Posteado por: museodegrandesnovedades | agosto 1, 2011

Campañas, gastos, conexiones, promesas, publicidad y elecciones sucias

1. Campaña sucia, Durán Barba, La UCEP, preparador físico de la DOEM y la pinchadura de teléfonos por la policía metropolitana.

2. La UCEP, el abogado y los fondos públicos

3. Mentiras de campaña sobre el traspaso de la policía federal a la ciudad.

4. El uso de la policía metropolitana para hacer campaña política.

5. A propósito del uso de la publicidad oficial…

 

1. Campaña sucia, Durán Barba, La UCEP, preparador físico de la DOEM y la pinchadura de teléfonos por la policía metropolitana.

http://www.perfil.com/contenidos/2011/07/24/noticia_0014.html

EL GURU DE MACRI, COMPROMETIDO

En una semana la “campaña sucia” habría afectado a 700 mil porteños

Los investigadores estiman que 700.000 porteños recibieron los llamados de las engañosas encuestas, casi el 30 por ciento del padrón electoral.
Uno de los elementos de prueba más fuertes que recogió el juez federal Ariel Lijo cuando ordenó una serie de allanamientos, fue una pila de contratos que prima facie vincularían a las empresas Connectic SRL y Tag Continental con el Gobierno porteño. Son las mismas empresas que el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta dijo, frente a las cámaras de televisión, “no” conocer.
“Se realizaban 300 llamadas por hora y por computadora, unas 100 mil por día. Se avanza en los peritajes de las computadoras secuestradas durante los allanamientos, pero se puede hacer un cálculo estimativo de 700 mil llamadas en una semana.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=4ceaf9996d66dc3f441665943115af09#.Tix5u5CcoMQ.twitter

Connectic SRL habría funcionado en el edificio de la UCEP
La empresa señalada por las pericias como una de las que orquestó la campaña sucia contra Daniel Filmus trabajaba en el mismo edificio que albergaba a la disuelta UCEP.

Connectic SRL es una de las empresas allanadas y señaladas como gestoras de los llamados que a modo de encuesta encubierta preguntaban a los porteños si sabían que el padre de Daniel Filmus tenía vínculos con los hermanos Shocklender. Esta empresa, fue hace un tiempo, la encargada de una encuesta telefónica que preguntaba tendenciosamente, por ejemplo, si los cartoneros eran delincuentes o peligrosos o si la gente de la villa era riesgosa.
En ese momento, hasta el INADI tomó intervención por el tenor de las tendenciosas preguntas. Ahora, pudo saberse que la firma tendría sus oficinas y su domicilio legal en el mismo lugar donde funciona la disuelta UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), en la calle Diagonal Norte 570.
“Funcionaba en el mismo lugar que la UCEP, era una suerte de cueva y habían realizado algunos trabajos en conjunto”, confió una fuente quien aseguró, los servicios de la cuestionada firma ya habían sido requeridos por otras reparticiones del gobierno porteño.
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=593676

Uno de los allanamientos se realizó en Talcahuano 446, piso 3, oficina B. Allí funciona la empresa TAG Continental. El fundador es Rodrigo Lugones, quien figura en diversos sitios como director de Duran Barba y Asociados, la compañía del jefe de la campaña de Macri. El reclutador de personal de TAG Continental sería Guillermo Garat, otro hombre del riñón de Durán Barba. El tándem se completa con Tomas Vidal, una joven promesa de la investigación del mercado asociada a la política que reside en Washington D.C.
El sistema estrella de TAG Continental, según cuenta en su sitio institucional, es el MGS. “La georeferenciación de una base de datos de votantes identificados es vital para definir las estrategias de comunicación a aplicar a cada uno de los segmentos”. “Esa información será valiosa para el trabajo de campo de los militantes” de los partidos políticos, agregaron. Con la georeferenciación se hicieron los llamados a los votantes porteños y la falsa encuesta contra el senador Filmus.
TAG Continental también tiene otra sede en la oficina 33 del edificio de la calle Libertad 1240. Según el número de teléfono, la razón social es Opinión Comercial SRL.
La dirección Talcahuano 446 piso 3, oficina B, también figura en la red de redes como el domicilio del call center Connectic SRL. Este sería el centro desde donde presuntamente se realizaron las comunicaciones a los porteños. El gerente general es Guillermo Garat. En la página oficial figura con domicilio Diagonal Norte 570.
Connectic ofrece entre otras cosa, el servicio de atención de reclamos, gestión automática de correos electrónicos, envío masivo de mensajes de texto (SMS), investigación de mercado sobre productos o servicios, rastreo de datos y realización de encuestas de mercado.
Resultó curioso al buscar la información toparse con Fernando Garat, un sensei de artes marciales con cuatro danes de aikido, que fue preparador físico del club de rugby SIC, de Los Pumas y de la tropa de elite de la Policía Metropolitana.
En los operativos, el juez Lijo ubicó el server desde donde se habría hechos los llamados, y además se ubicó documentación y soporte informático, y ahora se intenta de determinar cómo fueron contratadas las empresas, por quién y bajo qué modalidad.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-173245-2011-07-28.html

El ingeniero en informática de la UTN, Ariel Garbarz, afirmó que parte del soporte técnico es el mismo que se utilizó en las pinchaduras telefónicas que desde la jefatura de la Policía Metropolitana se realizaban para espiar a dirigentes opositores.

Garbarz, que aportó a la Justicia el seguimiento de los llamados telefónicos hasta Estados Unidos, afirmó que el soporte técnico les permitía a estas empresas realizar “1920 llamadas por segundo, que en todos los casos no podían superar el minuto”, durante los tres días que habrían operado en medio de la campaña electoral.

El ingeniero en informática de la UTN también dijo que el soporte técnico había sido implementado a través de un sistema sofisticado de fibra óptica denominado E3, y deslizó la posibilidad de que podría ser el mismo que se utilizó en las pinchaduras telefónicas por la que están presos el ex jefe de la Metropolitana El Fino Palacios, y el ex espía Ciro James. “Si no, no se habrían podido pinchar al mismo tiempo los celulares de 30 legisladores porteños de la oposición”, explicó Garbarz.

 

2. La UCEP, el abogado y los fondos públicos

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/75125-105/el-gobierno-de-macri-contrato-a-cuneo-libarona-por-94-mil-pesos.html

El gobierno de Macri contrató a Cúneo Libarona por 94 mil pesos

Lo hizo a través de una resolución firmada por Horacio Rodríguez Larreta

El letrado fue contratado desde marzo hasta fin de año y desde el macrismo no respondieron para qué función. Se trata del mismo profesional que defiende a Juan Pablo Piccardo en la causa por el accionar de la ex UCEP.

El gobierno de Mauricio Macri contrató al abogado Cristian Cúneo Libarona mediante una resolución que lleva la firma del jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Ver en http://www.lapoliticaonline.com/data/img_cont/img_imagenes/img_gr/10527.jpg
La resolución 238, con fecha del 20 de abril de 2011, contrata al hermano del célebre abogado Mariano Cúneo Libarona bajo la figura de locación de obra.
La contratación se hizo en dos períodos: uno comprendido desde el 9 al 31 de marzo para la función de “servicios personales no especificados – Abogado” por un monto de 7182 pesos y otro comprendido desde el primero de abril hasta el 31 de diciembre para la misma función.
En este último período, el abogado percibirá nueve cuotas de 9680 pesos. En suma, Cúneo Libarona recibirá 94.302 pesos del Gobierno de la Ciudad.
Fuentes señalaron que la contratación se hizo para defender al ex minsitro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo en la causa por el accionar de la ex UCEP.
Pero si bien Piccardo admitió que contrató a Cristian Cúneo Libarona como su abogado, aclaró que le pagó de su bolsilo, como ocurrió en otras veces que fue defendido por el mismo profesional.
Mariano Cúneo Libarona, que es hermano de Cristian, el abogado de Piccardo con quien comparte el estudio jurídico, señaló que la contratación se hizo para varias tareas de “asesoramiento” legal.
En tono irónico, el abogado dijo que la suma que cobrarán en 10 cuotas es tan baja “que vamos a pérdida” y quedó en responder por mail detallando las tareas que iba a realizar su hermano, pero al final no llegó nada a la redacción.
Por otra parte, ante los intentos de este medio, desde el gobierno de la Ciudad no precisaron para qué se contrató a Cúneo Libarona.

 

3. Mentiras de campaña sobre el traspaso de la policía federal a la ciudad.

http://www.blogsdeteaydeportea.com/contenidos/2984-filmus-%E2%80%9Cla-policia-federal-no-va-a-pasar-a-la-ciudad-de-bs-as%E2%80%9D.html

Filmus: “La Policía Federal no va a pasar a la Ciudad de Bs. As.”

“La Policía Federal no va a pasar a la Ciudad de Buenos Aires. La Presidenta no tiene ninguna posibilidad de pasarla porque es una ley del Congreso”. La frase es de Daniel Filmus y la pronunció el martes en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital.

Y fue la respuesta del candidato a jefe de Gobierno por el kirchnerismo a la primera pregunta que recibió, enfocada en la Policía Metropolitana mientras exponía sus propuestas ante economistas y contadores.

“Ningún diputado, ningún senador del interior quiere votar que le pasen a la ciudad los recursos si no se la pagamos ni a Misiones ni a Corrientes ni a Chaco ni a ninguna provincia que son mucho más pobres. Los 25 diputados de la Ciudad de Buenos Aires y los tres senadores, no importa de qué fuerza política, queremos que nos pasen con los recursos. No se divide entre oposición y oficialismo, se divide entre interior y Ciudad de Buenos Aires”, dijo para echar por tierra ciertas versiones periodísticas que apuntan a que, de llegar Filmus a la Ciudad, Cristina Kirchner traspasaría la Policía Federal a la órbita porteña.
Filmus estuvo en una charla a sala llena en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad para presentar sus propuestas electorales acompañado por su compañero de fórmula, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

Con relación al tránsito y transporte, el candidato señaló la necesidad de contar con un tren rápido hasta el aeropuerto de Ezeiza y la consideró como “una obra imprescindible”. Y prometió ampliar la red de subtes.
Respecto al problema de la basura, lo ve como “un problema a resolver y no como un negocio”.
La mención sobre los cortes de calle no estuvo ausente: “O cumplimos la ley, o cambiamos la ley”, señaló.
Sobre un escenario de segunda vuelta, el actual senador expresó: “Pase lo que pase en la primera vuelta, aún si ganamos en primera vuelta, nosotros tenemos que tener la suficiente grandeza, la suficiente generosidad y actitud para convocar a los mejores a un gobierno, incluso a sectores que no nos apoyan. Lo peor de un gobierno es encerrarse y no escuchar”. Asimismo, agregó que “es una elección muy pareja” y que “hay una polarización muy grande”.

Filmus llegó veinte minutos después de comenzada la charla. Los aplausos inundaron la sala cuando el cadndidato se acercaba a los sillones en los que se encontraba su compañero en plena exposición. Y Tomada, con humor, dijo: “Ahora llegó el candidato a jefe de Gobierno, pueden hacerle todas las preguntas”; el público recibió con risas y más aplausos el comentario. Previante el postulante a vicejefe dijo sobre la elección de Comunas que “se abre una posibilidad institucional única en la Ciudad” y remarcó que la Capital “tiene que integrarse a un proyecto de nación en marcha”.

 

4. El uso de la policía metropolitana para hacer campaña política.

http://noticias.terra.com.ar/elecciones/2011/ordenan-retirar-propaganda-pro-de-web-de-la-policia-metropolitana,77d7a2a26e761310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html

ORDENAN RETIRAR PROPAGANDA PRO DE WEB DE LA POLICIA METROPOLITANA

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad ordenó al Gobierno porteño retirar dos videos, exhibidos en la web de la Policía Metropolitana, en los cuales se promocionaba la campaña electoral del actual jefe de Gobierno y candidato por el PRO, Mauricio Macri, a raíz de de una denuncia realizada por el legislador Eduardo Epszteyn.
En su decisión, el máximo tribunal tomó en cuenta un informe redactado por el Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, que admite que en los videos denunciados, a los cuales se accedía desde el sitio http://www.metropolitana.gob.ar, se advertía la existencia de “publicidad oficial que puede inducir al voto”.
“Se trata de spots de publicidad oficial que contienen información acerca de las políticas de seguridad a seguir desde el Gobierno de la Ciudad”, explica el Fiscal al analizar los videos cuestionados.
Puntualmente, la presentación del diputado Epszteyn refiere a la presunta violación a las leyes 268 y 3391 porteñas, efectuadas por funcionarios de la actual administración para promocionar e inducir el voto de los candidatos del PRO.
En ese marco, Garavano indica que uno de esos videos “se habría hecho en un local partidario, advirtiéndose constantemente los emblemas y colores distintivos del mismo e inclusive el spot se inicia mostrando una imagen de la fachada del local, que presenta cartelería y estética que el partido ha utilizado para la campaña del proceso electoral en curso”.
Además, sostiene que “en el interior del local, varios funcionarios, inclusive el Jefe de Gobierno, son entrevistados y se percibe claramente de fondo los carteles, con sus colores y letras”.
Por ello, Garavano estimó conveniente ante el TSJ que se ordene al Gobierno macrista que “modifique o no incluya” en el sitio oficial de la Policía Metropolitana los videos ante la “presunta infracción al artículo 2 de la ley 268”.
En consecuencia, los jueces Ana María Conde, Luis Lozano y José Casás dictaminaron el levantamiento de los spots de la página de internet y hasta hicieron mención, en el voto del último magistrado, la posibilidad de que el Ejecutivo “incluya el mensaje Propaganda institucional del Gobierno de la Ciudad en todo instrumento publicitario que se valga durante el breve período que resta hasta la finalización del proceso electoral en curso” “La inmoralidad del Gobierno de la Ciudad y de su secretario Marcos Peña no tiene límites. Mientras dan una imagen pública inocente acudieron, durante toda la campaña electoral, a las peores prácticas”, sostuvo el diputado Epszteyn tras conocer la decisión judicial.
El diputado ibarrista ya denunció anteriormente a la gestión macrista por el supuesto uso de los fondos públicos, destinados a publicidad oficial, para financiar su campaña política.
“Los colores, slogans análogos o idénticos, y la aparición de candidatos -como el rabino Sergio Bergman- en los actos oficiales, fueron utilizados constantemente con el propósito de confundir las publicidades de Gobierno con la propaganda de campaña”, consideró.

http://www.cij.gov.ar/nota-7369-Exigen-al-Gobierno-porteno-levantar-dos-videos-publicados-en-la-pagina-web-de-la-Policia-Metropolitana.html

El presidente del Tribunal, Dr. Luis Lozano consideró pertinente adoptar cautelarmente la medida propiciada por el Fiscal General, Dr. Germán Garavano, “consistente en ordenar al GCBA que levante la exhibición del sitio de internet de la Policía Metropolitana” los videos rotulados como “27/06/11 Macri firmó compromisos para colocar más cámaras” y “05/07/11 Compromiso de la Seguridad con la tercera edad”.

 

En ese tenor de cosas nosotros publicamos dos post con denuncias similares. https://polimetropolitana.wordpress.com/2011/06/19/funcionarios-de-la-policia-metropolitana-de-campana/ y https://polimetropolitana.wordpress.com/2011/06/15/una-verguenza-la-pagina-oficial-de-la-policia-metropolitana-de-campana-politica/

 

5. A propósito del uso de la publicidad oficial…

http://tiempo.elargentino.com/notas/muerte-corrupcion-y-silencio-historia-que-macri-quiso-ocultar

Muerte, corrupción y silencio: la historia que Macri quiso ocultar

Ocurrió en la Secretaría de Comunicación Social que depende directamente de la jefatura de gobierno porteño: manejos turbios en los fondos públicos, privilegios a empresas privadas cautivas, espionaje y persecusión.

Siete meses pasaron de aquel domingo 19 de diciembre. Gregorio Centurión, el hombre de confianza de Mauricio Macri en la Secretaría de Comunicación Social del gobierno porteño no tenía ganas de salir. Su mujer lo había invitado a caminar, como de costumbre, pero él no quería. Tenía otros planes.
Se quedó solo, vestido con ropa deportiva y en pantuflas. Su mujer se fue de la casa de dos pisos de Montevideo al 2300, a la vuelta del San Isidro Club.

Centurión buscó la escopeta calibre 16 de dos caños, apoyó el caño en la barbilla derecha y disparó.
Aunque no había ninguna carta, a nadie le quedaron dudas, ni a la Policía Científica, Balística y Rastros, ni a la médica de policía ni al secretario de la fiscalía. No había indicios de que hubiera sido un asesinato. No había signos de lucha, ni puertas violentadas, precisaron.
Los familiares explicaron que el hombre llevaba un tiempo callado, recluido, tomando antidepresivos. Nada dijeron sobre su condición de funcionario público. Ni sobre la denuncia judicial que lo preocupaba.
Centurión había formado parte del núcleo duro del macrismo, desde sus orígenes. Lo conocía a Macri desde la época de estudiante en el Cardenal Newman y lo conoció mejor trabajando en SOCMA, donde manejó la publicidad del Correo Argentino y Sevel. Lo del PRO fue después, pero con la misma intensidad.

Fue el Decreto 2074 el que lo convirtió en funcionario público el 10 de diciembre de 2007. Macri lo nombró al frente de la Secretaría de Comunicación Social bajo sus órdenes directas.

El sueño que había empezado a mediados del año pasado fue resquebrajándose de a poco, dejando al descubierto un complejo andamiaje legislativo construido por el jefe de gobierno y un sistema de empresas privadas vinculadas entre sí y con algunos de los funcionarios de confianza de Macri, que asignaban cifras millonarias de pauta oficial, sin el control público necesario.

Documentación clave demuestra, por ejemplo, que la empresa Bernini Medios, manejada entre otros por el marido de la contadora Alejandra Suárez mientras era funcionaria pública, fue beneficiada con 2.113.221,40 pesos, entre abril y diciembre de 2009, y con 4.528.806,45 pesos entre enero y agosto del año pasado.
Los testimonios inéditos de Natalia Vicente y Agustina Rodríguez a este diario describen la situación sin eufemismos: “Era impresionante la plata que se facturaba ahí adentro. Cualquiera se daba cuenta de que había algo raro, porque no podía ser, tantas órdenes de unas empresas y tan pocas de otras. Lo sabían todos”, contó Natalia Vicente. “Ellos ya estaban avisados de los allanamientos, mágicamente me desaparecían las cosas y mágicamente volvían a su lugar después del allanamiento”, agregó. “Habían alquilado dos fotocopiadoras y teníamos que fotocopiar todas las carpetas de las empresas más importantes, como Central Media. Esto fue antes del allanamiento”, se sinceró su compañera, Agustina.

Esta historia aún no resuelta, empezó con la gestión PRO, no sólo al nombrar a Centurión como secretario, sino también a su segundo, Rubén Héctor Azcárate, frente a la Dirección de Planeamiento de Medios y a Alejandra Beatriz Suárez, como asesora contable.
Pocos meses después de sus nombramientos, Macri empezó a tejer la compleja trama que permitió manejos irregulares durante su gestión. Lo hizo con la firma del Decreto 611/08 de apenas cuatro artículos, pero con la contundencia suficiente como para “fijar pautas para la contratación de espacios publicitarios y de producción de material publicitario”. Estableció que se podía contratar publicidad oficial de manera directa hasta la suma de 150 mil pesos, en casos de urgencia, especialidad y exclusividad. Y le otorgó a la Secretaría de Comunicación la potestad en la elección del proveedor, ya que especificaba que “será suficiente para concretar la contratación, la calificación que efectúe la Secretaría”. Todo el poder quedó concentrado así en “la calificación” de la secretaría, que terminó por eludir el mecanismo más transparente para la contratación pública: la licitación. Y omitió informar públicamente en base a qué planeamiento le otorgó, a qué medios de comunicación qué montos específicos y por qué publicidades.
El decreto macrista permitió eludir la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad (número 2095), que explica en el primer párrafo del artículo 25 la regla general: “la selección del contratista (…) es por regla general mediante licitación pública o concurso público”. Y gracias al articulado que determina el procedimiento excepcional de la contratación directa, por “razones de urgencia”, por ejemplo, se disfrazaron de excepciones situaciones habituales.
A este marco administrativo a medida de los intereses del PRO se le sumó un complejo entramado societario, que les permitió a los mismos funcionarios públicos favorecer a empresas con las que tenían vínculo. Consistía en contratar a empresas privadas, intermediarias, “bolseras” como se las conoce en la jerga, para colocar la pauta, es decir que no contrataban directamente al medio, sino a estas empresas que después de cobrar su comisión, hacían la contratación con el medio.
Así fue como cuatro empresas empezaron a repetirse sospechosamente. Aunque sus nombres son diferentes, funcionan en la misma dirección, Avenida Córdoba 323, 3º piso y tienen similares composiciones societarias, que las vinculan entre sí. Se trata de Media Strategy SA, Central Media SA, Fio Fio SA y Devicom SA. Veamos en detalle:
MEDIA STRATEGY SA: En el paquete accionario figuraba el propio Rubén Azcárate, segundo en la jerarquía de la secretaría del PRO. Se fundó el 6 de mayo de 2003 y, además de Azcárate como director suplente, la integraron Hugo Daniel Martino, como presidente; Abel Luis Tosoni, como fundador; Jorge Sampedro; como director suplente; y Gustavo Héctor Novillo, como vicepresidente.
CENTRAL MEDIA SA:
Fue fundada el 13 de noviembre de 2008, con sede en la misma dirección que Media Strategy, y con por lo menos tres integrantes idénticos: Hugo Daniel Martino (presidente), Gustavo Oscar Novillo (vice), Jorge Sampedro (director Titular), todos ellos vinculados con Azcárate; sumándole a Claudio Alfredo Soengas (director titular), Fernando Roberto Falcón (director titular) y Diego Muñiz (director suplente).
DEVICOM
: Publicada el 10 de mayo de 2001, también compartió con Media Strategy y Central Media a su presidente Hugo Daniel Martino, su vice, Gustavo Oscar Novillo y Jorge Sampedro (director titular), relacionado con Azcárate en Media Strategy. Además, esta empresa es dueña del 50% de Radio El Mundo, AM 1070.
FIO FIO: Comparte con Media Estrategy, Central Media y Devicom, un integrante: Gustavo Oscar Novillo (quien a su vez tiene domicilio especial en Avenida Córdoba 323, 3º piso, desde su publicación en Boletín Oficial el 25 de marzo de 2010, la misma de Central Media y Media Strategy). Además en el Boletín Oficial figura Mariano Suez, como director suplente, con quien compraron esta empresa a la familia Fiorini, el 19 de noviembre de 2008. A su vez, Fio Fio, junto con Devicom controlan la radio AM El Mundo, ya que el nombre Radiodifusora 1070 SA le pertenecía.
DVCM Mediagroup: Fue creada el 17 de septiembre de 2008 para hacer inversiones y actuar como financiera. Comparte socios con Devicom, Central Media y Media Strategy, de la que fue socio Azcárate. En el Boletín Oficial figura Hugo Daniel Martino, como presidente, Gustavo Oscar Novillo, como director suplente, y Luis Moisés Suez, como vicepresidente. También está radicada en Avenida Córdoba 323, 3º piso.
BERNINI MEDIOS SA
: Creada el 8 de agosto de 2007 por Luis Ernesto Bernini padre e hijo. El 2 de junio de 2008 trasladaron la sede social a Avenida Del Libertador 5683, 5º piso. El 12 de junio de ese año se aceptó la renuncia de ambos y se designó a Walter Marcelo Constanzo como presidente y a Walter Gustavo Constanzo como vice. Walter Marcelo Constanzo, quien figura como presidente, con el cargo además de gerente comercial, es el marido de Alejandra Suárez, la contadora de la Secretaría de Comunicación PRO.
De acuerdo con la documentación la empresa Bernini Medios, como se especificó, manejada entre otros por el marido de la contadora Alejandra Suárez mientras era funcionaria pública, fue beneficiada con la facturación de 2.113.221,40 pesos, entre abril y diciembre de 2009, y de 4.528.806,45 pesos entre enero y agosto del año pasado.
El punto es que lejos de mantenerse año tras año estable, el presupuesto de la Secretaría aumentó de manera vertiginosa. Para el año 2008 se asignaron 57.243.000 pesos. Para el año 2009, se delinearon 69.370.884 pesos en la Ley de Presupuesto, pero terminaron gastando 111.379.304 pesos, lo que representó un aumento del 62,28% ese mismo año y del 94,57% con respecto al año anterior.
Para el año 2010, de acuerdo con el presupuesto, debería haber recibido 95.900.697 de pesos. Pero en los primeros seis meses se ejecutó el 88% de lo asignado y después se otorgaron 12 millones más. Finalmente la suma ascendió a 136.685.013. Y para este año, el presupuesto todavía es mayor, trepando a 137.109.188 pesos.
Las únicas planillas de compulsas que allí se publican generan más dudas aún, porque por ejemplo, al ver el listado de empresas que participan en el bimestre enero-febrero 2011 en el rubro Televisión, se cuentan 20, lo que da idea de diversidad, pero cuando se profundiza sobre quiénes son los propietarios, consultando el Boletín Oficial, surge por ejemplo que tienen composición societaria similar y figuran en el mismo domicilio. Así las empresas que en la lista figuran como Xesalud Sociedad Anónima (Planet Network) y Xes Planet SRL, comparten integrantes, como Carlos  Kohlhuber y Jorge Nazareno Cesari. En Planet Network se repite Cesari, pero junto a otros propietarios. Y ambas empresas, Xes Planet y Xesalud, figuran en el mismo domicilio, Burela 1229, Ciudad de Buenos Aires.
También llama la atención que suelan repetirse situaciones, como que cada vez que compulsa la empresa Central Media con Xesalud y Xes Planet, siempre gana Central Media. Por lo menos, eso ocurrió las 37 veces en las que esta empresa participó de la compulsa con las otras dos, en el bimestre enero-febrero de este año. Además de que resulta imposible saber por cuánto dinero se contrató la publicidad a través del sistema de compulsa, ya que ese ítem no existe.
Ante la falta de transparencia en el sistema, hubo varios intentos legislativos por reglamentar el otorgamiento de pauta oficial, hasta que a fines de 2009, se sancionó la Ley 3391 sobre Publicidad Oficial de toda la administración pública, con el fin de “regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la publicidad oficial”. Los diputados Facundo Di Filippo, de la Coalición Cívica, Juan Cabandié y Sebastián Gramajo, del Encuentro Popular para la Victoria, lograron encabezar la iniciativa legislativa que, por unanimidad, se sancionó el 3 de diciembre.
Duró poco. Menos de dos meses después, el 25 de enero del año pasado, Mauricio Macri vetó parcialmente la ley, mediante el Decreto 122/10. Y devolvió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ley para refrendar el veto o insistir en el articulado original, pero el expediente todavía se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde el bloque oficialista impide que se trate en el recinto, de acuerdo con la denuncia realizada por los legisladores de la Coalición Cívica, Rocío Sánchez Andía, y de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova.
Por las cifras millonarias que se manejan, uno de los problemas fundamentales es que no hay control, seguimiento y fiscalización; por lo menos como lo hubiera deseado la actual mayoría de la Legislatura. Porque el veto de Macri eliminó todo el articulado que permitía ese control, como el 15 o el 6, que establecía que se debía enviar a la Legislatura “en forma anual, un plan estratégico de comunicación para el ejercicio presupuestario entrante” con los “objetivos de las principales campañas y los costos”.
La maniobra de Macri también dejó de lado el artículo que prohibía confundir actos de gobierno con actos de partido. Vetó el artículo 8, inciso a y b, que impedía: “incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios”, al igual que “incluir frases, símbolos, logos, color que induzcan a la confusión con partidos”.
Es decir que, de estar en plena vigencia la ley promovida por todos los partidos y bloques legislativos sobre el manejo de la publicidad oficial, el PRO no hubiera podido hacer la mayoría de las campañas que hizo y sería controlado, al punto de impedir que sus funcionarios aprovechen su posición dominante y desregulada.
La diputada Sánchez Andía fue la primera en advertir las irregularidades y presentó un pedido de informes, el 23 de julio del año pasado, pero no obtuvo ningún resultado. Lo reiteró el 8 de septiembre. Quería saber cuál era “el criterio utilizado para la asignación de la pauta oficial” y en qué forma se hacía “la planificación”. Pero Gregorio Centurión, a cargo de la Secretaría, eligió el silencio.
La presión recrudeció cuando la diputada presentó una denuncia judicial. Recayó, el 4 de octubre de 2010, en el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 6, a cargo del juez Gustavo Pierretti, pero impactó verdaderamente en la Secretaría y el resto del gobierno PRO.
“Esa denuncia se comentó en todo el gobierno –recordó Natalia–. El clima era de mierda. La gente no podía creer que hubiera salido a la luz y se armó un quilombo bárbaro”, agregó.
Natalia: –Empezaron a buscar culpables, a echar gente pensando que alguien de ahí los había botoneado. Nos espiaban. A una chica le hackearon el mail y mandaron desde su casilla un mail a todas las casillas de gobierno, diciendo que había sido ella la que había hecho la denuncia y la que había tramado todo. Era obvio que no había sido ella, la chica es diabética y le agarró una descompensación, tuvo que venir el SAME, porque todo el edificio estaba hablando de ese mail. Agustina: –Después de la denuncia, a mí me llamó Alejandra Suárez para ir a hacer un trabajo en su oficina. Habían alquilado dos fotocopiadoras, y con una compañera teníamos que fotocopiar todas las carpetas de diferentes empresas, las empresas más importantes, con las que más se trabajaba, como Central Media. Fotocopiamos todo. Pilas y pilas. Fue un trabajo de una semana o dos enteras ahí, las siete horas. Sabían lo que se venía.
Natalia: –Era un desastre, y después se descontroló todo más. Hasta hubo una amenaza de bomba.
Agustina: –Recibíamos mails con amenazas, para que nos callemos. Nos decían que debíamos temer. Era un infierno. Llegaba a casa con miedo, indignada. Lo que hicieron con esta chica, de hackearle la casilla, hacerse pasar por ella y mandar mails desde ahí haciéndose cargo de la denuncia… Estábamos todos con un miedo terrible. Porque no sabíamos hasta dónde son capaces de llegar.
El 25 de noviembre, la situación empeoró. Una brigada de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal se presentó en el edificio: tenían una orden judicial para allanar. Natalia y Agustina fueron testigos:
Natalia: –Me suena el teléfono, y una mina me dice: “Estamos abajo, vamos a hacer un allanamiento, ¿vos también me vas a cortar?” Yo no entendía nada, le digo: “Soy una empleada.” “¿Podemos subir?”, me pregunta. “Sí, qué sé yo”, le digo. “Bueno, vamos a subir igual”, me contestó y me cortó. Cuando vuelvo a mi oficina, estaban los biblioratos pero con nada adentro, ni los de Central Media ni los de Bernini. Y el programa de la computadora donde yo trabajaba que cargaba órdenes y demás no anduvo por una semana. Vinieron a mi oficina, los del allanamiento con Rubén (Azcárate), nos preguntaban qué hacíamos, cómo se hacían los partes. La cara de Rubén (Azcárate) era increíble, la cara de pelotudo que ponía. Obvio que habían escondido todo.
–¿Al otro día siguió todo igual?
Natalia: –Al otro día volví y estaban los biblioratos de vuelta. Mágicamente me aparecían las cosas y mágicamente volvían a su lugar de vuelta. Ellos ya estaban avisados del allanamiento; si no, no van a tener tiempo para sacar todo. Me juego la vida por eso. Yo llegaba a la mañana y ya no estaban los papeles.
Agustina: –Las Resoluciones siempre las firmaba Centurión y una vez que él fallece, seguían llegando Resoluciones con la firma de él, y nosotras lógicamente no le podíamos poner una fecha después de que falleció, le seguíamos poniendo la fecha de la última Resolución que teníamos firmada por él antes de morir. Era enero, y yo todavía seguía poniendo fechas de diciembre.
–Pero eso es irregular. ¿Por qué tenían que cambiar la fecha?
Agustina: –Porque si no, no cobraban.
Desde la propia gestión de gobierno se había creado una ingeniería para otorgar publicidad oficial sin control, privilegiando a empresas con las que se tenía vínculo.

Ninguna de las cuatro chicas estaba contratada. Aunque cumplían horario y tenían tareas asignadas, trabajaban de manera no registrada, sin saberlo, y ni siquiera llegaron a cobrar. “Un día nos comunicaron que no teníamos que ir más”, explicó Natalia.

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