Posteado por: museodegrandesnovedades | marzo 12, 2011

Caso Parque Avellaneda: La medida no se cumplió porque fue apelada.

Ante la apelación el Juez, sin moverse de su sillón, sin conocer la gente que está en el predio, sin saber nada, desde Quilmes contesta en su segundo fallo:

“El alcance de la manda judicial dispuesta por ésta judicatura el pasado 09-03-11, dado que, la misma no se encuadra dentro de una decisión del ordenamiento penal.”

referirse a cuestiones referidas a investigación de delitos, nada tiene que ver con la decisión ya adoptada por ésta Magistratura. Más aún, aduna a ello, que el Suscripto en fecha 10-03-11 se declaró incompetente en la causa penal n° 610 carat. “N.N. varios s/ usurpación y daños” y que la misma en idéntica fecha ya ha sido radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Primera Instancia n° 21, Sec. n° 165, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

Sin embargo en su fallo habla de usurpadores, ocupantes y desalojo sin que ningún Juez, ya que se declaró incompentente en la causa por usurpación, haya definido que así sea.

Y dice que el fin último de la sentencia exige:

“devolver a los habitantes del “Riachuelo” un lugar ambientalmente apto, donde puedan desarrollarse dignamente.”

Y deja bien en claro que no le importa la situación en la que están la gente que se encuentra en el predio porque ni siquiera sabe si esas viviendas fueron adjudicadas a los “habitantes del Riachuelo”, dando a entender que la única solución posible es a través de la violencia:

“resulta imposible la concreción efectiva del plan remediador sin la adecuada colaboración de las Fuerzas de Seguridad.”

Y pone como ejemplo de cumplimiento de un fallo similar en el que actuó la policía federal, omitiendo que en esos casos el lugar a desalojar si queda dentro de los márgenes del Riachuelo. Y la actuación de Gendarmería Nacional omitiendo que esta fuerza de seguridad está trabajando en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Para demostrarse que la medida ordenada oportunamente resulta totalmente legal y viable, cabe destacarse que con fecha 27-03-09 se realizó el registro domiciliario para proceder al desalojo del pedio (SIC) denominado ACUBA, ubicado en la Av. Olazabal 5100, entre calles Boquerón y Coronel Molinedo, del Partido de Lanús, practicado por la Jefatura Departamental Lanús de la Policía Bonaerense, en forma conjunta y coordinada con ACUMAR, por resultar dicho predio de interés directo con el objetivo de “Contaminación de origen industrial” ordenado por la CSJN. Ante la insuficiencia de la tarea de prevención realizada y la nueva intrusión del predio, fue necesario el dictado de otra medida de desalojo con fecha 28-04-09, pero esta vez la misma se llevó a cabo por parte de la Gendarmería Nacional Argentina, la cual lo realizó en forma conjunta y coordinada con ACUMAR; todo lo cual demuestra que una fuerza de seguridad Nacional puede colaborar pacíficamente y/o suplir a cualquier otra fuerza local.

A modo de ejemplo cabe citar un caso concreto que demuestre el criterio adoptado, como ser el “Legajo de Actuaciones 108 TALLERES K S.R.L. (perteneciente al Expte. 19/09)”, donde con fecha 17-02-11 se dispuso: “…I) Librar ORDEN DE ALLANAMIENTO, para el día 10 de Marzo de 2011 a partir de las 08:00 hs., con habilitación de día y hora…II).- Enconmiéndase a la Sra. Titular de la Secretaría de Seguridad Operativa dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación y al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el término de 24 hs. coordinen las fuerzas de seguridad que intervendrán en el procedimiento, el cual deberá desarrollarse –en la fecha  previamente indicada conjuntamente con el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y/o personal que designe…”.

Ahora después de la apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación que pide:

“en atención a lo manifestado por el mencionado representante del Ministerio de Seguridad de la Nación respecto a la necesidad que el desalojo se lleve a cabo a través de mecanismos de coordinación adecuados que tengan en cuenta la vulnerabilidad social, corresponde aclarar que resulta menester, justamente, arbitrar todos los medios que surjan indispensables en ese sentido, buscando evitar al máximo todo tipo de conflicto, acudiendo al auxilio de todas aquellas personas que resulten idóneas en la materia, pero siempre teniendo en cuenta que el desalojo deberá ser efectivamente cumplido.”

Por último, entendiendo que el “inmediatamente” no puede ser logrado sin represión (y quizás muertos) decide pedirle al gobierno de la Ciudad algunas medidas.

1. “corresponde requerir al Gobierno de la CABA que a través de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en su carácter de ente de derecho público interjurisdiccional en un perentorio plazo de 24 hs. presente un informe detallando en forma concisa y acabada la cantidad de viviendas efectivamente afectadas al plan de relocalización de Villas y Asentamientos precarios, identificando la cantidad exacta de viviendas y módulos funcionales. con la documentación respaldatoria al efecto.”

Datos que el gobierno de la ciudad no tiene porque es mentira que habían afectado esas viviendas a la relocalización de “habitantes del Riachuelo”

2. “corresponde requerir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aporten la información con que cuenten respecto a si los ahora ocupantes del complejo habitacional ya indicado y de las villas de emergencia de la zona habían sido o no incluidos entre los beneficiarios del complejo o, en su caso, si se encuentran incluidos en planes de vivienda alternativos.”

Datos que el gobierno de la ciudad no dará a conocer porque si se demuestra que algunas de las personas que se encuentran en el predio están pagando o ya pagaron cuotas al IVC por esas viviendas, está frito.

El fallo puede bajarse haciendo click acá: ADJ-0.997849001299884411.

 

Caso Parque Avellaneda. Habría que avisarles a la Asociación de Magistrados que el fallo fue apelado.

http://www.diariojudicial.com/noticias/Los-jueces-meten-presion-en-la-toma-del-Bajo-Flores-20110311-0009.html

Los jueces meten presión en la toma del Bajo Flores

Un comunicado de la Asociación de Magistrados hizo hincapié en que las distintas facciones del Estado que están involucradas con la ocupación de viviendas en el barrio porteño de Parque Avellaneda deben acatar las órdenes del poder judicial, “sin que quepa interpretación alguna por parte de ellas”.

El conflicto entre el gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires por la responsabilidad en la toma de los departamentos del Bajo Flores, provocó que la Asociación de Magistrados haga circular un comunicado donde insta a las partes a que, sin echarse la culpa entre sí, resuelvan la situación tal como lo ordenó el juez federal de Quilmes, Luis Armella. El magistrado había dado como plazo hasta hoy para que desalojaran a los ocupantes de las 204 viviendas ubicadas en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

Plantean además que la orden de Armella está enmarcada en la causa “Mendoza”, y que las viviendas iban a ser destinadas a 128 familias del asentamiento “El Pueblito”, que viven en la ribera del Riachuelo, por lo que se encontraban dentro del programa de saneamiento contemplado para este caso. Por eso reclama que las fuerzas de seguridad actúen pronto, ya que se trata de una toma que involucra una acción destinada al cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema.

“Esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, reafirma y reclama de los poderes públicos, que las decisiones adoptadas por los Jueces dentro del ámbito de su competencia y dirigidas a los organismos legalmente obligados a auxiliarlos sean acatadas y cumplidas de inmediato, sin que quepa interpretación alguna por parte de aquéllos”, afirman en la solicitada.

Carlos Lami, presidente de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, opinó que “las resoluciones de los jueces deben ser respetadas, y la única forma de no acatarlas es apelando”. Pero agregó que “es importante tener en cuenta las resoluciones judiciales, porque es la única forma de asegurar la división e independencia de los poderes”.

En tanto, en el comunicado se refirieron al tema sentenciando que “situaciones como la presente nos obligan a enfatizar el sostenimiento de nuestra inquebrantable defensa de la independencia del Poder judicial y del respeto por la investidura y jurisdicción de los Magistrados, ante la improcedente intromisión de otros poderes públicos”.

Mientras la orden de desalojo del juez Luis Armella sigue vigente, los cruces entre el gobierno porteño y nacional siguen. Julio Alak, ministro de defensa, aseguró que la Policía Metropolitana es la encargada de intervenir. Por su parte, Mauricio Macri salió al cruce declarando que “la seguridad de la ciudad de Buenos Aires le corresponde a la Policía Federal. Si no quieren hacerse cargo que nos traspasen los efectivos de la Federal”.

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