Posteado por: museodegrandesnovedades | mayo 8, 2011

Informe del CELS sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina 2011

http://www.elargentino.com/nota-137872-El-Cels-cuestiono-la-estructura-y-la-conformacion-de-la-Metropolitana.html

El Cels cuestionó la estructura y la conformación de la Metropolitana

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó el Informe Anual 2011 sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina. Elestudio critica duramente a la Policía Metropolitanacreada por Mauricio Macri y asegura que el gobierno de Daniel Scioli experimentó un “claro retroceso” al devolverle a la Policía Bonaerenseel poder que las reformas de la gestión de León Arslanian habían limitado.
El documento se presentó el jueves en la Feria del Libro y contó con la presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni, la abogada de la agrupación H.I.J.O.S, Ana Oberlin, y del presidente del Cels, Horacio Verbitsky.
Con respecto a la Metropolitana, el informe resalta que el proceso institucional impulsado por el gobierno de Macri para contar con una policía local diferenciada de las existentes ha fracasado.
El libro señala que “sus dos primeros jefes: Jorge Palacios –impugnado al momento de su designación por el Cels y otras organizaciones sociales– y Osvaldo Chamorro, ambos ex policías federales, fueron desplazados de sus cargos de manera sucesiva en medio de un escándalo por espionaje ilegal. La designación de Eugenio Burzaco como jefe civil de la fuerza no ha implicado un cambio estructural ni una solución para los problemas que mantiene la nueva policía desde su puesta en marcha”.
Para el CELS, el mayor problema de la Metropolitana es la conformación de sus cuadros superiores. “El 83% de los cargos jerárquicos está compuesto por ex policías federales y de ese grupo, el 80% comenzó sus tareas en la Federal en la década de 1970”.
Por otra parte, con respecto a la unificación de los ministerios bonaerenses de Seguridad y Justicia, impulsada por Ricardo Casal, actualmente titular de la flamante cartera, el organismo presidido por Verbitsky remarca que “el Ejecutivo provincial dio marcha atrás con los cambios que se habían realizado en la estructura de la Bonaerense y optó por la autonomía policial como forma de gobernabilidad. La reunificación de los ministerios de Seguridad y Justicia bajo la dirección de Ricardo Casal, no hizo más que profundizar el proceso, al reducir las capacidades institucionales del área.”
También el informe subraya el aumento de víctimas fatales en hechos con participación policial en la región metropolitana de Buenos Aires.
A lo largo de 342 páginas, el Cels  describe que los casos de hostigamiento policial contra jóvenes de barrios humildes representan “una práctica cotidiana que cobra visibilidad en los casos en que la víctima termina muerta, pero cuya cara más rutinaria es la detención de los adolescentes como eje de las políticas territoriales de seguridad”.
Según las estadísticas del organismo, en el período que abarca el segundo semestre de 2009 y el primero de 2010, 155 personas fallecieron en el marco de casos de violencia policial: 119 civiles y 36 miembros de fuerzas de seguridad.
Con respecto a las intimidaciones de diverso tipo que son utilizadas para disciplinar a los jóvenes de los barrios más humildes, el documento cita el crimen de Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, los jóvenes de Villa Lugano que fueron asesinados por agentes dela Policía Federal, como el caso testigo.

Otro caso que menciona el estudio es la desaparición de Luciano Arruga, citado como referencia para “describir las amenazas recurrentes que reciben los adolescentes en Lomas del Mirador”.
En ese marco, el Cels resalta que “las detenciones en la provincia de Buenos Aires se han triplicado entre 2002 y 2009, la mayoría de ellas por averiguación de identidad” y aclara que “los hechos de violencia policial son de muy compleja reconstrucción, dado el dominio que los policías tienen sobre la escena del crimen, el manejo del tiempo antes de dar aviso a la justicia y la debilidad de la investigación judicial, ya sea por connivencia o incapacidad”.

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