Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 15, 2011

El gran hermano (pero no el de la tele el del libro) (4)

Nosotros como ciudadanos, tenemos la obligación de denunciar si somos testigos de algún delito, así que vamos a hacer un pedido formal al jefe de gobierno para que nos entreguen los  celulares que nos corresponden.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-160377-2011-01-13.html

Un GPS para Montenegro. Por Rafael Gentili, Legislador porteño, Proyecto Sur.

El anuncio de incorporar a las empresas privadas de seguridad como auxiliares de la Policía Metropolitana (tarea a la que luego se sumarían taxistas y kiosqueros) confirma que la política de seguridad pública en la Ciudad se planifica y se dirige –peligrosamente– al ritmo de la improvisación.

De hecho, no está previsto en el Plan de Seguridad Pública 2011 que el Ejecutivo envió a la Legislatura.

Más allá de esto, la idea en sí misma es equivocada porque implica un recorte a los derechos de los trabajadores de vigilancia, una superposición entre controlador y controlado, y un modelo fascista de seguridad.

La incorporación de una tarea de vigilancia pública a las obligaciones de los vigiladores privados sin ningún tipo de plus o contraprestación pecuniaria devela un mecanismo por el cual son los trabajadores quienes terminan llenando un déficit de la acción estatal con más explotación. Muy Pro, sin duda.

Por otra parte, la superposición entre controlador y controlado es tan obvia como preocupante. El gobierno está tercerizando en empresas que el mismo ministro debería controlar, tareas de vigilancia que hacen al monopolio del Estado de la seguridad pública, confundiendo los roles. Un chico de ocho años cuando juega al poliladron o a la escondida entiende perfectamente este razonamiento y la perversión de un juego en el que se confundieran los perseguidos y los perseguidores. Esta política sólo puede entenderse en el marco de una Policía Metropolitana en donde la mayor parte de su plana directiva ha estado –o seguiría estando– vinculada con empresas de seguridad privada. Tal es el caso de Miguel Angel Ciancio, superintendente de Seguridad y Policía Comunitaria de la PM, quien fue director técnico de JSA Security SA, una empresa especializada en seguridad hotelera que actualmente provee de sus servicios a catorce hoteles de la ciudad; de Eduardo Martino, superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos, ex director técnico de Alesa SA, cuyas propietarias son sus parientes María Florencia y Camila Martino, de Roberto Bernardino Barbosa y Esteban Adolfo Sanguinetti. Y de Héctor Barúa, virtual segundo jefe de la fuerza y ex socio de Aquiles Gorini, titular de la Cámara que agrupa a estas empresas y con quien, casualmente, Montenegro firmaría el convenio de colaboración.

Por último, la inclusión de civiles en el ejercicio del control social como definición del Estado oculta bajo un velo “comunitario” una dinámica de delación y sospecha que, lejos de resolver la conflictividad social desde una lógica de seguridad ciudadana, profundiza la paranoia social en torno del delito. Cuando Montenegro presenta la medida y dice que “este sistema está copiado de distintos lugares del mundo, donde hay sectores de la población civil que comparten este tema con la actividad pública” se refiere a la Guardia Nacional Italiana promovida por el primer ministro Berlusconi, a la que el Partido Demócrata italiano definió con razón como un golpe al corazón y a los principios de toda democracia liberal.

Una vez más, seremos las fuerzas de oposición y de la sociedad civil las que, por imperio de la cordura y la razón, debemos hacer desistir al desorientado ministro de sus ideas efectistas y disparatadas.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=5e3f9514d9430e694fab4c7d8d5dc6b7

Vigilantes ad honorem

“No hay premio económico por esta tarea”, resaltó el ministro Guillermo Montenegro, “estamos convencidos que no es una tarea extra”.

“La idea es crear una capacitación que tenga que ver básicamente con la comunicación, dónde, cómo, cuándo, va a ser la respuesta que va a dar la Policía Metropolitana e ir avanzando en toda la Ciudad en otro tipos de alertas”, agregó.
Y explicó: “Nos parece importante que haya una participación de la sociedad civil. No dejan de ser más ojos en la Ciudad, si uno de alguna manera puede firmar un convenio con ellos y darles una capacitación, esto va a permitir una red de comunicación”.
http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70654/macri-quiere-sumar-a-taxistas-y-canillitas-para-que-ayuden-con-la-seguridad.html

La retribución para los vigiladores también será un tema de debate: llamativamente, voceros de la cartera indicaron que “por el momento no está pensado que el Estado pague pero llegado el caso, habría que ver”. “Todo se resolverá de acuerdo a cómo evoluciona el sistema”, admitieron.

En contra

El kirchnerismo y la Coalición Cívica pidieron que el Jefe de Gobierno “se haga cargo de su fracaso”. Proyecto Sur amenazó con ir a la Justicia para frenar la medida.

“Es un muestra más del fracaso de Mauricio Macri por resolver los problemas de seguridad de la Ciudad”.

Con todo, desde la oposición, culparon a Macri de “deslindar” responsabilidades.

Según el legislador de Proyecto Sur Marcelo Parrilli, la decisión de convocar a los vigiladores “es una grave violación legal”.
“Nadie puede delegar el poder de lo público a lo privado, es violar la ley pretender que particulares cumplan funciones que son responsabilidad del Estado. Además, se dan facultades a agencias privadas que son reductos de ex integrantes de tareas o fuerzas militares ligadas a la represión. Son una suerte de ejércitos privados sin ningún control como Escorpio, que estuvo vinculada con Suárez Mason”, indicó.
Agregó también que “sumar a otros actores sociales a nivel de la información es ir a la sociedad de Orwell” -en relación al autor de “1984”- y adelantó que está preparando una presentación para que intervenga la Justicia.
“Es una sociedad de vigilantes y vigiladores, la venganza y la corrupción”, castigó.
http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12939&Itemid=29

Al respecto, el diputado Marcelo Parrilli, del MST en el Movimiento Proyecto Sur, afirmó: “Mauricio Macri quiere convertir a Buenos Aires en una ciudad de vigilantes y delatores, al estilo del ‘1984’ de George Orwell. No sólo no ataca las causas sociales de fondo de la inseguridad, sino que busca deslindar sobre terceros responsabilidades indelegables del Estado como la prevención y la seguridad”.

A lo que Parrilli agregó: “Es la misma línea represiva de las listas negras de alumnos, la criminalización de los pobres, la xenofobia y su Policía Metropolitana dirigida por represores”.

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70654/macri-quiere-sumar-a-taxistas-y-canillitas-para-que-ayuden-con-la-seguridad.html

Desde el kirchnerismo también llovieron críticas. Francisco “Tito” Nena indicó que “queda claro que falta una política de seguridad” y subrayó que “en vez de acercar la Policía al vecino lo que hace Macri es generar mayor inseguridad”
“¿Quién va a controlar a los más de 30 mil vigiladores? Es una nueva irresponsabilidad dejar en manos de las empresas la seguridad de los ciudadanos pero es lo que siempre hicieron Macri, Montenegro y Eugenio Burzaco”, sostuvo.
La violación a la Ley de Seguridad pública porteña es otro de los cuestionamientos hacia Macri. Según Nena, “la Ley plantea instancias complementarias pero no tiene nada que ver con incorporar a vigiladores privados”, insistió.
http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70654/macri-quiere-sumar-a-taxistas-y-canillitas-para-que-ayuden-con-la-seguridad.html

Por su parte, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, recalcó que “no está mal que los privados colaboren con el Estado pero aquí la administración pública busca suplir con la estructura privada lo que no puede resolver por su propio fracaso”.
“El ciudadano de a pie es un colaborador de todos los días. Además, una cosa es un convenio pero otra cosa es si comparten redes de comunicación o responsabilidades. Hay que estudiar bien el tema”, cerró.

http://www.elpatagonico.net/index.php?item=viewlast&ref=ultimas&id=183174&sec=pol

El legislador Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) manifestó su “preocupación” por “la incorporación de vigiladores privados como buchones de la Policía Metropolitana”. “El macrismo imagina una ciudad carcelaria sustentada por la alcahuetería”, sostuvo el dirigente gremial. “La pesadilla de pretender que cada vecino se ponga la gorra de la Policía Metropolitana”. “En lugar de prestar atención a los guardapolvos blancos, los pizarrones y las tizas, el Pro suma brazos, ojos y recursos públicos para perseguir y reprimir”, agregó.
Por último, Nenna objetó “la delegación de la política de seguridad en planteles contratados por empresas privadas” al considerar que “el jefe de Gobierno tiene tanta aversión al Estado que hasta para custodiar una calle piensa en el mercado”

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=02dbcfb1efaa98e9d1644850ab628094

Los canillitas no serán vigilantes
El secretario General del Sindicato de Vendedores de Diarios, Omar Plaini, calificó de “locura total” la propuesta macrista y anunció que no apoyarán la medida.

“Con nosotros nadie habló pero esto es un absurdo total”, dijo Plani por radio Del Plata.
Tras remarcar que “el canillita es una actividad muy sacrificada” el representante de los vendedores de diarios y revistas subrayó: “No somos profesionales de la seguridad. Realmente esto demuestra que no hay respuesta del Gobierno de la Ciudad al tema de la inseguridad. Lo más importante que hizo (Mauricio) Macri es reinaugurar una calesita”.
Sobre la postura que adoptará el sindicato, Plani aseguró que no apoyarán la medida.
“Nadie piensa en el riesgo que tiene ese trabajador. Me parece una locura total; yo lo lamento por el ministro Montenegro. Nosotros no vamos a exponer a nuestros compañeros”, afirmó.

http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12962&Itemid=29

La visión del PRO

El titular de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, Martín Borrelli, defendió el acuerdo afirmó que “la seguridad y la prevención del delito no deben verse como una cuestión eminentemente policial”.

“Todo aporte que el conjunto de la sociedad, dentro de la legalidad vigente, pueda efectuar para combatir el flagelo de la inseguridad es bienvenido”

Asimismo, Borrelli aseguró que “El Gobierno de Macri trabaja día tras día para sumar recursos humanos y materiales en el combate de la inseguridad: 2000 efectivos de la Policía Metropolitana; 1000 del cuerpo de agentes de tránsito; 500 quinientas cámaras de seguridad; y 50 patrulleros”.  “Y como si todo esto fuera poco, una comisaría modelo en la Argentina y en toda Latinoamérica, que se integra con el Ministerio Público, con espacios separados para menores y adultos. Todo este esfuerzo público se potencia si cuenta con la colaboración de la sociedad civil, finalizó Borrelli.

Resaltó que “la propia Ley 1913, sancionada en 2005, que regula la actividad de las prestadoras de seguridad privada, les tiene reservado a éstas un rol de colaboración en materia de prevención del delito”. “En el inciso a) del artículo 10º, que establece las obligaciones de los prestadores, se establece la obligación de poner en conocimiento inmediato de la autoridad policial o judicial, todo hecho delictivo de acción pública del que tomen conocimiento en oportunidad del ejercicio de su actividad”.

Si esto es verdad: que el inciso A del artículo 10 de la ley 1913 obliga a las empresas de seguridad privada a poner en conocimiento inmediato a la justicia o la policía todo hecho delictivo, ¿para qué entonces el acuerdo?

El debate

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160312-2011-01-12.html

Estamos Haciendo Buchones

Hoy firman la polémica iniciativa de Macri con los vigiladores privados. El gobierno porteño pretende luego extender la tarea a taxistas, porteros, recolectores de residuos, canillitas. Fuertes críticas. Sostienen que es una responsabilidad del Estado.

El gobierno porteño firmará hoy un convenio con la cámara que agrupa al 90 por ciento de las agencias privadas de seguridad, con el objetivo de que los vigiladores se sumen al Plan de Seguridad oficial, a fin de dar “avisos y alertas” a la Policía Metropolitana sobre cualquier hecho delictivo –flagrante o por simple “sospecha”–, de manera de acelerar la “intervención preventiva” de la fuerza. A la iniciativa, que comenzaría a aplicarse en unos 60 días, podrían acoplarse después actores civiles, como taxistas, porteros de edificios, recolectores de residuos, kiosqueros o canillitas, entre otros gremios. Consultado por Página/12 sobre lo peligroso de apelar a la delación generalizada porque esto puede dar lugar a hechos de violencia o abuso institucional, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, respondió que se realizarán “cursos de capacitación” para evitar problemas, primero con los vigiladores, y luego con el resto de los convocados, si es que se llega a un acuerdo con los demás sectores a los que se piensa llamar.

“Es un plan de alertas médicas, civiles, sociales y no sólo por casos delictivos. Cualquier taxi, en Madrid, está conectado a un número mediante el cual puede comunicarse con las autoridades que correspondan (policiales, sanitarias y otras) para informar sobre un hecho en el cual sea necesaria su intervención. Todo suma a la seguridad”, dijo Montenegro en su diálogo con este diario. “Los acuerdos se van a realizar mediante convenios con los gremios y en el caso de mañana (por hoy) será con la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (Caesi)”, explicó.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consultado por este diario sobre el anuncio del ministro Montenegro, puso varios reparos al proyecto. “En primer lugar, porque involucrar en un plan oficial a los vigiladores privados es delegar la responsabilidad que tiene el Estado en materia de seguridad y que no se puede privatizar.” Como segundo punto, Chillier sostuvo que “está demostrado que las agencias de seguridad privadas funcionan en medio de un total descontrol. Se trata de verdaderos ejércitos de vigiladores que trabajan en empresas que, en algunos casos, son propiedad de ex represores de la dictadura militar”.

En este mismo sentido, Chillier recordó que el CELS, a partir de una nota de Página/12, tuvo que presentar un recurso de amparo ante la Justicia para que el gobierno porteño accediera a dar información sobre dos agencias de seguridad privada vinculadas con dos represores prófugos entonces –abril de 2009–, el teniente coronel Héctor Mario Schwab, ex funcionario de Antonio Bussi en Tucumán durante la dictadura, y el coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Quinto Cuerpo de Ejército. Por último, Chillier dijo que recurrir a los “avisos y alertas” de los que habla Montenegro “es totalmente opuesto a lo que significa un sistema de seguridad comunitario, con participación de la comunidad civil. Esto no es una política de Estado seria. Se busca incorporar más gente al sistema, cuando tenemos el problema de fuerzas de seguridad que no son confiables, incluyendo a la Policía Metropolitana, por su cuestionado origen y por la causa por escuchas telefónicas en trámite. Ahora, lejos de intentar mejorar esa historia, se busca una alternativa que sólo parece una manera de huir hacia adelante, sin recomponer lo pasado”.

Montenegro, por su parte, consideró que “el hecho de incorporar más capacidad de ojos para controlar la seguridad, siempre va a ayudar. Antes de llevar a la práctica esta iniciativa vamos a realizar 60 o 70 días de pruebas y de capacitación”. En principio, el plan piloto se comenzará a aplicar en las comunas donde ya está constituida la Policía Metropolitana, en los barrios porteños de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, Agronomía, Paternal y Villa Crespo. El programa se llevará luego al resto de los barrios. En la Capital Federal, en la actualidad, hay más de 30 mil vigiladores que trabajan para las agencias de seguridad privada.

“Todo se va a organizar debidamente. Para dar un ejemplo: un taxista en la calle tiene tres botones, uno rojo, uno verde, uno amarillo, y los toca según lo que está pasando, se trate de un accidente de tránsito, de una emergencia de salud, de un incendio o de un hecho delictivo. Con la debida capacitación, todos van a estar preparados para prestar un servicio que nos va a servir a todos”, insistió Montenegro. Además de la instrucción, el gobierno porteño dotará a los vigiladores de teléfonos celulares para que comuniquen cualquier novedad al Centro Unico de Comando y Control (CUCC), organismo encargado de coordinar las acciones.

http://www.urgente24.com/noticias/val/2566-10/lo-de-pagina-12-no-se-puede-creer-pero-el-problema-es-el-cels.html

Lo de Página/12 no se puede creer pero el problema es el Cels

Página/12 titula “Estamos Haciendo Buchones” a una iniciativa relativamente lógica de la Administración porteña: la información proporcionada por particulares que pueda ayudar a conocer cualquier hecho de inseguridad que pueda ocurrir en el perímetro de la Ciudad de Buenos Aires. La estupidez del ladriprogresismo no tiene límites.

por EDGAR MAINHARD

El falso progresismo no tiene respuesta para la inseguridad porque considera inapropiada cualquier iniciativa por represiva, y cuando todo se desborda terminan denunciando el gatillo fácil.

En esa lógica, de una perversidad llamativa para con el interés comun de la sociedad, el falsoprogresismo pierde a menudo la batalla ante la opinión pública, situación que, hasta ahora, sin embargo, no consigue utilizar en beneficio propio la heterogénea oposición.

En cualquier esquema de inseguridad en la Ciudad aparecen 4 datos relevantes:

> la cantidad de policías metropolitanos es insuficiente,

> no hay recursos suficientes para incorporar el patrullaje suficiente.

> nadie conoce mejor la situación en un barrio que sus propios vecinos, y

> la Administración porteña no puede contar con la colaboración de la Administración nacional.

La instalación masiva de cámaras de seguridad es una opción. Pero, a menudo, no es una herramienta preventiva porque el delito es identificado una vez que ha ocurrido.

Luego, ocurren muchísimos casos de emergencia que no son delictivos pero que integran cualquier Mapa de Inseguridad: accidentes varios, agresiones domésticas no denunciadas, explotación de personas tampoco denunciadas, etc.

Al Gobierno porteño se le ocurrió imitar una experiencia que ocurre en otros países. La incorporación de los taxímetros al sistema de seguridad fue una propuesta que, inclusive, Urgente24 llevó a Juan José Álvarez y Diego Gorgal, cuando se encontraban al frente de la seguridad porteño, luego del incendio del local República Cromañón, una iniciativa de una empresa de radiotaxis (un taxista en su vehículo tiene 3 botones: rojo, verde y amarillo, y los toca según se trate de un accidente de tránsito, de una emergencia de salud, de un incendio o de un hecho delictivo). Se trataba de utilizar más eficientemente las redes de comunicaciones existentes en las diversas frecuencias de radiotaxis.

Álvarez derivó a Gorgal, quien cuestionó cómo incorporar a todos los taxímetros a un sistema voluntario. Básicamente consideraron que no era un mecanismo convencional pero hay países vecinos que lo aplican, para comenzar.

La Administración Macri incorporó la idea al Plan de Seguridad metropolitano.

Luego, lo extendió a las agencias de seguridad privadas con actuación en la Ciudad: hoy se firmará un convenio con la cámara que agrupa al 90% de las agencias privadas de seguridad. El gobierno porteño dotará a los vigiladores de teléfonos celulares para que comuniquen cualquier novedad alCentro Unico de Comando y Control (CUCC).

Y por supuesto hay otros actores posibles para un esquema que permita conocer con mayor precisión qué ocurre en una urbe tan vasta y compleja.

Luego, las autoridades policiales deberán desmenuzar el flujo informativo e identificar prioridades. Pero hoy día hay un problema real de déficit informativo, y además la colaboración y participación ciudadana permite un enfoque diferente al problema de la inseguridad.

Pero para Carlos Rodríguez, el escudero de Raúl Kollman en el matutino paraestatal Página/12, hay algo “peligroso” en “apelar a la delación generalizada”.

¿Delación? Muy curioso el concepto de Rodríguez, quien termina cometiendo los graves errores de enfoque en la cuestión de la inseguridad de toda la prensa afin al ladriprogresismo.

El ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, respondió: “Es un plan de alertas médicas, civiles, sociales y no sólo por casos delictivos. Cualquier taxi, en Madrid, está conectado a un número mediante el cual puede comunicarse con las autoridades que correspondan (policiales, sanitarias y otras) para informar sobre un hecho en el cual sea necesaria su intervención. Todo suma a la seguridad. Los acuerdos se van a realizar mediante convenios con los gremios y en el caso de mañana (por hoy) será con la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (Caesi)”.

Que el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se oponga a la iniciativa es casi una garantía de que el proyecto puede resultar interesante y hasta efectivo.

El Cels es una organización no gubernamental que afirma velar por los intereses de las minorías, los desprotegidos, etc. pero termina más interesado en los derechos de los victimarios que de las víctimas, cuando la disyuntiva escala en la jerarquía judicial.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó el proyecto ante Página/12 (donde es columnista el presidente del Cels, Horacio Verbitsky: “En primer lugar, porque involucrar en un plan oficial a los vigiladores privados es delegar la responsabilidad que tiene el Estado en materia de seguridad y que no se puede privatizar.”

Sin embargo, ¿qué es el Estado sino una expresión de todos los ciudadanos?

Chillier ubica al Estado como un ente apartado de los ciudadanos, en una lógica corporativista que provoca el desinterés de por lo que, en verdad, es de todos.

El Estado es colectivo (de eso trata la democracia representativa, de la delegación puntual de parte de la Administración) tal como la seguridad pública es colectiva.

Chillier agregó: “Está demostrado que las agencias de seguridad privadas funcionan en medio de un total descontrol. Se trata de verdaderos ejércitos de vigiladores que trabajan en empresas que, en algunos casos, son propiedad de ex represores de la dictadura militar”.

Un prurito ridículo. Dado que el Cels consigue muchos de sus recursos financieros con el discurso de lo ocurrido durante el Proceso de Reorganización Nacional, hasta es previsible que Chillier apuntaría a eso. También lo es que cuestionara a la Policía Metropolitana, en parte una consecuencia en la jurisdicción porteña de la tozudez política del kirchnerismo, su desinterés por los intereses de los porteños y la ineficiencia de la Policía Federal, al menos en los últimos años, y hoy al servicio de Nilda Garré, una amiga del Cels.

En principio, el plan piloto se comenzará a aplicar en las comunas donde ya está constituida la Policía Metropolitana, en los barrios porteños de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, Agronomía, Paternal y Villa Crespo. El programa se llevará luego al resto de los barrios.

 

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Responses

  1. EL TEMA ES COMPLEJO LA SEGURIDAD ES UN APOSTOLADO, PERO SON POCOS LOS APOSTOLES. EL PROBLEMA RADICA EN LA INCORPORACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA, SIN CAPACITARLOS, NI PAGARLES UN PLUS. LA SEGURIDAD PRIVADA ES UN CURRO MUY GRANDE MANEJADO POR GORINI Y GARCIA DE LA UPSRA. EL VIGILADOR PRIVADO GANA POQUISIMO Y ¿ TENER QUE CUMPLIR UN SERVICIO PUBLICO TODAVIA? A PROPOSITO EL PERIODISMO Y LA GENTE EN GRAL.CONFUNDE LOS TANTOS CIVILES SOMOS TODOS Y EL PERSONAL POLICIAL NO ESCAPA A LAS REGLAS, SON CIVILES ARMADOS. OTRO TEMA EN MATERIA DE CONFIABILIDAD LA SEGURIDAD PRIVADA GANA LEJOS CON RESPECTO A LA PUBLICA. LAMENTO LA INCORPORACION DE LOS EMPLEADOS NUEVOS SALIDOS DE LA FEDERAL, SON POCO CONFIABLES, DIRIA QUE SON CORRUPTOS RETIRADOS.


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