Posteado por: museodegrandesnovedades | marzo 13, 2011

Denuncian a Macri por no convocar para las elecciones comunales

Poner en marcha las  comunas, permitir la participación ciudadana, sobre todo permitir el presupuesto participativo, demostraría si realmente la preocupación de los vecinos es la seguridad.

Por las dudas, desde la constitución de 1996, los sucesivos gobiernos la fueron posponiendo.

Por algo será.

DENUNCIA – INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO contra Mauricio Macri.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Sres/as Jueces:

OBJETO

Fabio Basteiro, Julio C. A. Raffo, abogado inscripto en el C.P.A.C.F. Tº 7; Fº 736, Rafael A. Gentili, abogado inscripto en el C.P.A.C.F. Tº 57; Fº 483, por derecho propio y conjuntamente con los abajo firmantes, constituyendo domicilio conjuntamente en Av. Callao 157, 8º “B”, Ciudad de Buenos Aires, nos presentamos ante estos estrados a los efectos de denunciar los hechos que se detallan a continuación, a los fines de que se dé la intervención que le corresponde al fuero penal para investigarlos de conformidad con lo prescripto en los artículos 26, 27 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación, ante la posible comisión de un delito de acción pública.

HECHOS DENUNCIADOS

1. El artículo 127 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que la organización y competencia de la Comunas será sancionada por ley con mayoría de dos tercios del total de la Legislatura, preservando la unidad política y presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su gobierno. A su vez, el artículo 130 establece que cada Comuna tiene un órgano de gobierno colegiado denominado Junta Comunal compuesto por siete miembros, elegidos en forma directa con arreglo al régimen de representación proporcional, formando cada Comuna a esos fines un distrito único.

Las previsiones constitucionales fueron realizadas con la sanción de la ley 1777 que, entre otras cosas, establece que las Juntas Comunales de cada Comuna estarán conformadas por siete (7) Miembros o Integrantes de la Junta Comunal, electos de forma directa por los ciudadanos domiciliados en cada Comuna. La elección de un total de ciento cinco (105) Miembros de Juntas Comunales, a razón de siete (7) para cada una de las quince (15) Comunas, debe realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1777 y bajo el sistema de representación, de acuerdo a lo previsto en el Código Electoral Nacional.

En este contexto, con la sanción de la ley 3233 se dotó de fecha cierta para la cual las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires debían convocar al electorado a sufragar para elegir las autoridades de las Juntas Comunales, por primera vez en la historia institucional de la Ciudad Autónoma. No está de más señalar que la ley 3233 se sancionó el día 20 de octubre de 2009, durante el transcurso de un cuarto intermedio consensuado por las partes en el marco del amparo que tramita en la causa Nº 6425/09, caratulada “Montenegro, Fandor Lucio y otros c/GCBA sobre amparo”, actualmente en trámite ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

La fecha establecida por el artículo 1º esa ley, es el 5 de junio de 2011. Concretamente, el esa norma establece: “El Jefe de Gobierno convoca a elecciones de autoridades comunales en los términos del Artículo 20 de la Ley 1777 el día 5 de junio del año 2011, a los efectos de elegir los siete (7) miembros de las quince (15) Juntas Comunales. La elección debe efectuarse con arreglo al Régimen de Representación Proporcional y de conformidad con lo establecido por la normativa electoral vigente a la fecha de realización de los comicios”.

La Constitución local establece en el artículo 105 inciso 11, que es “deber del Jefe de Gobierno” el “Convocar a elecciones locales”. Por su parte, de manera concordante con la Constitución local, la ley 1777 establece que “La convocatoria a elecciones de integrantes de las Juntas Comunales es efectuada por el Jefe de Gobierno” (artículo 20). De tal manera que en lo relativo a Juntas Comunales, la ley 3233 resulta una especificación concreta de uno de los deberes del titular del Poder Ejecutivo, que emana de las mencionadas normas constitucionales y legales. Dicho de otro modo, el Jefe de Gobierno tiene el deber de convocar para el 5 de junio de 2011 al electorado, a los fines de que elijan a los Integrantes de las Juntas Comunales.

2. Todavía cabe una segunda especificación de índole temporal, respecto del deber jurídico emanado del juego armónico de las mencionadas disposiciones. Ante la ausencia de un régimen electoral propio de la Ciudad, resulta de aplicación para la organización de los comicios el Régimen Electoral Nacional instituido por la Ley N° 19.945 y sus modificatorias, en lo que fuere pertinente. A este respecto, cabe tener presente que el Código Nacional Electoral, de aplicación supletoria hasta tanto la Ciudad no cuente con su propio cuerpo normativo en la materia, en su artículo 54 establece, respecto de la convocatoria a elecciones, que “La convocatoria deberá hacerse con NOVENTA (90) días, por lo menos, de anticipación”.

En función de lo dicho precedentemente, el Jefe de Gobierno –Ingeniero Mauricio Macri– no sólo tiene el deber de convocar al electorado para la fecha indicada por la ley 3233, esto es el 5 de junio de 2011, sino que dicha convocatoria debía haberse materializado como máximo el día 7 de marzo de 2011, fecha en que se agotara el plazo mínimo de anticipación con que debía cumplirse el deber, en función de las prescripciones del Código Electoral Nacional.

El plazo de noventa días debe computarse en días corridos, aunque el artículo 54 del CEN no lo mencione expresamente, como sí lo hace, por ejemplo, en los artículos 27, 112, 120, 154. En tal sentido, así como el artículo 107 establece que “La Junta Electoral de Distrito efectuará con la mayor celeridad las operaciones que se indican en esta ley. A tal fin, todos los plazos se computarán en días corridos”, debe entenderse por analogía, que los demás plazos establecidos para el cumplimiento de deberes ajenos a la Junta Electoral (cuya competencia es ejercida en la Ciudad Autónoma por el Tribunal Superior de Justicia), también deben ser considerados en días corridos. De cualquier modo, en caso de que se considerase que el plazo del artículo 54 del CEN debiera computarse en días hábiles, en atención a que no ha sido explícitamente establecido, su vencimiento habría operado el día 20 de enero de 2011.

3. Llegado este punto, cabe destacar que las consecuencias penales y las responsabilidades emergentes del incumplimiento de dicho deber por parte del Jefe de Gobierno, corren separadamente de las consecuencias institucionales derivadas del propio ordenamiento jurídico de derecho público local.

En este último orden de consecuencias jurídicas, la Constitución local establece que corresponde a la Legislatura tomar “todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los poderes y autoridades” (artículo 80.1) y en esa misma inteligencia, establece que “Convoca a elecciones cuando el Poder Ejecutivo no lo hace en tiempo debido” (artículo 80.22).

Se deriva de ello que, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivar del incumplimiento en que ha incurrido el Jefe de Gobierno en convocar a elección de Integrantes de Juntas Comunales para el 5 de junio de 2011 de acuerdo a la ley 3233 y en el plazo previsto en el CEN, es la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la que se encuentra facultada a suplir al Poder Ejecutivo ante su inacción en “tiempo debido”, procediendo a convocar –sin más dilaciones– al electorado a tales fines, garantizando así una de las medidas indispensables y conducentes para poner en ejercicio las autoridades comunales.

4. De lo dicho precedentemente, se deduce que en razón de lo prescripto en los artículos 105.11 de la Constitución de la Ciudad, 20 de la ley 1777, 1º de la ley 3233 y 54 del Código Electoral Nacional (de aplicación supletoria en la Ciudad), el Jefe de Gobierno tenía como deber jurídico en razón de su función, el de convocar con anterioridad al 7 de marzo del corriente año al electorado de la Ciudad de Buenos Aires para que el día 5 de junio próximo, eligieran mediante voto directo a los integrantes de cada una de las Juntas Comunales de las 15 Comunas; lo que ha omitido deliberadamente en cumplir, dejando de ejecutar las prescripciones de la ley 3233.

En definitiva, lo que el Jefe de Gobierno –Ing. Mauricio Macri– ha hecho es “no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere” (art. 248, CP). Concretamente Mauricio Macri no ha ejecutado la ley 3233 en lo relativo a la convocatoria a elecciones para el 5 de junio de 2011, pudiendo haberse configurado el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el vencimiento del plazo máximo de noventa días anteriores a esa fecha, que se desprende de la aplicación del artículo 54 del CEN, oportunidad hasta la cual tenía sólo en sus manos la posibilidad de cumplir o no cumplir con el deber legal.

Cabe señalar que agotado ese plazo y ante su inacción, emerge la facultad jurídica, prevista en el artículo 80 inciso 22 de la Constitución local, a favor de la Legislatura de sustituir el deber del Jefe de Gobierno al sólo efecto de garantizar la continuidad de las instituciones del derecho público local, sin que ello pueda entenderse como una legitimación del incumplimiento del Poder Ejecutivo o que ello exima al Jefe de Gobierno de la responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido por su omisión.

La conducta antes descripta constituye una delibera omisión por parte del actual Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri, en ejecutar la ley 3233 cuyo cumplimiento le incumbe en razón del cargo que detenta y para cuyo ejercicio en legal forma ha recibido el mandato del electorado porteño.

Resulta evidente, entonces, que los funcionarios públicos involucrados y especialmente el Jefe de Gobierno, están dejando de ejecutar de manera consciente e intencionada el deber legalmente establecido de convocar al electorado porteño para elegir sus autoridades comunales, por lo cual esos hechos merecen una investigación exhaustiva a los fines de establecer o descartar la configuración del delito previsto en la última parte del artículo 248 del Código Penal.

5. Por último, cabe recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 113, inciso 6 de la Constitución local, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene competencia originaria en materia electoral, correspondiéndole asumir todas las atribuciones que el Código Electoral Nacional prevé para la Justicia Electoral, integrada por la Junta y los jueces electorales.

En ejercicio de esa competencia electoral, el Tribunal Superior se ha expedido en fecha 4 de marzo de 2011 (último día hábil del plazo máximo que el Poder Ejecutivo convocase en tiempo debido al electorado), mediante Acordada Electoral Nº 1/2011 en la que afirma que “el día 5 de junio del presente año habrá de realizarse elecciones para designar a los integrantes de las Juntas Comunales establecidas por el art. 130, CCBA” y resuelve “Aprobar el cronograma electoral que, como Anexo I, integra esta Acordada”, como así también “Solicitar al Gobierno de la Ciudad que instrumente la exhibición de las listas provisionales de electores nacionales y extranjeros –y que realice la publicidad adecuada a esos fines– a través de su página web y de los Centros de Gestión y Participación, y de cualquier otro lugar que considere apropiado a esos fines”.

Lo resuelto por el Tribunal Superior al establecer el cronograma electoral, torna evidente el incumplimiento en que ha incurrido el Jefe de Gobierno, como así también permite dimensionar los perjuicios para el electorado derivados de la inacción del Poder Ejecutivo, al no haber efectuado el acto de convocatoria en tiempo debido, máxime si se tiene presente que el artículo 2 de la ley 3233 establece que “Las autoridades comunales electas asumirán sus funciones el día 10 de diciembre de 2011”. Ello así, cualquiera sea el temperamento que adopte la Legislatura para subsanar o reencauzar el proceso institucional de descentralización administrativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. en el marco de las atribuciones que le son propias.

PRUEBA ACOMPAÑADA

Se acompaña a la presente, la siguiente documental:

– Copia simple de la Acordada Nº 1/2011 de fecha 04/03/11 del Tribunal Superior de Justicia de la CABA.

– Copia simple del acta de audiencia de fecha 03/06/09 en la causa Nº 6425/09, caratulada “Montenegro, Fandor Lucio y otros c/GCBA sobre amparo”.

PETITORIO

Se tenga por presentada la denuncia por los hechos descriptos y por acompañada la documental aportada.

Se investiguen los mismos a fin de establecer la calificación legal y eventual responsabilidad penal por delitos de acción pública que pudiera corresponderle a su autor, partícipes y responsables.

Sirva V.S. proveer de conformidad que será justicia.

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