Posteado por: museodegrandesnovedades | marzo 31, 2011

Actualización de la causa de la asociación ilícita que permitió a través de recursos estatales que un aparato clandestino de inteligencia se instalara en la policía metropolitana (36)

Mauricio Macri a través de sus abogados pidió a la cámara que declarara nula la causa sobre asociación ilícita por la realización de escuchas ilegales.

La cámara le dijo que no.

Fallo completo

Poder Judicial de la Nación
USO OFICIAL
C.N° 44.892 “Macri, Mauricio s/nulidad”
Juzgado 7 – Secretaría 13
Expte. n° 12.466/09/43
Reg. n° 279

//////////////nos Aires, 30 de marzo de 2011.
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I) Santiago Feder y Ricardo Rosental, por la defensa de Mauricio Macri, apelan el rechazo al planteo de nulidad por ellos articulado y la imposición del pago de costas (v. fs. 87/96 y 108/112).
En primer lugar, argumentan a favor de la incidencia que tendría el llamado atendido por la hija de Sergio Burstein a la hora de evaluar la validez de la denuncia, y objetan que no haya sido así considerado por el juez a quo. El ilícito que atribuyen al informante, a quien denuncian como integrante de la Secretaría de Inteligencia y le atribuyen haber violado la obligación de guardar secreto, teñiría toda actuación posterior basada en los datos aportados: la consecuencia sería la nulidad –cfr. art. 953 del C.C.-. En segundo lugar, controvierten la afirmación del magistrado en relación a la falta de demostración de que el llamado inicial haya sido realizado por un funcionario de la Secretaría de Inteligencia. Alegan que la falta de comprobación que invoca el juez se debe a su negativa a practicar la prueba pertinente, la que se impone como consecuencia del derecho de defensa garantizado constitucionalmente. En tercer lugar, atacan el fallo por inconsistente y, por ende, arbitrario. Puntualmente, señalan que no puede admitirse la posibilidad de que la conducta del delator sea sancionada sin que ello genere efectos en la causa. En cuarto lugar, remarcan que la denuncia de origen reviste la calidad de prueba, particularmente, de prueba inválida. En quinto lugar consideran que el fallo es dogmático –arbitrario- al sugerir que no hay afectación a un derecho que justifique la declaración de nulidad. En sexto lugar se agravían de la defensa que se haría en la resolución respecto del accionar atribuido a un posible agente de la SI y que se tolere la manera en que se habría actuado en la hipótesis propuesta por la asistencia técnica de M. Macri. En séptimo lugar discuten la imposición de costas, dada la existencia de “razones serias, concretas y suficientes” para realizar el planteo.
Ante esta instancia se presentó la parte apelante, expresando sus agravios en forma oral (cfr. art. 454 del C.P.P.). Del otro lado, el querellante Sergio L. Burstein reclamó la confirmación de lo resuelto por el juez a quo, sobre la base de que la hipótesis que compromete la actuación de un agente de la SI fue introducida por M. Macri “valiéndose tal vez del aparato de inteligencia precisamente investigado en este asunto judicial” (v. fs. 190/vta).

II) El pronunciamiento objeto de crítica luce como una derivación razonada del derecho vigente y se encuentra de acuerdo con las constancias obrantes en la causa. No se advierten defectos lógicos ni una fundamentación aparente o defectuosa que atente contra su validez, más allá del disenso que ha mostrado la parte respecto del mérito contenido en él (c. 36.887 AMárquez Martín, Walter Fernando s/ procesamiento@, rta.7/9/04, reg. 847, entre muchas otras).
El planteo de la defensa parte de la premisa de que el llamado que alertó acerca de las escuchas ilegales fue realizado por un integrante de la Secretaría del Inteligencia. Si ello fue así, el agente violó su obligación de guardar secreto –derivada de la ley 25520- y cometió, de ese modo, un ilícito. De seguido, la denuncia que se nutrió de esa información pasó a ser un acto jurídico nulo pues, tal cual lo contempla el art. 953 del Código Civil, esa es la consecuencia de haberse basado en un hecho ilícito. Estaríamos frente a una suerte de prueba ilícita por derivación.
La viabilidad de la propuesta depende no sólo de la comprobación de las premisas sino también de la consistencia del razonamiento que conduce a afirmar la nulidad de la denuncia y de los actos consecuentes. Ambos extremos fueron abordados por el juez a quo, es decir, no sólo practicó prueba para conocer el origen de la notitia criminis sino que, aún sin haber podido verificar quién fue el autor del llamado, se ocupó de analizar las consecuencias que de allí podrían haberse derivado.
En relación a lo primero -la imposibilidad de asegurar que el llamado lo realizó un integrante de la SI- la crítica de la defensa es más bien una protesta que expresa que si no fue posible dar con el autor de la llamada ello se debió a una falla del instructor que se negó a practicar prueba pertinente. En otras palabras, el reclamo de la parte apelante se dirige a cuestionar la actuación del juez en la tarea de comprobar su premisa. De allí se sigue que la defensa no está en condiciones de asegurar el punto de partida de su razonamiento, mas considera que éste tampoco puede descartarse sin haber agotado primero las medidas conducentes.
Puede observarse en el legajo que el Dr. Oyarbide, luego de sustanciar el pedido de nulidad, decidió hacer lugar a la solicitud de cierta prueba: requirió al Secretario de Inteligencia la extracción de vistas fotográficas de Hugo David Álvarez Rovere y la remisión de las fotografías que obrasen en los archivos, de esa dependencia (fs. 51). No obstante, el organismo respondió de manera negativa pero recomendando que se consultase a los letrados defensores acerca de la fuente de su imputación (fs. 84). El juez optó por no insistir.
Relevadas dichas constancias, junto con la de los autos principales, cobra fuerza el cuestionamiento de la parte acerca de una objetable timidez a la hora de procurar la prueba para demostrar la premisa inicial, sobre todo si ella es concebida como un elemento importante para sostener la estrategia de la defensa. Ya hemos dicho que era necesario profundizar las vías propuestas por las defensas para asegurar que el ejercicio de su ministerio pueda desarrollarse de manera eficaz (c. 44450 “Incidente de apelación”, reg. 689, rta. 15/7/2010).
Sin embargo, es posible que el déficit apuntado responda a la proyección hipótetica que el instructor hiciera del razonamiento de la defensa. Suponiendo que la premisa fuese confirmada, ¿el hecho de que haya sido un agente de inteligencia el que, sin darse a conocer, alertara a la familia Burstein de que sus conversaciones estaban siendo ilegalmente intervenidas, convierte en nula la denuncia posteriormente radicada? La respuesta negativa a ese interrogante explica el ahorro de esfuerzos investigativos denunciado por la defensa.
La hipótesis propuesta por los Dres. Feder y Rosental no involucra la violación de un secreto profesional en los términos del precedente “Muñoz Alcalá” (c. 41.557, reg. 372, rta. 30/4/09). Los letrados no atribuyen al denunciante haber violado el secreto confiado por un particular en el ámbito de una relación de confianza protegida con sustento en el derecho a la salud y a la intimidad del que gozan los ciudadanos (cfr. arts. 19 y 33 C.N.).
Tampoco se postula que dicha información haya sido obtenida a través de métodos coactivos, del uso de la fuerza o violencia -p. ej. tortura-, ni estamos, ante un testimonio prohibido, como puede ser el de un padre contra un hijo, o un cónyuge contra otro (cfr. art. 242 CPP).
Únicamente se habla de un hecho ilícito antecedente como consecuencia de haberse revelado la intervención ilegal de teléfonos por una vía informal y heterodoxa, prohibida para los agentes de inteligencia, no sólo por ser funcionarios sino dado el carácter secreto de su actividad. No está en juego la intimidad, la salud, la preservación de la familia, ni la prohibición de autoincriminación, el interés que la parte considera superior es el secreto de la actividad de inteligencia. Pero si esta protección no distingue si esa actividad es delictiva o no, se presenta una notable paradoja: las intervenciones telefónicas del tipo de las denunciadas no sólo están prohibidas sino también reprobadas penalmente, mas, al mismo tiempo, estarían protegidas por considerarse actividad secreta vinculada al Sistema de inteligencia de la Nación –ley 25520-; en otras palabras, la ley sancionaría y protegería a la vez. La paradoja es todavía mayor si existe la posibilidad de que el espionaje ilegal haya sido de orden político, algo expresamente incompatible con dicho sistema de inteligencia.
La contradicción es evidente y el camino para salir de ella también. De ningún modo puede aceptarse que la ley imponga el deber de guardar secreto acerca de tales actividades delictivas.
No ha de pensarse que se busca proteger el secreto de un delito cual código mafioso u omertá. De seguro esa no es la pretensión de la defensa que más bien debe entenderse como un llamado a seguir determinado procedimiento cuando se está frente a un delito. De ese modo no se postula que el agente de inteligencia debe callar los delitos conocidos a través de su función. Por el contrario, frente al delito existe un deber de revelar que, en este caso, se habría cumplido por carriles que no eran los debidos. En el fondo estamos frente a una defensa ritual donde lo censurable pasa a ser el modo en el que se denunció. Pero esa circunstancia mal puede viciar de nulidad la investigación del delito ni puede razonablemente sostenerse que a través de la denuncia la administración de justicia se constituiría en beneficiaria de un hecho ilícito (Fallos 303:1938; 306:1752 y 308:733).
Si bien, tal cual lo adelantamos, no es correcto asimilar el llamado telefónico a la violación de un secreto profesional cuya represión radica en la lesión de bienes jurídicos asociados a la libertad de las personas (Título V “Delitos contra la Libertad”, Capítulo III “Violación de Secretos y de la Privacidad”, del Código Penal), es bueno recordar que incluso para esos supuestos se prevé la justa causa. Son impunes los casos en que la violación del secreto haya tenido en miras evitar un mal futuro y la preservación de otros derechos. En esa línea, sería muy difícil pensar que la conducta de quien alertó sobre un delito que se venía cometiendo en perjuicio de otras personas sea perseguible penalmente, sin hacer jugar una cuota de racionalidad que descarte la tipicidad o, incluso, sin aplicar institutos justificantes.
La situación, por ende, es sensiblemente distinta a la que caracterizara al precedente 42.840 de esta Sala (“N.N. s/desestimación”, reg. 630, del 30/6/09), donde la imposibilidad de llevar adelante la pesquisa se basaba en la violación de correspondencia electrónica. A diferencia de aquel, en nuestro supuesto no hay violación de garantía constitucional alguna sino precisamente lo contrario: a raíz del anoticiamiento a la familia de la víctima, el delito que atentaba contra la privacidad dejó de cometerse.
Tal como lo explica Binder, las reglas de prueba deben ser concebidas como normas de garantía, como límites a la búsqueda de la verdad pensados para proteger al ciudadano del eventual abuso de poder en la recolección de información (Binder, Alberto M., “El incumplimiento de las formas procesales”, Ad Hoc, Buenos Aires, pág. 77). Visto así, se advierte rápidamente que no hay razón para invalidar el proceso siquiera en la hipótesis planteada por la defensa, en tanto no se deriva de allí afectación alguna a la dimensión sustancial del sistema de garantías.
Como es irrazonable sostener que la ley obliga a guardar el secreto sobre las actividades delictivas cometidas a través del aparato de inteligencia, lo que equivale a decir que obliga a callar el delito, ha de interpretarse que el interés de la asistencia de Mauricio Macri, atado a la defensa de una cuestión ritual, se vincula con saber el origen de la denuncia en tanto circunstancia relevante para, en definitiva, contestar la imputación. En esta dirección, bueno sería aclarar también de dónde surge la versión que identifica al autor del llamado de alerta con la Secretaría de Inteligencia. Si de ello se trata –conocer el origen de la filtración, la posible existencia de un arrepentido, arreglos de cuentas al interior del sistema de inteligencia, etc-, más allá de lo dicho en orden a permitir el desarrollo de una defensa eficaz, también debe tenerse en cuenta que la etapa de instrucción es un estadío preliminar escasamente contradictorio donde la dirección recae en cabeza del juez, sin perjuicio de la facultad que poseen las partes de proponer prueba –cfr. art. 199 CPPN-.
Por todo esto, el rechazo de la nulidad es correcto y será homologado.

III) En relación a la costas, pese a la respuesta negativa que ha tenido el planteo intentado por la defensa de Mauricio Macri, el Tribunal considera que existió razón plausible para litigar, por lo que corresponde revocar la imposición (cfr. art. 531 CPPN).
Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución obrante a fs. 87/96, en cuanto no hace lugar al planteo de nulidad articulado por los Dres. Santiago Feder y Ricardo Rosental.
II. REVOCAR PARCIALMENTE dicha resolución, en lo atinente a la imposición de costas (cfr. art. 531 CPPN).
Regístrese, hágase saber en forma urgente a la Fiscalía de Cámara y devuélvase sin más trámite para que se cumplan en la anterior instancia las notificaciones de rigor.
Sirva la presente de atenta nota de envío.
FDO. Eduardo R. Freiler, Jorge L. Ballestero, Eduardo G. Farah. Ante mí:
Sebastián N. Casanello, Secretario de Cámara.

 

http://www.urgente24.com/noticias/val/6183/nuevo-reves-para-macri.html

Nuevo revés para Macri

La defensa de Macri pidió la nulidad de la causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide porque la llamada que alertó a Sergio Burstein, familiar de una persona fallecida en el atentado a la AMIA, sobre las supuestas escuchas la habría realizado un agente de inteligencia.
Macri fue procesado el 14 de mayo último, sin prisión preventiva, pero con un embargo de 250.000 pesos sobre sus bienes, por los presuntos delitos de “violación de secreto, abuso de autoridad, falsificación de documento público y miembro de asociación ilícita”.
Luego del procesamiento, sus abogados Ricardo Rozental y Santiago Fedel, reclamaron la nulidad de la investigación porque, argumentaron, la llamada que alertó al dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein que sus teléfonos estaban “pinchados” la habría efectuado un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI).
En su declaración testimonial ante Oyarbide, Hugo Alvarez, el agente de la SI al que Macri atribuye la llamada, negó haber efectuado la llamada y aseguró que “no conoce a ninguno de los imputados” en esta causa.
Los defensores afirmaron que si un agente de la SI fue quien avisó a Burstein, cometió un delito al revelar un secreto y, por ende, a partir de ahí todo debía ser declarado nulo.
El tribunal de segunda instancia destacó que no surge del planteo de nulidad que la llamada cuestionada “haya sido obtenida a través de métodos coactivos, del uso de la fuerza pública o violencia” ni se trata de un “testimonio prohibido, como puede ser el de un padre contra un hijo o un cónyuge contra otro”.
Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah expusieron que en el planteo de nulidad “no está en juego la intimidad, la salud, la preservación de la familia, ni la prohibición de autoincriminación”, sino que “el interés que la parte considera superior es el secreto de la actividad de inteligencia”.
Además de Macri, también están procesados en la causa, entre otros, el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge ‘Fino’ Palacios y el aspirante a ingresar a esa fuerza, Ciro James.

 

http://tiempo.elargentino.com/notas/macri-fracaso-su-intento-de-declarar-nula-causa-espionaje

EL LÍDER DEL PRO HABÍA DENUNCIADO UNA “OPERACIÓN” POLÍTICA EN SU CONTRA

Macri fracasó en su intento de declarar nula la causa por espionaje

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, fracasó en su intento de sacarse de encima la causa de las escuchas telefónicas ilegales antes de que comience la discusión en serio sobre las candidaturas presidenciales. Macri está procesado en ese expediente por “asociación ilícita” y si bien ello no le impide postularse a un cargo electivo, una señal de la justicia que limpiara su imagen en ese aspecto hubiera ayudado a su lanzamiento.
No fue un buen día, desde el punto de vista judicial, para el líder del PRO: también recibió malas noticias en otra causa, vinculada con presuntos malos tratos a indigentes por parte de integrantes de la ex UCEP.
Sin embargo, la Cámara Federal porteña rechazó un planteo formulado por sus abogados, Santiago Feder y Ricardo Rosental, quienes aspiraban a declarar “nula” toda la causa por la teoría del “fruto del árbol envenenado”. Según Macri, la causa de las escuchas se inició con un disparador viciado de nulidad, por alguien que, además, sería integrante de la Secretaría de Inteligencia y, en consecuencia, habría formado parte de una “operación” política en su contra.
El punto de partida de la investigación que hoy lo tiene contra las cuerdas fue un llamado telefónico que atendió una hija del dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein, advirtiéndole que lo estaban espiando. Macri argumentó que ese llamado fue realizado por alguien “a quien denuncian como integrante de la Secretaría de Inteligencia (SI) y le atribuyen haber violado la obligación de guardar secreto”, lo que “teñiría toda actuación posterior basada en los datos aportados”. Si el elemento inicial de la causa es nulo, todo lo que derive de él también lo será. Lo que Macri quería era que toda la causa fuera anulada. La aspiración, eminentemente política, tenía un costado económico: el jefe de gobierno también había apelado la “imposición de costas”, es decir los gastos del proceso.
Pero en el expediente no está probado que la llamada telefónica que originó la causa haya sido realizada por un agente de inteligencia. Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah subrayaron que el juez de primera instancia, Norberto Oyarbide, “no sólo practicó prueba para conocer el origen de la notitia criminis sino que, aún sin haber podido verificar quién fue el autor del llamado, se ocupó de analizar las consecuencias que de allí podrían haberse derivado”.
El fallo aporta un criterio novedoso y superador. Plantea, a modo de hipótesis, que efectivamente el llamado inicial haya sido realizado por un miembro de la SIDE. Y en ese contexto se pregunta: “¿El hecho de que haya sido un agente de inteligencia el que, sin darse a conocer, alertara a la familia Burstein de que sus conversaciones estaban siendo ilegalmente intervenidas, convierte en nula la denuncia posteriormente radicada?”. La línea siguiente aclara que la respuesta es “negativa”.  Porque la información suministrada en ese llamado no implicó una “violación de secreto”, ni tampoco fue “obtenida a través de métodos coactivos, del uso de la fuerza o violencia (por ejemplo tortura), ni se trata de un testimonio prohibido, como puede ser el de un padre contra un hijo, o un cónyuge contra otro… No está en juego la intimidad, la salud, la preservación de la familia, ni la prohibición de autoincriminación”.
Cuando la misma sala de la Cámara Federal confirmó el procesamiento contra Macri, el jefe de gobierno proclamó su intención de ir rápidamente hacia el juicio oral y público que despejara las dudas y demostrara su inocencia. Sin embargo, hizo lo contrario: apeló ante la Cámara Nacional de Casación Penal y allí está la causa desde agosto del año pasado. El fallo firmado ayer por la Cámara también es apelable ante la Casación. Esto no haría más que estirar los tiempos hacia la etapa oral. Parece una estrategia de resultado salomónico: la causa no fue anulada, pero tampoco llegará a juicio antes de las elecciones de octubre.
La Cámara pareció destilar una fina ironía cuando describió, a modo de paradoja, que si Burstein estaba siendo espiado como consecuencia de una maniobra ilegal (en este caso, una causa armada artificialmente con la complicidad presunta de jueces misioneros), el agente de inteligencia, en tanto funcionario público, debía denunciar el delito pero, al mismo tiempo, callarlo para no cometer violación de secreto. “De ningún modo puede aceptarse que la ley imponga el deber de guardar secreto acerca de tales actividades delictivas. No ha de pensarse que se busca proteger el secreto de un delito cual código mafioso u omertá. De seguro esa no es la pretensión de la defensa”, sostiene el fallo.
Los camaristas puntualizaron que “son impunes los casos en que la violación del secreto haya tenido en miras evitar un mal futuro y la preservación de otros derechos. Sería muy difícil pensar que la conducta de quien alertó sobre un delito que se venía cometiendo en perjuicio de otras personas sea perseguible penalmente, sin hacer jugar una cuota de racionalidad que descarte la tipicidad”. En otras palabras, la Cámara opinó que quien realizó el llamado que puso en marcha la maquinaria judicial que terminó con Macri procesado hizo bien en avisarle a Burstein sobre lo que estaba ocurriendo.
No todo fue negativo para el jefe de gobierno. El tribunal revocó “parcialmente” la “imposición de las costas”.

 

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