Posteado por: museodegrandesnovedades | julio 13, 2011

Represión, abuso de arma de fuego, la mentira de la ausencia del Estado y el Estado cómplice de los negocios ilegales

http://www.lanacion.com.ar/1387044-incidentes-en-una-protesta-de-vendedores-ambulantes-en-el-centro-porteno

Un centenar de vendedores ambulantes se enfrentó este mediodía con personal de la Policía Metropolitana en plena peatonal Lavalle, en el centro porteño, en medio de una protesta para repudiar el decomiso de mercadería por parte de efectivos de esa fuerza.

Los vendedores manifestaron ruidosamente e incluso prendieron pequeñas fogatas en las puertas de una galería ubicada en Lavalle 669, en uno de cuyos depósitos estaba guardada la mercadería secuestrada.

Pero luego empezaron los tironeos, los vendedores arrojaron huevos y trompadas contra los policías, que respondieron también con golpes y con gas lacrimógeno y detuvieron a varios manifestantes.

La protesta se originó como consecuencia de que la Policía Metropolitana se llevó esta mañana unos 200 bolsos con productos que suelen comercializarse en la zona peatonal de Lavalle por los denominados “manteros”.

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=77571&Itemid=116

El vocero de la Metropolitana Eduardo Alem, que agregó que las personas fueron detenidas “por resistencia a la autoridad”.
Los incidentes se iniciaron a media mañana y continuaban este mediodía, cada vez que los automóviles de la Metropolitana salían del lugar trasladando la mercadería.

http://m24digital.com/2011/07/05/incidentes-con-vendedores-ambulantes-en-el-microcentro/

Una orden judicial del juzgado contravencional 27 a cargo de la Dra. Araceli Martínez dio el visto bueno para el allanamiento del local donde se guardaban varios bultos de los vendedores ambulantes. Lograron llevarse aproximadamente el 80% de la mercadería, con lo cual un segundo operativo era necesario.

Los vendedores, al advertir que la policía iba a llevarse la totalidad de los productos, intentaron evitar el ingreso de una camioneta para el traslado de los mimos, con lo cual los insultos y empujones se generaron inevitablemente. Los agentes reprimieron con balas de goma y gas pimienta. Los incidentes duraron al menos dos horas con nueve personas detenidas, entre las que se identificaron siete hombres y dos mujeres.

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=77619&Itemid=116

“Nosotros somos monotributistas. La policía también se llevó las cosas de los que pagamos impuestos”, dijo Daniel Contreras que fabrica objetos de cuero y los vende en la calle, mostrando el certificado extendido por la Afip.
Una mujer con muletas sostuvo llorando que “ella tiene permiso para vender y que nadie la escuchó cuando intentó impedir que la policía se llevara sus cosas, que guardaba en el local allanado”.
Para el comisionado de la Policía Metropolitana, Rubén Fernández, que se hizo presente en el lugar después de las corridas, cuando la policía tiró gas pimienta y recibió huevazos por parte de los trabajadores, “la organización de la venta ambulante está penada”.
El policía admitió “no saber si la mercadería secuestrada era ilegal”; justificó las detenciones diciendo que “fue por resistencia a la autoridad” y aseguró que “a quien tenga factura le devolverán la mercadería”.
Los incidentes se iniciaron a media mañana y terminaron a las 14, cuando la policía se retiraba del lugar al grito de “Macri Ladrón”

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-171611-2011-07-06.html

La infracción que se busca probar se enmarca en el artículo 83 del Código de Faltas porteño, que sanciona con multa de 200 a 600 pesos a quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público. Y que multa con un monto de 5000 a 30.000 pesos a quien organiza actividades con fin de lucro en la calle, en volúmenes similares a los del comercio establecido.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-171836-2011-07-09.html

LOS POLICIAS PORTEÑOS APARECEN CON ARMAS DE FUEGO EN LOS VIDEOS DEL OPERATIVO CONTRA LOS MANTEROS

En el allanamiento y represión a los vendedores callejeros de la calle Lavalle. Los videos de dos canales muestran a los metropolitanos con armas de puño. El protocolo de las fuerzas federales las prohíbe para este tipo de procedimientos.

Los videos de dos canales privados de televisión que cubrieron los incidentes entre un grupo de manteros y la Policía Metropolitana ocurridos sobre la calle Lavalle el martes pasado esconden una imagen preocupante: los efectivos de la fuerza creada por Mauricio Macri en la Ciudad portan y sacan armas de fuego. Se trató de un allanamiento para secuestrar mercadería presumiblemente trucha, guardada en un local para ser vendida en la calle. Los manteros resistieron y la pelea siguió en la calle. En medio de la batahola hubo nueve detenciones: allí se observan las armas de fuego. “La actitud constituye una violación reglamentaria a los códigos de procedimientos policiales, toda vez que la intervención policial debe seguir determinados protocolos que regulan la aplicación de la fuerza pública”, señaló un experto de la Policía Federal consultado por este diario.

El martes pasado, cerca del mediodía, unos 70 miembros de la Metropolitana llevaron a cabo el operativo contra los manteros en un local de la galería Luxor, en Lavalle al 600. Según informó en su momento la fuerza, se buscaba secuestrar mercadería ilegal que presuntamente se almacenaba allí para ser vendida luego en esa peatonal y Florida. El allanamiento terminó en enfrentamientos con los vendedores, que se opusieron al secuestro de los elementos.

La pelea siguió afuera del local y de la galería. Sobre Lavalle, un grupo de manteros se enfrentó a los metropolitanos, les tiró palos y huevos, e incluso algunas piedras. Un video con “imágenes exclusivas” que emitió ese día el informativo América Noticias mostró esa reacción de los vendedores callejeros y la respuesta de la Metropolitana. Allí se observan bastonazos por parte de los uniformados, peleas cuerpo a cuerpo entre manteros y efectivos, y también a policías de civil, con llamativos pulóveres coloridos, que se ocupan de algunas detenciones. Hubo nueve en total. La Policía Metropolitana informó después que diez efectivos resultaron lastimados.

En ese contexto de pelea, en el video de AN se ve con claridad la silueta de un policía arma en mano. Se observa, de espaldas, a un hombre, presumiblemente de la Brigada de Investigaciones de la Policía Metropolitana, blandiendo un arma de puño (aparentemente una pistola reglamentaria 9 mm) al retirarse luego de detener a una persona.

El experto de la Federal que consultó Página/12 explicó que “un oficial de policía debe sacar un arma solamente cuando existe un peligro inminente contra sí mismo o contra terceros”. “Debe aplicarse un principio, que en las academias de la Policía Federal Argentina se instruye en la materia Procedimientos Policiales, que se guía por el principio de proporcionalidad”, detalló.

En este caso particular resulta evidente, según el análisis del especialista, que:

– El policía de civil sacó el arma con la finalidad de amedrentar a otras personas en tanto se trataba de una manifestación en la que no había evidencias de ese tipo de riesgo.

– El episodio configura el delito de abuso de arma.

“Sin embargo, debe ser dicho que el policía esgrime su arma hacia abajo, por lo cual no constituye una amenaza directa. No está, al menos en el video, apuntando contra una persona en particular. De todos modos, insisto en que el oficial no tiene por qué tener el arma de fuego en la mano en estas circunstancias”, abundó.

En otras imágenes, tomadas por las cámaras de Crónica TV, se observan también los disturbios, la calle Lavalle entre gases lacrimógenos y las detenciones. Una escena es reveladora de la portación de armas de fuego por parte de los efectivos que fueron a hacer el allanamiento: mientras un policía se agacha para controlar en el piso a un hombre que acaba de ser detenido, en la cintura queda al descubierto el arma.

Tras la creación en diciembre pasado del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Nilda Garré, se impuso a las cuatro fuerzas federales un protocolo para el control de manifestaciones públicas que prohíbe intervenir con armas de fuego en esos casos. Ese protocolo ya fue aprobado e implementado en varias provincias.

“En el caso de los manteros, definitivamente no había peligro inminente para esa persona ni para terceros –explica el experto–. Los procedimientos policiales en caso de resistencia a la autoridad o violencia en manifestaciones públicas, como fue en un momento el caso en la represión de los manteros, presuponen la intervención con carros hidrantes, primero. Pero si esa instancia fracasa, se recurre a postas de goma, y al contacto cuerpo a cuerpo con los bastones. En ningún caso el uso, o amenaza de uso de arma de fuego.”

–¿A qué atribuye que la Metropolitana haya decidido llevar adelante un procedimiento de esta naturaleza con armas de fuego?

–Estimo que el policía esgrime el arma de fuego por falta de experiencia y profesionalidad. Es una típica respuesta desesperada. No es una actitud meramente de prepotencia, sino de miedo de una persona sin experiencia. Todo policía sabe que “el arma se saca para utilizarla”, ese es un principio que conoce todo policía. Y esto supone que hay un peligro proporcional. De no ser así, al no haber actores armados en frente el objetivo es el liso y llano amedrentamiento. Nunca la utilización de arma de fuego.

En los negocios que fueron allanados se secuestraron cien bolsones con mercadería, documentación y teléfonos celulares. Una derivación de la causa fue la denuncia contra oficiales de diversas jerarquías de las comisarías 32ª y 34ª de la Policía Federal, por presunta connivencia y protección a los manteros.

http://www.lanacion.com.ar/1388077-los-manteros-de-la-calle-florida

La ausencia del Estado de Derecho y la afectación de la propiedad que se dan en la peatonal porteña se repiten en todo el país

Ni el gobierno de la ciudad a través de su Policía Metropolitana, ni tampoco la Policía Federal han podido hacer cumplir disposiciones judiciales que ordenan remover de la emblemática calle Florida a los llamados “manteros”. Los intentos han fracasado y se ha puesto en evidencia la incapacidad del gobierno para hacer cumplir la ley, tanto en este caso como en muchos otros que se exponen cotidianamente en nuestro país. El Estado de Derecho no puede tener sustento si la ley se convierte en letra muerta simplemente porque no hay quien la pueda hacer cumplir.

Los manteros exponen y venden a ojos vista mercaderías que nada tienen que ver con productos artesanales, y que compiten con los bienes vendidos en tiendas y locales que pagan impuestos, cargas sociales y alquileres. Los dueños de estos locales deben resignarse a ver frente a sus narices estos aventajados comerciantes que no emiten facturas ni recibos, ni enfrentan los costos que la ley exige para poder desarrollar la actividad comercial lícitamente. Puede deducirse que nadie está en condiciones de sostener un comercio y menos aún hacerlo con locales de calidad, bien mantenidos y atendidos. El resultado, además de la flagrante injusticia contra quienes han invertido y cumplen con las normas, es la degradación del ámbito urbano en una calle que es tal vez la que primero recorre cualquier turista que viene a la Argentina. Se ven así comercios que sacan y exponen su mercadería en la calle, personas que vocean sus productos y tiendas que comienzan a parecerse más a un bazar oriental de baja categoría que a un local de buena calidad. Un observador externo no podrá entender nunca de qué forma se le podrá exigir a un ciudadano argentino que pague sus impuestos cuando cualquier inspector de la AFIP o personal policial acepta sin inmutarse la venta en negro a la vista de todo el mundo.

Más grave aún es que se compruebe que hay connivencia y corrupción policial. El Ministerio Público Fiscal porteño detectó, el miércoles pasado, tras una serie de operativos en la vía pública, vínculos non sanctos entre los manteros y funcionarios de la Policía Federal. Entre los elementos secuestrados en varios de los procedimientos realizados en Pompeya y las peatonales Lavalle y Florida, se encontraron cuadernos y anotaciones donde había nombres de suboficiales de la Policía Federal asociados a pagos de coimas, y documentación del Ministerio de Trabajo de la Nación que acreditaría el pago de planes sociales a las personas que trabajan irregularmente como manteros en la calle. Todos esos elementos serán presentados ante la Cámara del Crimen porteña por la fiscal de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, Sandra Verónica Guagnino.

Lo que ocurre en la calle Florida en términos de ausencia del Estado de Derecho y afectación de la propiedad se repite a todo lo largo y ancho del país. Nadie asegura que los maestros disconformes con sus sueldos no puedan bloquear un yacimiento petrolífero por varios días, ni que los vecinos que reclaman un pavimento no impidan la salida de combustible de una destilería. Estos no son ejemplos hipotéticos sino dos casos reales de estas últimas semanas. ¿Cómo pueden calificarse las ocupaciones ilegales de viviendas recién terminadas y su destrucción por los intrusos después de tres meses de fallidos intentos de desalojo? No se ha conocido la pena para quienes cometieron semejante delito. El erróneo postulado de no criminalizar la protesta social y de respetar cualquier transgresión cuando se la presenta con ese carácter lleva irremediablemente a desalentar el inicio de cualquier actividad. O dicho de otra forma, quien quiera invertir en la Argentina exigirá una expectativa de rentabilidad muy superior a la que pretendería en condiciones adecuadas de seguridad jurídica y respeto a la propiedad. El resultado es obvio. La inversión es sustancialmente menor y se dirige hacia otros países.

La remoción de los manteros de Florida es un test de la capacidad o incapacidad de la Argentina para corregir el dramático deterioro de la seguridad jurídica en nuestro país. La ciudad de Buenos Aires no merece esta situación que puede y debe ser corregida.

http://www.lanacion.com.ar/1387352-denuncian-vinculos-entre-la-policia-federal-y-los-manteros

La Justicia porteña detectó elementos que vinculan el pago de coimas a funcionarios de la fuerza por parte de una organización que coordina la venta ilegal callejera

Tras una serie de operativos, la Justicia porteña detectó elementos que vinculan el pago de coimas a funcionarios de la Policía Federal por parte de integrantes de una organización que coordina la venta ilegal callejera (manteros) en varias zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

Algunos integrantes de esa organización delictiva reaparecieron ayer en un operativo realizado por la policía Metropolitana en la calle Florida donde se secuestraron 187 bultos -con aproximadamente 40.000 prendas- que se vendían de manera ilegal en la calle peatonal Florida. Según fuentes judiciales e este tipo de actividad delictiva estaría relacionada con la trata de personas, el ingreso ilegal al país de personas indocumentadas, explotación en talleres clandestinos y el montaje de una infraestructura criminal que incluiría, además, la connivencia de las fuerzas policiales.

Entre los elementos secuestrados en los diferentes operativos, incluido el de ayer donde hubo 10 detenidos, se encontraron cuadernos con anotaciones en los que se asocian montos de dinero con nombres de funcionarios policiales. Ayer, particularmente, se halló entre las pertenencias de los vendedores ambulantes allanados documentación del Ministerio de Trabajo de la Nación donde consta el pago de planes sociales.

“Esto no se trata sólo de personas con escaso poder adquisitivo que hacen esto para sobrevivir sino de una organización que contrata este tipo de gente para llevar adelante un negocio millonario que encierra otras consecuencias”, expresó a La Nación un funcionario judicial.

Otro de los datos que llamó la atención de la Justicia es el número de llamadas vinculadas entre los celulares secuestrados a los jefes de la red y los de media docena de sargentos y cabos de las comisarías 32 y 34 de la zona de Parque Patricios y Pompeya.

http://www.lanacion.com.ar/1387757-mas-evidencias-sobre-el-pago-de-coimas-de-manteros-a-la-federal

La fiscal contravencional y de faltas Sandra Guagnino hizo la presentación ante la Cámara del Crimen porteña. El sorteo de la causa recayó en el Juzgado de Instrucción N° 11, a cargo de Luis Rodríguez.

Las actuaciones a cargo de la fiscal ocuparon varios meses donde se produjeron diferentes allanamientos en Pompeya y en las peatonales Florida y Lavalle. Allí se secuestraron elementos que comprometen a media docena de policías, tales como anotaciones en cuadernos donde se asocian sus nombres a una suma de dinero. También de los peritajes realizados a varios celulares que eran propiedad de los jefes de la organización dedicada a la venta ilegal callejera surgen contactos con agentes de las comisarías 34a. y 32a. en los que se solicita información para poder operar ilegalmente sin problemas.

“Existen mensajes de texto que dan cuenta de fechas y lugares donde poder instalarse para vender mercadería en lugares públicos no autorizados”, expresa el escrito presentado por la fiscal. “Desde esa línea se solicitan instrucciones a terceras personas para saber si se puede o no vender en la vía pública, cuándo y dónde en los que, además, se menciona a personas y a la comisaría presuntamente de la zona”, agrega.

En uno de los allanamientos realizados en un inmueble de la calle Lebenshon, Pompeya, la fiscal encontró cuadernos y anotaciones manuscritas donde aparecen sugerentes precisiones como “230 brigada” y “pelado 150”. Esas anotaciones se reiteran y la Justicia presume que “se corresponden con el pago diario, que se descontaría de las ganancias de la semana”, según consta en la denuncia. En la agenda de uno de los teléfonos secuestrados existe un número celular asociado a “pelado.brigada” y “pelado.jud.32” y otros “donde se menciona a gente de la brigada”, añadió el escrito judicial.

Del análisis de los elementos secuestrados durante los operativos realizados por el área Telemática y Criminalística de la Policía Metropolitana surge que algunas de las entradas halladas en el celular confiscado se corresponden con teléfonos móviles personales de policías federales que se desempeñan en la Comisaría 32a. Los nombres hallados son los del subcomisario José Luis Puebla, del inspector Omar Daquita, del subcomisario inspector Cristian Aquino, del sargento Eduardo Cullen, del sargento Pablo Marín Feliciano y del cabo primero Claudio Francisco Quiroz.

Esta investigación judicial confirma lo que cualquier ciudadano intuye a simple vista: que los manteros son parte de una asociación criminal y que funcionan con el amparo de las fuerzas policiales. En uno de los cuadernos secuestrados (en Pompeya), por ejemplo, existe un registro que dice: “1680 empleados, 1050 brigada”. También aparecen datos posiblemente asociados a funcionarios o empleados de áreas y reparticiones públicas como el juzgado 34, fiscalías, cooperativas de trabajo, gobierno nacional, plan Jefes y Jefas de Hogar, ayuda social…

Como si fuera poco, hay datos referentes a presuntos fabricantes o proveedores de ropa de marca como “Adidas.mujer” (sic) y contactos con feriantes de La Salada.

Y sigue. En el operativo realizado esta semana en la peatonal Florida, donde se encontraron unas 40.000 prendas y accesorios listos para la venta ilegal, fueron descubiertos varios formularios de encuestas originales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, parcialmente completadas para cobrar planes sociales. El firmante de los formularios es el dueño del local allanado en la Galería Luxor de la calle Lavalle donde los “manteros” guardaban toda la mercadería.

Otras de las relaciones que emergieron del operativo en el microcentro, según la denuncia de la fiscal Guagnino, es que entre el grupo de personas que concurrió a la fiscalía a obtener información aparecieron individuos que coinciden con las identificadas en los operativos anteriores.

“Llegado a este punto, entiendo que existen sospechas suficientes para suponer que parte de las personas vinculadas con la organización que se investiga se encuentran directamente relacionadas con funcionarios o empleados públicos de diversas áreas y que, por fuerza, corresponde ahondar” señaló Guagnino en su denuncia por asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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