Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 15, 2011

Trabajo esclavo – Awada, Macri, otro cuñado y el Ministro de Justicia y Seguridad

Macri declaró esto en la inauguración del Precinto 12:

http://noticias.terra.com.ar/politica/macri-aca-hay-que-perseguir-cualquier-expresion-de-trabajo-esclavo,21d9638ffaf7d210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html

Macri expresó, en declaraciones a la prensa tras la inauguración de una comisaría de la Policía Metropolitana en el barrio porteño de Saavedra, que “hay que perseguir cualquier expresión de trabajo esclavo” aunque pidió que “no mezclemos los tantos”.
“Lo importante es que la Justicia lleve adelante una investigación clara para ver en cada caso que no haya ningún tipo de posibilidad que tengamos trabajo esclavo”, concluyó Macri.
La causa es impulsada por el fiscal Rubén Giagnorio -a cargo de la UFI 6 de San Nicolás- y está caratulada “reducción a la servidumbre”, además de haber generado la intervención de los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.”

Y nos llamó mucho la atención por qué dijo semejante cosa. ¿a qué viene?

Viene por lo que contamos a continuación.

http://www.diarioregistrado.com/Sociedad-nota-45437-Las-denuncias-por-trabajo-esclavo-contra-el-tandem-Macri-Awada.html

Las denuncias por trabajo esclavo contra el tándem Macri-Awada

Tras los episodios de Villa Soldati, Macri volvió a la carga contra la inmigración, pero ya hay quienes se preguntan: “¿Dónde querrá que vivan los ilegales que trabajan en los talleres clandestinos que proveen a la empresa de su esposa?”.

Luego de la represión en Villa Soldati por la ocupación del Parque Indoamericano, el jefe de gobierno porteño abrió el debate de lo que el calificó como “inmigración descontrolada”. Las declaraciones de Macri no están fuera de contexto para los funcionarios del PRO. Su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, también opinó sobre la ocupación. “La Ciudad no puede hacerse cargo de todo el problema habitacional del Mercosur”, expresó el funcionario, al tiempo que sostuvo que el 70 por ciento de los ocupantes del Parque Indoamericano “son extranjeros.”

Las denuncias
Las historias que se describirán a continuación están lejos de las glamorosas tapas de revistas donde se ve una fiesta con todo el lujo luego del enlace entre Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada. El blanco vestido que llevaba puesto el día que contrajo matrimonio con el jefe de gobierno porteño quizás no esté tan limpio como lucía.
Juliana Awada, la tercera esposa de Macri, es empresaria textil. “Awada es una empresa argentina, que se dedica al diseño, fabricación y venta de indumentaria femenina respaldada por una trayectoria de casi 40 años en el mercado argentino”, describe en su pagina web la marca de Juliana. Lejos de esta fachada se revela un entramado de relaciones desiguales.
La Alameda, organización que se encarga de denunciar el “trabajo esclavo” en talleres textiles que confeccionan prendas para prestigiosas marcas de ropa, describe así la situación de la empresa de la mujer de Macri en un comunicado de prensa: “La Alameda viene denunciando a la firma Awada desde octubre del 2006 ante un Juzgado Federal y ante el Ministerio de Trabajo por basar su producción en talleres clandestinos, donde se explota brutalmente a migrantes indocumentados por una paga miserable y donde existe además presumiblemente el delito de trata de personas con fines de explotación laboral”.
La primera denuncia realizada por La Alameda contra la firma Awada en la que se la acusa de violar la ley de migraciones (art 117 a 121) y la ley de trabajo a domicilio (art 4, 35 y 36) en los talleres donde confeccionan sus prendas y de los cuales es solidariamente responsable, se realizó ante la Fiscalía Federal de Patricio Evers e inmediatamente después recayó en la megacausa que en aquel entonces administraba Norberto Oyarbide, según informa la organización.
El 14 de mayo de 2008, La Alameda denunció ante el viceministro de Trabajo, Gastón Guarracino, una nómina de 30 talleres de la provincia de Buenos Aires que trabajan para grandes marcas, en los cuales -detallan- estaban incluidos dos talleres de Awada. Hay documentación filmográfica sobre las condiciones laborales en que eran sometidos los trabajadores.
A comienzos de este año un costurero decidió hablar. Osvaldo Martín García denunció que trabajaba en un taller clandestino de planchado y estampado para varias marcas, una de ellas, Awada. Jornadas muy extensas, condiciones pésimas de salubridad e higiene, y una paga muy por debajo del convenio fueron algunos de los detalles que contó. La mayoría de sus compañeros están indocumentados y muchos de ellos vivían en el taller. Según ratificó La Alameda, este lugar está ubicado en Virasoro 1638, Villa Crespo, y según el costurero denunciante nunca fue inspeccionado como corresponde.
Al parecer, la esposa de Macri se beneficia de los inmigrantes que el jefe de gobierno porteño y sus funcionarios no quieren ver en la ciudad.

http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=73037:trabajo-esclavo-en-talleres-clandestinos-denuncian-a-la-esposa-de-mauricio-macri&catid=67:nacionales&Itemid=72

Trabajo esclavo en talleres clandestinos: denuncian a la esposa de Mauricio Macri

La esposa de Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada porque es propietaria de una empresa de ropa que produce en talleres clandestinos, con obreros esclavizados.

El hermano de Juliana Awada estuvo involucrado en acusaciones del mismo tipo, aunque logró el sobreseimiento por parte de Guillermo Montenegro, cuando era juez. Montenegro es hoy ministro de Seguridad del gobierno de Macri en la ciudad.

La problemática del trabajo esclavo adquirió importancia en las últimas semanas a partir de que la Justicia hizo una serie de allanamientos en los que rescató a centenas de obreros esclavizados.

Juliana Awada fue denunciada por ser propietaria de una empresa de ropa que produce en talleres clandestinos. Su hermano mayor como dueño de la marca Cheeky, acusado por el mismo delito, fue sobreseído.

Juliana Awada es dueña junto a su madre, Pomi, y su hermana, Zoraida, de la glamorosa marca que lleva su apellido. Desde el 2006 la empresa Awada viene siendo denunciada por tercerizar la producción de sus prendas en talleres clandestinos que explotan a costureros inmigrantes indocumentados en extensas jornadas laborales. La última denuncia contra la marca se hizo en marzo de 2010.

La Fundación Alameda en ese momento recibió el testimonio de Osvaldo Martín García. Éste había sido despedido de un taller clandestino en Villa Crespo que produce para varias marcas, entre las cuales se encuentran Awada y Cheeky.

Con la bronca de haber sido echado por reclamar un aumento salarial, García denunció de qué manera trabajó durante seis años. “Awada hace remeras de niños manga corta y larga, se plancha y guarda. Mil quinientas prendas, y ganaba 40 pesos por día. Durante seis años estuve en negro. Han ido inspectores a los que no se los dejaba entrar o bien terminaban arreglando con el tallerista (el encargado), nunca llegaban al fondo del taller. Ahí no hay aire, no tenemos ventilador, no hay una mesa para poder comer. No tenemos un baño como la gente. En el verano es insoportable. Si afuera hace 35 grados, adentro parecen 60. Así tenemos que aguantar la calor”.

El testimonio del costurero despedido ante La Alameda aún puede verse en el  video.

Ese material además incluye lo grabado por una cámara oculta dentro del taller esclavo de la calle Virasoro 1638. Ese fue el modo que empleó La Alameda para chequear la información, mediante un costurero que fue el que usó la cámara. Lo que muestra el video es que en el taller de la calle Virasoro se aceptaba al costurero sin documentos, en clara violación a la ley de migraciones, más unas cuantas imágenes de las etiquetas de la marca Awada.

Quien hizo la filmación explicó que “el taller es parecido a un garaje. A los metros de la entrada tiene hacia la izquierda un taller con máquinas. Allí vi a tres paisanos trabajando con botones y ojales. Seguís caminando y está la habitación y oficina del tallerista. Después viene el depósito y a lo último un galpón grande todo destrozado donde te morís de calor. Ahí tienen una caldera y pegadas a la caldera unas piecitas de ladrillos para los trabajadores”, describió B. L., que son las iniciales del costurero infiltrado por La Alameda.

“Ese taller se dedicaba más que nada al planchado y a embolsar las prendas. Ocho personas se dedicaban a eso, todos paraguayos. Los bolivianos estaban en el tallercito de costura”, finaliza su relato el costurero que nunca más volvió sobre sus pasos de la calle Virasoro al 1600.

Varias fuentes del gobierno PRO confirmaron que “Primero los inspectores no fueron admitidos. En dos oportunidades no atendieron en el taller de Virasoro. En la tercera, el 23 de marzo pasado, después de que transcurrieron varias horas y sólo porque se amenazó con llamar a la policía para hacer un allanamiento, recién entonces abrieron la puerta al taller”, dijo una fuente de la administración macrista.
Un dato llamativo es el hecho de que en el acta de inspección de la Subsecretaría de Trabajo porteña no figuran ni el procedimiento ni la marca Awada.

“Hicieron desaparecer las pruebas ante la no actuación de la Justicia y la demora de la parte inspectiva. Así borraron las pruebas que comprometían a Awada”, afirmó el funcionario de planta, que no tolera el trabajo esclavo.

Lo que sí quedó demostrado fue que estaba trabajando un indocumentado, lo que fue denunciado ante la Procuración porteña por tratarse de un delito federal, y tres no registrados. Al momento de la inspección los trabajadores vestían prendas de las marcas Gabucci y Givenchy. El titular del taller ilegal es Facundo Jeremías Ábalo Rojas, quien tiene seis maquinas y dos mesas de planchado. Las máquinas de coser en ese momento habían sido retiradas.

Nunca más funcionarios de la Ciudad volvieron al taller de la calle Virasoro al 1600. Lejos está el gobierno que conduce Mauricio Macri de continuar la política que había comenzado con el ex jefe de Gobierno que lo precedió, Jorge Telerman, quien junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a cargo de Alicia Pierini, y La Alameda denunciaron penalmente a treinta y cinco importantes marcas de ropa.

Denuncias previas

Muchos años antes que se corriera el rumor de que Juliana Awada se veía con Mauricio Macri en el gimnasio, la marca de ropa ya aparecía denunciada ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo bonaerense.

A mediados de octubre de 2006 la organización La Alameda inició una megacausa. El núcleo de la acusación es que en el área metropolitana existe un sistema subrepticio neoesclavista de producción basado en el tráfico de inmigrantes (en su mayoría de Bolivia) indocumentados o a quienes se les secuestran sus documentos de identidad una vez que cruzan la frontera. Esa presentación en la Justicia Federal involucró en un primer momento a cerca de ochenta grandes marcas y actualmente alcanza el centenar.

La ley de trabajo a domicilio es la única forma jurídica que relaciona el submundo de la esclavitud con la moda fashion de los shoppings o pasarelas. La norma nacional (en sus artículos 4, 35 y 36) señala que son solidariamente responsables los dadores de trabajo (empresas) con los talleres donde derivan la confección de sus prendas. De hecho, los empresarios textiles, con aval del Ministerio de Trabajo nacional, presentaron un proyecto para quitar los artículos penales de la ley de trabajo a domicilio. El titular de la Comisión de Trabajo en el Congreso, Héctor Recalde, fue quien frenó el proyecto patronal esclavista.

Quienes reconocen el sistema neoesclavista son los referentes del propio empresariado textil. Aseguran públicamente que el 78 por ciento de la industria se encuentra en la ilegalidad, y que de ese porcentaje la mitad utiliza mano de obra esclava. Esto implicaría sólo en la Ciudad de Buenos Aires la existencia de tres mil talleres clandestinos, y un total de 30 mil costureros. La mayoría de los talleres se ubica en la zona suroeste y sobre todo en las villas. En estas barriadas las mafias de la costura se instalan porque se dificultan las tareas inspectivas y el pago de la energía queda en manos del Estado porteño.

La megacausa sobre la industria textil quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide. Respecto a la marca Awada, lo que hizo el magistrado fue derivar la investigación por los talleres clandestinos a los tribunales de la localidad de San Martín, a donde están instalados, más precisamente en Cabildo 5083, y en Urquiza 6121, los dos en Villa Ballester. El primer taller está a cargo, según figura en la denuncia, de Feliciano Mujica, quien es responsable directo de explotar a un total de 20 costureros. Todos ellos sin estar registrados, algunos indocumentados (una vez más: se trata de un delito federal), y por supuesto fuera del convenio de los obreros del vestido, lo que lleva que el pago se realice por prenda, lo que implica que para alcanzar un salario mínimo la jornada supere las 12 horas. En el segundo taller, el capataz Ricardo Guaigua mantiene “15 costureros en negro, algunos indocumentados, otros fuera de convenio y pagados por prenda”. Allí realizan sacos y pantalones desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dos familias viven dentro del taller.

La situación de los talleres clandestinos seguía igual tras la denuncia presentada ante Oyarbide, de modo que la Fundación La Alameda retomó la investigación. Así fue que regresaron a los talleres de Villa Ballester con costureros que llevaban cámaras ocultas. Con el nuevo material, el 14 de mayo de 2008 Jorge Ricardo Calegari, director provincial de Delegaciones e Inspecciones, firmó la presentación de La Alameda que incluía tres decenas de talleres esclavos. “Calegari nunca hizo nada con las pruebas que aportamos. Es más, se fastidió cuando hicimos la denuncia contra la empresa Nuestra Huella y antes me había llamado enojado también porque dimos difusión a la golpiza contra un costurero dentro de un taller clandestino en San Martín, al cual pudimos liberar junto a otras familias y una menor”, acusó Gustavo Vera, presidente y denunciante por La Alameda.

El cuñado

Cheeky es líder entre las marcas para chicos. Confecciona 10 millones de prendas y se queda con el 45 por ciento del mercado de ropa infantil.

Su dueño es Daniel Awada, hermano mayor de Juliana. Cheeky integra la megacausa por trabajo esclavo por tener cuatro talleres clandestinos produciendo a todo trapo.

Así lo comprobó y denunció penalmente Milton, uno de los costureros de La Alameda. Hasta declaró en esa causa un arrepentido que antes fue gerente de esa marca. Quien otorgó el sobreseimiento al cuñado de Mauricio Macri fue Guillermo Montenegro, en ese momento juez federal y hoy ministro de Justicia y Seguridad PRO. “La esclavitud y la impunidad quedan en familia”.

La policía metropolitana:

1. ¿no debería actuar en los casos de talleres clandestinos?

2. ¿no debería defenderse en lugar de dejarse usar para tapar esta información?

3. La inauguración del Precinto y el acuerdo de los vigiladores privados para hacer lo que por contrato tienen que hacer ¿no es para hacer una cortina de humo?

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  1. […] […]


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