Posteado por: museodegrandesnovedades | febrero 20, 2011

Entrevistas a la ministra Garré: Entre el dicho y el hecho Contradicciones.

Según publican hoy pagina 12 y el argentino en dos entrevistas a la ministra de seguridad de la nación, Nilda Garré se ven algunas buenas ideas, el refrito de ideas viejas e ideas malas. Y según el trabajo de investigación premiado por el ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires: “La nueva policía y los derechos del trabajador” presenta en los hechos concretos las condiciones en las que trabajan los policías bonaerenses. Bajar acá: 19_SARCABAL_La_nueva_policia_y_los_derechos_del_trabajador

Buenas ideas:

* Foros de organizaciones para controlar el accionar policial y el mapa del delito. Buen punto, control civil sobre las fuerza de seguridad.

* Controlar los desarmaderos y la venta de autopartes para evitar los robos de autos que son los que más víctimas mortales tienen. Buen punto, atacar desde lo económico los delitos.

* Poner el acento en combatir dos grandes organizaciones criminales: las que se dedican a la trata de personas y las de narcotraficantes. Buen punto pero la ministra no puede desconocer las complicidades de las fuerzas de seguridad en estos casos.

* Revisar los cursos de formación y perfeccionamiento de la policía. Buen Punto. Pero habría que tener en cuenta que la mayoría de los bonaerenses no pueden perfeccionarse por los malos sueldos por otra parte habla de los realizados en el exterior ¿y los hechos en el país no hay que revisarlos?

* Organizar la política de ascenso y destinos de las fuerzas de seguridad. Buen punto. No explica como pero me imagino que será con la información de los foros con participación civil.

Refrito de ideas viejas:

* Reforzar la presencia del Estado en la calle porque “está probado” que es un elemento disuasorio del delito. Si esa presencia implica el Estado en lo que tiene que ver con la alimentación, la vivienda, la educación y la salud estamos totalmente de acuerdo, ahora si la presencia del Estado se va a resumir tan solo en la presencia de las fuerzas de seguridad es un error que implicará muchas vidas humanas.

* Más presencia nos permitirá más control en zonas oscuras, peligrosas, que el mapa del delito nos marca como lugares en los que ya se cometieron numerosos hechos delictivos del mismo tipo. Este punto refuerza el anterior apuntando directamente al control del delito y no de las causas del delito.

* La división de los delitos en los que trabajará la metropolitana y cuales la federal. Acá tenemos un problema serio, los acuerdos ya se dieron en el 2005 y en el 2007 entre los delitos que se acordaron para la metropolitana se encuentran “las usurpaciones, los cortes de calles, el orden público, los vendedores ambulantes, los trapitos, delitos menores como daños”, nos parece que después de la masacre de Soldati por lo menos la competencia de la Policía Metropolitana en usurpaciones debería ser revisado.

* La presencia de gendarmería en la provincia de Buenos Aires. La gendarmería es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, se contradice con la ley de seguridad interior.

* La seguridad de los bancos. En este punto disentimos gravemente. Los bancos son entidades privadas (incluso los del Estado tienen autonomía) y además tienen ganancias extraordinarias, en ese sentido creemos que las fuerzas de seguridad del Estado deberían estar para defender a los ciudadanos y no a entidades privadas.

* Por los hechos de Baradero comenta lucidamente la lógica corporativa de los asuntos internos de las fuerzas que determina siempre el mantenimiento y cierto disimulo sobre los motivos que ya habían llamado la atención sobre la conducta de determinados efectivos. Si bien estamos de acuerdo con las apreciaciones de la ministra nos parece que debería haber explicitado las medidas tendientes a solucionar eso en lugar de comentarlo.

Malas ideas:

* Instalación de cámaras de seguridad junto con la ciudad de Buenos Aires. Humildemente le recomendamos a la ministra que tenga en cuenta los informes sobre el uso de cámaras de seguridad de Scotland Yard ya que son los que más experiencia tienen al respecto (1 millón de cámaras en Londres) que sostienen que no sirven para desalentar el delito ni como pruebas para los juicios.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162730-2011-02-20.html

–Uno de mis objetivos, sin dudas, será mejorar la distribución de las fuerzas policiales –arranca Garré–. En la Capital tenemos mucha gente en tareas administrativas y poca gente en la calle. Una muestra de eso es que en cada una de las comisarías hay cinco personas de mantenimiento. Suele haber un electricista, un mecánico, alguien que pinta. ¡Y todos tienen estado policial! Hay que mejorar esa ecuación. Reemplazar los que hacen mantenimiento por personas que no sean policías y los policías dedicarlos a su función específica, trabajar en la cuestión de seguridad.

“La idea fundamental es reforzar la presencia del Estado en la calle. En primer lugar, porque está probado que es un elemento disuasorio del delito. Pero, además, en la calle es que se puede sorprender al delincuente y, por otra parte, más presencia nos permitirá más control en zonas oscuras, peligrosas, que el mapa del delito nos marca como lugares en los que ya se cometieron numerosos hechos delictivos del mismo tipo. Le insisto: el concepto es menos efectivos haciendo tareas administrativas, menos efectivos haciendo horas adicionales; menos efectivos haciendo custodias en edificios que no tienen por qué ser custodiados por la Federal y más efectivos en la calle.

–A principios de marzo vamos a convocar a la Biblioteca Nacional a todas las organizaciones barriales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos, foros participativos de la ciudad de Buenos Aires. Nuestra idea es trabajar intensamente en armar foros que controlen todo el accionar policial y el mapa del delito. La gente es la que más cerca está de lo que pasa en cada barrio.

–La Presidenta habló de una coordinación con la Policía Metropolitana y usted mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. ¿Cómo fue ese encuentro?

–Muy bueno. Ambos aspiramos a un trabajo en común lógico y razonable. Ya acordamos que ellos accedan al banco de datos de la Policía Federal de las órdenes de captura y de las órdenes de secuestro de vehículos. Es muy bueno que los patrulleros de la Metropolitana tengan esa información y que puedan detener a una persona buscada por la Justicia o secuestren un vehículo robado. Al mismo tiempo, la ciudad nos va a dar acceso a los planes de catastro, que en algunos casos nos sirven mucho: el ejemplo más obvio es en los casos de robos boqueteros, pero también cuando hay tomas de rehenes. Tener los planos en esa situación es más que útil. El otro tema que abordamos es que la Metropolitana va a tener un centro muy importante de control de todas las cámaras que se despliegan en la ciudad. El gobierno porteño tiene cámaras y nosotros también. Ambos estamos trabajando para aumentar la cantidad de cámaras y, por nuestra parte, ya tenemos en marcha una licitación. Lo que acordamos es coordinar la instalación de cámaras y en el centro de control que ellos van a habilitar en marzo, con un nuevo servicio 911, la Policía Federal tendrá un lugar. Las cámaras sirven en tanto haya una monitoreo y una respuesta rápida.

–Hace un tiempo se decía que usted iba a convenir con Montenegro que la Metropolitana se haga cargo de determinados delitos o contravenciones.

–Hablamos de eso y el ministro Montenegro estuvo de acuerdo. Eso figura en dos convenios que se firmaron en 2005 y 2007. Por ejemplo, las usurpaciones, los cortes de calles, el orden público, los vendedores ambulantes, los trapitos, delitos menores como daños. Es claro que de los hechos más graves, como homicidios, nos seguiremos ocupando nosotros, con la Policía Federal. Algunos podrán argumentar que la Metropolitana no tiene un cuerpo de infantería para problemas serios en la calle. Lo cierto es que nosotros tampoco actuamos con la Infantería de entrada, sino con los efectivos que tienen los chalecos naranjas. Acá ocurrirá lo mismo: no se requiere de la Infantería para la inmensa mayoría de los casos. Quiero insistirle en un concepto. La población, los ciudadanos, nos reclaman que tengamos una relación inteligente entre la Federal y la Metropolitana. Va en interés de los vecinos. Y lo vamos a hacer.

–Usted habló de baja del delito cuando exhibió parte de los resultados del despliegue de seis mil gendarmes en territorio bonaerense, el Operativo Centinela.

La presencia de la Gendarmería tiene un efecto disuasivo muy grande y genera una marcada diferencia en materia de seguridad. Pero se trataba del mes de enero, un mes muy especial, en que mucha gente sale de vacaciones, se traslada. Que estén los seis mil efectivos de la Gendarmería tranquiliza a la gente de la zona en la que se despliegan. Pero esto se tiene que corroborar en el tiempo para decir realmente que bajó el delito. Por ahí, los hechos delictivos se trasladaron. Por eso, lo que yo dije es que hubo una baja de los delitos donde estuvieron los gendarmes, pero requiere de tiempo y un análisis más global hablar de toda la provincia de Buenos Aires o de la Capital Federal. Por de pronto hay reuniones dos veces por semana en la que participan el ministerio, la Gendarmería y la Policía Bonaerense. Ahí se deciden los objetivos de la semana, el despliegue. En general, puntos neurálgicos, accesos, rutas.

–¿En qué otras estrategias está trabajando?

–Muy intensamente en lo que es robo de autos, el delito que produce más muertes, básicamente porque los sistemas de seguridad de los vehículos llevan a que no se hagan más los conocidos puentes y hoy en día se robe a mano armada. Hemos multiplicado los procedimientos en desarmaderos y vamos a seguir insistiendo. Incluso apareció una nueva modalidad: desarmaderos en camiones, en trailers, que se van moviendo de un lugar a otro. También convocaremos al Consejo Federal de Seguridad, es decir a todos los ministros de las provincias, para evitar que los autos o las autopartes se trasladen al interior. Y en los vehículos de alta gama, nos encontramos que una buena parte no va a desarmaderos, sino que se llevan al exterior, en especial a Bolivia o Paraguay. Allí se venden o, según hemos detectado en algunos casos, se cambian por drogas. Vamos a trabajar con las autoridades de esos países, en el marco del Mercosur, para que no se registren más, no se les dé patentes, a los vehículos de dudoso origen.

–¿Qué sucede con otros delitos?

Vamos a convocar a la Comisión de Seguridad Bancaria, que dejó de funcionar hace un tiempo y la pondremos otra vez en movimiento. La idea es convocar a los bancos, al gremio, a los dos policías, la Metropolitana y la Federal para trabajar en mejorar la seguridad en los bancos. Tenemos la idea de poner mucho acento en combatir dos grandes organizaciones criminales: las que se dedican a la trata de personas y las de narcotraficantes. Insisto en que ésos serán objetivos primordiales, tanto de la convocatoria del Consejo Federal de Seguridad como de los foros que iremos armando. En materia de narcotráfico, el paso más inmediato que vamos a dar es la aprobación, tal vez esta misma semana, del protocolo por el cual se van a revisar todos los aviones privados y se establecerán nuevos parámetros para los aviones comerciales. Habrá tareas que tendrán que hacer los concesionarios de los aeropuertos y es posible que se tercericen algunos trabajos de seguridad sobre los aviones comerciales, aunque siempre fiscalizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

http://tiempo.elargentino.com/notas/convocaran-los-vecinos-ejercer-control-de-las-fuerzas-de-seguridad

La ministra anuncia que en menos de un mes se lanzará una “gran convocatoria” para organizar foros sobre seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. “Se van a convocar a grupos, organizaciones, vecinos y especialistas. Queremos organizar un foro de participación en cada uno de los barrios de la ciudad”, adelanta. Entre las definiciones más fuertes, Garré ratifica que su ministerio revisará al detalle cada uno de los cursos de formación y perfeccionamiento que venía realizando la Policía Federal. Se hará en conjunto con la Cancillería.
–¿Qué balance hace del tiempo que lleva en el ministerio?
–Hemos trabajado con enorme dedicación, esfuerzo, tratando de pensar cuáles son los caminos más cortos para llegar a los resultados más efectivos en un problema que por supuesto es complejo, que es muy estructural, las primeras cosas que se organizaron, atento a la época del año, fueron la política de ascensos y destinos en las Fuerzas de Seguridad, en el área de la Policía Aeroportuaria una reestructuración de los protocolos de los vuelos irregulares, de los procedimientos y las actuaciones que debe tener la policía en esos vuelos. También hemos iniciado actuaciones sumariales, acabamos de recibir al oficial instructor, para analizar las responsabilidades que pueda haber en personas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tanto las administrativas, ante cualquier situación de negligencia que pudiera haber existido, como eventualmente la posibilidad de las denuncias penales como el incumplimiento de los deberes de funcionario público y cualquier otro delito que pudiera surgir de la instrucción.
–Se refiere al caso de los hermanos Juliá…
–Claro, el paso por Ezeiza de ese avión que no fue revisado por la Policía Aeroportuaria. Y del protocolo anterior surgía que a esos aviones, cuando no declaraban carga, no se los revisaba.
–¿Cuál es la experiencia de la convivencia de la Gendarmería con la Policía Bonaerense?
–Es buena. Hay cooperación, hay articulación de esfuerzos, no ha habido conflictos. Hicimos una mesa de coordinación que funciona muy bien. Aunque generalmente hay rivalidades absurdas, mezquinas muchas veces.
–Hay quienes dicen que cuando dos Fuerzas de Seguridad distintas operan sobre un mismo territorio, el gobierno obtiene mayor poder de control sobre las fuerzas, porque ya no depende de una sola.
–Es cierto. Se establece un equilibrio, se comparte la responsabilidad un poco, básicamente con la Policía Bonaerense, pero dada la situación de la inseguridad esto es un aporte muy importante que hace la Nación para ayudar.
–Hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿qué opina de la decisión del gobernador Daniel Scioli de desplazar, no al jefe de la fuerza pero sí al segundo y a otros superintendentes?
–No corresponde que yo juzgue una decisión del gobernador, tampoco conozco concretamente los motivos de los desplazamientos pero yo la verdad creo que a veces las renovaciones son importantes en las fuerzas. Se trata siempre de ir buscando mejor gente, más profesional, gente más nueva, con nuevas fuerza. No conozco bien a las personas que han sido desplazadas y tampoco a quienes los van a remplazar pero las renovaciones en general siempre me parecen beneficiosas. La consolidación de una misma cúpula durante mucho tiempo no es buena, la rotación es beneficiosa.
–La decisión de prohibir el uso de armas de fuego de todo tipo para la contención de la protesta social fue muy criticada por algunos medios. Recientemente, en Baradero, el policía implicado en el homicidio dijo que se confundió con el tipo de bala con la que cargó la Itaka. ¿Qué piensa?
–Es un psicópata, claramente, ese señor, que tenía antecedentes de desequilibrado, de excesos…
–¿Y por qué seguía en la Fuerza si tenía antecedentes?
–Bueno, esas cosas se pregunta uno a veces. Porque a veces esa lógica corporativa de los asuntos internos de las fuerzas, de esas reparticiones, determina siempre el mantenimiento y cierto disimulo sobre los motivos que ya habían llamado la atención sobre la conducta de determinados efectivos, y entonces sucede que, generalmente, esos efectivos vuelven a repetir ese tipo de comportamientos. En este caso con una consecuencia gravísima.
–El ministro Casal dijo que había actuando una banda organizada para descarrilar el tren de José León Suárez. ¿Qué opina?
–Eso está siendo investigado por la justicia. Hasta que no tengamos los resultados finales de la investigación vamos a decir algo por pálpito, y eso no es serio, y menos en un funcionario público. Yo entiendo que hay que hacer una investigación hasta las últimas consecuencias, porque hay dos jóvenes muertos, dos criaturas casi, y en este momento todo indica que no tenían armas, que no participaban de ningún tiroteo, y hay otro herido grave, y que iban más bien a cumplir con su trabajo de todos los días. Un trabajo penoso, yo conozco especialmente ese basural del CEAMSE en la zona de Campo de Mayo. Quedan nichos de pobreza en nuestro país, es una deuda pendiente y a la presidenta le duelen realmente en lo profundo.
–El ex presidente Eduardo Duhalde dijo que usted “no sabe nada” sobre seguridad, y la criticó por haber dicho que bajaron los índices de criminalidad.
–Eso fue dicho en un contexto que sólo la mala intención a veces hace que se destaque una frase sacada de contexto. No voy a opinar sobre los conocimientos del doctor Duhalde, porque bueno… (sonríe). La ciudadanía los conoce, lo he escuchado decir disparates esenciales en temas de Defensa muy recientemente.
–¿Por ejemplo?
–No, no vale la pena, porque además ya no estoy en esa cartera. Él tenía a (Pedro) Klodzyc como jefe de la Policía, y creo que no sabe de muchos temas del país, pero obviamente está en un rol de oposición desenfrenada y va a buscar todas las vetas. La afirmación mía estaba en el marco de decir que la presencia de la Gendarmería, a través del Operativo Centinela, tenía un efecto disuasivo que hace bajar el índice (de criminalidad). Pero que como esto había ocurrido en el mes de enero, no eran conclusiones que podían tener un carácter muy definitivo porque es un mes especial. Obviamente, no iba a decir que el delito bajó de un mes para el otro como una afirmación definitiva. Y el que interpreta eso o titula así en los medios claramente lo hace con mala intención.
–¿Por qué es tan importante revisar qué cursos realizan las fuerzas policiales?
–Por empezar, una cosa que nos preocupa son los cursos que den fuerzas militares de otros países. Porque nosotros en este tema tenemos una posición muy clara como país, que es que las Fuerzas Armadas no pueden tener ningún tipo de participación en temas de seguridad interna. Por consiguiente, es ilógico que Fuerzas Armadas, aunque sean de otro país, puedan estar entrenando a Fuerzas de Seguridad de nuestro país. Esa sería una primera observación bastante profunda. Y en otros casos porque a veces hay un exceso de cursos, y esto tiene costos. A veces son invitaciones, pero a veces hay costos fuertes, y una cosa es mejorar la capacitación, pero a veces se alienta una especie de finalidad turística, o de mejorar un currículum de un efectivo. Pero por ahí no es un curso adecuado, o es mejor priorizar otro tipo de cursos. Y después es importante también que sean países que tengan una doctrina en materia de seguridad interior similar a la nuestra, un mecanismo de procedimientos, la tendencia a ir buscando más protocolos en el marco de las recomendaciones de las Naciones Unidas y de organismos internacionales sobre el respeto a los derechos de las personas…
–Zaffaroni recomendó a la policía británica, Scotland Yard, y a la policía canandiense, en vez de la estadounidense.
–Sobre la policía canadiense, nos parecen muy interesantes las experiencias que han hecho allí, también nos parecen muy interesantes los resultados que han logrado…
–¿Cuáles ?
–Tiene una cantidad de protocolos de control, de los accesos, de los procedimientos en esto que usted decía del no uso de armas, de que la prioridad siempre en este tipo de manifestaciones, de situaciones masivas de presencia de mucha gente, tienen que manejarse con el máximo de disuasión, de respeto por los derechos, de no intervención de la Fuerza dentro de lo posible y cuando tienen que intervenir tiene que ser en forma disuasiva. Y cuando ya empieza a ser no disuasiva, y empieza a tener algún contenido represivo, esto tiene que darse en un marco que no ponga en peligro la integridad y la vida de las personas.
–Las Fuerzas de Seguridad provinciales parecen hacer caso omiso de esas instrucciones, como lo demuestra el antecedente de la represión a la comunidad qom en Formosa. Hay un ámbito para discutir estas cosas entre la Nación y las 23 provincias. ¿Se está reuniendo?
–El Consejo Federal de Seguridad. Le recuerdo que hace dos meses que estamos en este ministerio. Nosotros estamos haciendo reuniones, hemos tenido hasta ahora reuniones con varios ministros de las distintas provincias, algunas más están viniendo esta semana, y hemos acordado reuniones por regiones la semana que viene y la siguiente, con el NOA, el NEA, la zona centro y la Patagonia, que son las cuatro regiones, para volcar creo que es el día 16 de marzo todas esas reuniones regionales en una reunión del Consejo Federal en su conjunto, donde queremos justamente tratar la aprobación de varios protocolos que han sido a veces ya tratados en el Consejo Federal pero que no han llegado a ser aceptados por todos. Vamos a tratar que sea una instancia para que todos esos protocolos sean obligatorios en cada una de las provincias, no sólo para las Fuerzas de Seguridad federales.
–Le pregunto ahora por el avión que llegó al aeropuerto de Barcelona con casi una tonelada de cocaína. ¿Cuál fue la responsabilidad de la Fuerza Aérea Argentina?
–Hay que dirimir cuáles son las responsabilidades que tenía la Fuerza Aérea y cuáles las responsabilidades que tenía la ANAC en ese aeropuerto, para ver dónde se produjeron las negligencias que pudieron determinar, sumadas la audacia de estos hermanos y algunos de sus amigos, todos lamentablemente hijos de brigadieres, alguno de triste historia en la Fuerza Aérea, como fue el brigadier Juliá. No hay que tener ninguna actitud corporativa, no tener ninguna actitud ingenuamente protectora, sino todo lo contrario. Hay que someter a esas áreas a la investigación profunda y deslindar responsabilidades.
–Los aeropuertos menos conocidos, Don Torcuato, Morón, El Palomar, ¿van a ser revisados por la Policía Aeroportuaria?
–A los aeropuertos militares los controla la Fuerza Aérea. Otros en los que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha remplazado al comando de regiones aéreas en todo el control del tráfico aéreo. Vamos a tratar de ampliar la presencia de la Policía Aeroportuaria en algunos aeropuertos que tienen condiciones como para que salgan vuelos internacionales, o en algunos muy cercanos a las fronteras.
–¿Se viene una novedad en ese sentido, de la prevención y participación de los vecinos en la política de seguridad?
–Sí. Además de la política de los protocolos, vamos a organizar foros de participación, ámbitos de discusión de los problemas de seguridad de cada barrio. El primero fue el otro día en Villa Soldati. Y, concretamente en el área de la Ciudad de Buenos Aires, el día 16 de marzo, va a haber una gran convocatoria a grupos, organizaciones, vecinos y especialistas de la Ciudad. Porque vamos a ir haciendo un foro de participación en todos los barrios para empezar a ejercer un control más serio. Queremos transparentar áreas, ser más eficientes, tener un plan integral de seguridad donde participe la gente como parte del control de las Fuerzas de Seguridad, y como parte también del control que hay que tener sobre los lugares donde se cometen los delitos. Qué mejor que los vecinos para decirnos a veces dónde se cometen determinadas prácticas delictivas.
–¿Y con el gobierno de Mauricio Macri no tendrán problemas a la hora de organizar esos foros?
–Nosotros no lo hablamos con ellos: en esta ciudad la Policía Federal tiene jurisdicción sobre una cantidad de delitos federales cuyas competencias no han sido transferidas a la Ciudad. Queremos articular racionalmente con la Policía Metropolitana, para no desperdiciar efectivos, para no desperdiciar esfuerzos. Hay información que se puede intercambiar. Si nosotros tenemos el banco de datos de vehículos con orden de secuestro, qué mejor que dárselos si ellos nos lo piden. Yo le decía al ministro (Guillermo) Montenegro que por supuesto, si cuanto más efectivos, más patrulleros, estén buscando esos autos, mejor va a ser para los vecinos de esta ciudad. Lo mismo con las órdenes de captura. Hay que hacer un esfuerzo para no tener ninguna reticencia en compartir estos bancos de datos. Ellos también se comprometieron a darnos otros. Ellos van a inaugurar su centro de comando y control en el mes de marzo, y nos ofrecen que la Policía Federal tenga un espacio en ese lugar.

http://tiempo.elargentino.com/notas/radiografia-de-bonaerense-mal-pagos-mal-dormidos-y-estresados

UNA FUERZA CUESTIONADA DE 55 MIL UNIFORMADOS

Radiografía de la Bonaerense: mal pagos, mal dormidos y estresados

Un estudio premiado por el Ministerio de Trabajo provincial, realizado por un grupo de abogados, asegura que el 90% de los encuestados duerme cinco horas o menos y casi todos sufren impaciencia, cansancio e irritabilidad.

Los asesinatos de Franco Almirón, de 16 años, y de Mauricio Ramos, de 19, a manos de la policía en José León Suárez, y el de Lucas Rotella, de 19, en Baradero, mostró la peor cara de la Bonaerense, una fuerza militarizada que con viejos y malos hábitos volvió a quedar en la mira de los organismos de Derechos Humanos. Los excesos de los agentes son el resultado de la derechización de las políticas de Seguridad del gobernador Daniel Scioli, quien durante su gestión se encargó de devolver a los jefes policiales el control político de la institución. Sin embargo, los problemas estructurales del organismo y los inconvenientes cotidianos de los efectivos son los mismos de siempre.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires, integrada por 55 mil hombres, es la encargada de imponer el orden en la jurisdicción más populosa de la Argentina, pero los agentes llegan a trabajar más de 24 horas seguidas, y la mayoría sufre alguna patología como estrés, depresión y agotamiento, según reveló un estudio premiado por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Además, hay quienes nunca realizaron cursos de recapacitación o prácticas de tiro porque carecen de recursos materiales suficientes. A cambio de no revelar sus identidades, policías de diferentes jurisdicciones confiaron los obstáculos que deben sortear cotidianamente.
Un mes tiene alrededor de 720 horas, y un policía puede llegar a trabajar más de 400. El régimen laboral resulta maratónico y, tarde o temprano, termina afectando su salud física y psíquica. Dependiendo de las necesidades de la comisaría o del acuerdo verbal con el comisario, los hombres de azul llegan a trabajar unas 240 horas “ordinarias” en promedio. Además, deben sumarse las horas conocidas como CORES, obligatorias por falta de personal, y las POLAD que tienen un tope asignado de 120 horas cada una, aunque en la práctica no llegan a completarse.
El ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, calificó de “disparatado” este sistema, aunque señaló que durante su gestión hubo modificaciones sustanciales, y le reprochó al ex ministro Carlos Stornelli haber echado por tierra sus logros. “Para que todos trabajen ocho o 12 horas por día se necesita gran cantidad de personal policial porque no alcanza para hacer la rotación. Esto no se corrigió en ninguna instancia de planificación y quedó librado a la improvisación del jefe policial”, justificó el ex funcionario.
El magro sueldo de los efectivos no justifica ningún crimen, negligencia o exceso, pero hay que tener en cuenta que sin horas extras, un teniente de una comisaría de la zona sur del Conurbano, con 25 años de antigüedad, cobra un básico de 838 pesos y en total no llega a 2900 pesos. En tanto, un oficial egresado de la escuela de Investigaciones en la especialidad de Narcocriminalidad e integrante de un grupo operativo con cuatro años en la Fuerza cobra unos 2000 pesos y un básico de 397.
A los problemas salariales se suman los de capacitación. Según aseguró un especialista, los policías no suelen chequear el arma que reciben en la comisaría. Inclusive, los cartuchos con los que están cargadas las escopetas. “Esto se debe al vertiginoso ritmo laboral que llevan, quizá la masacre de José León Suárez o el crimen de Baradero se podrían haber evitado”, indicó la fuente, al tiempo que agregó: “Ya no quedan especialistas de armas en las comisarías. Se nota mucho la falta de preparación de los agentes.” Miguel Rotella, padre de Lucas, asesinado de un escopetazo por la espalda en Baradero, aseveró: “Hay una ley no escrita de la policía que el tercer cartucho siempre es de plomo.”
La precarización es tal que no se respeta la legislación laboral vigente ni se permite la gremialización de los efectivos. El gobierno de la provincia conoce la situación, al punto que, a principios de julio del año pasado, el Ministerio de Trabajo bonaerense otorgó el premio Bialet Massé a una investigación de un grupo de abogados que denuncia esta situación. El informe, disponible en la Web de la provincia, se llama La nueva policía y los derechos del trabajador, y se realizó sobre la base de entrevistas a 56 policías de seis comisarías de La Plata. Reveló que la mayoría posee alguna patología, fundamentalmente estrés, depresión y agotamiento; la mitad no recuerda la fecha de su último chequeo médico; el 90% duerme sólo cinco horas o menos; y casi la totalidad de los encuestados sienten cansancio, sueño, irritabilidad e impaciencia durante el día.
La contención psicológica está mal vista dentro de la Fuerza. Uno de los efectivos de alto rango consultado por este diario expresó: “Yo maté a un par. Nunca se me apareció un fantasma pero nadie está preparado para eso. Terminás de llenar los papeles y hay que seguir laburando.” Lo mismo ocurre si el que muere es un compañero.
“Ojo con decir que no estás en condiciones emocionales –agregó la misma fuente– porque ellos (por los médicos) te abren una carpeta psiquiátrica, te sacan la chapa, la pistola y esa mancha no te la quita nadie.” Esa condición dejaría al policía sin los beneficios extras de las horas CORES y POLAD, según detallan los consultados.
Otro efectivo recalcó que ser de la Bonaerense “exige una adrenalina que no corresponde. Pero no podemos decir que estamos desequilibrados.”
Arslanian lo reconoce. Después de destacar logros “en materia de recursos humanos brindando asistencia económica y médica a los heridos y a sus familiares”, se sinceró: “Con respecto a la asistencia psicológica, por lo general hay mucho verdugueo de los superiores por la necesidad de cubrir el servicio. Es complicado el funcionamiento interno de la policía.”
Al agotamiento y la falta de contención debe agregarse que los efectivos en rara ocasión hacen prácticas de tiro. Sólo cuando hay balas. Un instructor graficó la situación: “De los 3000 efectivos de una departamental, sólo unos 50 llegan a tener la posibilidad de realizar dos cursos al año, y creo que me estoy excediendo. Además, hubo meses sin provisión de municiones.” Según el experto “no hay prácticas con escopeta hace años y sólo se hacen tres o cuatro tiritos de postas de goma, lo mismo con las ametralladoras y ni hablar de lanzar gases lacrimógenos”.
Incluso, según Arslanian, “había policías que en 25 años nunca habían realizado prácticas”. En tanto, hay efectivos que, a sabiendas de la falta de recursos, concurren igual ya que, año a año, la asistencia a los cursos se tornó un requisito importante para poder ascender. “Dura una semana. Ese mes me ajusto porque me pierdo de hacer horas adicionales”, se lamentó un integrante de la Departamental de Lomas de Zamora.
Otro reflejo de la institución es el estado de los móviles. Los especialistas sostienen que deberían renovarse cada dos años ya que funcionan “a motor caliente” las 24 horas del día, en patrullaje lento o persecuciones rápidas, y no son vehículos especiales, sólo están pintados para la ocasión. “Son de línea estándar para uso particular. Por ejemplo, al no contar con batería de alta capacidad y cableado eléctrico reforzado, el agregado de balizas de luces, radio transmisor, y en algunos casos equipos de rastreo satelital, las baterías no alcanzan a recuperarse y directamente se funden, al igual que el sistema eléctrico”, ejemplificó un comisario retirado.
El desguace de patrulleros es una práctica habitual para completar los repuestos de otros. Algo similar ocurre con las ruedas de auxilio de las unidades nuevas, que quedan en depósitos de las comisarías y se van utilizando conforme crezca la demanda. “Si pinchamos una goma, nos quedamos esperando que venga un camarada con una de la comisaría”, contó con picardía un efectivo.
Las reparaciones menores de los patrulleros u otros problemas cotidianos se resuelven con dinero de la “caja chica”, cuando hay. Caso contrario, se recurre a la buena voluntad municipal o “terminamos recurriendo al mangueo a entidades, empresas, comercios o talleres. Esto por supuesto origina compromisos varios”, continuó la fuente.
Para el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense, Marcelo Saín, la falta de recursos de la Fuerza no es un problema para la política: “Del presupuesto que se destina, el 90% financia los sueldos, mientras que el 10% restante va para la infraestructura de todas las dependencias provinciales, incluido gastos corrientes y capital de inversión.” Y lanzó: “Esto es una mentira. La policía se autofinancia a través de la regulación del delito en la calle como la trata de personas, el narcotráfico y el robo de coches. La política no quiere cambiar esto porque le es funcional para mantener una institución deficitaria.”
La voz oficial, por ahora, permanece en silencio. Este diario llamó en reiteradas oportunidades y envió mails al Ministerio de Seguridad, a cargo de Ricardo Casal, pero no obtuvo respuesta.

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