Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 10, 2011

Informe final de la comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la policía metropolitana (texto completo)

Informe final – Diciembre de 2010

Elaborado por los siguientes miembros de la Mesa Ejecutiva de la Comisión:
Alegre, Gabriela Patricia
Gentili, Rafael Amadeo
Parrilli, Marcelo
Ruanova, Gonzalo Roberto
Sánchez Andía, Rocío

Tabla de contenidos
1 Presentación 2
2 Antecedentes 2
3 Actividades realizadas en el marco de la Ley 3255 4
4 Observaciones sobre los legajos revisados 7
5 Perfil de los altos mandos 11
6 Conclusiones 12

1 Presentación
El presente constituye el informe final de la Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana (PM), que funciona en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creada por Ley 3255 (modificada por Ley 3.416), está compuesta por los miembros de la Comisión de Seguridad, de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, y la Defensora del Pueblo de la Ciudad.

2 Antecedentes
La PM nace con la sanción de las leyes 2894 de Seguridad Pública, 2895 de creación del Instituto Superior de Seguridad Pública, y 2947 de creación del Estatuto para el Personal policial, en octubre y noviembre de 2008.
En junio de 2009, el Jefe de Gobierno de la Ciudad designa como primer Jefe de la PM a Jorge “Fino” Palacios. Ese nombramiento se produce a pesar de las críticas y advertencias de numerosas organizaciones sociales y de todo el arco opositor, atento a sus antecedentes (vinculados con los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, con el secuestro de Axel Blumberg, sus vínculos con el delito organizado y la justificación del terrorismo de Estado en su libro Terrorismo en la Aldea Global) y al muy probable procesamiento en la causa por encubrimiento en el marco de la investigación del atentado a la sede de la AMIA.
Desde el mismo momento de la conformación de la PM, tomaron estado público un conjunto de graves episodios vinculados a la ausencia de idoneidad para cumplir la función policial de varios de sus funcionarios y agentes. Puntualmente, se conocieron casos de funcionarios y agentes con procesamientos e imputaciones penales. Estos hechos derivaron en la renuncia, a muy pocos días de ser designados, del Jefe y Subjefe de la PM, y en la baja de varios altos mandos y oficiales.
Los episodios más resonantes se relacionan con la renuncia del Jefe de la PM, Jorge “Fino” Palacios (el Dto. 917/09 del 16 de octubre de 2009 acepta la renuncia a partir del 25 de agosto), a partir de los fuertes cuestionamientos de amplios sectores de la sociedad, organismos de derechos humanos y especialmente de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, por su rol de encubridor en la investigación de dicho atentado. Para ese entonces, el fiscal de la causa lo había imputado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la supuesta destrucción de pruebas y omisión de actuar en la persecución y represión de delincuentes. La renuncia se produce pocos días antes de su procesamiento.
En ese marco, toman estado público las denuncias que involucran a Jorge Palacios y al ex empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad, Ciro James, por las escuchas ilegales a diversas personas, entre ellas a Sergio Burstein, familiar de víctima del atentado a la AMIA. Las denuncias terminarían en el procesamiento y la detención de ambos, por asociación ilícita, falsedad ideológica y escuchas ilegales, en la causa que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, interinamente a cargo del Dr. Norberto Oyarbide. A la fecha de este informe, Palacios tiene procesamiento firme de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
Con la renuncia de Palacios queda a cargo de la PM el Subjefe Osvaldo Chamorro, quien renuncia el 24 de noviembre de 2009 (Dto. 1170/09), al conocerse que tenía en su poder datos patrimoniales y financieros de funcionarios del Gobierno y legisladores de la oposición, en el marco de la causa por escuchas ilegales. Al igual que otros altos jefes de la PM, Chamorro había sido pasado a disponibilidad en la que fue denominada la mayor purga de la historia de la Policía Federal Argentina (Resolución 670/PFA del 18 de mayo de 2004).
En el marco del escándalo por las escuchas ilegales, otro allegado del “Fino” Palacios es echado por el Jefe de Gobierno porteño: el ex comisario de la PFA Roberto Ontiveros, contratado como asesor en el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJyS). La baja fue confirmada por el ministro Montenegro, en ocasión de la concurrencia a la Legislatura el 19 de noviembre de 2009 para informar sobre los graves episodios que involucran a la PM.
El 11 de diciembre de 2009, ante las forzadas renuncias de Palacios y Chamorro, el Jefe de Gobierno porteño designa, mediante Dto. Nº 1101/09, a Eugenio Burzaco, un civil, al mando de la PM.
La investigación en la causa por escuchas ilegales no se detuvo en Palacios, Chamorro y James, ni tampoco con el procesamiento de dos magistrados de la Provincia de Misiones que habían permitido que las escuchas se realizaran. Por indicación de la propia Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, el 14 de mayo de 2010 el Juez Federal Norberto Oyarbide dicta el procesamiento de Mauricio Macri por encontrarlo penalmente responsable de tomar intervención en la asociación ilícita en carácter de miembro. Dicho procesamiento queda firme el 15 de julio de 2010 a partir de un nuevo fallo de la Cámara, dando lugar a una crisis institucional de extrema gravedad.
La posible existencia de una asociación ilícita dedicada al espionaje funcionando a partir de la más alta jerarquía de la PM (Jefe y Subjefe); la investigación judicial sobre la participación y el amparo del Jefe de Gobierno a la misma; y la sospecha de que la matriz emplazada por Palacios seguía instalada, a pesar de su forzada renuncia, a través de la incorporación de ex comisarios de la PFA vinculados a él, determinaron la necesidad de realizar una evaluación de las incorporaciones efectuadas y del proceso de altas policiales determinado por el Gobierno porteño.
Fruto de esta situación, el 19 de noviembre de 2009 la Legislatura sancionó la Ley 3255. Mediante dicha norma se creó la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras fuerzas de Seguridad a la PM, que en el plazo determinado (originalmente 90 días, prorrogado por Ley 3416 hasta el 15 de diciembre de 2010) debía elaborar informes detallados sobre el mencionado personal.
Tras varias postergaciones, la PM “sale a la calle” con 500 efectivos, en la Comuna 12, el 4 de febrero de 2010.
En paralelo, el 12 de agosto de 2010 la Legislatura votó la Resolución 321/10 la cual dispuso la creación de una Comisión Investigadora Especial (CIE), en los términos del artículo 83 inciso 3º de la Constitución de la Ciudad.

2.1 Bajas de personal policial desde la sanción de la Ley 3255
Las bajas de personal policial siguieron más allá de las renuncias de Palacios y Chamorro. Entre febrero y abril de 2010 se produjeron 22 bajas, incluidos un Comisionado General, un Comisionado Mayor y cuatro Comisionados. Las cesantías se determinaron a partir de las Resoluciones 194, 195 y 388, del MJyS, y constituyen una prueba más de la gravedad institucional que implica todo el proceso de conformación de la PM.
Los motivos de las bajas no se han podido conocer con precisión, ya que la Resolución que las establece nada dice al respecto, remitiendo a la nota suscripta por el Jefe policial que solicita la baja. Sin embargo, según declaraciones públicas de los máximos funcionarios del Gobierno porteño, se pudo saber que se trataba en todos los casos de policías que poseen antecedentes penales.
El más resonante fue el del Comisionado Miguel Ángel Fausto Colombo, responsable del área de Investigaciones de la PM. Su baja se produjo el 23 de abril del 2010, luego de que se difundiera públicamente su procesamiento en una causa que investiga la protección policial a tres prostíbulos. Según reconoció el jefe policial Eugenio Burzaco en ocasión de su exposición ante los diputados, el procesamiento de Colombo era muy anterior a su nombramiento en la PM.
Según informó Burzaco, el 24 de mayo de 2004 se le dictó un auto de procesamiento sin prisión preventiva. El 18 de agosto de 2009, el requerimiento de elevación a juicio oral fue efectuado por el fiscal de la causa, doctor Campagnoli. Los cargos en su contra fueron cohecho pasivo, encubrimiento agravado por ser funcionario público, participación en el delito de infracción (art. 17 de la Ley 12.331) e infracción al art. 274 del Código Penal, todos en concurso real.

2.2 Control y reasignación de competencias sobre la incorporación del personal
El escándalo político e institucional producido en la conformación de la PM, sobre todo en cuanto al personal proveniente de otras fuerzas, obligó al Gobierno porteño a tomar tres medidas.
• El 30 de marzo de 2010, por Resolución 266/10 del MJyS, se crea en dicho ministerio la Comisión de Revisión de Incorporaciones a la PM. La misma se integra por el Jefe de la PM, el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, el Auditor Externo Policial y el Director General de Recursos Humanos de dicha fuerza. Entre otras, la Comisión tiene como misión la revisión integral de los antecedentes presentados por el personal ingresado a la PM, proveniente de otras fuerzas de seguridad.
• El mismo día, por Resolución 267/10 del Ministro de Justicia y Seguridad, se reasignan las competencias para el manejo del ingreso del personal, poniéndolas fuera de la órbita de la PM. A partir de allí, queda a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública llevar adelante el proceso de selección, reclutamiento y admisión de aspirantes, responsabilidades hasta entonces a cargo de la Dirección de Personal que pertenece a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la propia PM (Dto. 55/10). Nótese que esta reasignación de competencias se realizó en violación del principio de legalidad, en tanto no se pueden modificar por resolución responsabilidades otorgadas por decreto.
• Por último, a través de la Resolución 17 JPM/10, el Ministro de Justicia y Seguridad dispuso que todos los agentes ingresados y los que se incorporen deberán firmar una declaración jurada en la que conste que no cuentan con antecedentes penales.

3 Actividades realizadas en el marco de la Ley 3255
3.1 Constitución de la Comisión
De acuerdo a lo establecido en la Ley 3255, el 24 de noviembre de 2009 se constituyó la Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la PM. La misma se integró de acuerdo a la conformación que, en ese entonces, tenían las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos.
La Ley 3255 establecía un plazo de 90 días para que la Comisión realice su cometido. No obstante, debido a la renovación del cuerpo legislativo, la Comisión suspendió sus actividades hasta tanto se conformaran las Comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos según la nueva integración del cuerpo.
Atendiendo a ello, en febrero de 2010 se realizaron dos reuniones informales con la participación de la Sra. Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini.
La primera con los legisladores Gabriela Alegre y Martín Borrelli, en la Defensoría. Ambos diputados aún no estaban designados como presidentes de sus respectivas comisiones. Se realizó un intercambio de ideas, a la espera de la constitución formal de las mismas en la Legislatura.
En una segunda oportunidad, ambos diputados y la Defensora concurrieron a la sede del MJyS donde se mantuvo una reunión con el Ministro Guillermo Montenegro, el Secretario de Justicia Dr. Daniel Presti, el Jefe de Asesores del Ministerio Dr. Horacio García y el Auditor Externo Dr. Gustavo Morón. Se conversó sobre la metodología de trabajo, el lugar para realizar la compulsa de legajos y las prioridades de revisión: mayores de 50 años, con cargos de conducción, luego demás cargos de conducción y finalmente los restantes miembros.
El 9 de marzo se realizó una primera revisión de legajos, de carácter informal. El MJyS ofreció 50 legajos originales sobre la mesa de trabajo. Los mencionados legisladores y la Defensora concurrieron con asesores y procedieron a su revisión. Como consecuencia de la misma, el 22 de marzo la Defensora remitió nota al Dr. Morón solicitando ampliación de información en dos casos. No se recibió respuesta formal, pero las dos personas sobre las que se requirió información fueron dadas de baja.
Ya con la nueva conformación legislativa, y elegidos los nuevos integrantes de las Comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos, la Legislatura sancionó la Ley 3416, que amplió el plazo de 90 días que establecía la Ley 3255, extendiéndolo hasta el 15 de diciembre de 2010, prorrogable por el máximo de un año.

3.2 Nueva integración de la Comisión, Mesa Ejecutiva, aprobación de Reglamento e Informes Preliminares
El 20 de abril de 2010 se volvió a constituir la Comisión, de acuerdo a la nueva conformación de la Legislatura. Allí se aprobó la conformación de su Mesa Ejecutiva y, el 26 de abril, el reglamento interno. La Mesa Ejecutiva quedó integrada por los diputados Marcelo Parrilli, Rafael Gentili, Rocío Sanchez Andía; Gonzalo Ruanova, Helio Rebot, Victoria Morales Gorleri, Enzo Pagani, Avelino Tamargo, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, Gabriela Alegre, el presidente de la Comisión de Seguridad, Martín Borrelli, y la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini.
La tercera reunión del pleno fue el 15 de agosto. Allí se resolvió remitir por nota al MJyS los primeros informes elaborados en el seno de la Comisión en los términos del art. 5° de la Ley 3255. Además, se solicitó por nota al Ministerio los puntos incluidos en el apartado 8º del informe de los bloques de oposición. Asimismo, se requirió la información solicitada por la Defensoría respecto de los legajos consultados. Por último, se decidió solicitar por nota a la PFA la remisión de los legajos de los cuatro superintendentes de la PM.
La Mesa Ejecutiva se reunió en dos oportunidades en la sede de la Legislatura: 5 de mayo y 1º de junio de 2010.
En la primera reunión se resolvió solicitar por nota al Ministerio el listado completo y actualizado de la totalidad del personal proveniente de otras fuerzas con mención de legajo, cargo y destino y el organigrama policial con indicación del personal designado en cada cargo.
Con la presencia de 11 representantes de todos los bloques de oposición, el 4 de agosto de 2010 fue presentado el Informe Preliminar, de acuerdo al art. 5 de la Ley 3255. Los diputados firmantes fueron: Gabriela Alegre, Juan Pablo Arenaza, Delia Bisutti, Rafael Gentili, Marcelo Parrilli, Diego Kravetz, Gonzalo Ruanova, Francisco Nenna, Rocío Sanchez Andía, Claudio Presman y Julio Raffo. En el mismo mes fueron dados a conocer los informes preliminares del PRO y de la Defensora del Pueblo. Dichos informes fueron enviados al MJyS el 20 de septiembre.

3.3 Revisión de legajos
El MJyS digitalizó los legajos del personal y propuso como modalidad de trabajo la proyección uno a uno en una pantalla gigante, con posibilidad de consultar el legajo en papel sólo en caso de dudas. El Ministerio propuso a la Mesa Ejecutiva días y horarios de consulta de acuerdo con la disponibilidad de salones.
La Mesa Ejecutiva se constituyó en catorce (14) oportunidades (27/4, 3/5, 12/5, 18/5, 19/5, 24/9, 28/9, 5/10, 12/10, 15/10, 19/10, 22/10, 9/11, 7/12 ) en la sede el Ministerio de Justicia y Seguridad con el objeto de proceder a la revisión de los legajos de los agentes ingresados a la Policía Metropolitana provenientes de otras fuerzas de seguridad y en una (1) oportunidad en la sede de la Legislatura, para cotejar, en fotocopias, cinco legajos pendientes de revisión y a solicitud de los miembros de la Mesa Ejecutiva.
De acuerdo con la propuesta del Ministerio, se comenzó por revisar los legajos digitalizados de los Comisionados y Superintendentes, en base a un listado otorgado por el Ministerio en el que figuran 44 personas designadas en el rango de Comisionados y 4 en el de Superintentendentes.
Posteriormente, se revisaron 68 legajos de inspectores y subinspectores provenientes de las Superintendencias de Investigaciones, de Comunicaciones y la División de Operaciones Especiales (DOEM).
La Mesa Ejecutiva revisó 112 legajos en total. De ellos, 52 son legajos de personal superior: 4 Superintendentes, 11 Comisionados Generales, 10 Comisionados Mayores y 27 Comisionados.

3.4 Solicitudes de información y requerimientos al MJyS
El 6 de mayo de 2010 se libró nota solicitando al MJyS la lista completa y actualizada del personal proveniente de otras fuerzas, con mención de legajo, cargo y destino. También se solicitó el organigrama de la PM con indicación del personal designado en cada cargo.
La nota, que tramitó por Registro 458.976-DGTALMJYS, obtuvo respuesta el 1º de junio. De la misma surge que el personal policial a esa fecha es de 926 agentes, incluidos los mandos superiores. Sin embargo la información aportada no es completa, faltando indicación del personal nombrado en cada cargo, según el organigrama.

3.4.1 Solicitudes de información realizadas al realizados al MJyS a partir de las conclusiones del Informe Preliminar
El 20 de septiembre se libra la segunda nota al MJyS requiriendo informes (Nota 186/2010). En ella se solicitó: a) detalle de las bajas de personal de la PM ocurridas desde su formación, con especificación de las causas en cada caso; b) criterios técnicos y parámetros que utilizó para incorporar personal con experiencia en otras fuerzas de seguridad; c) modalidad de empleo y contratación de los agentes de la PM y el personal que ocupa cada uno de los cargos de conducción del organigrama; d) aclaraciones sobre legajos en particular solicitadas por la Defensoría. Las solicitudes no tuvieron respuesta a la fecha del presente Informe.

3.4.2 Requerimientos realizados al MJyS como parte de las conclusiones del Informe Preliminar
a) Que intime a los agentes ya ingresados a completar la información requerida por el Ministerio que aún adeudan.
b) Que realice las gestiones que correspondan para que en todos los legajos de los agentes provenientes de otras fuerzas figure la foja de servicios.
c) Que requiera informes al Registro de Empresas de Seguridad Privada para conocer si alguno de los agentes es titular de empresas de seguridad privada o presta servicios en el rubro.
d) Que requiera informes a organismos del Estado y de la sociedad civil que entiendan sobre la problemática, acerca de los agentes ya ingresados, para conocer si estuvieron implicados en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
e) Que requiera informes a organismos del Estado y de la sociedad civil que entiendan sobre la problemática, acerca de los agentes ya ingresados, para conocer si estuvieron implicados en casos de gatillo fácil.
f) Que dicte normativa general que protocolice la incorporación de personal.
Ninguna de estas recomendaciones han sido contestadas por el MJyS, ni se conoce que se hayan implementado.
Respecto del requerimiento d) cabe destacar lo siguiente: en ocasión del trabajo de la Comisión Investigadora, brindó testimonio el Dr. Luis Hipólito Alen, Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ante una requisitoria, el Dr. Alen dijo que dicha Secretaría, antes de ascender a policías federales, confronta sus antecedentes con el Archivo Nacional de la Memoria para constatar que no hayan participado de la represión ilegal perpetrada por la dictadura. “De acuerdo a esos antecedentes, si es necesario, se requieren los legajos del personal que se trate, se los estudian y se comparan con el material existente. Si existe alguna mención de que esa persona estuvo involucrada en hechos de represión ilegal, violaciones de derechos humanos o atentados contra el orden constitucional, se informa y el Poder Ejecutivo no procede a darles el ascenso, la promoción o lo que fuere. Del mismo modo, también algunas provincias nos han solicitado en algunas oportunidades informes acerca del personal policial de las mismas, con el mismo criterio. La resolución siempre es igual. Eso no ocurrió en el caso de la Ciudad.” (versión taquigráfica del 15/11/2010)

4 Observaciones sobre los legajos revisados
4.1 Antecedentes vinculados a la prestación de servicios policiales
En algunos casos, los legajos contienen la foja de servicios del agente. En otros, sólo figura una certificación de servicios donde se registran destinos del personal pero sin detalle de fechas ni rango y cargo. Algunos legajos contienen una certificación de servicios que sólo incluye fecha de ingreso y egreso a la fuerza, omitiendo destinos, fechas, cargos y rangos. También se encontraron legajos sin ninguna de estas certificaciones.
La foja de servicios es un documento imprescindible para conocer la trayectoria de los agentes. Aun así, se verificó que en tres ocasiones se dieron altas sin que existiera en el legajo el correspondiente certificado de servicios, en cualquiera de sus formas.
Sin foja de servicios no es posible conocer de manera fehaciente la situación de revista a lo largo de la carrera policial en la fuerza de origen (servicio efectivo, pasivo, en disponibilidad), las razones de tal situación ni el tipo de retiro de la fuerza de origen (voluntario, obligatorio) y sus motivos.
Como vemos, la información contenida en los legajos resulta muy desigual y, en la mayor parte de los casos, insuficiente para conocer los antecedentes policiales de los aspirantes de modo que permitan realizar una evaluación seria.
La situación resulta agravada cuando se trata de personal policial que ha prestado servicios en el período de la dictadura (1976-1983). En esos casos, la sola presentación de certificado de prestación de servicios oficiales, en cualquiera de sus formas, resulta insuficiente para conocer el carácter de las tareas, a fin de saber fehacientemente si el personal aspirante cumple con los requisitos e impedimentos establecidos en la Ley de Seguridad Pública (Ley 2894), específicamente en el inc. f) del art. 46 que indica la obligatoriedad de “acreditar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función pública y a la función específica que reglamenta la presente Ley”.

4.2 Certificación de Reincidencia
La certificación de Reincidencia se acreditó en todos los legajos revisados a la fecha. Sin embargo, en tres ocasiones (dos de las cuales se trata de Superintendentes) este fue solicitado, y en consecuencia presentado a las autoridades del MJyS, después de la fecha de designación en la PM. Este hecho hace sospechar que la verificación de antecedentes penales que realizó el Ministerio, al menos en este caso, fue un mero trámite administrativo y no un requisito de acreditación de idoneidad.

4.3 Antecedentes disciplinarios en la fuerza de seguridad de origen
No existe acreditación de averiguaciones efectuadas por el Ministerio respecto de la existencia de antecedentes disciplinarios, del personal incorporado, en las fuerzas de seguridad de procedencia.
En contados casos figura un certificado de antecedentes, emitido por la División Información y Antecedentes de la Superintendencia de la Policía Científica, de la PFA.
La existencia de este documento aportado por los ingresantes, sin que mediara obligación administrativa, indica que era factible que el MJyS lo requiriera y que todos los ingresantes lo aportaran, como forma de acreditar sus antecedentes.
La certificación presentada por algunos agentes contradice la versión oficial del Gobierno de la Ciudad según la cual la PFA no prestó colaboración en la verificación de los antecedentes disciplinarios de sus agentes.
En el mismo sentido avanza la respuesta brindada por dicha fuerza en ocasión de la requisitoria del Ministro de Justicia y Seguridad, en relación a si existe constancia de la prestación de servicios del Sr. Gustavo Morón, Auditor Externo de la PM, en la PFA (copia de dichas actuaciones fueron enviadas a los despachos de legisladores el 30 de junio pasado, por el MJyS). En esta ocasión, dicha fuerza emite un informe respondiendo al requerimiento del Gobierno porteño.
De todos modos, las fojas de servicios remitidas en su momento por la PFA no contienen el detalle completo desde el inicio de la carrera del agente en la fuerza sino únicamente a partir del grado de inspector.

4.4 Incompatibilidades con la prestación de servicios de seguridad privada
No existe, por parte del Ministerio, verificación de incompatibilidades con la prestación de servicios de seguridad privada.
El art. 41º de la Ley 2894 de Seguridad Pública señala que “el personal con estado policial está sometido a un régimen de dedicación exclusiva, con expresa prohibición de servicio de policía adicional o cualquier otra actividad que fuera reputada incompatible, riesgosa o que pueda resultar en desmedro del rendimiento físico o psíquico de sus funciones”.
En el mismo sentido, la Ley 2947 que sanciona el Estatuto del Personal de la PM, en el inc. “c” del art. 7º señala la prohibición de “desempeñar otros cargos, funciones o empleos, en el ámbito público o privado, remunerados o no, excepto el ejercicio de la docencia en la forma que lo establezca la reglamentación, mientras permanezca en el servicio activo”.
Por último, la norma que regula los servicios de Seguridad Privada en esta Ciudad (Ley 1913) indica que los prestadores de servicios de seguridad privada y el personal contratado a tal efecto no deberán revistar como personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales ni de organismos de inteligencia.
Estas normas prohíben el ejercicio de la actividad de seguridad privada para los funcionarios policiales. La verificación de incompatibilidades se impone como norma obligatoria para todo aquel que aspire a ingresar a la institución policial. Máxime cuando, en varias oportunidades, a través de la información aportada por los curriculum vitae de los agentes, se verificó la existencia de actividad en el rubro de la seguridad privada, en el lapso que media entre el egreso de la fuerza de procedencia y el ingreso a la PM.

4.5 Aptitud psicofísica
La cláusula transitoria tercera de la Ley 2894 señala que los incorporados de otras fuerzas deberán acreditar aptitud psicofísica. La Resolución 1.197/08 del MJyS reglamenta tal obligación. No obstante esa normativa, no en todos los legajos se encuentra acreditada.

4.6 Curso de nivelación
La cláusula transitoria tercera de la Ley 2894 señala también que los incorporados de otras fuerzas deberán acreditar un curso de nivelación. Sin embargo, de la revisión efectuada no surge acreditación en ningún legajo de la realización del curso de nivelación.

4.7 Certificaciones obligatorias
No se pudo verificar la existencia de certificaciones de carácter obligatorio sobre incompatibilidades para efectuar designaciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad, tales como Programa Jefes/as de Hogar o ANSES.
Asimismo, en pocas oportunidades se acreditaron las certificaciones de Deudores Alimentarios y del Programa de Ciudadanía Porteña.

4.8 Otros antecedentes laborales
En muchos casos la baja en la fuerza policial de origen, en cualquiera de sus formas, se produce algunos años antes del ingreso a la PM. En esos casos es necesario verificar si hubo actividad laboral y de qué índole, entre la fecha de baja y el ingreso a la PM. En algunos casos puntuales, los curriculum vitae no proporcionan las observaciones necesarias para verificar el tenor de las actividades públicas desarrolladas por el personal policial antes de su designación.

4.9 Inexistencia de documentación de designación, escalafón y grado
En la mayoría de los legajos no se encontró la resolución de designación ni tampoco la de asignación de estado policial. Del mismo modo, en los legajos no figura ningún acto por el cual se les asigna grado y escalafón a los agentes.
El Capítulo IV “Carrera Profesional”, de la Ley 2947, define la forma de la carrera profesional. Este capítulo organiza la carrera profesional en dos especialidades, Investigación y Seguridad, y afirma una serie de principios: “profesionalización, eficiencia funcional, y capacitación” para desarrollarse. No se observó en los legajos, y tampoco en las contadas resoluciones de designación halladas, documentos que definan el escalafón al que fueron derivados los agentes. En virtud de información secundaria observada en el legajo, y en la nota 94 del 2010 -del 6 de mayo- enviada a esta Comisión por el MJyS, se accede a la especialidad de cada agente. A pesar de esto, no se tuvo acceso a las razones por las cuales los agentes fueron designados en determinada especialidad.
Lo mismo puede ser dicho para la determinación del “Grado”, Capítulo V de la Ley 2947. El artículo 18 de esta ley determina que las requisitorias para acceder a cada grado “están conformadas por las especialidades adquiridas, los conocimientos alcanzados, el desarrollo de las aptitudes y la eficiencia acreditada en el desempeño de la función que, en su conjunto y a los efectos de esta Ley, se denominarán competencias” y que “el acceso a las distintas fracciones se obtendrá mediante la acreditación de las competencias requeridas para cada uno de ellos”. No se ha podido observar documentos en el legajo, y tampoco en las resoluciones de designación, que acrediten las razones que determinaron la asignación de determinado grado a los diferentes agentes.
Mientras que el Capítulo VI de la Ley 2947 define tres criterios para la designación de cargos (formación profesional y capacitación; desempeño en la carrera profesional, y antecedentes funcionales y disciplinarios), no hay constancia oficial, o al menos pública, sobre cómo se determinaron tales designaciones.

4.10 Declaraciones juradas de no encontrarse bajo procesamiento judicial
Por Resolución 17 JPM/10 se estableció para los aspirantes a la PM la obligatoriedad de presentar una declaración jurada sobre la existencia de antecedentes penales. Se pudo constatar la presencia de dicha declaración en los legajos revisados de Inspectores y Subinspectores, pero no así en los legajos revisados de los Comisionados.

5 Perfil de los altos mandos
5.1 Incorporación de personal policial que revistó en fuerzas armadas o de seguridad durante la última dictadura militar
De la revisión efectuada sobre los 52 altos mandos de la PM se delinea un perfil policial que llama a la mayor preocupación. La información surge del análisis de la foja de servicios, en el caso de que fuera presentada, o del propio curriculum vitae, en su defecto.

• Sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, es decir un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza.
Este antecedente es un dato insoslayable. Al respecto, es necesario asumir que la designación en cargos de conducción de agentes que han tenido experiencia policial en años de dictadura y violaciones a los derechos humanos no se condice con el perfil de policía que la ciudadanía requiere y esta Legislatura ha plasmado en las normas vigentes.
El caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón, nombrado en la PM por Resolución 233 MJYSGC/10, ejemplifica ese perfil. Especializado en inteligencia, ingresó a la PFA en 1976. Según fuera denunciado por el Diputado Marcelo Parrilli, Ferrón participó de la detención ilegal de él y de otros miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del Nunca Más, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981.
• En cuanto a la fuerza de origen, 43 de los 52 altos mandos, o sea un 82% del total, proviene de las filas de la PFA. Los otros 9 cargos de conducción se distribuyen del siguiente modo: 4 proceden de la Gendarmería Nacional Argentina, 3 de la Policía Bonaerense y 2 de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
• Asimismo, 9 de los 52 cargos de conducción revisados, es decir el 17%, fueron pasados a disponibilidad en el 2004 mediante la Resolución 670 de la PFA del 18 de mayo. Todos estos oficiales terminaron su carrera en los meses siguientes a esa Resolución.
La purga fue realizada durante la administración del Presidente Néstor Kirchner. Al anunciar la medida, el entonces Jefe de Gabinete de Ministros comunicó que el 50% de los oficiales separados tenía una causa judicial abierta o se les impulsaba un sumario administrativo.

5.2 Incorporación de personal policial con antecedentes en inteligencia
Un motivo de extrema preocupación es el perfil en inteligencia que revistan varios de los agentes incorporados. El caso más emblemático es sin duda el de Ciro James, quien, además de ser un eslabón clave de la maquinaria paraestatal de espionaje montada, era candidato a ingresar a la fuerza a partir de sus fuertes vínculos con el “Fino” Palacios y su formación y experiencia en inteligencia.
Sobre este particular, la CIE señala que se han relevado 27 casos de ingresantes con experiencia policial que provienen del escalafón de Inteligencia de la PFA: 25 de ellos corresponden a auxiliares de inteligencia de diferentes categorías y 2 son supernumerarios. Doce de ellos son destinados al área de Seguridad y Policía Comunitaria, ocho a Investigaciones y tres a Comunicaciones.
Asimismo, la revisión de legajos permitió verificar que varios de sus miembros están capacitados en “lucha antisubversiva”, “guerrilla urbana” e “inteligencia” en la época de la dictadura. Y otros han realizado adiestramientos en “combate al narcotráfico” y en “antiterrorismo” en los Estados Unidos e Israel. El cuadro se completa con la capacitación que recientemente han recibido dos agentes de la PM sobre “contraterrorismo y narcotráfico” en El Salvador, en el marco de un seminario organizado por la International Law Enforcement Academy (ILEA).
Este conjunto de antecedentes y especializaciones no se condice con las atribuciones que la PM posee en términos de persecución de delitos. Vale recordar que la Ciudad tiene competencias en contravenciones y otros delitos transferidos por el Estado Federal que nada tiene que ver con los delitos complejos y la criminalidad económica. Mucho menos se entiende el interés por la formación en inteligencia y contraterrorismo para una fuerza que ha sido pensada como comunitaria y de proximidad con los vecinos.

6 Conclusiones
6.1 Irregularidades en el procedimiento de la incorporación de personal policial
La Comisión puso en conocimiento del MJyS el Informe Preliminar elaborado por la oposición en septiembre pasado. En éste se observaron diversas irregularidades en el procedimiento de incorporación de personal policial (capítulo 5º) que atentan contra la necesidad de garantizar que los ingresantes cumplan con los requisitos de idoneidad y antecedentes que la función policial requiere. Entres ellos cabe destacar dos hechos: la ausencia en muchos casos, sobre todo en los legajos de los altos mandos, de la foja de servicios de la fuerza de seguridad de origen; y la ausencia en casi todos los legajos revisados del certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la fuerza de origen. El Ministerio nunca estableció la obligatoriedad de que los aspirantes presenten ambas certificaciones.

6.2 Inexistencia de criterios para la incorporación del personal policial con experiencia
No se conocen estudios o actos administrativos que indiquen que el MJyS haya contemplado una planificación estratégica de incorporación de personal policial con experiencia previa, para ocupar los cargos de conducción, basado en necesidades operativas y perfiles de distinta especialización, y en el marco del perfil policial diseñado por la normativa vigente.
La ausencia de criterios acordes con la ley de Seguridad Pública puede ejemplificarse con la incorporación, en mandos medios y oficiales operativos, de agentes con experiencia policial que provienen del escalafón de inteligencia de la Policía Federal. Estas especializaciones no se condicen con las atribuciones que la Policía Metropolitana posee en términos de persecución de delitos. Mucho menos se entiende el interés por la incorporación de agentes de inteligencia para una fuerza que ha sido creada como comunitaria y de proximidad.

6.3 Requerimientos no implementados ni contestados
El Informe Preliminar de la oposición realizó al MJyS una serie de requerimientos a fin de mejorar el proceso de incorporación de personal policial, y acreditar la idoneidad y los antecedentes necesarios para desarrollar la función policial. Los mismos se solicitaron no sólo para los futuros aspirantes sino para los ya ingresados. Entre éstos cabe destacar la necesidad de que el Ministerio realice averiguaciones en organismos públicos de derechos humanos acerca de la participación de agentes en la represión ilegal durante la dictadura.
Éstas y otras requisitorias de la Comisión no fueron contestadas ni implementadas por el MJyS, como consta en el testimonio ante la CIE del Dr. Luis Alén. El funcionario aclaró que tal averiguación de antecedentes constituye un procedimiento habitual en cada pedido de ascenso de las fuerzas federales, e incluso se han brindado informes sobre antecedentes de agentes policiales a distintas jurisdicciones provinciales que lo solicitaron.
Asimismo, a través del Informe Preliminar se solicitó al MJyS que se requieran informes al Registro de Empresas de Seguridad Privadas para conocer si alguno de los agentes es titular de ese tipo de empresas o presta servicios en el rubro. Sobre este particular el Ministerio no envió respuesta oficial, ni se pudo verificar que los informes solicitados se hayan requerido.
El incumplimiento de la normativa vigente sobre el particular queda en flagrante evidencia al corroborar que los propios Jorge Palacios (primer Jefe de la PM) y Osvaldo Chamorro (primer Subjefe) integraban la empresa de seguridad “Strategic Security Consultancy SRL”, tal como fuera investigado por la CIE.

6.4 Denegación al acceso a información
Cabe destacar la falta de colaboración brindada por el MJyS en lo que hace al acceso a la información para el desarrollo de las tareas de la Comisión. En particular, no se recibió ninguna respuesta a las solicitudes efectuadas por la Comisión el 20 de septiembre de 2010. Allí se requería: a) detalle de las bajas de personal de la PM ocurridas desde su conformación, con especificación de motivos en cada caso; b) criterios técnicos y parámetros que utilizó para incorporar personal con experiencia en otras fuerzas de seguridad; c) modalidad de empleo y contratación de los agentes de la PM y el personal que ocupa cada uno de los cargos de conducción del organigrama de la fuerza; d) aclaraciones sobre determinados legajos solicitadas por la Defensoría.

6.5 Perfil de conducción de la PM en contradicción con la ley
La tarea de la Comisión permitió dilucidar que más del 70% de los altos mandos -38 oficiales, entre Comisionados, Comisionados Generales y Comisionados Mayores- tuvieron actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar, incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza. Muchos de esos altos mandos revistaron en la tristemente célebre Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA, organismo que jugó un rol relevante dentro del aparato represivo que ejerció el Terrorismo de Estado.
Al respecto, creemos que la designación en cargos de conducción de agentes que han tenido actuación policial en años de dictadura y violaciones a los derechos humanos colisiona irremediablemente con las recomendaciones internacionales sobre el personal de las fuerzas policiales (Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley – Resolución Nº 34/169 de la ONU) y asimismo con el perfil de policía que la ciudadanía requiere y esta Legislatura ha plasmado en las normas vigentes.
Una fuerza de seguridad creada por el Poder Legislativo con una impronta preventiva, comunitaria y de proximidad con los vecinos se transformó, en manos del Poder Ejecutivo que encabeza el Ingeniero Mauricio Macri, en una policía conducida por oficiales carentes de las acreditaciones de idoneidad democrática y antecedentes que la función requiere.
A fin de sanear esta situación, y sin perjuicio de otras medidas que pueda proponer cada bloque político, consideramos imprescindible la remoción de la actual cúpula de la Policía Metropolitana y la designación de personal policial idóneo y con la acreditación de antecedentes en lo que hace al respeto a los derechos humanos.

Recomendación del diputado Marcelo Parrilli:
Por todo lo antedicho, a fin de modificar efectivamente la actual cúpula de la Policía Metropolitana, entre otras medidas consideramos necesaria la inmediata separación de los 38 altos mandos que hayan tenido actuación en fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar.

Miembros de la Comisión:

Alegre, Gabriela Patricia
Arenaza, Juan Pablo
Bisutti, Delia Beatriz
Gentili, Rafael Amadeo
Nenna, Francisco
Parrilli, Marcelo
Presman, Claudio Damián
Raffo, Julio
Ruanova, Gonzalo Roberto
Sánchez Andía, Rocío

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