Posteado por: museodegrandesnovedades | marzo 17, 2011

Caso Parque Avellaneda. Las patas de las mentiras se van quedando cortas.

Otra vez, el Juez, como en el primer fallo donde decía que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era Rodriguez Larreta, en este fallo dice que Eugenio Burzaco es el Subsecretario de la Policía Metropolitana.

Sin embargo pidió al gobierno de la ciudad que informe una pregunta que se están haciendo muchos porteños ¿para qué sirve la policía metropolitana? Esperemos que ese informe se haga público.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-164379-2011-03-17.html

Búmeran sobre la Metropolitana

El juez reprochó a la policía de Macri por una nueva ocupación en los edificios en los últimos días. Le reclamó al gobierno porteño por desentenderse del problema y le pidió que elabore un plan para una evacuación pacífica.

Los reproches del juez federal de Quilmes por la ocupación de viviendas en el Bajo Flores le llegaron al gobierno de Mauricio Macri y a su Policía Metropolitana. Armella amplió ayer la orden de desalojo de viviendas en el predio de avenida Castañares y Escalada, destinado a reubicar a pobladores de la cuenca Matanza-Riachuelo, al detectar nuevas ocupaciones en el lugar, e intimó al gobierno porteño a censar a los ocupantes y elaborar una “eventual solución” para una evacuación “pacífica” del lugar. El juez pidió además que la Policía Metropolitana informe si está o no en condiciones de desalojar el lugar y con cuántos efectivos cuenta en el predio.

Armella emitió una resolución donde le recordó al Gobierno de la Ciudad que también está condenado en la causa y que el jefe de Gobierno “tiene el deber” de ejercer “los mandatos” dados por la “ciudadanía a través del voto”.

“Cualquier omisión o ejercicio insuficiente en pos de sus gobernados –como lo es en el caso en tratamiento– constituyen una acción desaprensiva, temeraria y antijurídica a la luz de esta instancia judicial.” El gobierno porteño había justificado su inacción en la resolución del conflicto en que la Nación no había dispuesto efectivos de la Policía Federal para concretar el desalojo.

El juez recordó que “dichas responsabilidades necesariamente deben ser cumplidas obligatoriamente y no pueden ser entendidas como una mera facultad legal”. También extendió la responsabilidad a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad en base a la “búsqueda del bien común y que en el caso tiene como meta revertir la catástrofe ambiental que afecta a la salubridad de toda la población” de la margen noreste del Matanza-Riachuelo.

“En virtud del nuevo hecho de intrusión, la orden de desalojo y preservación del predio ordenada y su comprobado incumplimiento, y sin perjuicio de las responsabilidades de las demás autoridades intervinientes, corresponde también requerir se informe la situación actual de medios y posibilidad de ejecución que posee la Policía Metropolitana”, resolvió el magistrado.

Por ello “deberá especificarse con cuántos hombres cuenta, qué cantidad de móviles poseen, si alguno de los funcionarios provienen de otra fuerza de seguridad, y en su caso de cuál, la formación y especialización de los funcionarios”.

En cuanto al desalojo “habida cuenta la responsabilidad social primaria que pesa sobre el Gobierno de la Ciudad respecto al territorio y las personas que actualmente se encuentran ocupando el complejo habitacional, y sin perjuicio de las órdenes ya impartidas, resulta a esta altura imprescindible contar con un censo de dichas personas”. Para esto “se deberá realizar un relevamiento y análisis de la situación personal de cada uno de ellos, así como una eventual solución para una evacuación pacífica, debiendo esto concretarse en un plan ampliatorio al ya ordenado en autos”, agregó.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-52576-2011-03-17.html

“Vocación de Pilatos”

“El gobierno porteño tiene personal policial para cumplir la orden de desocupación. No hay decisión política y hay una vocación por lavarse las manos.” La ministra de Seguridad, Nilda Garré, cuestionó la pasividad de Macri para ejercer dentro de su jurisdicción.

Garré sostuvo que la jurisdicción para desocupar el complejo habitacional en el Bajo Flores corresponde a Macri, ya que el delito de usurpación fue transferido a la ciudad en 2004 tras la firma de un convenio entre Nación y Ciudad. Lo debe hacer pero tiene una “vocación por lavarse las manos en los temas más conflictivos”.

Además, Garré demostró que la Federal había dado aviso al Instituto de la Vivienda que los departamentos iban a ser intrusados, dos días antes de que se concretara el ingreso de las personas pero, a pesar de eso, la Policía Metropolitana no intervino.

También desestimó que la Metropolitana careciera de personal idóneo para realizar la desocupación. En tal sentido, y según los datos que presentó la ministra, la Metropolitana cuenta con más de 800 efectivos que se desempeñaron, en su momento, como jefes y subjefes de la Federal, por lo que a su criterio tienen “experiencia” para intervenir en el predio de Flores.

http://www.infobae.com/notas/570118-Segun-el-Gobierno-la-Ciudad-sabia-de-la-ocupacion-dos-dias-antes-y-nada-hizo.html

Según el Gobierno, la Ciudad sabía de la ocupación dos días antes y nada hizo

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aseguró que el viernes anterior a la toma “se hizo presente el móvil 136 fiscalizando el objetivo y pasando la novedad de una posible usurpación para el domingo”. La notificación quedó en la nada

Dijo además que su área dio aviso al Instituto de la Vivienda que los departamentos iban a ser usurpados, que lo hizo antes de que se concretara el ingreso de las personas pero, a pesar de eso, la Policía Metropolitana no intervino.

Al respecto, señaló que según convenios firmados en 2004 y 2008, uno de ellos ratificado por la Legislatura porteña, la Ciudad es la encargada de intervenir en casos de usurpaciones, por lo que la fuerza de seguridad comunal debe tomar parte del desalojo ordenado por el juez federal de Quilmes Luis Armella.

http://www.urgente24.com/noticias/val/5563-8/riachuelo-el-juez-armella-amplio-la-orden-de-desalojo-por-la-inactividad-oficial-y-las-nuevas-usurpaciones-.html

Riachuelo I: El juez Armella amplió la orden de desalojo por la inactividad oficial y las nuevas usurpaciones

El magistrado pidió al Gobierno porteño que elabore un plan y de solución integral a los ocupantes del predio de Villa Soldati ocupado desde hace 2 semanas. Requirió a la Metropolitana que informe si está en condiciones de realizar el desalojo.

La nueva resolución del magistado apunta a recabar la información necesaria respecto de las posibilidades de la Policía Metrpolitana para llevar adelante el desalojo. Si cuenta con los medios suficientes, será esta fuerza quien termine ejecutando el desalojo (o cargando con las consecuencias jurídicas y políticas de su incumplimiento).
A continuación, la parte resolutiva de la nueva decisión:
“I.- Requerir al Titular de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco, y a la Titular de la Secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Dra. Cristina Caamaño Iglesias Paiz, que, a través de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), informen en forma urgente y dentro de las 24 horas, todo lo sucedido sobre la nueva intrusión acaecida con fecha 15-03-11 en el predio sito en Av. Castañares, Lafuente y Portela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando las medidas que se venían realizando para la preservación de dicho predio, como así también los recursos humanos y materiales que se contaban al efecto, reiterándose la obligación de informar diariamente las medidas que se vayan adoptando en cumplimiento de la manda judicial (conf. Resolución de fecha 11-03-11), ello bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa diaria prevista en el fallo en ejecución por un monto que el Suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen.
II.- Requerir al Sr. Subsecretario de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco, informe la situación actual de medios y posibilidad de ejecución que posee la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el cumplimiento de la orden dispuesta con fecha 09-03-11, como así también con cuántos hombres cuenta esa dotación debiéndose especificar aquellos que pertenecen a la dotación de Infantería, que cantidad de móviles -de todo tipo- poseen, si alguno de los funcionarios provienen de otra fuerza de seguridad, y en su caso de cual, la formación y especialización de los funcionarios, como así también cualquier otro dato de interés que sirva al cumplimiento del desalojo ordenado con fecha 09-03-11; ello bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa diaria prevista en el fallo en ejecución por un monto que el Suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen.-
III.- Requerir a los Sres. representantes ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), Biol. Javier Francisco Corcuera Quiroga e Ing. Sergio Agostinelli, a la Sra. Ministra de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y al Sr. Jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Don Horacio Rodríguez Larreta, a realizar en el plazo perentorio de cinco (05) días un censo o individualización sobre las personas que actualmente se encuentran ocupando el complejo habitacional supra indicado, para lo cual se deberá formalizar un relevamiento y análisis de la situación personal de cada uno de ellos y eventual solución para una evacuación pacifica, debiendo esto concretarse en un plan ampliatorio al ya ordenado en autos, conforme a los fundamentos ya expuestos en la presente; ello bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa diaria prevista en el fallo en ejecución por un monto que el Suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen.-
IV.- Requerir al Sr. Jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Don Horacio Rodríguez Larreta, arbitre los medios que fueran necesarios para coordinar las áreas a su cargo tendientes a dar efectivo cumplimiento a todo lo ordenado en la presente manda; ello bajo apercibimiento de aplicar la sanción de multa diaria prevista en el fallo en ejecución por un monto que el Suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen.-
V.- Reiterar a los Sres. Titulares de los Ministerios de Seguridad de cada una de las jurisdicciones gubernamentales involucradas en la remediación ambiental, la implementación de todas las acciones que garanticen efectivamente el trabajo de los responsables al cumplimiento de la presente manda, a fines de evitar toda situación que entorpezca en cualquier modo el desenvolvimiento normal de las obras referenciadas, haciéndoles saber que el incumplimiento de la presente, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere por mandatos específicos y determinados por el incumplimiento a una orden judicial, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento, que el Suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen.-
VI.- Requerir a la Sra. Secretaria General de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dra. Daniela Olivetto, notifique la presente en forma urgente y personal, bajo debida constancia a los representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), lo cual deberá ser acreditado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.”
http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=65162ce823c216ee55c18af8ffa7f87f

Intentarán censar a los okupas
Luego de 12 días de dictarse la orden de desalojo del las viviendas sociales construidas por el IVC para reubicar a habitantes de la ribera del Riachuelo, la manda judicial sigue sin cumplirse. “Lo grave es el incumplimiento a la orden del juez”, remarcó Guillermo Montenegro, quien también reconoció que está “en condiciones de hacer un desalojo pero en conjunto de otra fuerza” debido a la carencia de la cantidad de efectivos necesarios. Este jueves, personal del Ministerio de Desarrollo Social intentarán ingresar al predio para censar a los ocupantes.

En este marco, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, subrayó que lo más grave de la situación “es el incumplimiento a la orden del juez” federal Luis Armella, y reconoció que si bien está la Policía Metropolitana “en condiciones de hacer el desalojo”, debido “a las características del lugar” y la carencia “de la cantidad de efectivos que se necesitan”, sólo podría “colaborar operativamente”.
“Yo tengo la tranquilidad de poder generar el desalojo en la medida que tiene la posibilidad que tiene la Policía Metropolitana, pero hay que hacer un operativo conjunto, hacerlo pacíficamente. La Metropolitana no está en condiciones de hacer el desalojo sola”, resaltó el funcionario porteño.
http://www.ciudad1.com/Notas-12208-Censan-a-los-habitantes-del-Parque-Avellaneda

Censan a los habitantes del Parque Avellaneda

Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social se encuentran este jueves en el terreno del Bajo Flores relevando a los ocupantes, de acuerdo a lo solicitado por el Juez Luis Armella.

Cuadrillas de la cartera que dirige María Eugenia Vidal se presentaron esta mañana para intentar censar a los ocupantes de las 204 viviendas que iban a ser entregadas a habitantes que viven en las márgenes del Riachuelo.

http://www.comambiental.com.ar/2011/03/riachuelo-no-podemos-saber-acabadamente.html

Riachuelo: “No podemos saber acabadamente si se está cumpliendo el plan”

La frase del Defensor Adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, resumió lo que se trató en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia en torno al fallo de julio de 2008 que ordena el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Respondieron a las preguntas del Tribunal, funcionarios de ACUMAR y los gobiernos nacional, bonaerense y porteño. La conclusión es que aunque hay más información, no es clara. Un ejemplo es que el Auditor General de la Nación sólo pudo auditar el 8% del plan porque las partidas presupuestarias no están debidamente identificadas.
“Hay plazos incumplidos e incongruencias”.
Así inquirió el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para acelerar la exposición del Secretario de Ambiente y máxima autoridad de ACUMAR, Juan José Mussi que ya había participado en la anterior audiencia pero como intendente de Berazategui.
Para comenzar, el Tribunal preguntó por qué hay notables demoras en la erradicación de basurales, que por el contrario aumentaron. El Presidente Ejecutivo de ACUMAR, Gustavo Villa Uría, admitió que resultó “más complejo de lo que se creía”.
Por un lado defendió que hay “un plan gradual para alcanzar el 100% de la recolección en los municipios” y evitar así desvíos que forman basurales clandestinos. Por el otro no pudo mencionar avances significativos en los Centros de Gestión Integral de Residuos pensados para recuperar los reciclables y los orgánicos. Tampoco respondió cuando se le preguntó por censos y planes para relocalizar a habitantes de los basurales.
Plan Sanitario “en” Emergencia. La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, recibió respuestas contradictorias entre Nación y Provincia. El tema de su interrogatorio era importante: saber si la población más vulnerable al riesgo sanitario está censada así como cuál es el plan de atención primaria y seguimiento para esos casos.
Contaminación industrial en la mira. En Dock Sud, las empresas SEATANK SA e INDUPA SA tenían tiempo hasta principios de marzo para mudarse de allí, por orden del Juez Luis Armella que lleva la causa. En tanto ODFJELL TERMINALS TAGSA S.A., ORVOL S.A. y ANTIVARI S.A. también deben dejar el predio y restituirlo, pero respecto de los planes de relocalización, Villa Uría, dubitativo, no pudo responder más que “se está trabajando”.
Los expositores coincidieron en que aumentó la cantidad de inspecciones pero no se aclaró cuál era el balance de dichos controles al no contar con mediciones iniciales consistentes de agua, aire y suelo ni acciones de reconversión industrial que permitan cotejar si hay o no mejoras en la calidad ambiental de la región.

Este fue el punto más criticado por el Cuerpo Colegiado que sigue el caso. Entre sus miembros, Greenpeace señaló “la ausencia de un plan que establezca metas progresivas para la reducción de la contaminación”. En tanto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales declaró que “no se han puesto en marcha los planes de reconversión industrial para disminuir la contaminación”
Leonardo Pérez Esquivel, de la Asamblea vecinal de Beccar y el Espacio Intercuencas, dijo a ComAmbiental que “hasta que no se avance sobre la responsabilidad penal”, es decir que los empresarios vayan presos por contaminar, “va a seguir pasando el bicicleteado”. En ese sentido aclaró que “la justicia tiene que ejecutarlo y lo puede hacer con la normativa vigente”.
“Falta articulación” fue el reclamo de Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de la Boca. Los factores son diversos. Muestra de ello es que Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación, informó que el “92% del plan de saneamiento no pudo ser auditado por falta de identificación de las partidas directas o indirectas destinadas al saneamiento de la Cuenca”.
Otro caso más reciente es la dificultad de desalojar un predio de 204 viviendas en Villa Soldati destinado a familias trasladadas del camino de sirga. El Juez Armella amplió la orden al detectarse más usurpaciones y pidió al gobierno porteño –so pena de multa diaria- que cense a los ocupantes, elabore un plan de solución integral e informe si la policía Metropolitana está en condiciones de llevarlo a cabo, ante el retiro de la fuerza Federal.
Todos los expositores y organismos del seguimiento coincidieron en que el fallo de julio de 2008 generó avances. La desconfianza permitida redunda en la posibilidad de que solo sea “una estrategia distractiva”. Para que se logren los objetivos del plan, Anselmo Sella, Defensor Adjunto del Pueblo de la Nación pidió no perder de foco la postergación que viene padeciendo la región.
Esto significa, según Sella, evaluar la capacidad de carga del Matanza-Riachuelo, organizar la información facilitando su acceso público, fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, preservar el derecho a la vivienda para todos los habitantes de la cuenca y garantizarles el acceso a la justicia.

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