Posteado por: museodegrandesnovedades | abril 2, 2011

El desalojo de la PM del 28/06/2010 en liniers fue ilegal y violento

La investigación de la Defensoría del Pueblo sobre el desalojo de la metropolitana a algunos puestos en Liniers.

Si bien el procedimiento tienen respaldo normativo “… al prescindirse de la actuación judicial, se está privando a las familias afectadas de las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos que por los instrumentos internacionales de derechos humanos el Estado se ha obligado a promover, respetar y garantizar. En este sentido… el derecho a la integridad personal, a la protección de la familia y derechos del niño, entre otros, y las garantías judiciales indispensables para su protección no se verían garantizados en los procedimientos que se autoriza para actuar sin orden judicial, razón por la cual insistimos deberían ser empleados en forma restrictiva y como última ratio…”

Además debe agregarse que hubo una inapropiada intervención de la Policía Metropolitana, que hizo un uso excesivo de la fuerza en un operativo en el cual de ninguna manera estaba implicada la seguridad pública ni estaban en peligro derechos de otras personas. Como se vio, dicha actuación mereció la intervención de un juez del fuero penal que a la fecha investiga el accionar policial.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de febrero de 2011.-

VISTO:

La actuación nº 3308/10, iniciada de oficio con el objeto de investigar la legalidad del desalojo realizado en la madrugada del día 29 de junio de 2010 en locales comerciales ubicados en la intersección de la calle José León Suárez y la Avda. Rivadavia (altura 11.600) hasta el cruce con la Avda. General Paz, en línea paralela a las vías de Trenes de Buenos Aires (TBA), junto a la estación Liniers; en el cual la Policía Metropolitana habría actuado con violencia injustificada.

Y CONSIDERANDO QUE:

Por Decreto nº 343/GCABA/10 de fecha 30 de abril de 2010 se dispuso la desocupación administrativa de los locales construidos en forma irregular sobre la acera de la Avda. Rivadavia lado impar, entre la calle Cuzco y la colectora de la Avda. General Paz. Se instruyó a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público para que, con la colaboración de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, de la Dirección General del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), de la Dirección General de Logística y del Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, proceda a efectivizar la desocupación dispuesta por el Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública. Asimismo, se dispuso la intervención de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias para que, realizada la desocupación del espacio, proceda a la inmediata demolición de las construcciones irregulares existentes y al cercado necesario para evitar intrusiones posteriores. A efectos de evitar accidentes y controlar de acuerdo a las circunstancias del tránsito de la zona, se instruyó a la Dirección General de Tránsito para que tome todas las medidas pertinentes. Se requirió colaboración a las empresas de servicios, a Trenes de Buenos Aires (TBA) y a la empresa BAIRES Comercial S.A. Por último se dispuso que, una vez efectivizada la medida, se dé intervención a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público para que arbitre las medidas necesarias para mantener el área desocupada y a través de la Dirección General de Vías Peatonales se ordene la reparación de las aceras ubicadas en el área recuperada y por medio de la Dirección General Alumbrado, se garantice la iluminación pública de la misma (fs. 3/5).

Con fecha 1º de julio de 2010, compareció ante esta Defensoría del Pueblo el señor F. L., quien manifestó que alquilaba al señor O. B. el local 11601. Refirió que alrededor de las 00.00 horas del día 29 de junio de 2010 personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a demoler los negocios que se encontraban dispuestos sobre la Avda. Rivadavia al 11.600. Manifestó que los empleados del gobierno destrozaron todo y que los bienes que sacaban de los comercios los ponían en bolsas grandes negras sin hacerlas constar en actas. Denunció que los funcionarios en algunos casos incurrieron en robo de las pertenencias, guardando productos en sus bolsillos. En su caso, denunció que le robaron una heladera doble, tres heladeras simples, un freezer y una cigarrera, ascendiendo a un monto aproximado de pesos veinticinco mil ($25.000.-), más efectivo en monedas por un monto de pesos mil quinientos ($1.500.-). Refirió que había aproximadamente setenta (70) integrantes de la Policía Metropolitana que custodiaban el procedimiento y gritaban que se tenían que ir porque sino iban a pasar la topadora con la gente adentro. Agregó que quien comandaba el procedimiento era un civil de traje que amenazaba en forma constante a los titulares de los comercios. Asimismo, manifestó que las personas que intervinieron en el procedimiento no se identificaron, no mostraron órdenes de desalojo ni ningún documento público y que el procedimiento fue violento y avasallante. Refirió que todo el operativo tuvo que ver con la mala relación entre Eduardo José Buchacra y Mauricio Macri y que fue un ajuste de cuentas. Agregó que es locatario hace 3 años, y que en ese período le aplicaron multas por contravenciones y faltas, las cuales pagó, no cuestionándole nunca su habilitación. Manifestó que tenía el trámite de habilitación del local iniciado (fs. 6).

En su declaración el señor L. manifestó que los negocios demolidos se encontraban emplazados en un espacio perteneciente al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), cedidos a Trenes de Buenos Aires (TBA), no formando parte de la calzada ni del dominio público de la Ciudad, y agregó que no se había invadido espacio de la calzada y que el espacio desalojado no era de uso público: luego del desalojo el espacio fue vallado y pertenece a Trenes de Buenos Aires (TBA). Asimismo, refirió que en la cuadra donde se encontraban emplazados los negocios no había paradas de colectivos (fs. 6).

Como prueba de lo manifestado acompañó copias de la siguiente documentación: contrato de locación suscripto con la señora M. F. B. en calidad de sublocadora, conforme contrato suscripto por ella con el señor E. J. B. en carácter de locador de Baires Comercial S.A.; solicitud de habilitación; acta de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de fecha 23 de abril de 2010; mandamiento de clausura de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales nº 6; acta de la Dirección General de Control de Faltas Especiales del día 15 de abril de 2010; Resolución de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales; autorización para el pago de multa de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales nº 6; constancia de pago de la cuota; constancia del trámite sobre la habilitación del rubro quiosco; ticket de pago de cuota de la multa que se le efectuara y demás documentación relacionada con el cumplimiento de pago de las infracciones que se efectuaron sobre el local (fs. 7/33).

Con fecha 5 de julio de 2010 compareció ante esta Defensoría el señor J. A. I., titular de un local gastronómico ubicado en la Avda. Rivadavia 11.600; el señor N. A. D., empleado de un bar de propiedad de A. I.; el señor Matías Imperiale, titular de dos de los puestos; y la señora M. F. B., titular del local sito en Avda. Rivadavia al 11700, entre la Avda. General Paz y la calle José León Suárez. De las manifestaciones se desprende que ninguno de los declarantes fue notificado formalmente del operativo. Señalaron que arribaron al lugar alrededor de las 01.00 horas del día 29 de junio de 2010, debiendo ubicarse detrás del vallado junto con los medios de comunicación que se encontraban allí. Refirieron que no sólo no fueron notificados previamente del procedimiento sino que una vez en el lugar tampoco recibieron ningún tipo de explicación. Manifestaron que se encontraban agentes de la Policía Metropolitana, que no se presentó ningún responsable del operativo y tampoco había presencia de un fiscal. Declararon que los efectivos de la Policía Metropolitana sacaban la mercadería y la introducían sin ningún cuidado en unos contenedores. En ese sentido cabe destacar lo manifestado por el señor N. A. D. quien refirió que pudo ver con sus propios ojos cuando robaban los celulares que quedaban tirados en la calle luego de golpear los locales con la pala mecánica. Agregó que con relación a la mercadería nunca les informaron donde debían de ir a buscarlas (fs. 34/37).

De las manifestaciones vertidas surge que el accionar de la Policía Metropolitana excedió el normal uso de la fuerza para llevar a cabo el procedimiento. En ese sentido, el señor J. A. I. refirió que los efectivos de la Policía Metropolitana reprimieron con golpes, palos y gas pimienta, dejándole marcas en el ojo izquierdo, sobre la espalda, las rodillas y una fisura de tabique. Agregó que al momento de ser golpeado, cayó al piso y fue esposado en el mismo acto, que luego comenzaron a pisarle la cabeza, las rodillas y a darle golpes con un palo en la espalda provocándole la pérdida de aire. Acto seguido, fue levantado de los pelos y llevado al patrullero con la cabeza tapada con un buzo. Dentro del patrullero se le acercaron cuatro efectivos de la Policía Metropolitana y dos del servicio de emergencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes le acomodaron el tabique y le manifestaron que no era necesario otro tipo de atención médica. Contó que permaneció detenido en la Comisaría 44ª y ante la gravedad de las lesiones que presentaba fue atendido por la médica legista y derivado de urgencia al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield”. En el caso del señor N. A. D., declaró que sufrió una afectación en su vista con motivo del gas lacrimógeno que le tiraron. A su turno, el señor M. I. denunció que cinco (5) agentes de la Policía Metropolitana le pegaron con bastones y con sus puños provocándole la fisura en el dedo meñique de su mano derecha, conforme el diagnóstico de la médica legista que lo asistió en la Comisaría 44ª. Refirió que fue atendido en el Hospital de Haedo, donde confirmaron el diagnóstico. De la declaración de M. F. B. surge que tres agentes de la Policía Metropolitana se le acercaron, la tiraron al piso y le empezaron a pegar patadas y palazos en la cabeza y en el cuerpo, dejándole moretones en el sector derecho de la cadera, rodillas y cuero cabelludo. Acto seguido fue arrastrada de los pelos una cuadra por la Avda. Rivadavia y subida a un móvil de la Policía Metropolitana. Refirió que en ese momento los efectivos le manifestaron textualmente que todo lo sucedido “Era un vuelto para B.” (padre de la declarante), aclaró que su padre fue integrante de la comisión directiva del Club Atlético Boca Juniors cuando Mauricio Macri era presidente, quien le pidió la renuncia luego de que su padre denunciara una situación de corrupción que involucraba al entorno del ex presidente de la institución. Declaró que durante los cuarenta (40) minutos aproximadamente en que permaneció en el móvil de la Policía Metropolitana, se le acercó otro agente y le mostró un bidón que contenía nafta manifestándole “Esto va a ser tuyo”. Agregó que ese episodio pudo vincularlo posteriormente con lo publicado en los diarios sobre la justificación que quisieron realizar los policías respecto a la violencia ejercida adjudicando a los comerciantes la intención de rociarlos con el bidón y prenderlos fuego (fs. 37).

El señor J. A. I. manifestó que al llegar al lugar exhibió su credencial de habilitación a un miembro de la Policía Metropolitana y le pidió acceder a ver el estado de su local, recibiendo como respuesta “…tenemos la orden de destruir todo y toda persona que quiera acceder al lugar va a ser reprimida…” (fs. 34).

Conforme lo manifestado, fueron trasladados a la Comisaría 44ª, resultando detenidos aproximadamente siete personas por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. Permanecieron alrededor de dieciocho horas y recién a las dos de la tarde recibieron asistencia médica pese a las reiteradas solicitudes (fs. 34/37).

Conforme surge de las declaraciones de los presentantes, los locales se encontraban en regla y en algunos casos estaban habilitados o con habilitación en trámite.

Con fecha 6 de julio de 2010 compareció la señora M. L. L. y el señor R. F. G., locatarios de un local de lencería ubicado en la Avda. Rivadavia entre Cuzco y la Avda. General Paz y del local n° 13 ubicado en Avda. Rivadavia 11.600, respectivamente. De sus declaraciones surge que arribaron al lugar entre las 6.45 y 8.45 hs. horas del día 29 de junio de 2010, debiendo ubicarse detrás del vallado junto con los medios de comunicación que se encontraban allí. Refirieron que no fueron notificados previamente del procedimiento y una vez en el lugar no recibieron ningún tipo de explicación. Manifestaron que en el operativo había alrededor de cien (100) agentes de la Policía Metropolitana, que les solicitaron a los efectivos que se identifiquen, ninguno lo hizo y tampoco presentaban identificación alguna en el uniforme. Refirieron que la respuesta que se les dio ante la exigencia de explicaciones fue que debían dirigirse a la Comisaría 44ª. Declararon que personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Policía Metropolitana se retiraron del lugar a las 14:00 hs. (fs. 38/39).

Obran como prueba de lo manifestado, dos (2) videos con imágenes transmitidas por los medios de comunicación sobre el procedimiento llevado a cabo y los hechos de violencia que ocurrieron con motivo del mismo (fs. 40/41).

Con fecha 7 de julio de 2010 se remitieron oficios a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que se informen los motivos por los cuáles se realizó el operativo en ese horario, el personal a cargo, la documentación labrada sobre la mercadería secuestrada y el destino de la misma, debiendo acompañar copias de las actas correspondientes (fs. 42); al Jefe de la Policía Metropolitana solicitando informe los motivos por los cuales se realizó en ese horario el desalojo, qué dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había requerido la presencia de la Policía Metropolitana, quién estuvo a cargo y cuál fue el rol de la Policía Metropolitana en ese operativo, la cantidad de detenidos y delitos que se le imputaron, el destino de la mercadería secuestrada, actas que se labraron sobre la intervención efectuada, y en su caso, remisión de las mismas (fs. 43).

El día 8 de julio de 2010 se remitió oficio a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, solicitando informe si los locales que se ubicaban en el predio objeto de desalojo estaban habilitados o en trámite de habilitación (fs. 44), en particular se requirió información sobre el estado de los trámites de habilitación correspondientes a los Expedientes nros. 80.111/2006 y 14.149/2009 y si el otorgamiento o la habilitación fue notificada a los interesados (fs. 44).

Con fecha 12 de julio de 2010 se remitió oficio al Presidente de Trenes de Buenos Aires (TBA) solicitando informe si la empresa a su cargo era titular del predio que fue desalojado y despojado de locales y bienes; y, en su caso, informe si se celebró algún acuerdo o documento con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a ese predio. Por último se requirió informe si el predio estaba liberado al paso peatonal o, por el contrario, estaba delimitado su uso para la empresa TBA (fs. 46).

El día 22 de julio de 2010 se solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informe que medidas arbitró y si se inició o iniciará sumario administrativo para investigar la actuación de los agentes de la Policía Metropolitana (fs. 47).

Con fecha 20 de julio de 2010 se remitió oficio al Presidente de BAIRES Comercial S.A. solicitando informe si la firma es o era concesionaria de la explotación comercial de Trenes de Buenos Aires (TBA) en la zona indicada, y en caso afirmativo, si se firmaron acuerdos con terceros para las explotaciones de locales comerciales y qué acciones se emprendieron o se emprenderán en virtud del desalojo (fs. 48).

El día 29 de julio de 2010 el apoderado de la empresa BAIRES Comercial S.A. informó que el día 23 de diciembre de 1999 se celebró un contrato de locación con Trenes de Buenos Aires S.A., el cual otorga a BAIRES Comercial S.A. la facultad de explotar comercialmente una serie de bienes muebles e inmuebles que se encuentran dentro de la zona operativa de TBA, entre los que se encuentra el espacio de referencia. Asimismo informaron que BAIRES Comercial S.A. se encontraba evaluando el curso a seguir incluyendo las posibles acciones en virtud del desalojo ordenado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 49).

Personal de esta Defensoría se presentó en el lugar con el objeto de llevar a cabo una verificación, registrándose que la Avda. Rivadavia al 11.600 es la última cuadra de dicha arteria antes de la Avda. General Paz. La vereda impar de la Avda. Rivadavia al 11.600 linda con las vías del Ferrocarril Sarmiento. En dicha oportunidad se observó que esa vereda es 3.20 metros de ancho y en buen estado de conservación y transitabilidad, con alambrado que divide la acera del sector de las vías. A continuación del alambrado, entre éste y las vías del ferrocarril, se registró un sector de aproximadamente un metro de ancho por todo el largo de la cuadra, con restos de construcciones demolidas. Respecto a la Avda. Rivadavia al 11.500 y las otras cuadras, con numeración descendente, sobre la vereda impar, se observó la existencia de locales comerciales de distintos rubros funcionando (fs. 50).

El día 2 agosto de 2010 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que conforme las consultas efectuadas al Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), bajo el Expediente nº 80111/2006 no tramita ninguna habilitación, sino una consulta al Código de Planeamiento Urbano y el Expediente nº 14149/2009 se encuentra en el Departamento Sin Plano de la Dirección de Habilitaciones Simples (fs. 58). Asimismo, obra nota dirigida al Departamento Control Operativo informando que por Expediente nº 14149/2009 existe una solicitud de habilitación comercial a nombre de Facundo Lamarre, “… para el local ubicado en la Estación Liniers (fuera del andén) de la Línea Sarmiento con frente a Av. Rivadavia, en carácter de quiosco aut…” (fs. 59).

La Subsecretaría de Uso del Espacio Público, con fecha 9 de agosto de 2010 acompañó en respuesta al requerimiento efectuado copias de siete (7) actas de inventario correspondientes a la Dirección General Ferias y Mercados del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diez (10) actas de secuestro de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, labradas en cumplimiento del operativo con detalle de la mercadería secuestrada. Asimismo del Informe nº 812803-SSUEP-2010 surge que la hora elegida para el desalojo se fijó considerando un horario que permitiera no poner en peligro la gran cantidad de gente que circulaba por el lugar (paradas de micros y estación de tren), previendo que se debía cortar el tránsito, desviar líneas de colectivo y demás complicaciones, optándose por el horario de menor circulación peatonal y vehicular. Respecto a los funcionarios que formaron parte del mismo, informaron que las áreas detalladas en el Decreto nº 343/10 participaron del procedimiento y se pone en conocimiento de esta Defensoría que la Subsecretaría participó a través de las Direcciones Generales de Ordenamiento del Espacio Público y Ferias y Mercados, que colaboraron con inspectores y demás empleados a tenor de las misiones y funciones previstas para aquellas. En relación al destino final de la mercadería secuestrada, se informó que su destino final eran los depósitos de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público y de la Dirección General Ferias y Mercados, existiendo constancias del destino de los objetos secuestrados. Asimismo adjuntaron copia certificada del Acta de Constatación labrada por escribano (fs. 67/94).

Con fecha 11 de agosto de 2010 obra respuesta del Jefe de la Policía Metropolitana, licenciado Eugenio Burzaco, informando mediante Providencia nº 845729/PMCABA/10, que el procedimiento fue realizado conforme al Decreto nº 343/2010, con la participación y colaboración de los organismos determinados en el art. 3º. Asimismo, informó que el procedimiento se llevó a cabo con la intervención de la Policía Metropolitana y la Seccional 44ª de la Policía Federal Argentina, motivo por el cual las actuaciones labradas relacionadas con los hechos y las personas detenidas, debían requerirse a dicha dependencia, así como también al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 9. Con motivo de las distintas lesiones sufridas por personal policial, debieron requerir intervención de personal del SAME. En virtud de los elementos aportados por esta Defensoría del Pueblo, se remitieron copias a la Dirección de Control del Desempeño Profesional de Policía Metropolitana a efectos de su conocimiento e intervención correspondiente (fs. 109).

Con fecha 24 de agosto de 2010 se solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 49 autorización para tomar vista y extraer copias de la causa nº 25066/2010, caratulada “Policía Metropolitana y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Vejación o Apremios ilegales (artículo 144 bis inciso 2)” (fs. 110).

El día 20 de agosto de 2010, el Jefe de la Policía Metropolitana informó mediante Providencia nº 816941/PMCABA/10 que las motivaciones que originaron la elección del día y horario del procedimiento administrativo debían requerirse a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, la cual solicitó colaboración de esa Institución, fijando ella las circunstancias de tiempo y fecha en que se realizó. La Dirección General referida estuvo a cargo de la realización de la manda administrativa. El personal de la Policía Metropolitana prestó el auxilio de la fuerza pública a fin de cumplimentar en forma efectiva lo dispuesto por el Decreto nº 343/10 (fs. 118).

Con motivo de la presentación efectuada con fecha 24 de agosto de 2010, personal de esta Defensoría concurrió al Juzgado interviniente en diferentes oportunidades a efectos de tomar vista de la causa. De los informes de procuración surge que el día 6 de julio de 2010 formularon denuncia, ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, M. F. B., M. I. y J. A. I. contra la Policía Metropolitana y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los delitos de vejación o apremios ilegales (art. 144 bis inc. 2) y robo agravado por participación de la fuerza de seguridad (art. 167 bis del Código Penal de la Nación). Constan en la causa las declaraciones realizadas por los denunciantes. De la lectura del expediente surge que se solicitó al Cuerpo Médico Forense que efectúe un examen a los tres denunciantes y determine las lesiones, el modo de producción y tiempo de curación. Que en ese orden, constan los informes médicos respectivos. Asimismo consta copia certificada del Expediente nº 77768/2010, iniciado el día 29 de junio de 2010, en trámite por ante el Juzgado Correccional nº 9, por el delito de resistencia a la autoridad. De las diligencias efectuadas se desprende el listado, elaborado por la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, de los efectivos que participaron del procedimiento, resultando ser un total de setenta y nueve (79). Asimismo acompañaron al mencionado listado copias certificadas de las fotografías de frente del personal que integra el mismo. La información se remitió en virtud del requerimiento judicial en orden a la rueda de reconocimiento mediante vistas fotográficas dispuestas por el juzgado. Conforme lo informado por el Juzgado, se llevaron a cabo las ruedas de reconocimiento, se tomó declaración testimonial a uno de los testigos aportados por el señor Facundo Lamarre y se solicitó el video aportado por la Policía Metropolitana en el marco de la causa que tramita ante el Juzgado Correccional nº 9 (fs.123/126).

Con fecha 22 de septiembre de 2010 ingresó respuesta del apoderado de Trenes de Buenos Aires S.A., informando que “… de la totalidad de locales demolidos el 29 de junio de 2010 por el Gobierno de la Ciudad Autónoma en forma unilateral e inconsulta, únicamente los locales identificados con los números 4004 y 4501 en el Plano Límite de la Concesión Nº 7, se encuentran concesionados a mi representada…”. En segundo lugar informa que no han firmado convenio alguno con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los locales mencionados. Por último informan que los locales 4004 y 4501 son de uso exclusivo de Trenes de Buenos Aires S.A. (fs. 127).

El día 1º de octubre de 2010 se recibió respuesta de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, informando que el rol del personal perteneciente a la Comisaría 44ª fue de apoyo, para lo cual se destacó un móvil y dos efectivos. Que el personal de la Policía Metropolitana detuvo a ocho (8) personas, por atentado y resistencia a la autoridad. En virtud de ello, se instruyeron actuaciones caratuladas “Atentado y Resistencia a la Autoridad” bajo Registros nros. 3301 y 3303, con la intervención en ambos sumarios del Juzgado Correccional nº 9 Secretaría nº 65 (fs. 128).

Habiendo realizado una descripción de los antecedentes obrantes en esta actuación corresponde realizar un análisis sobre los mismos.

Los fundamentos de hecho que sustentan lo dispuesto en el Decreto nº 343/GCABA/10 dan cuenta de una situación que a la luz de las denuncias efectuadas ante esta Defensoría del Pueblo aparece desvirtuada. Definir la procedencia o la legitimación del desalojo se torna una tarea difícil en esta instancia, máxime cuando la situación legal de los terrenos es confusa y la información suministrada insuficiente. Ello, sin embargo, no es óbice para analizar algunos aspectos como ser el criterio utilizado para realizar el desalojo, el modo en que se llevó a cabo el procedimiento y la responsabilidad de quienes deben velar por los derechos de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la investigación se reveló que el procedimiento de desalojo se realizó de manera violenta, en horario nocturno, sin aviso previo y con una norma dictada dos meses antes del operativo. En consecuencia, lo que se advierte es una acción desproporcionada teniendo en cuenta los derechos en juego.

Aunque los desalojos administrativos son facultades del Jefe de Gobierno, las autoridades competentes deben garantizar que los mismos se lleven a cabo en el marco del respeto debido a las normas vigentes y realizando una razonable ponderación de derechos.

Si bien no surge con contundencia en esta investigación la posibilidad de determinar la legalidad o no de los puestos de venta en la zona en cuestión, lo cierto es que son muchas las irregularidades y los datos que dan cuenta de que el Decreto fue, al menos, apresurado y sustentado en antecedentes erróneos. En efecto, se constató que Trenes de Buenos Aires (TBA) no tenía conocimiento previo del operativo y el desalojo se realizó sobre sus predios. La Empresa BAIRES Comercial S.A., concesionaria de los predios, también se vio perjudicada por el accionar y evalúa realizar acciones judiciales. Además, muchos de los responsables de los locales habían iniciado el permiso o la habilitación y las solicitudes se encontraban en trámite sin haber sido rechazadas.

A todo ello (que muestra la precariedad de la legitimidad) debiera sumarse la falta de intervención judicial para proceder al desalojo La facultad de la administración para desalojar sin intervención judicial debiera ser utilizada en situaciones excepcionales y con una absoluta legitimidad. Ante la duda sobre la posible violación de derechos es el poder judicial el que deber definir. De lo contrario, podría sumirse en arbitrariedad.

Esta Defensoría del Pueblo tiene dicho que si bien estos procedimientos tienen respaldo normativo (art. 12 del Anexo del Decreto nº 1510/97) “… al prescindirse de la actuación judicial, se está privando a las familias afectadas de las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos que por los instrumentos internacionales de derechos humanos el Estado se ha obligado a promover, respetar y garantizar. En este sentido… el derecho a la integridad personal, a la protección de la familia y derechos del niño, entre otros, y las garantías judiciales indispensables para su protección no se verían garantizados en los procedimientos que el art. 12º del Decreto nº 1510/97 autoriza para actuar sin orden judicial, razón por la cual insistimos deberían ser empleados en forma restrictiva y como última ratio…” (considerandos de la Resolución nº 2120/09 de esta Defensoría).

Por intermedio de dicha Resolución se recomendó oportunamente al Jefe de Gabinete de Ministros que arbitre las medidas necesarias para que en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se utilice de manera restrictiva la facultad prevista en el art. 12 del Decreto nº 1510/97 en los actos administrativos que dispongan desalojos sin intervención judicial, teniendo en cuenta para ello los derechos en juego y la normativa internacional que rige la materia.

En el caso, el Decreto nº 343/10 se fundamentó otra vez en el art. 12 del Decreto n° 1510/97 que prescribe el principio de ejecutividad del acto administrativo sin necesidad de intervención del Poder Judicial.

Además debe agregarse que hubo una inapropiada intervención de la Policía Metropolitana, que hizo un uso excesivo de la fuerza en un operativo en el cual de ninguna manera estaba implicada la seguridad pública ni estaban en peligro derechos de otras personas. Como se vio, dicha actuación mereció la intervención de un juez del fuero penal que a la fecha investiga el accionar policial.

Esta Defensoría del Pueblo no desconoce las facultades del Poder Ejecutivo de ordenar el espacio público y sancionar las irregularidades. Sin embargo, esas facultades deben ser utilizadas con criterio y de forma razonable porque de lo contrario, con el fin de salvaguardar ciertos derechos, se termina vulnerando muchos otros y a veces de mayor relevancia institucional.

POR TODO ELLO:LA DEFENSORIA DEL PUEBLODE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

1) Recomendar al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniero Mauricio Macri, que previo a dictar Decretos de desalojos administrativos ordene evaluar acabadamente los antecedentes de hecho y derecho y ponderar los derechos involucrados.

2) Recomendar al Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Horacio Antonio Rodríguez Larreta, arbitre las medidas necesarias para que en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se utilice de manera restrictiva la facultad prevista en el art. 12 del Decreto nº 1510/97 en los actos administrativos que dispongan desalojos sin intervención judicial, teniendo en cuenta para ello los derechos en juego y la normativa constitucional que rige la materia.

3) Recomendar al Auditor de la Auditoria Externa de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contador Gustavo Daniel Morón, que instruya los sumarios administrativos que estime corresponder en orden a las responsabilidades del personal de la Policía Metropolitana que participó en el operativo efectuado el día 29 de junio de 2010 en virtud del Decreto nº 343/2010.

4) Recomendar al Jefe de la Policía Metropolitana, licenciado Eugenio Burzaco, instruya al personal a su cargo para que en casos de procedimientos de desalojos se circunscriban prioritariamente a una tarea de colaboración y cooperación; y no de represión.

5) Solicitar al Ministro de Ambiente y Espacio Público, contador Diego César Santilli, informe a los damnificados los mecanismos pertinentes a efectos de recuperar la mercadería oportunamente secuestrada en el operativo efectuado el día 29 de junio de 2010 en virtud del Decreto nº 343/2010.

6) Hacer saber a los damnificados por el desalojo ocurrido el día 29 de junio de 2010 su derecho a realizar las acciones legales por daños y perjuicios por los daños económicos y morales que pudieran haber sufrido en virtud de la aplicación del Decreto nº 343/2010.

7) Poner en conocimiento de la presente Resolución al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 49, doctor Facundo Cubas, en virtud de la causa nº 25066/2010, caratulada “Policía Metropolitana y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Vejación o Apremios ilegales (artículo 144 bis inciso 2)”.

8) Fijar en 10 días el plazo previsto en el art. 36 de la Ley 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.1

9) Notificar, registrar, reservar en el Area para su seguimiento y oportunamente, archivar.

Código 445 CC/SU CS/OK RD cd/D/MLM

RESOLUCION Nº 0453/11

1 Ley 3, art. 36: Con motivo de sus investigaciones, el Defensor o Defensora del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de los deberes de los funcionarios, y propuestas para la adopción de nuevas medidas. Las recomendaciones no son vinculantes, pero si dentro del plazo fijado la autoridad administrativa afectada no produce una medida adecuada, o no informa de las razones que estime para no adoptarla, el Defensor o Defensora del Pueblo puede poner en conocimiento del ministro o secretario del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas.

Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial a la Legislatura, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.

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