Posteado por: museodegrandesnovedades | febrero 27, 2011

Del boletín de CADeP – Febrero 2011

CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)

“Los Derechos Humanos son los derechos que tiene el pueblo a hacer la revolución” (León “Toto” Zimerman)

Boletín mensual de CADEP – Febrero 2011

Jorge Julio López: Pista falsa o cortina de humo?
Ya desde la mañana del primero de febrero resonaba, desde los grandes medios, la noticia que informaba sobre la aparición de un testigo de identidad reservada que afirmaba tener el dato sobre el paradero del cadáver de Julio López, desaparecido el 18 de Septiembre de 2006, luego de declarar en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz.
El abogado del testigo, Alejandro Sánchez Kalbermatten, daba una conferencia de prensa en la que aseguraba que su cliente sabía el “lugar exacto” dónde se encontraba el cuerpo sin vida del testigo clave en la causa en que fue condenado a cadena perpetua Etchecolatz. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, afirmó con gran pompa mediática que “Ayer, una persona se entrevistó conmigo y me informó que tenía datos para ubicar el paradero de Jorge Julio López”. Mientras tanto desde la querella de Justicia Ya, la abogada Guadalupe Godoy sostenía “somos cuidadosos, porque ya hemos pasado por esto muchas veces y produce un desgaste emocional a todos los compañeros que hace años tratamos de saber qué pasó con Julio”.
Pocos días después, lo que se intuía era confirmado, los resultados de la búsqueda habían sido negativos, se trataba de otra de los tantísimas denuncias falsas que durante cuatro años se siguieron en vano, llevando a caminos sin salida, y los más grave, en este caso, montando el gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad un enorme operativo mediático  que “casualmente” coincidía con el segundo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga, desaparecido durante la gestión del actual gobernador Daniel Scioli.
Lo cierto es que el caso López sigue prácticamente paralizado desde hace dos años, las pistas que “apuntan” a la participación de círculos de la bonaerense cercanos a Etchecoltz han sido mal investigadas, desechadas y abandonadas sistemáticamente.
Para el Gobierno Nacional (autoproclamado gobierno de los derecho humanos) el caso López no está en su agenda, poniendo blanco sobre negro lo vacío de su discurso y dejando a las claras que la impunidad, en la Argentina, sigue en pie. Se han realizado distintas presentaciones y denuncias para se investigue a los más de nueve mil agentes de la bonaerense que actuaron durante la dictadura y que aún hoy continúan en actividad; estas mismas han caído en “saco roto”. Claro está que tomar la decisión política de desenmarañar a la más grande fuerza de seguridad del país sería ir contra su propio aparato represivo; Ir contra el brazo del Estado que día a día hace el “trabajo sucio” de reprimir a los trabajadores y el pueblo que luchan por más trabajo, salarios y vivienda digna, Salud y educación.

Desalojo, represión y muerte a miembros de la comunidad Qom.
Luego de cuatro meses de corte en la Ruta Nacional Nº86, en reclamo por la devolución de sus tierras, los integrantes de la comunidad Qom (”La Primavera”) de Formosa, fueron desalojados y brutalmente reprimidos por orden del juez Raúl Mauriño, el 23 de noviembre de 2010. En la protesta fueron asesinados Roberto López y Sixto Gómez, habitantes de dicha comunidad.
El conflicto surgió cuando la justicia decidió ceder a la familia Celia (una familia amiga del gobernador del Frente para la Victoria, Gildo Insfrán) unas 600 hectáreas de campo que son tierras ancestrales pertenecientes a dicha comunidad. Además del reclamo por la devolución de sus tierras, se pide que se cumpla con la ley 26.160 de emergencia territorial y la declaración de los derechos indígenas de las Naciones Unidas, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y lo dispuesto en la Constitución Nacional, los cuales asientan el reconocimiento y el respeto a todos las comunidades indígenas, de sus formas de vida, el control, manejo y administración de sus instituciones, sus tierras, como también el libre desarrollo y fortalecimiento de su identidad, lengua, creencias, valores, etc.
Tras la falta de respuesta y el cansancio por  las continuas persecuciones, tanto por civiles como por gendarmes del escuadrón XVI de Laguna Blanca (Formosa), los QOM decidieron  cortar la ruta luego de haber presentado denuncias, apelaciones, recursos de amparo, medidas cautelares, pedido citas con el ministro de defensa; pero la respuesta de las autoridades, para variar, fue el desalojo y la represión, la cual como dijimos antes dejo dos muertos, decenas de heridos, saqueos por parte de las fuerzas de seguridad y quema de casas y documentación. Esta no es la única comunidad que sufre violaciones a los derechos humanos; somos todos aquellos que reclamamos por nuestros derechos y por un mundo justo, más allá del credo y de la raza, del sexo y del color. La respuesta del Estado, por más “progre” que parezca, es la represión en todas sus formas.
Actualmente continua el acampe en Av 9 de Julio y Av. de Mayo, luego de los asesinatos y la expulsión de sus tierras en la Comunidad Primavera, sin que el Estado Nacional haya dado respuesta alguna.

 

Luciano Arruga: Otro discurso, la misma impunidad
“Negro de mierda, dejá de cirujear”. No era la primera vez que Luciano escuchaba esta frase. La policía de Lomas del Mirador se lo decía a menudo, cada vez que lo encontraban cartoneando para hacerse unos pesos. Aunque esta iba a ser la última, en esos primeros días de 2009, porque al poco tiempo lo levantaron con una patrulla en la Plaza República Argentina-más precisamente el 31 de enero- y nunca más se supo de él.
Varios testigos confirmaron el hecho a posteriori, con lo cual quedó descartada toda posibilidad de fuga, escape o cualquier otro artilugio que se utiliza cada vez que sucede alguna cosa así. A Luciano lo secuestró la policía, la misma que lo detuvo en otras oportunidades- como el 21 de septiembre de 2008- cuando fue golpeado brutalmente en el Destacamento Policial Preventivo a cargo de la Comisaría 8º de Lomas del Mirador. El hostigamiento se daba en forma permanente. Los policías le exigían que saliera a robar para ellos, una modalidad bastante frecuente en la Provincia de Buenos Aires; pibes pobres que bajo el “amparo” de las fuerzas policiales salen a delinquir para beneficio de los uniformados. Pero Luciano nunca aceptó “trabajar” para la policía, y así se ganó el odio de los integrantes del Destacamento.
Las sospechas principales en un primer momento, al ver que Luciano no daba señales de vida, recayeron sobre la policía; aunque la fiscal a cargo de la causa, Roxana Castelli, se encargó de desviar esta hipótesis, hecho que dificultó la investigación a futuro. La fiscal fue apartada de la causa- por presión de los familiares y amigos de Luciano- y luego de varios peritajes sobre la zona y en el Destacamento Preventivo, el Ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, cesanteó y pasó a disponibilidad a los ocho policías que trabajaron la noche del 31 de enero en la dependencia policial, luego que se encontraran rastros de la presencia de Luciano allí dentro.
Sin embargo, tres meses después de ser separados de la Fuerza, los ocho policías fueron reincorporados a la institución por orden del Ministro Stornelli y del Gobernador provincial Daniel Scioli. Al mismo tiempo, los funcionarios desoían los pedidos de los familiares y amigos de la víctima para que el hecho no quedara impune: cuando eran recibidos en los despachos oficiales, su reclamo era ninguneado; se los vacilaba para ganar tiempo y poder lograr así el encubrimiento del hecho.
¿Pero que decía el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a todo esto? Nada. El autoproclamado “gobierno de los derechos humanos” no quería admitir que estaba frente a un caso de desaparición forzada. Es más, colaboró con su par provincial para que todo quedara impune. No ayudó con la investigación, que es una forma de garantizar encubrimiento. Porque no quiere hablar que durante su gestión se multiplicaron los casos de gatillo fácil y que el control social ejercido contra los pibes pobres en los barrios humildes sigue en aumento.

Represión y muerte en  José León Suárez
El pasado jueves 3 de febrero se convirtió en otro día de tragedia para los habitantes de la villa “La Cárcova”, ya que este día un llamado al 911 alertó sobre un descarrilamiento de una formación de carga del ferrocarril MItre. La consecuencia de la llegada de los efectivos policiales fueron dos pibes muertos, un herido grave y varios heridos más.
El descarrilamiento de la formación generó que los vecinos se acerquen al lugar, muy cerca de los basurales del Ceamse, donde gran parte de ellos concurre diariamente a buscar comida o metales para vender como única forma de supervivencia, lo que los convierte en potenciales saqueadores según la lógica de los guardianes de la propiedad privada.
Estos “guardianes” que en este caso vestían el uniforme de la policía bonaerense, no dudaron en utilizar munición de plomo para dispersar a los pobres que rodeaban la formación causándole la muerte a 2 jóvenes: Mauricio Ramos (16) y Franco Almirón (16) e hiriendo gravemente a otro: Joaquín Romero(19). Todos fueron alcanzados por postas de plomo disparadas por escopetas calibre 12/70. No conformes con esto, los efectivos de la comisaría 4ª de José león Suárez a cargo del comisario Víctor Hugo Uhalde, quien fue también el jefe del operativo en las vías, continuaron con la represión en las cercanías de la comisaría.
Cuando los familiares y amigos de los jóvenes muertos intentaron acercarse a protestar por los hechos se encontraron con la Comisaría acordonada por la guardia de infantería y un operativo que produjo por lo menos una veintena de detenidos varios de ellos con heridas de distinta consideración.
Estos nuevos hechos de represión y  gatillo fácil que como casi siempre son cometidos contra jóvenes de los barrios más pobres y marginados, nos dan una muestra clara de la política criminal que desde el estado se viene implementando para criminalizar a los pobres por el solo hecho de serlo. Y para utilizar este tipo de hechos como ejemplo de lo que le sucederá a los pobres si se atreven a cuestionar la desigualdad del sistema o se organizan para enfrentarlo.
Cabe destacar que estas políticas de criminalización de la pobreza no son algo nuevo ya que en el año 2004 los policías de la misma comisaría  asesinaron a un joven de 16 años (Diego Duarte) por estar revolviendo la basura en un horario que no era el permitido por la guardia del basural del Ceamse. Y no sólo en esa jurisdicción. Se trata de una política sistemática de las fuerzas de seguridad, que produce un asesinado cada día y medio, y que normalmente son situaciones invisibles, hasta que por la presión popular o conveniencia política salen a la luz. Allí está como ejemplo reciente el asesinato de Lucas Rotella en Baradero, víctima de un escopetazo policial por no parar en un control vehicular. ,

Libertad a Roberto Martino, preso por luchar.
El año 2010 ha terminado y empezamos el 2011 con una realidad que ha marcado los últimos años: la represión a los conflictos sociales mediante la judicialización de la protesta y la cárcel para los luchadores populares. Desde el 2003 en adelante el gobierno de los Kirchner direccionó la energía principal de la política represiva a la lógica de judicializar cualquier conflicto social y perseguir a los que luchan “con el Código Penal en la mano”, como dijera en su momento el actual Jefe de Gabinete Aníbal Fernández.
En el caso de Roberto Martino, vemos cómo se criminaliza y persigue a partir de un hecho de protesta social. En este caso el origen fue la legítima protesta de los compañeros del FAR, llevada adelante el dia 17 de mayo de 2009, que se presentaron en el acto de conmemoración de la creación del Estado de Israel, para denunciar los atroces crímenes que se están cometiendo contra el pueblo palestino. En un acto donde había un importante operativo de seguridad, los compañeros fueron reprimidos, salvajemente golpeados y detenidos. Sin embargo, algo que podría ser un simple incidente en una marcha terminó siendo una caza de brujas.
El juez que intervino, Claudio Bonadío, acusó a los compañeros de antisemitas, acusó al FAR de ser una organización político-militar y cuasi terrorista para poder ilegalizarla y motorizó una investigación que apuntaba a todos los militantes y en especial a su máximo dirigente, Roberto Martino. El saldo de semejante persecución fueron 15 compañeros detenidos, algunos por más de 2 meses, una demonización pública del FAR y del Movimiento Teresa Rodríguez y un pedido de captura contra Roberto Martino, quien finalmente fue detenido y todavía se encuentra en esa situación.
Sin embargo, producto de la lucha y del arco de solidaridad que se pudo articular alrededor de este caso, las movilizaciones, el compromiso de distintos sectores y la pelea judicial, se pudo poner un límite a la “caza de brujas” desatada y lograr que los jueces se vean obligados a reconocer que ni el FAR ni el MTR son organizaciones terroristas ni antisemitas.
Actualmente a Martino le han denegado la libertad distintas instancias judiciales y este reclamo se encuentra en la Corte Suprema. Por otra parte, en los próximos meses se llevará adelante el juicio oral y público contra él. Debe destacarse que por la entidad de las acusaciones que pesan sobre Martino, cualquier otro en su lugar estaría en libertad, ya que aún de ser condenado la pena que le podrían dar sería de ejecución en suspenso; es decir si hoy lo condenaran podría salir en libertad y no habiendo sido juzgado sigue preso.
Esto es sólo una muestra de cómo actúa el Estado, siendo artífice de una política represiva que reserva la persecución y la cárcel para los luchadores populares. Es por esto que resulta indispensable la organización y la unidad en contra de la judicialización de la protesta, que actúa sin la espectacularidad de la represión abierta, pero tiene sus mismos objetivos, desarticular, golpear y dividir a las organizaciones populares.

 

BASTA DE REPRESIÓN E IMPUNIDAD

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

NO A LA LEY ANTITERRORISTA

BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES

APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA

CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y REPRESIÓN

FRENTE A LA REPRESIÓN:

¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

Para contactarnos:

CADeP se reúne todos los martes a las 20 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Corrientes 1785 2º “C”, capital (teléfono: 4371-8066).

Mail: cadepdh@gmail.com

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