Posteado por: museodegrandesnovedades | mayo 8, 2011

Postergan el desalojo de la veredita

La veredita: postergan el desalojo

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=0329543a3a4b9b38c4f165324fce0cb2

El pasado jueves venció la prórroga otorgada por la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Claudia Alvaro, para que se de cumplimiento a la orden de desalojo dictada previamente sobre la zona del Bajo Flores conocida como “La Veredita” ocupada ilegalmente por 245 personas. Tras varias reuniones entre funcionarios de Ciudad y Nación, y a pedido dela Fiscalíadela Ciudad, la magistrada resolvió conceder otra postergación del desalojo para llegar a una solución pacífica del conflicto.

Pasado el mediodía de este jueves 5 de mayo, venció el plazo dispuesto por la titular del Juzgado N° 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Claudia Alvaro, para que se generen instancias de negociación que confluyan en una solución pacífica al conflicto generado por la ocupación ilegal del predio del Bajo Flores conocido como “La Veredita” permitiendo dar cumplimiento a la orden de desalojo del espacio público tal como lo dispuso la magistrada en ya dos ocasiones.
Luego de varias reuniones entre representantes del Ministerio Público Fiscal y funcionarios del Gobierno Nacional y porteño, de planteos efectuados por el Ministerio Público de la Defensa y la Asesoría General Tutelar de la Ciudad; y ante el pedido del Fiscal General Adjunto en lo PCyF, Luis Cevasco, de conceder una nueva postergación a la orden de desalojo “para permitir la concreción de propuestas, atento la cantidad de ocupantes y las diferentes situaciones familiares”, la jueza resolvió “postergar, la decisión de restitución y desalojo hasta el jueves 19 de mayo, fecha en la cual la medida se ordenará de manera improrrogable, debiendo el Ministerio Público Fiscal comunicar el resultado de las instancias de negociación y la voluntad de materializar la medida”.
Según lo dispuso la magistrada, hasta tanto se llegue a un acuerdo entre las partes para resolver pacíficamente el conflicto, se deberá “mantener el cordón policial, dispuesto previamente, evitando el ingreso de personas distintas a los actuales ocupantes”, siendo el responsable de dicho operativo el Jefe de la Policía Federal, junto con la Gendarmería y con la colaboración de la Policía Metropolitana.
UN CONFLICTO, VARIOS ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS
La ocupación ilegal de las veredas que lindan con predios del Instituto Cultural Marianista, de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, Clubes DAOM y de la Fuerza Aérea, no sólo generó el pedido de desalojo por parte de la Fiscalía porteña, también motivó la intervención de la Defensa Pública de la Ciudad (a cargo del Defensor Javier De la Fuente) y de la Asesoría Tutelar (representada por el asesor Carlos Bigalli).
El defensor solicitó no sólo ser parte en el proceso de negociación y del trámite judicial para garantizar el derecho de defensa, sino también requirió la suspensión de la orden de desalojo dispuesta, que se designe un mediador y que se “tengan presente y se acaten las resoluciones judiciales de los Juzgados en lo Contencioso y Tributario nº 1 y 3” los cuales concedían medidas cautelares para los ocupantes ordenando al Gobierno de la Ciudad que “se otorgue alojamiento a los actores junto con sus grupos familiares en un ámbito adecuado, o bien los fondos suficientes para acceder al mismo”.
En uno de los fallos firmados por la jueza en lo CAyT Elena Liberatori, la magistrada ordenó que “frente a la situación de desalojo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, abone la suma de 7.200 pesos –y no 700 pesos en concepto de cuota de emergencia como propone el Gobierno porteño- a cada una de las familias comprendidas en la presente causa”.
Ante estas resoluciones del Fuero CAyT vinculados al desalojo judicial dispuesto por otro Fuero, la Fiscalía porteña realizó una nueva presentación en la que solicitó que se requiera a la jueza Liberatori que “se inhiba de seguir interviniendo en la acción de amparo” porque de continuar haciéndolo “sería una inaceptable intromisión en el trámite del proceso”.
En la extensa sentencia, la jueza Alvaro también menciona una información aportada a la causa por la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, en la que se expresa que durante las reuniones mantenidas, no participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “por la cual no hubo una propuesta asistencial superadora por parte de dicho organismo para las familias involucradas, mas allá de la que primigeniamente se ofreció desde el Gobierno de la Ciudad”. También se informó que las autoridades del Gobierno Nacional asistentes a los encuentros sostuvieron que “que las fuerzas de seguridad convocadas por el Tribunal para que intervengan dentro de la esfera de sus competencias, de llevarse a cabo la orden de allanamiento y liberación del espacio público dispuesta, no se encontraban autorizadas a hacer uso de la fuerza pública aún en caso de ser ello necesario”.

Sobre el pedido de mediación dela Defensa, la jueza dispuso quela Fiscalíase expida; sobre el pedido de inhibición dela Fiscalíacontra la jueza en lo CAyT, la magistrada en lo PCyF dijo que en el proceso penal porteño no se contempla un trámite de inhibición; y ante los pedidos de la defensa y la asesoría tutelar de suspensión de la orden de desalojo la jueza fue tajante: se posterga pero no se suspende. “La resolución que ordena la restitución debe ejecutarse de manera inmediata y por ello los recursos que se interpongan contra ella nunca podrían tener efecto suspensivo”, remarcó la jueza.

http://www.lanacion.com.ar/1370693-nueva-suspension-del-desalojo-de-veredas-en-flores

Nueva suspensión del desalojo de veredas en Flores

Los ocupantes no aceptaron el subsidio que ofreció el gobierno porteño; fallos superpuestos

La jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro volvió a postergar el desalojo de las casillas instaladas en veredas del Bajo Flores, ante un nuevo fracaso de las negociaciones entre los usurpadores y el gobierno porteño para lograr una desocupación pacífica, sumado a la negativa del gobierno nacional de concretarla mediante el uso de las fuerzas de seguridad.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social porteño ofrecieron a la única delegada de los ocupantes que acudió a una reunión previamente pactada, Laura Fornos, la posibilidad de abonar a cada familia un subsidio consistente en una primera cuota de

700 pesos. Y, contra la presentación de recibos de alquiler o pensión, nueve cuotas más de hasta 1200 pesos.

La oferta fue rechazada. Fornos llegó acompañada de un abogado, identificado por fuentes del gobierno porteño como Lisandro Teszkiewicz, que impulsó un recurso de amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo, un expediente paralelo a la causa penal por la usurpación en la que se ordenó y luego suspendió el desalojo.

En ese expediente, la jueza Elena Liberatori ordenó ayer a la administración encabezada por Mauricio Macri que abone a las familias un único pago de 7200 pesos, sin la exigencia de acompañar el cobro con ninguna documentación.

Esta modalidad había sido instrumentada, también por orden judicial, para lograr el desalojo de la calle México, hace dos semanas. No obstante, esta vez el gobierno porteño apelará la medida, según confirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social.

Sucede que las autoridades manejan información que sostiene que muchas de las

personas instaladas en las veredas del Bajo Flores ya tienen vivienda en barrios carenciados de los alrededores del asentamiento. En efecto, numerosas casillas permanecen vacías la mayor parte del tiempo.

Antecedentes

El desalojo había sido ordenado originalmente por la jueza Alvaro en febrero pasado, pero el gobierno nacional no prestó colaboración y el defensor oficial apeló la decisión.

A mediados de abril,la Sala Idela Cámarade Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó el fallo de primera instancia y ordenó a la magistrada que fijara la fecha del procedimiento, para el que debía convocar a las fuerzas federales y no ala Policía Metropolitana, que había demostrado su incapacidad operativa en el expediente judicial.

La jueza dispuso entonces concretar el operativo el jueves pasado, pero la ministra de Seguridad dela Nación, Nilda Garré, volvió a negarse a hacerlo y presentó un recurso contra la sentencia dela Cámara. Alvarosuspendió la medida hasta hoy y ordenó continuar con las negociaciones, que naufragaron.

El fiscal general adjunto de la ciudad, Luis Cevasco critica la actitud negativa de la policía federal.

http://noticias.terra.com.ar/sociedad/la-justicia-denuncia-las-respuestas-negativas-de-la-policia-federal,8417063d63bcf210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html

La Justiciadenuncia las “respuestas negativas” de la Policía Federal

El fiscal general adjunto en lo Contravencional, Penal y de Faltas dela Ciudad, Luis Cevasco, aseguró que desde que asumió Mauricio Macri como jefe de Gobierno la respuesta de la Policía Federal fue “absolutamente negativa” a la hora de acatar resoluciones de desalojo del espacio público.
“Hace cuatro año teníamos una respuesta mucho más permeable para ordenar los cortes de calle por parte de la Federal”, confió el fiscal Cevasco, quién llegó al Ministerio Público Fiscal de la porteño en septiembre de 2002 y trabajó durante las administraciones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman.
Cevasco destacó que la polémica en torno a la competencia de las fuerzas de seguridad nace porque el Gobierno nacional decide no “involucrarse en conflictos”, y sentenció: “La peor pesadilla de un político en Argentina es que alguien muera en un episodio de represión, entonces eligen correrse”.
“Desde ya que yo no estoy deseando una muerte a manos de la Policía”, aclaró el funcionario, y opinó que si el Gobierno Nacional evita involucrarse en estas cuestiones “no soluciona nada”.
Con la creación de la Policía Metropolitana se sancionó la ley 26288 que modificó el artículo 7 de la ley 24588 y que indica que el Gobierno Nacional seguirá ejerciendo las

tareas de seguridad en la Ciudadhasta que la Metropolitanaasuma efectivamente el ejercicio de esa facultad.
Según Cevasco, la Policía Metropolitana hasta el momento sólo asumió las responsabilidades en materia de seguridad en dos comunas de las Ciudad, por lo tanto el resto del territorio porteño “le corresponde a la Federal”, hasta que la Metropolitana “decida hacerse cargo”.
El fiscal explicó que en las sentencias judiciales “queda claro” qué fuerza de seguridad debe llevar adelante cada procedimiento, al tiempo que añadió que los argumentos que se esgrimen para deslindar responsabilidades “no tienen fundamentos jurídicos sino políticos”

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