Posteado por: museodegrandesnovedades | mayo 19, 2011

Al final tuvieron que reconocer que el delito de usurpación en la ciudad de Buenos Aires le corresponde a la policía metropolitana

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-168396-2011-05-18.html

Un acta para recuperar los monoblocks

El gobierno porteño aceptó antela Cortehacerse cargo del desalojo de los monoblocks del Bajo Flores tomados hace dos meses. Hasta ahora, sostenía que esa tarea le correspondía a Garré. De todos modos, el operativo tendrá apoyo del gobierno nacional.

La Corte Supremaconminó a los ministros de Seguridad dela Ciudad, Guillermo Montenegro, y dela Nación, Nilda Garré, a que cumplan con la orden judicial de desalojar un complejo de viviendas en el Bajo Flores que estaba destinado a reubicar a habitantes de dos asentamientos precarios situados junto al Riachuelo, pero fue ocupado antes de que el traslado se concretara. Desde mediados de marzo ambos funcionarios pelean por cuál de los dos debería hacer efectivo el desalojo. El máximo tribunal los citó ayer a una audiencia en la que aceptaron acatar la medida y acordaron un plan que comenzará con un intento de mediación con los ocupantes (a quienes se les ofrecerá un alojamiento transitorio del gobierno porteño) y que, en el peor de los casos, podría terminar con la detención de quienes se resistan a irse. El procedimiento en sí, que aún no tiene fecha cierta, estará a cargo del gobierno porteño con apoyo de su Policía Metropolitana.La Federalo bienla Gendarmeríatendrán que evitar la reocupación. Los policías tendrán prohibido concurrir armados a las negociaciones.

La ocupación de los monoblocks en el Bajo Flores lleva ya dos meses y hay unas 120 personas instaladas. Desde marzo hasta ahora, el juez federal de Quilmes Luis Armella firmó cuatro resoluciones con diversas directivas orientadas al desalojo de estas viviendas, que fueron construidas para relocalizar a las familias de los asentamientos El Pueblito y Luján, que viven entre cartones, chapas y enfermedades producto de la contaminación. Armella es el juez que tiene delegada la tarea de garantizar el cumplimiento del fallo dela Corteque en 2008 ordenó la limpieza del Riachuelo y medidas complementarias, como la urbanización de villas y asentamientos precarios que integran la cuenca. El 6 de abril, el magistrado recurrió al máximo tribunal con el argumento de que nila Ciudadnila Naciónacataban sus disposiciones.

Mauricio Macri acusaba al gobierno nacional de “no haber protegido el lugar” a través dela Policía Federal.En la cartera de Garré sostenían que debía actuarla Metropolitanapor tratarse de viviendas construidas por el gobierno porteño, que son dela Cooperación BuenosAires Sur. Pero decían que había que adecuarse al “escenario complejo” que plantea el problema de la cuenca Matanza-Riachuelo. En el ínterin, se agravó la situación de quienes ocupan los monoblocks, donde cerca de la mitad son niños, que están impedidos de recibir agua y comida.

Los jueces dela Corteanalizaron la situación y concluyeron que el asunto debía ser abordado “como un problema social” y no “como delito de usurpación”. “Hay dos grupos en situación de extrema necesidad”, describió un funcionario cortesano. Finalmente, Garré y Montenegro fueron citados a una audiencia con el presidente dela Corte, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco. También estuvieron la viceministra de Seguridad dela Nación, Cristina Caamaño, y la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social porteño Guadalupe Tagliaferri.

El encuentro empezó cerca de las cinco de la tarde con una advertencia de Sus Señorías sobre la obligación de acatar los fallos judiciales, según el acta. Luego, cual árbitros, invitaron a los funcionarios a ponerse de acuerdo en un “programa de ejecución del fallo” de Armella. En base a las acciones reclamadas por el juez, los supremos sugirieron qué papel le debería tocar a cada administración. El esquema quedó así:

– Para empezar habrá una “instancia de mediación” para “persuadir a los ocupantes que abandonen el lugar”. “Estará a cargo dela Ciudad Autónoma” que llevará un equipo integrado por el SAME, el Programa Buenos Aires Presente del Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

– Las personas que acepten irse en forma voluntaria serán censadas y se les ofrecerá alojamiento en “dispositivos de atención transitoria del Gobierno dela Ciudad” donde les proveerán alimentos, agua y asistencia médica. El objetivo del censo es verificar quiénes tienen beneficios sociales (asignaciones, subsidios, jubilaciones, pensiones, empleo registrado).

– El personal que lleve adelante el censo tendrá custodia dela Policía Metropolitana.Se establecerá un plazo de pocas horas para que la gente “manifieste su voluntad de desocupar el lugar”. “Si hay negativa, serán trasladados obligatoriamente” y para eso “actuarála Policía Metropolitana”, dice el acta.

– El Estado nacional deberá designar ala Policía Federalola Gendarmeríapara “establecer un cerco que impida otras ocupaciones y evite agresiones a los mediadores”. El cerco se mantendrá hasta el momento en que las viviendas sean entregadas a sus destinatarios de los asentamientos El Pueblito y Luján. La fuerza que intervenga tendrá, como ocurre en otros operativos, un papel de garante o contención a la fuerza local que actúa.

– Se constatará quela Metropolitanavaya desarmada y se filmará todo el operativo.

– Frente a la resistencia de los ocupantes a retirarse, explicaron enla Corte, lo más factible es que intervenga el fiscal, y ordene detenciones si considera que hay delito. En ese caso también podría llegar a intervenirla Federal.

La Cortefirmará hoy una resolución para homologar este esquema. El objetivo, más allá del caso puntual –explican fuentes del tribunal–, es generar “un standard o modelo de actuación” que eviten a futuro situaciones de desalojo violento como el que inició la crisis del Parque Indoamericano.

http://www.clarin.com/ciudades/Distintas-reacciones-medida-acercan-elecciones_0_482951825.html

Distintas reacciones a medida que se acercan las elecciones

Tras la ocupación del Indoamericano, las tomas de espacio público enla Ciudadfueron abordadas porla Naciónsegún diferentes criterios, en los que pesó tanto el interés por recuperar tierras propias como la necesidad de mostrar orden a medida que se acercan las elecciones.

La primera postura del Gobierno fue echarle la responsabilidad ala Ciudad, con el argumento de que las usurpaciones las debía resolver Macri conla Policía Metropolitana.Pero en algunos casos, aquellos donde los asentamientos estaban sobre terrenos federales, sí actuó.

Por ejemplo en el club Albariños: tras las órdenes de desalojo y captura de organizadores de la toma que firmó el juez federal Daniel Rafecas (y luego de negociar con los ocupantes), las fuerzas de seguridad liberaron el predio, que pertenece ala Nación.

Algo similar sucedió en la calle 14 de Retiro y en la ex bodegas Giol. En el primer caso,la Naciónexplicó que tuvo que liberar la calle porque se estaba bloqueando el ingreso de las ambulancias, lo que significaba un riesgo en un asentamiento de población en situación marginal. Respecto dela Giol,la Naciónnecesitaba el predio para construir el Polo Científico.

Distinto fue el caso del asentamiento “La veredita”, en Soldati. Allí, el Gobierno decidió no respetar la orden de desalojo porque entendió que no había usurpación sino “gente en situación de calle”, y que por lo tanto era un problema social que debía solucionarla Ciudad. Noen vano, María Eugenia Vidal, ministra porteña de Desarrollo Social, hoy compañera de fórmula de Macri, acusó ala Naciónde hacer “desalojos selectivos”.

Otro criterio se usó con las ocupaciones de la 9 de Julio de los aborígenes Qom y los ex conscriptos movilizados por Malvinas. Como eran dos reclamos dirigidos directamente ala Nacióny no ala Ciudad, el ministro Randazzo se sentó a negociar. Probablemente, para solucionar rápido los cortes de tránsito que molestaban a los porteños, a meses de las elecciones.

http://www.lanacion.com.ar/1374190-acuerdo-politico-para-un-desalojo

Primero, el gobierno de la ciudad, con un equipo del SAME y del Programa Buenos Aires, hará un censo de los ocupantes de ese complejo habitacional y, si se niegan al desalojo, “serán trasladados obligatoriamente”. Si aceptan, pueden recibir algún beneficio de la ciudad y dela Nación.

La tarea de desalojo estará a cargo dela Policía Metropolitana, que ingresará desarmada. El operativo será filmado.

En segundo lugar, el Estado nacional, a través dela Policía Federalo dela Gendarmería, establecerá un cerco perimetral de protección a los mediadores y, también, para evitar nuevas ocupaciones.

El juez Armella será informado de todo lo que ocurra y actuará un fiscal federal. Si bien el acuerdo no lo establece, enla Corteafirman que el fiscal podría ordenarle ala Policía Federalque preste una mayor colaboración conla Metropolitanasi los ocupantes se niegan al desalojo.

http://www.clarin.com/ciudades/Corte-Nacion-Ciudad-cumplir-desalojo_0_482951824.html

El acta establece que intervendrála Policía Metropolitana, en contra de lo que pretendíala Ciudad, mientras la Policía Federalformará un cerco para impedir otras ocupaciones del predio o evitar agresiones a los mediadores.

Según fuentes dela Corte, en caso de quela Metropolitanano pueda cumplir con el desalojo, un fiscal federal presente en el operativo podrá decidir la intervención dela Federalo de Gendarmería.

El cerco dela Federal“se mantendrá hasta la finalización del operativo, incluyendo la entrega de las viviendas a los habitantes de El Pueblito y Luján”.

El Gobierno nacional sostenía que, por tratarse de un delito de usurpación, debía intervenirla Policía Metropolitana, mientras quela Ciudadargumentaba que erala Policía Federalla que tenía la “capacidad operativa” para hacer efectivo el desalojo.

Nadie estará autorizado a ofrecer dinero a los ocupantes de las viviendas tomadas, lo que ya se intentó, y quedó demostrado que fomenta la aparición de organizaciones ilegales que llevan a la gente e incluso le venden parcelas.
“Es un problema social extremo, no se puede tratar como un delito de usurpación.

Hay gente pobre de un lado y del otro, por lo que hay que buscar soluciones razonables”, explicaron enla Corte, “pero las partes tienen la obligación de acatar la orden judicial”.

http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13997&Itemid=34

“Esto es exactamente lo mismo que había dicho el juez Armella y el Gobierno nacional nunca cumplió. Es un operativo que tienen que hacer las dos fuerzas, que se dividirá la parte operativa que, por las características del desalojo,la Policía Metropolitanano está en condiciones operativas de realizarlo sola”, puntualizó Montenegro.

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=583213

Para el funcionario macrista, las tomas de terrenos que se sucedieron en los últimos meses generaron las bases para la creación de la industria del subsidio. “No se puede hacer una solución a todos los que están, porque la gran mayoría de los que están, están repetidos en las últimas 20 tomas que hubo en la Ciudad”, expresó.
“Con esto del subsidio constante se generó una industria. La gente dice ‘voy me meto acá, y si en dos semanas por ahí me sacan me llevo 1.500 pesos y veo que pasa’. Hacen eso en vez de trabajar. Con el subsidio constante lo que estamos quitando es la cultura de trabajo”, concluyó.

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