Posteado por: museodegrandesnovedades | marzo 3, 2011

Imputabilidad e impunidad

http://www.argenpress.info/2011/03/imputabilidad-e-impunidad.html

Imputabilidad e impunidad

Susana Merino (ECUPRES)

La definición del margen etario inferior de imputabilidad penal es un tema recurrente.
Nuevamente se agitan en el Congreso las perspectivas de abordar la discusión de no de menos quince iniciativas tendientes en su mayoría a responsabilizar y castigar a los más jóvenes por el incremento de la criminalidad.
Creo que correspondería preguntarnos antes si la sociedad y en primer término el estado al que contribuimos a mantener todos los ciudadanos y más especialmente, desde luego, los que detentan las facultades que les hemos delegado son o no imputables por la falta de cumplimiento de los deberes que les asignan las leyes y en primer lugar la Constitución.
Creo que muy pocos saldrían airosos de una investigación que les obligará a poner en negro sobre blanco los resultados de las gestiones que se comprometieron cumplir a lo largo de las campañas electorales y a través luego de ortodoxo y rutinario juramento.
Como en algún momento de nuestra historia, hacia fines del siglo XIX el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Residencia de triste memoria por su intencionalidad represora debería sancionarse hoy un instrumento inverso que no condenara ya como en aquel momento a los extranjeros que luchaban por sus derechos sino a los políticos y funcionarios actuales que ignoran el cumplimiento de sus obligaciones conculcando impunemente los derechos de sus representados.
Resulta sorprendente la cantidad y variedad de argumentos que esgrimen los funcionarios y los legisladores que abordan el tema de la delincuencia juvenil soslayando referirse o aludir a las verdaderas causas del problema que no son otras que el fehaciente incumplimiento de sus deberes políticos: que “existen baches y deficiencias en el tratamiento que el estado le ha dado a los conflictos de menores con la Ley”, como si no fueran ellos mismos los responsables de esos baches y conflictos, que “no existe infraestructura para responder al problema” que “el problema de la seguridad no se resuelve bajando la edad de imputabilidad sino garantizando que el delito no quede impune” que “el problema es que tiene que haber justicia, porque si a usted le mataron un familiar no le preocupa cuántos años tenía quien lo mató”, que existe “una puja patética e infanticida en la oposición”, cuando ha sido la misma presidente de la Nación la que recientemente afirmara que “parece lógico hacer una reducción de 16 a 14”, considerando que se trata de “un instrumento, una adecuación de los tiempos”, agregando que ““si hemos hecho una reducción de 21 a 18 años para adquirir la mayoría de edad, hacer una reducción de 16 a 14 (en la imputabilidad) parece lógico”.
En suma una pléyade de circunloquios que apuntan a penalizar a una entelequia que nadie sabe o pretende no saber donde reside, por la que todos fingen preocuparse sin asumir la más mínima responsabilidad por las crecientes condiciones de deterioro moral y económico de nuestra sociedad, fruto exacto del sistemático abandono a que la han conducido y la siguen conduciendo sus gobernantes.
Resulta tan terriblemente falso y artificioso buscar y tratar de encontrar pretextos que disfracen una realidad que reclama casi a gritos una verdadera justicia, no la de la cárcel, no la del castigo, no la de la condena a quienes la sociedad excluye y desprecia sino la de la identificación de los verdaderos culpables, la del reconocimiento de la impunidad de quienes no cumplen con las responsabilidades políticas que los ciudadanos les confían.
Por el contrario como dice el sociólogo francés Loïc Vacquant autor de “Las cárceles de la miseria” cada vez son más evidentes los “lazos orgánicos” entre “el debilitamiento y retroceso del sector social del Estado y el despliegue de su brazo penal”
Quienes en algún momento exigían menos estado pretenden ahora más estado especialmente en aquellas áreas en que aparece la amenaza de la violencia o de la subversión social, no para revertir sus causas sino para atacar encarnizadamente las consecuencias de lo que ellos mismos generan.
A menos que esa reacción lleve implícita la todavía no declarada intención de desarrollar otro nicho mercantil: el de las cárceles, los reformatorios, los institutos de detención de gestión privada, como ya se han venido instalando desde hace largo tiempo entre nosotros, el de la vigilancia y la “seguridad” a la carta.
Estas últimas y las empresas carcelarias constituyen un pingüe negocio como lo evidencia la Correction Corporative of America, primera en el “jugoso mercado del castigo” de los EE.UU. que en 10 años no solo multiplicó por cuarenta el valor de sus títulos en el mercado bursátil Nasdaq, sino que ha logrado las más altas cifras de detenidos en el país (50 mil) y el más alto volumen de ingresos en su género (más de 400 millones de dólares anuales).
De modo que a la violencia de la exclusión económica se le sume la violencia de la exclusión carcelaria, a la desregulación económica la sobrerregulación penal ya no solamente a nivel de los adultos sino de los más jóvenes que son los más golpeados por un sistema que no les ofrece alternativas.
Mientras por una parte se acentúa la desinversión social que debiera garantizar los compromisos constitucionales del artículo 14bis, entre los que se menciona “la protección integral de la familia” los principales responsables de su aplicación y de las leyes que lo reglamentan se preocupan no por mejorar las condiciones de vida (o tal vez solo y abundantemente las de sus propias vidas) de los más desheredados e indefensos de sus representados sino por condenarlos al descarte social lo más tempranamente posible.
¿Y quién castiga a quiénes, en los más altos niveles de la conducción política, defraudan día tras día, año tras año, las expectativas de la población que les ha conferido la responsabilidad de gobernar? ¿Alguna de las tantas comisiones investigadoras, consideradas como el mejor medio de conducir la pesquisa, de hasta el delito más flagrante, a una vía muerta? ¿Adónde están, cuales son las leyes que debieran exigir rendición de cuentas a todos y a cada uno de los congresales, legisladores, funcionarios que suelen dilapidar el erario público con el único resultado visible de su propio enriquecimiento?
¿Hasta cuándo gozarán de impunidad los imputables de tan delincuenciales comportamientos? ¿Hasta cuándo tanta irresponsabilidad, tanto egoísmo y sobre todo tanto desamor?

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