Posteado por: museodegrandesnovedades | junio 7, 2011

Matías Lanusse, ex coordinador de la UCEP, imputado en la causa por lesiones y amenazas 3er candidato a comunero por la comuna 2 (2da parte)

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=224598&id=426539&dis=1&sec=1

Organismos de Derechos Humanos impugnaron a un candidato del PRO por su vinculación con la UCEP

La agrupación HIJOS, con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos, impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad a Matías Lanusse, candidato a comunero por el PRO, por estar imputado por delitos de lesiones y amenazas en la causa en que se investiga los desalojos de la disuelta Unidad de Contril del Espacio Público (UCEP).

El Tribunal deberá expedirse en el lapso de 48 horas si acepta la candidatura de Lanusse, tercer candidato a comunero por el PRO para la Comuna 2 (Recoleta).

Lanusse se desempeñó como coordinador de la UCEP y actualmente se encuentra imputado por delitos de lesiones y amenazas en la causa “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos” en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 49.

La agrupación HIJOS y el Observatorio pidieron la impugnación de esta candidatura, fundamentada “en la falta de idoneidad moral del candidato, requisito que contempla el valor de la ética republicana”, señalaron en un comunicado.

Audio de FM LA TRIBU: http://fmlatribu.com/noticias/2011/06/06/de-la-ucep-a-la-legislatura/

http://tiempo.elargentino.com/notas/impugnaran-candidato-del-pro-imputado-los-abusos-de-ucep

MATÍAS LANUSSE FUE COORDINADOR DEL ORGANISMO DENUNCIADO POR FUNCIONAR COMO UNA FUERZA PARAPOLICIAL

Impugnarán a un candidato del PRO imputado por los abusos de la UCEP

Integra la lista macrista en la Comuna Nº 2. La justicia investiga su responsabilidad, al igual que la de Mauricio Macri y de otros 29 funcionarios porteños, en el desalojo, robo de pertenencias y agresiones a personas en situación de calle.

La agrupación HIJOS presentará hoy la impugnación de la candidatura del ex coordinador de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), Matías Lanusse, tercer candidato del PRO en la lista de la Comuna N° 2 (Recoleta) para las elecciones que se realizarán el próximo 10 de julio. El joven ex funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra imputado por lesiones y amenazas contra personas en ‘‘situación de calle’’ en la causa que se le sigue al jefe del Ejecutivo porteño, Mauricio Macri, por el accionar de esta fuerza ‘‘parapolicial’’.

En la presentación, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, HIJOS, con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad, considera que Lanusse carece de la “idoneidad moral” necesaria para ser candidato de la junta comunal.

“Éticamente, no tendría que poder presentarse una persona imputada por desalojar personas en la calle, robarle las pertenencias y agredirlas. Su candidatura es un hecho de impunidad porque no sólo no debería trabajar más en el gobierno de la Ciudad, sino que tendría que estar procesado porque está probado lo que hizo la UCEP cuando él estuvo al frente”, argumentó en diálogo con este diario Carlos ‘Charly’ Pisoni, quien impulsa la denuncia desde HIJOS.

Con apenas 26 años, Matías Lanusse fue el primer coordinador que tuvo la UCEP desde su creación formal, el 1 de septiembre de 2008. Su renuncia, presentada el 1 de marzo de 2009, coincidió con la aparición en los medios de varias denuncias judiciales sobre esta Unidad, que es descripta por la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General de la Ciudad y el CELS como una fuerza “parapolicial’’ para “amedrentar, estigmatizar, reprimir y echar de la Ciudad a las personas que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad social.”

Desde hace unas semanas, Lanusse comenzó con su campaña para ingresar a la junta comunal del barrio de Recoleta en la lista con la que Macri intenta su reelección a jefe de gobierno de la Ciudad. “Aprovechando estos años que trabajé en la función pública y conociéndola desde adentro, no quiero dejar librado al azar la elección de los representantes de mi comuna, ni favorecer a punteros políticos que no conozcan las verdaderas necesidades de mi barrio”, dice el candidato macrista en su cuenta de Facebook “Matías Lanusse por la Comuna”.

La causa por los delitos cometidos por la ex UCEP, a cargo del juez de instrucción Facundo Cubas luego de la denuncia de la legisladora porteña Liliana Parada, tiene 29 funcionarios o ex funcionarios del PRO imputados. Están acusados de 19 hechos delictivos cometidos entre julio de 2008 y octubre de 2009.  “Cabe resaltar que el período durante el cual más denuncias se recibieron de personas en situación de calle, por el accionar de la UCEP, fue bajo la dirección de Matías Lanusse”, aclara la presentación.

Sólo tres funcionarios se presentaron a las declaraciones indagatorias, entre ellos Lanusse y el último jefe de la UCEP, Jorge Polini. El propio jefe de gobierno, Mauricio Macri, se mantiene esquivo de las citaciones judiciales y ya postergó su declaración indagatoria en tres oportunidades. El juez fijó para el próximo 15 de junio su cuarta citación a declaración indagatoria.

En la presentación, que presentarán hoy ante el Tribunal Superior de Justica, HIJOS y el Observatorio de Derechos Humanos recuerdan el caso del represor Luis Abelardo Patti como antecedente inmediato de rechazo por falta de idoneidad moral. “No queremos trazar analogía entre el impugnado y el genocida, sino que se busca señalar que el señor Lanusse, más allá del avance o no del juicio penal, participó en grado de coordinador de una Fuerza parapolicial en plena democracia. Ello marca el desvalor ético incompatible con el requisito de idoneidad moral”, aclararon los organismos.<

 

TEXTO DE LA IMPUGNACIÓN PRESENTADA:

IMPUGNA CANDIDATO
SEÑORES  Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Carlos Pisoni, por derecho propio, integrante de la agrupación H.I.J.O.S. Capital, con el patrocinio letrado de la Dra. Paula Csikos, Tomo 84, Folio 159 CPACF, integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio constituido en calle Juan Domingo Perón 853 bis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- Objeto
Que en legal tiempo y forma y en los términos de la ley electoral (art. 60/61 del Código Electoral) venimos a  impugnar  la candidatura presentada por el Sr. Matías Lanusse. como candidato a miembro de la Junta Comunal de  la Comuna 2 representado al Partido PRO  de la Ciudad de Buenos Aires,  toda vez que  el nombrado fue el Director General de la Unidad de Control del Espacio Publico (UCEP), que fue creada mediante el Decreto 1232/08 publicado en el Boletín Oficial del día 29 de octubre del 2008, estando su designación en el mismo decreto; y encontrándose imputado por los delitos de lesiones y amenazas cometidos desde esa Dirección general, desde donde se llevaban adelante delitos y acciones altamente discriminatorias y violatorias de los derechos humanos.

II.- Personería
Que soy habitante de la Ciudad de Buenos Aires,  y en tal carácter me presento. Que ello se acredita con copia del documento nacional de identidad donde consta el domicilio.
Que soy integrante de la agrupación H.I.J.O.S., que desde hace mas de 16 años, lucha por la plena vigencia de los derechos humanos.
La postulación que aquí se impugna y que se pretende evitar afecta directamente los intereses de cualquier persona que habita la CABA.. Por ello, me afecta directamente la forma en que se desarrollan las elecciones, y el apego al ordenamiento jurídico de todos los candidatos a ser electos.

III.- Hechos
La UCEP (Unidad de Control del Espacio Público) era un organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fue creado mediante el Decreto 1232/08 publicado en el Boletín Oficial del día 29 de octubre del 2008, norma que también designó como Director General de dicha unidad a Matías Lanusse, quien estuvo en funciones hasta Marzo del 2009.
Cabe recordar, aquí que el mentado decreto atribuía funciones a la UCEP que no le correspondían como organismo gubernamental. Entre ellas mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes. Colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio Público.
En este sentido el informe “LA UCEP: UN ORGANISMO ESTATAL CON PRÁCTICAS ILEGALES” realizado por la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General de la Ciudad y el CELS en Octubre del 2009  indica que “el decreto permite a la UCEP intervenir contra “vendedores ilegales” y “usurpadores”; identificando así a personas que aún no han sido encontradas responsables de una contravención o delito por un órgano judicial. Tal sesgo delata la inspiración inquisitiva de esta norma, que contradice al sistema acusatorio determinado por la Constitución Nacional, de la Ciudad y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En cualquier caso, aún con la ambigüedad y falta de adecuación constitucional de los términos del decreto, lo que está claro es que esta norma ni siquiera habilita a la UCEP a intervenir frente a personas que se encuentran en situación de calle, ni la dota de función social alguna.”
También agrega que “más allá de los objetivos y términos con los que se intenta dotar de un manto de legalidad a las funciones y actuaciones de esta Unidad, se ha verificado que el Gobierno de la Ciudad se vale clandestinamente de ella para amedrentar, amenazar y golpear apersonas en especial condición de vulnerabilidad, como son quienes se encuentran en situación de calle, de modo tal de que abandonen los lugares donde pernoctan”.
Las conclusiones del Informe son: “Para las instituciones que suscriben este informe, la UCEP actúa como una fuerza para-policial para amedrentar, estigmatizar, reprimir y echar de la Ciudad a las personas que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad social. El uso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace de la UCEP resulta violatoria de principios constitucionales básicos estructurales del Estado de derecho y afecta derechos humanos fundamentales de las personas vulnerables.”
Desde la organización no gubernamental ODH (Observatorio de Derechos Humanos) también hemos realizado denuncias en torno a la UCEP, realizando un video documental (http://www.youtube.com/user/observatoriodeddhh#p/a/u/2/lLKXL778khU), donde se observó con claridad el accionar de este organismo.

Habiendo recabado documentos y testimonios, la legisladora Liliana Parada, radicó una denuncia judicial que recayó en el juzgado de instrucción Facundo Cubas. El magistrado convocó a 29 funcionarios para que prestaran declaración, entre los cuales se encontró Matías Lanusse.
Los funcionarios se encuentran acusados de 19 hechos delictivos cometidos entre julio de 2008 y octubre de 2009 –período dentro del cual se encuentra aquél por el cual el aquí impugnado se desempeñó como Director General del Organismo- en horarios nocturnos y en espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires.
Cabe resaltar que el periodo durante el cual mas denuncias se recibieron de personas en situación de calle, por el accionar del UCEP, fue bajo la dirección de Matías Lanusse.
El ODH manifestó que “las conductas desplegadas por los agentes de la UCEP encuadran en los delitos tipificados por los arts. 89, 149 bis, 149 ter y 248 del Código Penal de la Nación. Esto es: lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.”
El Señor Matías Lanusse se presentó a declarar en esta causa, en la cual se encuentra imputado. Actualmente, se encuentra imputado por lesiones y amenazas en la causa 53.350/08  “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos” que tramita el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 49.
Ahora bien, para comprender en toda su dimensión la acción violatoria de los derechos humanos de este organismo, dirigido por el postulante que aquí se impugna, repasemos algunos testimonios de sus víctimas:
– El señor C.R.G., en su declaración efectuada ante la Defensoría del Pueblo el día 2 de octubre de 2008 (Actuación DPCABA Nº 5946/08), manifestó que el día 30 de septiembre de 2008 entre las 00 horas y las 02:00 horas de la madrugada, encontrándose junto a dos compañeros en la puerta del Teatro Colón, pasó un camión compactador de basura blanco, sin identificación, seguido de una camioneta blanca cuya puerta delantera tenía inscripto el logo del GCABA. Indicó que del camión compactador bajó una persona y que de la camioneta bajaron seis, todas vestidas de civil. Asimismo agregó que: “Luego, se acercan caminando ligero hacia ellos tres y uno que se adelanta entre todos se viene hacia el declarante, pegándole una patada en la rodilla y diciéndole ‘qué te pasa, qué te pasa’. A esto el declarante contesta, ‘no estamos haciendo nada, ustedes se vinieron a nosotros’ y ahí viene hacia el declarante el hombre… y le dice que a él había que cagarlo a trompadas. En ese momento el declarante se saca la capucha que tenía y uno de ellos le pega en la cabeza con una botella de plástico vacía y le dice ‘a vos no te pego porque sos un viejo’”. También denunció que esas personas le quitaron sus frazadas, tanto a él como a sus compañeros, agregando que recibieron amenazas diciéndole que iban a ir todos los días y que no querían que ellos estén ahí.
– El señor G.D.P., quien se desempeña como reciclador urbano, con fecha 2 de octubre de 2008 (Actuación DPCABA Nº 5955/08) prestó declaración en la Defensoría del Pueblo, indicando que ese día a las 02:00 horas de la madrugada, en la intersección de las calles Lima e Independencia, un grupo de 13 personas que se trasladaban en un camión de recolección de residuos con la inscripción “Panizza” —patente EXG115— y en cuatro vehículos —dos de ellos de patente FMA256 y SMA278— se acercaron a él y a unos compañeros y les sacaron los carros con todo lo que habían recolectado quitándoles asimismo su documentación, todo lo cual fue destruido. Por otro lado, señaló que cuando les solicitaron que se identificaran se negaron a hacerlo.
– El señor J.E.A., párroco de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María, en su declaración de fecha 9 de octubre de 2008 (Actuación nº 6179/08) señaló ante la Defensoría del Pueblo que el día 7 de octubre de 2008 en la zona de Constitución al 1000, siendo la 01:00 hora de la madrugada fue testigo de una agresión contra A.C.C., de 66 años de edad, quien se encontraba viviendo desde hacía ocho meses debajo de la Autopista 9 de Julio. El señor J.E.A. señaló que entre 20 ó 25 personas jóvenes y vestidos de negro quisieron sacar violentamente de su lugar de asiento al señor A.C.C pateando su endeble vivienda y propinándole un puñetazo en el estómago, al tiempo que lo amenazaban con cortarle el cuello con un instrumento cortante. También indicó que junto a esas acciones el señor A.C.C. fue amenazado con que debía salir de ese espacio en 24 horas so pena de ser incendiado el lugar. Además agregó que se llevaron todas las pertenencias del señor A.C.C..
– Exactamente un año después de las dos primeras denuncias referenciadas, el día 2 de octubre del año 2009 (Actuación 4930/09), un grupo de personas denunció el accionar de la UCEP a la altura de la calle Pasco al 1300.
– La señora C manifestó que “el día 1º de octubre de 2009 a la 1.10 hs de la mañana se encontraba en Pasco al 1300…donde vive. Allí aparecieron los integrantes de la UCEP y uno que estaba de gorrita se ensañó con ella y le empezó a pegar patadas, puñetazos y trompadas por todos lados…después le pegaron entre varios…le sacaron su colchón, un asiento que tenía. Con todos los golpes que le dieron se cayó y se dio la cara contra el piso. Luego la empezaron a manosear entre mas o menos 10 integrantes de la UCEP. Le decían: “Te sentís mal, te vamos a hacer el tacto”, le empezaron a meter mano en su cuerpo, la manosearon en todo su cuerpo. La declarante señala que está embarazada y que puede identificar a quienes le pegaron. La señora les pidió a los patoteros que llamen al SAME porque se sentía muy mal y le contestaron que no, que ellos no iban a llamar al SAME y la cargaban con chistes. (fs. 3 y 4).

Como dijimos, la UCEP aplicaba métodos violentos e intimidantes a fin de que las personas que moraban en un lugar no regresaran a éste. El personal de la UCEP no se identificaba con nombre y apellido, ni manifestaba en todos los casos su pertenencia a la UCEP, sino que se presenta sólo como personal del Gobierno de la Ciudad.
La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país prohíben el ejercicio del poder represivo del Estado de manera clandestina, sin justificación ni autorización legal y sin debido proceso previo, como lo hizo el Gobierno de la Ciudad a través de la UCEP -dirigida por el postulante aquí impugnado- contra las personas que viven en situación de calle.
En un Estado de Derecho, el poder punitivo y represivo del Estado, por ejemplo para secuestrar o destruir pertenencias, sólo puede tener lugar en el caso de que una persona cometa un delito o contravención, y mediante un procedimiento formalmente regulado.
No obstante, la gravedad institucional resultó aún mayor, puesto que la mayoría de los casos en los que actuaba los dirigidos por el Señor Lanusse, las víctimas resultaban ser personas que se encontraban durmiendo o viviendo en el espacio público por diversas situaciones de exclusión social, como consecuencia de la acción directa o indirecta de los poderes públicos a la hora de diseñar políticas integrales de vivienda y protección social.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la actual gestión partidaria gobernando el Poder Ejecutivo, reconoció la barbarie humanitaria a la que sometió a sus ciudadanos, ordenando, en 2010, el reemplazo del Ministro del área y la disolución del Organismo.
Hoy ese mismo Partido político postula para Comunero a quién Dirigió el Organismo disuelto tras el escándalo y la causa judicial y quién se encuentra seriamente comprometido, en calidad de imputado, en la causa penal que avanza en la Justicia.

V.- Derechos involucrados
Para ser miembro de la Junta Comunal se requiere poseer idoneidad moral. A la luz de los hechos relatados y la gravísima imputación penal que pesa sobre el postulante, es esa idoneidad moral de la que carece el candidato que aquí se impugna.
Un claro antecedente directo, sobre la impugnación de cargos electivos a partir de la falta de idoneidad moral es el rechazo del diploma de Luis Abelardo Patti por el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación el 06/12/2005, por su imputación en delitos contra los derechos humanos, aún cuando se encontraba en libertad. Allí el rechazo por el cuerpo (212 votos por la afirmativa, 9 abstenciones y 8 por la negativa) se fundamentó en la inhabilidad moral que específica las normas para el cargo legislativo.
Allí el rechazó fue posterior a la elección. Esta es la diferencia sustancial. Aquí se plantea con anterioridad para evitar que un imputado por delitos contra los derechos humanos de los habitantes más vulnerables de la Ciudad, se encuentre ejerciendo un cargo electivo.
La CSJN al fallar ante un recurso presentado por Patti consideró que “la Constitución no otorga al Congreso un poder para negar la incorporación de un candidato electo”, para resolver la incorporación de Patti como Diputado. Es decir, la cuestión debatida fue la facultad del congreso, no la corrección del encuadre jurídico de la conducta del violador de derechos humanos en “idoneidad moral”.
La corte se basó en el fallo “Bussi” –Fallo del 13/7/07 in re “Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación – Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados”-, donde también analizó la facultad de la Cámara de Diputados para juzgar la idoneidad de sus miembros, sosteniendo (por mayoría) que el Congreso Nacional se había excedido en sus facultades de contralor (conferidas por el art. 64 de la Constitución Nacional y que, según el criterio de la CSJN, serían apenas de carácter formal), pues realizó valoraciones respecto de la idoneidad ética de los candidatos que no le correspondían y, en consecuencia, no tenía atribuciones para impedir la incorporación de un legislador electo.
Sobre la corrección del concepto de moralidad se pronunciaron, en la disidencia del fallo, los Dres. Petracchi y Highton, quienes si juzgaron oportuno evaluar el fondo de la causa y no las formas jurídicas. Siguiendo al Procurador Esteban Righi en el Fallo “Bussi” indicaron que la Cámara de Diputados aplicó “las pautas éticas derivadas de la Constitución Nacional”.
Lo que se discute en autos son las obligaciones legalmente impuestas a la justicia electoral. En este contexto se le requiere a la justicia electoral (organismo distinto de la Legislatura de la Ciudad) que juzgue la habilidad constitucional del Sr. Lanusse para ser candidato a comunero, en un procedimiento previo al acto eleccionario.
El Procurador Righi en el fallo “Bussi” dictaminó “el contenido de moralidad que se utiliza de baremo para juzgar la idoneidad necesaria que manda la Constitución para acceder a la función pública es la ética republicana…”
¿Se podría decir que es republicano dirigir un Organismo cuya meta organizacional contraría la Constitución? ¿Es republicano encargarse de decidir la peligrosidad sin delito? ¿Es republicano decidir quiénes son usurpadores del espacio público, desde una función ejecutiva? ¿se condice con la ética republicana que manda a la división de poderes? ¿qué decir sobre los golpes a indigentes, las amenazas, justamente a aquéllos que requieren con premura la satisfacción de sus derechos por el Estado?
Righi continúa explicando sobre este requisito de idoneidad moral: “No son calidades meramente subjetivas que impliquen un juicio sobre la conciencia de las personas, tales como su ideología, su religión, o factores objetivos sobre los que está vedado realizar una discriminación, como la raza, el color de la piel, el sexo, la orientación sexual, etc., los elementos de juicio que se valoran para afirmar que el amparista carece del requisito de idoneidad moral necesario para ejercer un cargo público, sino que, muy por el contrario, los datos sobre los que se efectuó ese juicio en el caso sub examine se limitan a circunstancias de las que se deriva una clara contradicción con pautas éticas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.”
¿Se compadece con la ética republicana dirigir una “fuerza para-policial para amedrentar, estigmatizar, reprimir y echar de la Ciudad a las personas que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad social”, tal como calificó la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General de la Ciudad y el CELS al accionar de la UCEP coordinada por el Sr. Lanusse?
Righi se inmiscuye en el desvalor ético “… el disvalor que se desprende de la mera circunstancia de haber ejercido un cargo de esencial importancia en ese gobierno de facto, permite, de igual modo, verificar en esa persona un disvalor ético incompatible con el concepto de idoneidad para el acceso a la función pública, con independencia de que ese juicio de responsabilidad penal resulte efectivo.”
No queremos trazar analogía entre el impugnado y el genocida, sino que se busca señalar que el Sr. Lanusse, más allá del avance o no del Juicio Penal participó en grado de coordinador de una Fuerza parapolicial en plena democracia, ello marca el desvalor ético incompatible con el requisito de idoneidad moral.
Ante lo expuesto, queda notablemente configurado el requisito por el cual se intenta esta impugnación.
Asimismo, los fundamentos de derecho de la presente acción se sostienen en el sistema constitucional de garantías, diseñado a efectos de que los distintos poderes del Estado sean controlados entre sí, y de esta manera garantizar su más fiel y continuo apego a la norma fundante, la Constitución.
Los  instrumentos  internacionales mencionados imponen a los distintos órganos que conforman el esquema institucional público la obligación de adecuarse a sus preceptos. Así  lo ha  interpretado  la CSJN en un importante precedente:
“Cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que  sus órganos administrativos y  jurisdiccionales  lo apliquen a  los  supuestos que ese  tratado contemple,  siempre que  contenga descripciones  lo suficientemente concretas de  tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata”
Como lo señala Waldron, el término definitorio de la filosofía de los tratados internacionales sobre derechos humanos es la dignidad de la persona humana, tal como lo declaran los preámbulos citados más  arriba. La  dignidad es la justificación metajurídica de la igualdad  como derecho. Y  la discriminación es por esencia  la afirmación de  la desigualdad e implica la pérdida de la dignidad.
Aunque  la dignidad no puede  ser  arrebatada por  la ley o por una práctica social –de ahí su origen iusnaturalista- lo cierto es que su efectiva existencia requiera de acciones concretas y un compromiso real de las personas que componemos la sociedad.
La  jurisprudencia  argentina mayoritaria defiende  la vigencia de  los derechos políticos pero advierte sobre la existencia de límites claramente delineados que no importan una negación de otros derechos. Es recordado un voto del Ministro Fayt en este sentido, en  relación al caso Partido Nuevo Triunfo:
“En  rigor,  se  trata  de  evitar  el  uso  abusivo  de un  derecho  político  fundamental  para  el  sistema  representativo  democrático,  que  supera  la  frontera de  la  licitud  constitucional  en  la medida  en  que  está  dirigido  a  conculcar abiertamente otro derecho  fundamental. Ese abuso deja de  ser el  ejercicio legítimo de un derecho  constitucional para  transformarse en el empleo  inconstitucional  de  un  derecho  fundamental;  y  debe  ser  considerado  como portador de una “causa ilícita” -también en el sentido propio de  la palabra de acuerdo con las condenas recibidas por miembros del partido mencionadas en el considerando 18 del fallo atacado-, y distinguido del derecho fundamental en cuyo seno pretende cobijarse.”
“El impedimento de la actividad que despliega la causa ilícita -en el caso la violación al derecho de igualdad referida- por parte de la autoridad pública no comporta la trasgresión del art. 28 de la Ley Fundamental, pues “lo que en semejante hipótesis se niega o prescribe no es el derecho en sí mismo ni la  titularidad de él,  sino  sólo  la posibilidad de que  se  lo  ejerza de manera que  inflija daño o perjuicio al  interés general, o al de un grupo  sustancial del pueblo” (Fallos: 172:21, “Avico”).”
“La debida coherencia interpretativa de las normas constitucionales impide la admisión ilimitada de un derecho, de carácter antisocial, dado que su razón  teleológica es  la armonía de  las  esferas de acción de  las primeras,  en cuya realización se concentra el mayor beneficio de  la comunidad y de sus individuos. Un programa político que prevea la discriminación por sexo, raza  y  origen  resulta  ser  paradigmáticamente  antisocial,  carácter  que  no  se aligera  ni  disimula  bajo  el  enmascaramiento  de  constituir  una  institución arraigada en la Carta que tutela los derechos fundamentales.”
Esa línea jurisprudencial ha sido pacíficamente aplicada por los tribunales de toda la Nación, asegurando la vigencia de las normas internas e  internacionales en cuanto exigen  la penalización de  los actos discriminatorios:
“Existe  discriminación  cuando  arbitrariamente  se  efectúa  una  distinción, exclusión o restricción que afecta el derecho igualitario que tiene toda persona a la protección de las leyes, así como cuando, injustificadamente, se le afecta a una persona, grupo de personas o una  comunidad  el  ejercicio  de alguna de las libertades fundamentales, expresadas por la Constitución Nacional, por razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o de cualquier orden, sexo, posición económica o social, u otra de cualquier naturaleza  posible,  destacando  dos  elementos  fundamentales  que  componen, individual pero complementariamente su definición. Debe existir una violación arbitraria o  injustificada del principio de  igualdad ante la  ley, conforme a las circunstancias, que a su vez, debe impedir o menoscabar a otro en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales que la Constitución Nacional le asigna.”
“La discusión acerca de qué es lo que en verdad constituye trato antidiscriminatorio y la consiguiente obligación del Estado de asegurar las condiciones que lo eviten, no puede limitarse a argumentos vinculados al ejercicio de derechos. Este tipo de respuestas no resultan suficientemente receptivas del verdadero problema que subyace al del  trato discriminatorio y que es el de la exclusión de aquellos que resultan ser diferentes desde el punto de vista de la mayoría o cultura dominante.”
De los hechos denunciados surge que de permitirse esta postulación se estarían vulnerando los principios de legalidad y de razonabilidad, contenidos en los arts. 18, 19 y 28 de la Constitución Nacional.
El principio de legalidad responde al concepto de despersonalización del poder, y al de legitimidad racional. Como nos enseña Bidart Campos, no se trata de que el poder no sea ejercido por hombres, sino de que esos hombres que ejercen el poder lo hagan ajustándose al orden jurídico establecido en las normas legales. Orden jurídico del que se han apartado en el caso que aquí se denuncia.

Así, la doctrina de la supremacía constitucional exige, para su eficacia, el deber del Poder Judicial de revisar que la Constitución prevalezca sobre todo el orden jurídico-político del Estado. Así lo estableció en innumerables oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación .
La finalidad del principio de legalidad es afianzar la seguridad individual de los gobernados. La ley determina de antemano las conductas debidas o prohibidas, de forma que los hombres puedan conocer como deben conducirse, y quedar exentos de decisiones sorpresivas que dependan solamente de la voluntad ocasional de quien manda. Esto en perspectiva al valor de previsibilidad.
Aunque pudiere resultar tedioso o sobreabundante en este tipo de acción, merece el caso recordar algunas pautas legales que abonan esta acción.
El art. 19 de la Constitución Nacional, establece el sistema que ordenará la conducta de los hombres en cuanto a la libertad de sus acciones. Pero es menester dar contenido material de justicia al principio formal de legalidad para lo cual acudimos al valor justicia que se traduce en el principio de razonabilidad, contenido en el art. 28 de la Constitución Nacional. Dicho artículo establece que no se podrá alterar el contenido de la manda constitucional. La “alteración” presupone arbitrariedad y/o irrazonabilidad. Así, el principio de razonabilidad tiene como finalidad  preservar el valor justicia en el contenido de todo acto de poder. Esto mismo es sostenido por los artículos 10 y 13 de la Constitución de la Ciudad.
En el caso “Vizzoti” , señaló la Corte Suprema que el art. 28 de la Constitución Nacional “…enuncia el principio de supremacía de aquélla, al disponer, claramente, que “los principios, garantías y derechos” reconocidos constitucionalmente, “no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. La intervención de esta Corte en los términos precedentemente expuestos no entraña ingerencia alguna en el ámbito del Poder Legislativo, ni quiebre del principio de separación de poderes o división de funciones. Se trata del cumplido, debido y necesario ejercicio del control de constitucionalidad de las normas y actos de los gobernantes que le impone la Constitución Nacional. Es bien sabido que esta última asume el carácter de una norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se encuentra en debate un derecho humano.” (El resaltado es propio).
Sobre la base de estos principios no cabe sino concluir que permitir la postulación de Lanusse, en tanto podría vulnerar disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y la local, debería impedirse urgentemente. Lo contrario importaría el desconocimiento de normas que impregnan nuestro sistema jurídico.

VI.- Medidas adicionales
Que  a  los  fines de  la  resolución de  la presente  impugnación  solicito  se  requiera  informe  sobre  los documentos  acompañados  al INADI y al juez Facundo Cubas a cargo del Juzgado Correccional de Instrucción Nº 49, por los hechos de violencia cometidos por el candidato que aquí se impugna cuando formaba parte de la UCEP.

VII.- Reserva expresa del caso federal
Desde ya y a todo efecto, realizo la reserva expresa de caso federal por violación a los Contenidos en Nuestra Constitución Nacional, entre otros arts. 8, 18, 19, 28,  29, 31, 44, 75 inciso 22, de la Constitución Nacional.

VIII.- Petitorio
Por lo expresado, solicito:
1.- Me tenga por presentado, parte en el carácter invocado, domiciliado, dándoseme la participación que por derecho me corresponde.
2.- Por interpuesta la  presente  impugnación  y  oportunamente  se  niegue  la  oficialización  de  la  candidatura  del  Sr. Matías Lanusse para el cargo de comunero de nuestra Ciudad.
3.- Por ofrecida la prueba que hace al derecho de mi parte.
4.- Por efectuada la reserva de caso federal.
5.- Oportunamente haga lugar al mismo.

PROVEER DE CONFORMIDAD
SERÁ JUSTICIA.-

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