Posteado por: museodegrandesnovedades | febrero 27, 2011

Crónica de un fracaso anunciado. La ley de motochorros

Primero que nada la persecución discriminatoria a las personas que manejan motos es inconstitucional y no intenta solucionar el problema de los robos sino estigmatizar a un sector de la población.

Segundo, suponiendo que sirviera para algo, tampoco iba a funcionar porque la identificación en Colombia de los que andan en moto con un chaleco tampoco funcionó y los delitos se siguieron cometiendo igual.

Tercero, si la ley sirviera, tampoco había suficientes metropolitanos como para controlar todas las motos que ingresan en el microcentro por día.

Cuarto, la ley fracasó igual porque el PRO no aplicó una ley que fue votada en la legislatura. Sin ni siquiera vetarla como hizo con tantas otras. Demostrando lo antidemocratico y la falta de respeto a las instituciones.

Todo lo demás es “política”

http://www.clarin.com/policiales/inseguridad/Ciudad-decidio-aplicar-ley-motochorros_0_434956644.html

La Ciudad decidió no aplicar la ley contra los motochorros

Es porque no salió como el macrismo proponía. Se votó en septiembre y estaba a prueba por 180 días. Obligaba a los motociclistas, entre otras cosas, a utilizar chalecos especiales para identificarlos.

Después de un par de casos resonantes cometidos por ladrones en moto, la Legislatura porteña votó en sesión extraordinaria, el 8 de septiembre último, una ley para intentar controlar a los motochorros. Se dispuso un plazo de 180 días de prueba para evaluar la medida. Ese plazo se va a cumplir a comienzos de marzo, pero lo llamativo es que, por diferencias con el contenido de la ley, ninguna de las medidas fueron puestas en marcha por el Ejecutivo de la Ciudad.

La primera disputa por los proyectos comenzó no bien empezó la sesión. De un lado estaba la propuesta oficialista, que había sido presentada por el fallecido legislador Gerardo Ingaramo (PRO). Sus puntos principales eran: La implementación de una zona de restricción para las motos con acompañantes –que abarcaba macrocentro y una decena de avenidas comerciales– desde las 10 a las 19.

Obligar no sólo a los conductores sino también a los acompañantes a que llevaran un chaleco reflector con el número de patente de la moto fuera de esos sectores.

En la otra esquina estaba el proyecto impulsado por la peronista Silvina Pedreira, que acotaba la zona de extensión al microcentro y sólo en horario bancario. Otras bancadas se alinearon detrás de su escrito, negándose a que los motociclistas tuvieran que ir identificados, como sucede en varias ciudades colombianas. En lugar de eso planteaban más control policial en las zonas de conflicto.

Finalmente, después de varias horas de discusiones, la ley salió con contenidos mixtos, con el requerimiento de los chalecos y los cascos, con controles en una zona circunscripta al microcentro, de diez de la mañana a cuatro de la tarde, y a prueba por 180 días. Este último artículo provocó el repudio del oficialismo, que primero amenazó con sacar un decreto para modificar la ley y que luego lanzó una junta de firmas para que se volviera a tratar un proyecto a su medida. Lo concreto fue que en el plazo para probar la ley, no se realizó ninguno de los controles vehiculares contemplados por la norma votada en septiembre.

“La ley no tiene sentido desde el vamos. Necesitamos que se pueda controlar más allá de lo que se estableció, sin restricciones. Los ladrones salen y se mueven por las principales arterias y no los podemos controlar. Cómo podés medir el resultado si no actuás donde los delitos ocurren. Esa no es una cuestión ideológica sino práctica. Necesitamos una ley en serio. Lo más importante es controlar a quienes circulan de a dos porque esa es la modalidad de los que roban en moto. Para eso es imprescindible la identificación de las patentes y el uso del chaleco”, señaló el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco. Y agregó: “No se le podía decir a la gente que gaste dinero en chalecos y cascos, y que en un par de meses no los iba a usar más porque la prueba no salió como pensábamos. Lo del período de prueba fue una chicana absurda”. Adelantó, además, que el 1° de marzo, cuando empiecen las sesiones de la Legislatura, el oficialismo irá a imponer un nuevo proyecto.

La oposición, mientras tanto, critica a coro la inacción del Ejecutivo. “Esperábamos que se pusieran en marcha los mecanismos de control, pero eso nunca sucedió. Si no estaban de acuerdo con la totalidad de la ley, hubieran testeado los puntos que ellos creían correctos, para poder hacer, al menos, una evaluación parcial. Pero prefirieron no hacer nada. Si se probaba lo que dicen los artículos sancionados y luego se convenía que era necesario ampliar las medidas, se hubiera hecho, pero ahora perdimos seis meses”, señaló Pedreira.

Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, apunta en el mismo sentido. “Ellos no ejecutaron la ley porque no salió como querían. La ley contemplaba poner carteles para que las motos paren delante de las filas de los autos, para que se diferenciaran y los arrebatos de los autos se redujeran, pero no se probó.

Tampoco los controles en las estaciones de servicio, en los cuales se contemplaba no venderle a quienes no tuvieran los papeles de la moto. En cambio se dedicaron a poner multas y, por lo tanto, a recaudar”, explicó.

Un ex PRO pasado al bloque Unión Federal, de Francisco De Narváez, Daniel Amoroso, presentará esta semana un pedido de informe al Ejecutivo para que responda por los resultados que debía entregar en menos de 15 días. “Es una irresponsabilidad. El 80 por ciento de lo que salió votado es lo que pedían ellos. No puede ser que si no sale exactamente igual, se le haga el boicot a una ley. Decían que tenían las manos atadas porque no tenían una ley y, cuando se sancionó, la dejaron morir”.

Por último, fueron consultados los principales afectados por las medidas, que son los motoqueros que trabajan en el centro de la ciudad y luego recorren gran parte de la Capital. Para ellos, desde el comienzo la ley tenía falencias. Participaron de las comisiones durante el debate y plantearon sus desacuerdos. “Más allá de lo que pase con los problemas de aplicación, la ley no me parece la solución. Lo dijimos antes y lo repetimos ahora.

Los ladrones se dan cuenta de los mecanismos de control y los vulneran. Si roban un auto, igual roban a un tipo que lleva un chaleco y le sacan la patente. Todos los que trabajamos en las zonas de los bancos nos damos cuenta quiénes son laburantes y quienes chorros. Si nosotros sabemos, la Policía también”, detalló el presidente de la Mutual de Cadetes, Motociclistas y Empleados de Mensajería, Tomás Ponsico. El gremialista recordó que en 2000 se votó una ley apoyada por las cuatro agrupaciones de motoqueros, que pedía la creación de un registro de trabajadores en moto, que facilitaba la identificación.

 

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  1. […] […]


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