Posteado por: museodegrandesnovedades | marzo 7, 2011

Se inició el ciclo escolar. Fue improcedente y afectó los derechos del niño la actuación de la Policía Metropolitana.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=ae9c333798edce345aa0597c1649cdd5

Infraestructura, becas y viandas: el déficit

Tras el comienzo de clases, la Defensoría del Pueblo hizo hincapié, entre otras cuestiones, en la falta de escuelas y el bajo impacto de programas nacionales.

El año escolar finalmente empezó en la Ciudad luego de un acuerdo entre los docentes y el Ministerio de Educación en el que las posturas se tensaron hasta último momento. Esteban Bullrich dio inicio al ciclo lectivo 2011 aliviado por el sí de los maestros e inaugurando el Polo Educativo de Villa 20, más de 10 mil metros cuadrados que beneficiarán a 2.940 alumnos y la posterior apertura del Normal 7 en Almagro. Sin embargo, 2010 fue un año signado por las tomas estudiantiles y las acusaciones cruzadas. Justamente, el informe de la Defensoría de la Ciudad al que accedió Noticias Urbanas señala grandes deficiencias en infraestructura escolar, así como dilaciones de las obras de construcción de nuevos establecimientos y de mantenimiento de los edificios escolares. Durante 2010 la entidad recibió 48 nuevos reclamos de distintas escuelas. “En la misma dirección, los reclamos por falta de vacantes en establecimientos de nivel inicial y primario y de chicos derivados a escuelas alejadas de sus domicilios por falta de vacantes en los establecimientos educativos de sus barrios, dan cuenta de que esa deficiente administración de los recursos provoca la restricción del acceso a la educación y afecta más la zona sur de la Ciudad, cristalizando circuitos de desigualdad educativa”, describe el informe.
Durante el año pasado, desde el organismo se formularon distintas recomendaciones solicitando el inicio de obras de construcción, refacción, mantenimiento y accesibilidad en distintos establecimientos, y se hizo pie en el seguimiento de reclamos de años anteriores sin resolver sobre el Nicolás Avellaneda, la escuela Esnaola, el Polo Educativo Saavedra y el Mariano Moreno, entre otros edificios. A estas actuaciones, se sumó el pedido de informes al Ministerio de Educación con relación a diferentes problemas de infraestructura detectados por la Justicia en distintas escuelas afectadas a los actos eleccionarios que se llevarán a cabo durante 2011.
Además de la falta de baños, ventanas, estufas y techos colapsados, la Defensoría repitió su pedido de mayor cantidad de establecimientos: durante el ciclo lectivo 2010 el acceso a la educación de nivel inicial de 4.314 niños y niñas fue registrado por las llamadas “listas de espera” o “registros provisorios”.
En ese sentido, el seguimiento del Programa Nacional “700 Escuelas”, Programa “Más Escuelas” y “Más Escuelas II”, todos de carácter nacional destinados a la construcción de nuevos establecimientos educativos, determinó que su impacto en la jurisdicción es “muy bajo”, impidiéndole a la Ciudad la oportunidad de ampliar su oferta educativa en todos sus niveles y modalidades.
Las carencias que refieren desde el organismo de control multiplicaron durante el año pasado tomas de diferentes escuelas que se prolongaron en algunos casos durante más de un mes. El director general de Educación de Gestión Estatal remitió por memorándum un instructivo titulado “Procedimientos para las tomas de escuelas”. En el mismo se instaba a las conducciones escolares a denunciar en la comisaría de la zona a los estudiantes que ocuparan establecimientos en reclamo por mejoras edilicias. Desde la Defensoría remarcaron que esa acción vulnera derechos de los niños y adolescentes estudiantes de escuelas de nivel secundario, pues, había omitido los métodos de mediación y de resolución de conflictos escolares vigentes y en su lugar aparecía una amenaza represiva.
En un sentido similar, los docentes de la Escuela Primaria 23 cuestionaron que las autoridades escolares hayan convocado a agentes de la Policía Metropolitana para contener a un alumno que había participado de un episodio de violencia entre pares. Y la Defensoría solicitó informes al Ministerio de Educación de la Ciudad, donde señaló la improcedencia de ese accionar y la afectación de los derechos del niño.
Becas, un derecho
Más allá de los edificios, las becas estudiantiles permiten estudiar a aquellos jóvenes que aún en escuelas públicas no cuentan con recursos suficientes. Sin embargo, desde la entidad de control subrayaron las dificultades que se les presentaron a los estudiantes secundarios para hacer efectivo ese derecho, debido a la decisión de bancarizar el pago mediante tarjetas prepagas emitidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires. “Se puso de manifiesto la falta de información y de asesoramiento acerca de la nueva modalidad y la forma de operar, así como los límites de las tarjetas prepagas”, refieren en el informe. 3.700 estudiantes no habían podido cobrar la beca que les había sido otorgada a fines del año pasado por las dificultades que se señalan.
Una situación similar se repitió en las escuelas de gestión privada que perciben subvención gubernamental. La Defensoría elaboró el Proyecto de Ley de Régimen de Becas Estudiantiles, entendiendo que resulta necesario establecer procedimientos democráticos que garanticen información adecuada a las familias, y criterios transparentes en cuanto a objetivos de tramitación, evaluación, otorgamiento y rechazo de las solicitudes de beca que presentan las familias de alumnos de escuelas de gestión privada que perciben subsidios. A la fecha, no ha sido analizado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura porteña.
La temática de la formación docente y aulas adentro también fue objeto de evaluación. El Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (Cesge), conformado por las autoridades educativas de los establecimientos dependientes de la Dirección de Formación Docente del Ministerio de Educación, solicitaron a la Defensoría del Pueblo “que interceda ante el Poder Ejecutivo a efectos de que se expliciten, se redefinan políticas públicas para las instituciones de formación docente y se concreten soluciones que garanticen el buen desenvolvimiento de todas las instituciones formadoras de la Ciudad”. Y en el mismo sentido, se puso en conocimiento del Ministerio de Educación la opinión sobre las actividades organizadas por la fundación Junior Achievement. Se cuestionó que desde el abordaje en clase de algunos contenidos de matemática, se presentara a los alumnos un único esquema de percepción de la realidad social y de aproximación al mundo del trabajo, las finanzas, las empresas, el ahorro, el dinero, el consumo, la educación, la pobreza, la acumulación de riquezas, “en el que subyace un modelo de sociedad individualista, estratificada y no solidaria”.
Puntos negros por doquier
A comienzos del ciclo lectivo 2010, se detectaron incumplimientos y modificaciones en el menú establecido en el Pliego de Bases y Condiciones por parte de distintos concesionarios que prestan servicios alimentarios, y escasa supervisión por parte de la Dirección General de Servicios a las Escuelas. Del mismo modo, la Defensoría observó la suspensión infundada del servicio de merienda en la escuela José María Gutiérrez; escasez en las viandas que se distribuyen en escuelas secundarias e incrementos no previstos del precio unitario del servicio de comedor a alumnos sin beca y con media beca, por parte de distintas empresas prestadoras del servicio.
Durante el año pasado se relevó el servicio de comedor escolar de 26 establecimientos de la jurisdicción, abarcando los 21 distritos escolares, y fueron parte de la movida estudiantes de la carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA que realizan pasantías en la Defensoría. Hace un tiempo, Noticias Urbanas ya había dado cuenta de un informe de la Auditoría porteña que señalaba que todas las empresas que habían cometido irregularidades, renovarían sus contratos para este año.
Otra medida que generó numerosos reclamos fue la decisión del Ministerio de Hacienda de solicitar a la empresa concesionaria Telefónica de Argentina el bloqueo de la salida a equipos móviles de 4.000 líneas asignadas a dependencias de la Administración, afectando el servicio de escuelas, hospitales, centros de salud y guardia del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros. Por tal motivo, se solicitaron informes acerca de la medida y las alternativas previstas, a fin de subsanar las graves dificultades que se generaron a partir del cambio propuesto por la Administración.
Además de un lugar de estudio y capacitación, la escuela juega un rol dentro de la contención social, por lo cual, acceder a ella resulta la primera problemática para plantear. La Defensoría detectó que hay líneas de transporte que no cumplen con lo dispuesto en la Ley que establece que las empresas de transporte público automotor de pasajeros que desarrollen sus recorridos total o parcialmente en la Ciudad de Buenos Aires están obligadas a otorgar la franquicia del boleto estudiantil previsto en las leyes nacionales. La norma también prevé que deberán poseer dentro de la Ciudad una oficina de atención a los usuarios para expedir la credencial. Desde el organismo se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, se puso en conocimiento de la situación al Ministerio de Educación de la Ciudad, para que dé publicidad de la resolución dictada en las carteleras de todos los institutos de educación primaria y secundaria de la jurisdicción.
Si bien, la subejecución presupuestaria observada en el rubro infraestructura escolar es una cuestión reseñada desde la Defensoría, se destaca que continuó implementándose el proceso de reubicación de alumnos de la zona sur en escuelas alejadas de sus barrios, a las que asisten en micros contratados por el Ministerio de Educación.
Un capítulo aparte merecieron los desafortunados dichos de Carlos Pirovano sobre la educación pública, en el medio de la paritaria con los gremios de la Ciudad. Sin embargo, desde el PRO opinaron que aún más fuerte resonaron las declaraciones del legislador Eduardo Epszteyn, quien vía Twitter acusó a Marcos Peña como autor de los dichos de Pirovano. “Al parecer la conspiración tenía como objetivo sumarle una piedra más en el camino a Bullrich durante las negociaciones”, confiaron en off a Noticias Urbanas y agregaron que son varios los legisladores que sostienen que “Peña desde hace rato codicia la cartera que conduce Esteban Bullrich”.
Sin embargo, desde Educación aseguran que están trabajando de modo constante para pulir los puntos más sensibles de un área que tiene en sus manos el futuro de miles de niños y adolescentes. Que el tema de las vacantes va en vía de solucionarse. Y que este año, pudieron arrancar el ciclo lectivo con el pie derecho.

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