobre el jefe porteño se terminó de cerrar el jueves 30 de junio, cuando le tomó una nueva declaración indagatoria al Fino Palacios y este reconoció que espió a legisladores y sindicalistas opositores “para entablarles un futuro juicio por criticar su accionar durante la investigación del atentado a la AMIA”. Por todos estos datos Leonardo se transformó en una pieza imprescindible del expediente.
Eso mismo creen los camaristas de la Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, quienes en una resolución dada a conocer el viernes 2 de septiembre dispusieron que personal de Gendarmería se siga ocupando de su custodia, ya que consideraron que su integridad física corre peligro. La medida se adoptó luego de que Oyarbide decidiera retirarle la custodia por una supuesta solicitud del propio involucrado.
Sin embargo, a los pocos días de esta acción, el parapsicólogo recibió llamados amenazantes por “sus declaraciones judiciales”. Luego de eso, Luis Conde, el abogado de Leonardo, presentó una apelación ante la Sala I de la Cámara Federal para pedir su restitución. Los camaristas le dieron la razón a la defensa al expresar que “la existencia de llamadas amenazantes anteriores y posteriores a la resolución cuestionada hace suponer que la integridad física del querellante aún se encuentra en peligro”. Y le ordenaron al juez Oyarbide que “reanude la custodia personal” del amenazado.
Al cuñado de Mauricio se le asignó custodia luego de que en la primera quincena de noviembre de 2009 fuera atacado a balazos por dos desconocidos en la puerta de su casa de Ituzaingó. El hecho se produjo luego de que Leonardo declarara en la causa. Y por el mismo se detuvo a Julio César Granada. El ataque motivó un cruce público entre Macri y Oyarbide, luego de que el Jefe de Gobierno se apurara a afirmar que el hecho era un simple caso más de inseguridad, a lo que el magistrado respondió que Macri no debería sacar conclusiones tan apresuradas sobre el tema. “Para el juez el incidente está relacionado con el caso del espionaje”, confesó un investigador judicial.
El programa de entrecruzamiento de llamadas procesó cerca de 30 mil comunicaciones desde 2005 hasta la actualidad. En esa búsqueda aparecieron las pinchaduras realizadas contra el cuñado de Mauricio. Además, Leonardo se encargó de complicar a Macri cuando el martes 24 de noviembre de 2009 se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 con un mail que Ana Moschini, secretaria del Jefe de Gobierno, envió desde su casilla de correo electrónico, amoschini@buenosaires.gov.ar, a Sandra Macri, la hermana del ingeniero, con un texto en donde Macri le pedía a su cuñado que lo desvinculara de las escuchas telefónicas que sufrió.
Mauricio redactó un texto en ese sentido al que solo debía agregarse la firma de Leonardo. El jueves 26 de noviembre de 2009, Moschini confirmó ante el magistrado que el jefe porteño era el autor de esa aclaración. “La carta de Macri le decía a Leonardo lo que tenía que decir para salvarlo y la propia secretaria lo corroboró. Estos datos reforzaron la teoría de Oyarbide de que el ingeniero está involucrado en el espionaje que sufrió el parapsicólogo”, le explicó a este medio un abogado involucrado en el caso.
Las pinchaduras que sufrió Leonardo, las comunicaciones de James y las confesiones de Palacios y Chamorro vuelven a complicar a Macri. Y los nuevos datos que aparecen en la causa agravan cada vez más su situación judicial.

http://noticias.terra.com.ar/politica/la-camara-ratifico-a-oyarbide-al-frente-de-la-causa-por-las-escuchas,58429f28ba5d2310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

La Cámara ratificó a Oyarbide al frente de la causa por las escuchas

La Cámara Federal confirmó al juez Norberto Oyarbide al frente de la investigación por las escuchas telefónicas ilegales, al desestimar un planteo del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien se encuentra procesado por integrar presuntamente una asociación ilícita con ese fin.
La Sala I declaró “inadmisible” el planteo de los abogados de Macri, quienes denunciaron que hubo un “maltrato y destrato” por parte de Oyarbide, a raíz de que les negara un pedido de ampliación de pericia sobre cómo se originó el llamado que originó la investigación.
La recusación planteada por los abogados de Macri fue a raíz de que Oyarbide les negó el pedido para que se peritara si quien realizó la llamada a Sergio Burstein (de la asociación Familiares de Víctimas del Atentado a la AMIA), para alertarlo de que tenía su teléfono pinchado, fue un agente de la SIDE que declaró ante el juez y negó haberlo hecho.
El juez Oyarbide le tomó declaración al agente de la SIDE Hugo Álvarez, sindicado como el autor de esa llamada, y éste lo negó.
Luego de ello, los abogados de Macri sugirieron que el juez ordenara una pericia a fin de determinar si la persona que realizó la llamada desde un locutorio y que fue grabada en una cámara de seguridad, es la misma que declaró en la causa.
Esa resolución del juez dio origen al planteo de los abogados de Macri, pero para los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, y Eduardo Farah el mismo fue “extemporáneo”.
Mientras tanto, la Sala III de la Cámara de Casación Penal tiene a estudio si confirma o no el procesamiento de Macri, quien fuera acusado por la escucha que tuvo como víctima a Sergio Burstein, y su cuñado Néstor Leonardo.

http://www.misionesonline.net/noticias/22/09/2011/enfermedad-cardiaca-se-llevo-al-ex-juez-gallardo

Enfermedad cardíaca se llevó al ex juez Gallardo

Ayer a la madrugada falleció en un sanatorio privado de Posadas, el ex juez Horacio Gallardo, quien ocupaba el despacho del Juzgado de Instrucción Nº 1. El ex magistrado fue destituido el año pasado en el marco de la causa de las escuchas telefónicas. Fue acusado de haber participado en las operaciones de espionaje armadas por el exjefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y el espía Ciro James.

Las causas de su muerte serían problemas cardíacos que venía padeciendo el exfuncionario judicial. Sus restos fueron velados en el salón Cuneo, ex Pilcomayo de la ciudad capital.

Su abogado defensor y un hombre muy cercano a él, Jacobo Mass, lo recordó como “un hombre de juzgados”, al que su salud desde hace muchos años le jugaba una mala pasada.“Él estaba complicado de salud, el año pasado fue trasladado a Buenos Aires, después de su destitución ,en un vuelo y en camilla. Desde hace muchos años sufría de problemas cardíacos”, contó el letrado.

Mass aseguró que toda la situación por la que tuvo que atravesar antes de ser separado del cargo, lo afectó mucho y fue determinante en su salud.

Por su parte Patricia Gómez, exsecretaria personal de Gallardo se refirió a su muerte como un hecho que la conmocionó. “Para nosotros, los que lo acompañamos por tanto tiempo, es una pérdida entrañable”, dijo la mujer que hace más de 30 años trabaja en el ámbito judicial.

http://tiempo.elargentino.com/notas/proceso-las-escuchas-quedo-limbo-judicial

El proceso por las escuchas quedó en un limbo judicial

La Cámara de Casación Penal debe resolver un recurso de la defensa de Macri, pero una maraña de resoluciones y maniobras leguleyas dejó despoblada de jueces la Sala III.

La causa por las escuchas ilegales, que tiene procesado al jefe de gobierno Mauricio Macri, está en suspenso a la espera de que la Cámara de Casación Penal resuelva el recurso de queja interpuesto por el líder del PRO para que se revea su situación. Una maraña de resoluciones dejaron despoblada de jueces a la Sala III de ese fuero, que sumó en el camino el escándalo por intento de soborno en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra, y una denuncia de manipulación de los sorteos por parte del Grupo Exxel. La integración de la Sala quedó en un limbo, mientras que ya transcurrió casi un año y tres meses desde que el procesamiento de Macri fue confirmado por integrar una asociación ilícita que realizaba pinchaduras telefónicas.
La defensa de Macri presentó el 10 de septiembre de 2010 el recurso de queja ante Casación luego de que diez días antes, la Cámara Federal le hubiera negado el acceso, tras haber confirmado el procesamiento dictado por Oyarbide. La Sala III estaba entonces integrada por Eduardo Riggi, Ángela Ledesma y Liliana Catucci. Riggi, como presidente de Cámara tuvo la facultad de no integrar la Sala y su lugar fue ocupado por el recientemente renunciado juez Gustavo Mitchell. En su fallo del 23 de noviembre, Casación ordenó a la Cámara Federal volver a pronunciarse sobre la recusación de Oyarbide, pero allí Catucci se inclinó por el apartamiento del juez, lo que le valió que la querella pidiera que se aparte del caso por haber “adelantado opinión” sobre la resolución final. Esta solicitud fue rechazada con los votos de Ledesma, Mitchell y de Gustavo Hornos, el 1 de marzo de este año.
Con la confirmación de la integración de la Sala III, los jueces quedaron habilitados para tratar el planteo “en queja” de Macri pero nunca se pronunciaron. Sorpresivamente, el 6 de mayo, Catucci pidió excusarse, con el mismo argumento que había señalado la querella sobre haber adelantado opinión sobre Oyarbide. A esta altura, las sucesivas resoluciones de los jueces para decidir si aceptaban o no la salida de la jueza terminaron por complicar el panorama y dejaron vacante la integración para tratar la cuestión de fondo.
En el medio, surgió la denuncia, a fines de abril, de los letrados de los supermercados Carrefour que pidieron se declare nula la designación de la Sala III para que revise los procesamientos de ejecutivos del Exxel Group y de la consultora Price Waterhouse, acusados de estafar a la cadena con la venta de la mitad de las acciones de Supermercados Norte con estados contables fraguados. Aún fresco estaba el antecedente contra Riggi y Mitchell, mencionados en escuchas telefónicas que derivaron en una investigación por intento de soborno del gremio que conducía el ferroviario José Pedraza para garantizar la libertad de la patota que asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Los sorteos informáticos de Casación quedaron, entonces, en el ojo de la tormenta.
Con Catucci queriendo alejarse del caso escuchas, Mitchell y Ledesma pidieron remplazo para decidir, aduciendo una “mejor garantía de imparcialidad”. Los jueces subrogantes Guillermo Yacobucci y Luis García rechazaron intervenir a mediados de año, y apuntaron que la prioridad la tenían los magistrados Augusto Díaz Ojeda y el propio Riggi, que al no ostentar ya la presidencia de la Cámara quedaba habilitado para integrarse a la Sala. El pasado 22 de septiembre, estos últimos rechazaron remplazar a Mitchell y a Ledesma, con lo que la salida de Catucci quedó en suspenso. Cinco días después, Díaz Ojeda finalizó su interinato y fue remplazado por Mariano Borinsky, al mismo tiempo que se conocía la renuncia de Mitchell. Cercado por una causa en el Consejo de la Magistratura, por haber legalizado apropiaciones de bebés durante la dictadura, y con la investigación de las coimas en el caso Ferreyra acechándolo, su renuncia quedó a disposición del Poder Ejecutivo. El caso escuchas tampoco se vislumbraba sencillo: el juez Mitchell es tío de Alejandro Mitchell, a quien se lo señala como abogado de Juan Navarro, cuyo primo fue una víctima de las pinchaduras.
El escenario por delante abre múltiples frentes en el plano judicial, que van desde la nulidad de todo lo actuado por Oyarbide hasta la elevación a juicio oral. Mientras tanto, aún no hay jueces para integrar la sala que resuelva la excusación de Catucci, y tampoco se sabe cómo serán los remplazos a los magistrados que rechazaron involucrarse, en un caso cuyo destino ya se tornó indescifrable.

 

http://noticias.terra.com.ar/politica/denuncian-a-la-defensora-del-pueblo-de-rio-negro-por-espionaje,cd6dc56295472310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html

Denuncian a la Defensora del Pueblo de Río Negro por espionaje

La subsecretaria de Derechos Humanos de Río Negro, Gladis Cofré, denunció hoy a la ex Defensora del Pueblo Ana Piccinini, y su secretario por haber solicitado a una empresa información privada sobre políticos, periodistas, jueces, empresarios y sus familiares.
La denuncia presentada ante la Comisaría Primera de la ciudad de Viedma acusa a Piccinini y su secretario Jorge González de haber incurrido en “delitos contra la administración pública, ya sea abusando de su poder y/o perjudicando al patrimonio público por peculado y malversación de caudales”.
Según Cofré, la ex Defensora del Pueblo y su secretario contrataron el servicio de información privada o inteligencia a la empresas Nosis SA, la misma que había utilizado el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios.
Luego de presentar la denuncia, Cofré ofreció una conferencia de prensa en la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde señaló que “algunas de las personas investigadas son el director de un medio nacional y también la directora de un medio local”.
Según Cofré, entre los investigados figuran el director del periódico Miradas al Sur, Eduardo Anguita, el juez rionegrino Ricardo Rodríguez Aguirrezabala y la directora del diario Noticias de la Costa, Patricia Querejeta.
“Lo que yo tengo claro es que con el dinero del Estado y desde una Defensoría del Pueblo se investigaba a personas sin que haya una denuncia específica sobre ellas”, sostuvo la funcionaria.
En este sentido, agregó que lo que pretende saber es “por qué, qué tipo de trabajos y cómo se realizaron desde un órgano de control como la Defensoría del Pueblo” ya que, según opinó, “este tipo de hechos atentan contra el sistema democrático”.
La denuncia señala que el 3 de septiembre pasado Cofré recibió en forma anónima “un sobre conteniendo fotocopias simples con un listado de consultas realizadas desde la Defensoría del Pueblo a la empresa Nosis, las cuales en principio aparentaban ser tareas de inteligencia sobre personas físicas y jurídicas”.
“En el listado aparecían nombres de jueces, periodistas, empresarios, empresas varias, políticos, familiares de todos ellos, etc, sumado a que dicha empresa brinda información de carácter reservado de personas físicas y/o jurídicas”, continúa la denuncia.
La subsecretaria de Derechos Humanos señaló que solicitó a la Defensoría un informe sobre al existencia de algún vínculo entre ese órgano y la empresas Nosis.
“En respuesta a mi pedido se me hizo saber que la Defensoría del Pueblo utilizaba los servicios de información de la empresa Nosis desde el año 2008”, señaló Cofré, al tiempo señaló que la contratación de esa empresa estuvo a cargo de Piccinini y González, “sólo ellos realizaban las consultas”.
Además, la presentación de la funcionaria indica que las facturas de los servicios eran remitidas para su pago con fondo del Estado correspondientes a las partidas del presupuesto de la Defensoría.

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