Posteado por: museodegrandesnovedades | marzo 8, 2011

Creando inseguridad (4) Robos, desarmaderos y narcotráfico. La inseguridad también es un tema carcelario

http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=6333:en-carceles-del-estado-bonaerenses-a-cargo-de-scioli&catid=72:pll&Itemid=114

Penitenciarios asesinan, violan y obligan a presos a robar

(AW) “Tres detenidos contaron a distintos magistrados que los sacan a robar entre la noche y el alba, con ropa y armas del Servicio, que los desarmaderos funcionan en las propias cárceles, donde también se venden estupefacientes. A quien se niega le violan la mujer o lo asesinan. Fiestas nocturnas con alcohol y prostitutas y tiro al blanco sobre los detenidos”.  Son palabras del periodista Horacio Verbitsky  en Página 12 de hoy, refiriendo la realidad en cárceles bonaerenses. Por su parte,  Juan Diego Britos escribió en Tiempo Argentino: “La justicia realizó un allanamiento en la cárcel y descubrió autopartes robadas, entre otras irregularidades. Dos internos filmaron la venta de estupefacientes dentro del penal…”.
Recientemente esta Agencia en su balance (anti) carcelario definió el accionar del Servicio Penitenciario Bonaerense como “La barbarie”. Y, a menudo, difunde los crímenes que cometen los grises del Estado provincial que, puntualmente, son denunciados por el Comité contra la Tortura y La Cantora, entre otros. Hoy vamos a reproducir dos notas de sendos diarios kirchneristas donde se da cuenta detallada de algunos de estos hechos aberrantes.
Valoramos altamente la denuncia, pero seríamos hipócritas si omitiéramos el contexto. Sucede que el gobernador Scioli se posiciona con intereses propios en la interna peronista, en un año electoral, y hay que pegarle ahora para que no se convierta en el segundo Cobos. ¿Con esto quitamos la veracidad de las notas? No, damos fe que sucede lo escrito y mucho más en las prisiones de Buenos Aires. Pero, ¿las cárceles federales que regentea Alejandro Marambio Avaría, defendido férreamente por los K son muy diferentes? No, desde la Coordinadora Anticarcelaria se definió a las prisiones argentinas como campos de concentración porque allí los grises matan, torturan y humillan, impunemente, como política del Estado en todo el país. Nos cansamos de dar nombres de los asesinados, “suicidados” y torturados. En innumerables casos denunciamos a los victimarios con nombre, grado y apellido. Lo hicimos junto la socióloga Alcira Daroqui, Osvaldo Bayer,Adolfo Pérez Esquivel, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Correpi, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,  Nora Cortiñas y los compañeros del Centro Universitario Devoto o Ciudad Interna, entre muchos otros. Pero ni siquiera  rodó alguna cabeza, y por caso, Marambio y tantos otros fueron ascendidos sin que ningún periódico K repudie el hecho. Entonces, bienvenida sea la denuncia pública en diarios de circulación nacional. Por eso la multiplicamos. Pero dejamos claro que nuestra lucha para terminar con los campos de exterminio se extiende mucho más allá de la campaña electoral.

Oscar Castelnovo
¿Seguriqué?

Mientras Scioli respaldaba en la Legislatura al alcaide mayor Casal, un preso entregaba a la Justicia fotos suyas con uniforme del SPB. Tres detenidos contaron a distintos magistrados que los sacan a robar entre la noche y el alba, con ropa y armas del Servicio, que los desarmaderos funcionan en las propias cárceles, donde también se venden estupefacientes. A quien se niega le violan la mujer o lo asesinan. Fiestas nocturnas con alcohol y prostitutas y tiro al blanco sobre los detenidos.

Por Horacio Verbitsky

El martes 1º Daniel Scioli leyó un excelente discurso ante la Legislatura de Buenos Aires, en el que respaldó a su cuestionado ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense Ricardo Blas Casal. Scioli explicó que no hay contradicción entre seguridad y derechos humanos y ratificó su indeclinable compromiso con el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. A la misma hora, un detenido en la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense sorprendió al fiscal Germán Martínez al quitarse la zapatilla izquierda, donde escondía el chip de un teléfono celular. Allí había seis fotografías del detenido y de otras personas privadas de su libertad en la misma unidad. Todos lucían piezas de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un video en el que uno de los funcionarios de seguridad entrega un pequeño sobre a uno de los detenidos. El detenido, a quien aquí llamaremos Erre Jota, tiene 32 años y purga una condena por robo. Martínez es el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 16 de San Martín, a cargo de estupefacientes.
La denuncia inicial la había hecho el 28 de febrero una tía de Erre Jota, quien contó que su sobrino le había dado el chip para que bajara las imágenes y le había pedido que se lo devolviera en la siguiente visita. Erre Jota contó que temía por su seguridad y la de su familia, ya que en 2008 se negó a matar a un hombre, como le exigían los penitenciarios, y su mujer recibió amenazas que se cumplieron cuando fue violada como advertencia para él. Desde entonces aceptó “realizar los trabajos que ellos me pedían, ya que mi familia se halla constantemente amenazada”. Dijo que el director y el subdirector del penal y el jefe de complejo en ese momento, prefecto mayor Mario Aranda, prefecto Horacio Ruiz e inspector mayor Claudio Molina lo pusieron al frente de un grupo que ya integraban otros detenidos y les señalaron los modelos de autos que debían robar: Peugeot 307 y 405. La excepción fue un Clio 2, para reponer una parte rayada de la carrocería del vehículo del oficial Lavallén. El turno de robar para el Servicio iba de las 23 a las 6 del día siguiente, hora en que las personas decentes que claman por más seguridad se encierran en sus casas para protegerse de los delincuentes. Si no regresaban antes de esa hora se denunciaría la evasión. Para llegar a la salida del penal les suministraban partes de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, armas y teléfonos celulares. Una vez en la calle usaban esos teléfonos para llamar a conductores de remises que formaban parte de la combinación. El fiscal le mostró las fotos, impresas desde el CD que había entregado su tía, y Erre Jota reconoció en ellas al oficial penitenciario Guerra, a otros dos detenidos y a sí mismo, todos vestidos con piezas del uniforme oficial: una campera de camuflaje, una gorra, un chaleco antibalas y un escudo protector, con la sigla SPB. Dijo que Guerra les proveía armas, marihuana, pasta base, cocaína y pastillas de Ribotril. El fiscal también recibió el testimonio del detenido que aparecía en la foto con el penitenciario Guerra, a quien llamaremos Ge Be. Dijo que salía a robar para el SPB y que otro preso que se negó, al que llamaban Víctor Murgueño, fue asesinado. Mencionó al actual director, prefecto mayor Raúl Galeano, al jefe de penal Saravia, al de taller Bumarelli y al de contaduría Pozo, aunque no explicitó qué habría hecho cada uno.

¿Dónde iban a robar? –le preguntó el fiscal.
–Por José León Suárez, Boulogne, San Isidro. Robamos autos modelo 307, 405 y 406.
–¿Y qué hacen con ellos?
–Los llevamos al penal. Ahí hay un taller, donde un grupo de internos que saben de mecánica, manejados por el director y el jefe de penal, los desarman para la venta de autopartes.
Dijo que les pagaban 1000 o 1500 pesos, según los autos y les anotaban concepto favorable en los legajos, imprescindible para aspirar a la libertad anticipada. Contó que salieron cinco o seis veces en lo que va del año y mencionó algunos de los robos: un 405 a pocas cuadras de una panchería en José León Suárez, un Clío 2 cree que en la calle San Lorenzo, llegando a Tres de Febrero, donde hay una pollería. El oficial Lavallén, el jefe de requisa Marresi y el jefe de turno Nicolás Aquesta los llevaban a hablar con el director antes de salir, dijo. También Ge Be contó del turno de 23 a 6 y que les entregaban ropas del Servicio, armas y celulares. Dijo que con uno de ellos Erre Jota lo había filmado con el Oficial al que conoce sólo como Anteojito, quien le entregó drogas a cambio de sus zapatillas.
–¿Es habitual que les entreguen drogas? –quiso saber el fiscal.
–Sí, cualquier oficial se las da –contestó el hombre.

El acta judicial consigna que “como prueba de sus dichos extrae de su boca una bolsita transparente de polietileno. Dice que contiene una piedra de marihuana”. El fiscal la agregó al expediente, debidamente ensobrada y firmada. Ge Be explicó que comenzaron a grabar con los celulares luego de que otro detenido matara al Murgueño, quien “no quería trabajar más para el Servicio”. Contó el robo de un Renault Megane verde una madrugada de la primera quincena de enero, a cuatro cuadras de la Plaza Roca de Villa Ballester, apuntando al hombre que bajó del coche. Dijo que en la UP48 había de diez a quince autos con la patente cambiada, estacionados entre los del personal.
Un tercer detenido pidió hablar con el juez de ejecución que entiende en su legajo, Alejandro David. Dijo que en la primera semana de febrero los oficiales Lavallén, Mohame y Aquesta, le ofrecieron 1500 pesos para salir a robar. Aceptó y esa noche lo buscaron en su celda, lo vistieron con indumentaria del Servicio Penitenciario, lo sacaron del penal por la puerta trasera en un automóvil Fiat Palio de color plateado. Le señalaron una casa donde había un auto Renault Kangoo de color bordó, para que lo robara. Pero en cuanto intentó saltar el portón de entrada “se prendieron unas luces y tuvo que salir corriendo hasta el auto del personal del Servicio, que lo estaban esperando”. De regreso al penal le sacaron el uniforme y lo devolvieron a su celda. Declaró que su familia tenía una foto suya con el atuendo del Servicio y que “los autos que se roban, entran al sector de Talleres de la Unidad, que funciona como desarmadero”. Agregó que recibía los autos el jefe de talleres Edgardo Gumarelli, quien hace 15 días fue ascendido a Jefe del Penal. “Siempre se trabajó en connivencia con Galeano, el Director de la Unidad, y Ruiz, el Subdirector”. Además, le solicitó al juez David que comprobara los golpes en la cabeza y en la espalda y los cortes en el abdomen, provocados por agentes penitenciarios debido a un no expresado “problema interno” del Servicio.

Los universitarios
A fines de noviembre de 2010 el Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó un hábeas corpus a favor de un grupo de detenidos en la misma Unidad 48 pero en el sector denominado de régimen abierto, donde se alojan los internos que estudian en la Universidad Nacional de San Martín, quienes habían sido agredidos a tiros por el subalcaide Walter Ontiveros, que estaba borracho. Otros oficiales disuadieron a Ontiveros pero luego amenazaron a los detenidos para que no denunciaran lo sucedido. Casolatti acompañó un escrito de las víctimas. Uno de ellos estaba llevando los residuos hacia los containers de basura cuando Ontiveros lo increpó:
–¡Eh Ñaca, sí, a vos, gato, te hablo, tomate el palo pa dentro negro de mierda, salí la concha de tu madre, te voy a meter un tiro, denunciero!
Era la noche del sábado 20 de noviembre. Según la denuncia, Ontiveros “desenfunda su pistola como puede, dado que se tambaleaba de un lado a otro (casi cayéndose debido a la borrachera), la carga subiendo la escalera del muro perimetral del régimen cerrado y una vez arriba comienza a disparar con su pistola reglamentaria 9mm contra Hache Ce”. Otros estudiantes universitarios se tiraron al piso “ante los disparos que emanaban del arma de guerra del funcionario ebrio”, mientras su blanco “huía corriendo por su vida hacia el sector de alojamiento”. Minutos después Ontiveros se acercó junto a otros penitenciarios y llamó a los jóvenes: “¿Qué onda, queda todo acá o van a denunciar? Ustedes saben que si se denuncia esto tiene vuelto, digo, porque los universitarios acostumbran mandar en cana”. Todos prometieron que no lo harían: en agosto había ocurrido otro ataque a balazos por parte de la misma guardia penitenciaria. Lo denunciaron y desde entonces fueron víctimas de amenazas y agresiones por parte de los funcionarios y de otros internos.

De fiesta
Aquella vez el penitenciario ebrio que “efectuó disparos de fuego a mansalva” fue el guardia Javier Armando Ruiz. Luego el estudiante de sociología Eme Erre fue retirado a punta de escopeta de su celda por penitenciaros que lo intimaron a no denunciar lo sucedido. Los universitarios lo hicieron de todos modos. Uno de ellos, Abelardo Jesús Cabral, fue despertado por el oficial Lavallén, quien lo llevó a Control, “donde se encontraba la Comisión Directiva de la Unidad”. Comenzaron a empujarlo y el subdirector Pantoja le ordenó a Lavallén que “me hincara con una cuchilla tipo carnicero”. Mientras le colocaban la punta afilada en la pierna y el abdomen, el director Aranda y los subdirectores Pantoja y Ruiz le dijeron que parara con las denuncias. De regreso a su celda lo rodearon sus cuatro compañeros, que lo golpearon a puñetazos y con una varilla finita mientras le decían “denunciero y ortiba”. Las heridas fueron filmadas por el secretario de ejecución penal Casolati, quien presentó un hábeas corpus por su vida. Cabral fue el testigo decisivo en la investigación del homicidio del matrimonio de Nancy Nolasco y Angel Marcos. El hombre trabajaba con el senador del PJ provincial José Manuel Molina y entre los condenados hubo policías. Uno de ellos, Hernán Ricardo Argüello, trabaja ahora en la U9 para el Servicio Penitenciario. Otra de las exigencias era que Cabral rectificara su testimonio para beneficiar a Argüello. La semana pasada fue amenazado una vez más, por el oficial Fantosi, quien le gatilló tres veces un arma descargada en la cabeza. Los detenidos en el régimen abierto también revelaron las “fiestas penitenciarias” que se realizan los fines de semana con abundante consumo de alcohol. “Concurren tanto personal masculino como femenino y grupos de prostitutas contratadas por la oficialidad superior del lugar, quienes mencionan que las mismas son procedentes de distintos prostíbulos de la zona y son traídas en las camionetas del SPB, marca Chevrolet, modelo LUV, patentes CYI-239 y ASF-630, que han sido observadas en la puerta del prostíbulo sito frente al Policlínico local”.

La negación
Ni la fiscalía ni el juzgado aceptaron informar sobre el resultado de estas actuaciones. El único que respondió a la consulta para este artículo fue el secretario general de la Fiscalía de Cámara, Alejandro Porthé. Su llamativa respuesta fue que sólo hay un video con una filmación muy precaria de un diálogo entre el detenido Erre Jota y un penitenciario de bajo rango, del que “se deduciría” que el agente le ofrece tres porros a cambio de una campera. La denuncia es remitida al fiscal Raúl Germán Martínez al juez Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N 5 de San Martín, quien ordenó un allanamiento en la unidad y otro en la casa del agente penitenciario, “de los cuales no surge ninguna prueba”. Según Porthé no hay fotos ni se confirmó la versión que “en un principio llegó a la fiscalía de que aparecería el detenido con ropas del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue sólo una versión que no se desprende del material de prueba”. Todo lo contrario: las fotos están entre las fojas 10 y 14 de la Investigación Penal Preparatoria 15-00-007158-11, y el CD del que provienen, en las fojas 7 y 8. Una fuente próxima a Schiavo dijo que el detenido denunció “un sin fin de delitos”, pero que el juez se limitó a cumplir las medidas solicitadas por el fiscal Martínez en relación a ingreso de droga al penal, con allanamientos que dieron resultado negativo. Es decir que se ignoró la gravísima denuncia sobre el robo y desarmado de autos. El allanamiento se limitó a la UP 48 y no se extendió a las unidades 46 y 47, que forman parte del mismo complejo, en Camino del Buen Ayre y Camino De Benedetti, en José León Suárez. Fueron concebidas como alcaidías, se construyeron sobre el basural del CEAMSE por lo que el agua está contaminada y se inauguraron hace cuatro años. Schiavo es el juez que investiga los asesinatos de José León Suárez en la villa De la Cárcova, donde su desempeño hasta ahora ha sido correcto. En 2008 fue satanizado por haber concedido la prisión domiciliaria con control satelital a un detenido que salió de su casa y mató a cuatro personas, en Los Cardales. Aunque se demostró que su decisión era legítima y que la falla estuvo en el sistema de control porque el detenido se sacó la pulsera y el Departamento de Monitoreo Electrónico no lo informó, Casal promovió su juicio político, que no prosperó porque ni la Procuración General ni la Comisión Bicameral lo acusaron. Pero el caso fue utilizado para restringir la prisión domiciliaria y las excarcelaciones y también sirvió para ablandar al juez.

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AVANZA UNA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE SAN MARTÍN EN LA UNIDAD PENAL N° 48

La trama oculta de drogas, sexo y robos en el Servicio Penitenciario
Bonaerense

Por Juan Diego Britos
La justicia realizó un allanamiento en la cárcel y descubrió autopartes robadas, entre otras irregularidades. Dos internos filmaron la venta de estupefacientes dentro del penal y también la denunciaron. El testimonio de un detenido.

El oficial Eloy Guerra jamás pensó que los dos internos de la Unidad Nº 48 de San Martín a los que les estaba vendiendo droga, lo estaban filmando y luego iban a denunciarlo ante un Juzgado de Garantías de San Isidro. Tampoco esperaba el Servicio Penitenciario que otro preso denuncie que lo obligaban a salir a robar autos y que por cada coche que “levantaba” le pagaban 1500 pesos. Menos iban a imaginar las autoridades que la justicia iba allanar el penal durante la madrugada del martes 1º de marzo y que, según voceros judiciales, los funcionarios de la fiscalía Nº 16 de San Martín iban a encontrar autopartes de un auto robado en uno de los talleres.
“La venta de drogas no es nueva dentro del penal. Los que ‘caminan’ con el servicio reciben pastillas, tarjetas de teléfonos y hasta armas. Son los que hacen inteligencia dentro de los pabellones: son los ‘cochebombas’”, asegura Manuel Segovia, “Cebolla” para sus ex compañeros de encierro.
En una confitería de San Martín, Segovia cuenta lo que sabe. Y sabe porque padeció el perverso sistema diseñado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para mantener las aguas calmas dentro de los penales. “Cebolla” pasó ocho de sus 37 años preso por un homicidio. En 2007 llegó en el primer camión de traslado a la Unidad Nº 48 de San Martín, ubicada dentro del mismo complejo junto a las unidades 46 y 47. “En la cárcel perdés todos tus derechos. Conozco muchas cosas. Ahí adentro pasa de todo: yo estuve en otros penales pero nunca vi nada igual como el de San Martín”, contó “Cebolla”, que recuperó la libertad en enero pasado y anda buscando trabajo.
Informes chicle. Uno de los puntos oscuros en las cárceles provinciales es el manejo de los informes de conducta que el SPB realiza a cada interno. “La junta técnica criminológica debería estar integrada por miembros del servicio penitenciario, del Ministerio de Justicia, de un organismo de Derechos Humanos y por personal de Casación Penal. Pero el único que interviene es el SPB. Un informe te puede salir entre 1500 y 2000 pesos”, señaló Segovia, que agregó que “los tipos hacen informes ‘chicles’, son calcados unos con otros y siempre favorecen a los que arreglaron con ellos.”
Con un informe favorable, un interno puede seguir cumpliendo su condena pero fuera del penal, en un régimen abierto. Con esa morigeración de pena, según el artículo 100 de la ley 12.256, pueden ser beneficiados los condenados que aprueban la evaluación criminológica, realizada por una Junta de Selección. Esta instancia sería, según las fuentes, una de las bocas recaudatorias del SPB.
Este punto fue corroborado por Amalia Belaunzaran, la fiscal de San Martín que en 2009 allanó la Unidad Nº 47 y encontró serias irregularidades en el manejo de las evaluaciones criminológicas. “Había internos con prontuarios ‘pesados’ que terminaban favorecidos con los informes del servicio penitenciario”, reconoció la fiscal.
Pero la ayuda para regresar a las calles no es gratis y los internos favorecidos deben retribuir al SPB por la “colaboración”.
“Un día, Raúl Lobo Cortez, preso por homicidio, se quebró ante nosotros y reconoció que Mario Aranda y Horacio Ruiz, director y subdirector del penal, lo habían contactado para ‘pincharme’ a mí, a Fernando Escobar y a un muchacho de apellido Díaz, que éramos los que hacíamos las denuncias. Le dieron tarjetas y visitas. Hasta lo favorecieron en el informe, pero él no lo hizo”, denunció Segovia, que añadió que de Ruiz dependían los informes criminológicos y que, junto a la psicóloga del penal, la licenciada Silvia Torchia, “armaban” las evaluaciones.
Pastillas, ‘facas’ y peculios. Otro ingreso de la caja negra del SPB que descubrió la investigación de Tiempo Argentino es el peculio: la suma de dinero que el servicio penitenciario le paga a los internos por las tareas que realizan. En este sentido, Segovia aclaró que no a todos los presos les entregan el dinero. “A veces te lo dan y a veces no. Aparte roban con los microemprendimientos: arreglan con las empresas una suma por cada pibe que trabaja y después le pagan lo que quieren. A los que trabajan seis horas, sólo le pagan una parte de lo convenido”, destacó.
Caminar de la mano de los deseos de las autoridades penitenciarias también trae beneficios, además de las pastillas, teléfonos celulares: es el caso del “alargue” (término que define a la orden de los jefes de estirar el tiempo de visita de un interno).
“Las pastillas son un problema. Hay personas que venden para el servicio”, aclaró Segovia. Con esta realidad también se topó Belaunzaran cuando entró a la unidad en 2009: la fiscal descubrió un faltante en el stock de los medicamentos y los alimentos. Además halló una línea de teléfono dentro de un pabellón y tuvo que pedir el traslado de los detenidos que declararon para que no sufrieran represalias.
“Hay muchas irregularidades en el manejo de los medicamentos. Todo a cambio de que los detenidos trabajen para las autoridades. Les dan pastillas, alcohol y hasta ‘facas’. Son prácticas reiteradas y el tema tiene que salir a la luz”, sostuvo el secretario de una fiscalía de San Martín, que pidió mantener en reserva su identidad para no sufrir represalias laborales.
Cobros, horas extras y fiestas prohibidas. En una cárcel, otra de las cosas que puede comprarse es la tranquilidad de cumplir la condena en un pabellón con internos de buena conducta. Manuel Segovia contó que si un recién ingresado pone 3000 pesos como anticipo y 500 mensuales, puede dormir sin temor a que sus compañeros lo apuñalen para sacarle las zapatillas o le arrebaten las cosas que le trajo su visita.
“Yo manejé pabellones y me han llamado para preparar el ingreso de un interno que antes había arreglado con el jefe del penal. Esto pasaba y sigue pasando. El problema para ellos era que con los otros pibes del pabellón no dejábamos entrar a los que no trabajaban o estudiaban”, indicó Segovia.
Los que también ganan con la informalidad de la economía que se maneja detrás de los muros son los encargados de turno. Por ejemplo: en la planilla de horarios figura que un agente trabajó 100 horas mensuales, aunque en realidad, sólo estuvo 70. Esa diferencia se reparte entre el encargado y el jefe de contaduría, que es la persona que “recauda” para los jefes. “Eso es así. Me lo han dicho los propios penitenciarios”, dijo Segovia.
Pero los guardias también suelen divertirse cuando trabajan. No todo es gris dentro de un penal. Para eso organizan fiestas privadas con prostitutas, a las que trasladan en autos oficiales. En 2010, el divertimento uniformado fue denunciado por los internos de la U Nº 48, que detallaron que los móviles del SPB, patentes CYI 239 y ASF 630, fueron los autos elegidos para el ingreso de las señoritas, recibidas con botellas de fernet y cartones de vino por los agentes. Los envases –vacíos, obviamente– fueron luego incautados por la jueza de ejecución penal de San Martín, María Melluso, una de las pocas que se animó a entrar al penal y descubrir el oscuro mundo del Servicio Penitenciario Bonaerense.

 

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Responses

  1. a esta altura de la vida esto no sorprende a nadie……….. 2011 señores.


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