Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 25, 2010

¿Los derechos humanos son para los delincuentes? ¿La seguridad no es un derecho humano?

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Los otros derechos humanos

Asociada hasta ahora casi exclusivamente a las víctimas del terrorismo de Estado, la noción de derechos humanos es cada vez más reclamada en relación con otras deudas del Estado. La brutalidad policial contra el reclamo indígena en Formosa y los recientes hechos en Villa Soldati, imponen una nueva agenda y obligan a redefinir prioridades
Por Laura Di Marco

Hay palabras sagradas que, de tanto usarlas -de tanto fatigar su sentido en la lucha doméstica por el poder- van perdiendo su peso real. Y hasta su significado político verdadero.

Es lo que parece estar sucediendo en nuestro país con el debate por los derechos humanos, que el Gobierno puso entre las prioridades de su agenda como signo distintivo de su gestión, pero que desde hace casi tres décadas se asocia casi exclusivamente con las víctimas del terrorismo de Estado.

Sin embargo, algo parece estar cambiando en los significados de esas banderas, por momentos demasiado manoseadas. Los muertos de Soldati, por ejemplo, forzaron a repensar, durante la última semana de locura, el verdadero alcance de las obligaciones de los Estados -tanto Nacional como porteño- para garantizar derechos básicos. E instalaron, también, preguntas nuevas: ¿el acceso a una vivienda digna, contenida en las promesas de campaña del gobierno porteño, no es, también, un derecho humano? O, bien: ¿cómo “nombrar” la ausencia del Estado nacional, como garante fundamental de la paz social, en los primeros días del conflicto? A fines de noviembre, y ante la represión policial a la comunidad Toba de Formosa que dejó dos muertos, heridos, y casas quemadas (aunque con evidente menor visibilidad que los hechos sucedidos en Capital), habían surgido otros interrogantes: ¿por qué un Gobierno comprometido con los derechos humanos miró para el costado ante este ataque o no saltó con igual indignación que ante el crimen de Mariano Ferreyra?

Temas que parecen tan disímiles como la libertad de expresión, los chicos desnutridos de Misiones o la seguridad son considerados hoy, por muchos actores sociales, parte de una agenda contemporánea de derechos humanos. Un ejemplo de estos días: el avance del gobierno de Hugo Chávez para regular los contenidosde Internet -básicamente, el intento de neutralizar voces críticas- mereció un alerta reciente de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ve peligrar la libre circulación de las ideas.

Entonces, ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de derechos humanos?

El constitucionalista Daniel Sabsay da un definición clara y simple: “Son todos aquellos espacios de libertad que le garantizan a una persona el desarrollo de una vida digna”. La palabra clave aquí parece ser “digna” porque esa dimensión -la de dignidad- incluye la garantía de muchos aspectos, como salud, vivienda o alimentación, e incluso la demanda de no vivir en un lugar contaminado, que hacen, también, a la calidad de vida. Por su parte, el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, destaca que a los derechos humanos siempre los viola el Estado, nunca un particular. “Lo demás, son delitos, donde debe intervenir la Justicia. Eso es lo que enseñamos en la Universidad y es una diferencia básica”.

Para el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, “para no perdernos, cuando hablamos de derechos humanos, debemos ceñirnos a una noción internacional: todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene un mínimo de derechos que ningún Estado puede desconocerle”.

Zaffaroni lo explica con más detalle: “No puede haber derechos humanos individuales sin los sociales y viceversa. Esto es simple: si me dan libertad y no me dan pan, usaré la libertad para reclamarlo y me lo tendrán que dar o me quitarán la libertad. Viceversa: si me dan pan sin libertad no podré controlar al que reparte, que al final se quedará con todo”.

La idea contemporánea sobre derechos humanos nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas, en 1948, después de los horrores del Holocausto. Sin embargo, y tal como señala Sabsay, esta cultura de derechos se fue desarrollando a lo largo del tiempo y a través de diversas generaciones. En el siglo 18 y 19, explica Sabsay, se produce la primera generación de derechos, donde predominan los individuales: el derecho a la vida, a comerciar, al trabajo, a profesar diversas religiones, etcétera. A fines, del siglo 19 y principios del 20, se consagran los derechos sociales, que protegen a los trabajadores y que coinciden con la doctrina social de la Iglesia (algunos lo llaman liberalismo social). En esta segunda generación, entra el derecho de huelga. Y en la tercera, los que hacen a la calidad de vida, que incluye los de incidencia colectiva. Esta última generación de derechos, apunta, básicamente, a humanizar las condiciones de la sociedad de consumo”.

Finalmente, Sabsay destacó que el acceso a una vivienda digna -eje del conflicto en Soldati- está consagrado en nuestro país en la Constitución de 1957. “Lejos de ser nuevo, es un derecho consagrado desde hace 53 años”. La reforma constitucional de 1994 elevó y reforzó esas garantías, con la adhesión a tratados y pactos internacionales”, explica. La Constitución de la Ciudad también es moderna y progresista, tanto que la brecha entre la ley y los hechos suele ser inmensa.

Precisamente, desde el macrismo, interpelado esta semana por los hechos del Indoamericano y las polémicas declaraciones de Mauricio Macri en torno a la inmigración, Daniel Lipovetzky, secretario de Inclusión y Derechos Humanos, recordó que, como la Declaración Universal fue escrita después del Holocausto, “es lógico que haya sido concebida entendiendo al gobierno, y al poder en general, como algo intrínsecamente peligroso, un poder que es necesario limitar. En nuestro país, en forma análoga a lo sucedido durante el nazismo, el Estado se puso patas para arriba cometiendo horrendos crímenes de lesa humanidad y utilizando todos los mecanismos establecidos para proteger a los ciudadanos en contra de ellos: es también lógico, entonces, que la idea de los Derechos Humanos se haya localizado en las antípodas del poder y del pensamiento conservador”.

A esta altura, tercia en la polémica otro constitucionalista, Gregorio Badeni: “La noción de defensa de los derechos humanos asociada casi exclusivamente a las víctimas del terrorismo de Estado responde a una concepción ideológica, que no acepta el Estatuto de Roma ni la Corte Penal Internacional. La violación de esos derechos puede provenir de grupos ajenos al gobierno local o enfrentados con él, que no tienen reparos en provocar el terror y atentados contra la población civil, tal como aconteció con los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA”

Víctimas, visibilidad y derechos

Hay muchos factores políticos, económicos, culturales y también muchos prejuicios que impiden “ver” ciertos crímenes, omisiones y falta de garantías básicas como lo que son: violaciones a los derechos humanos. Una razón importante la marca el codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Gustavo Maurino: “Nuestras capacidades culturales para comprometernos con los ideales de la igualdad, respeto por la diversidad cultural e inclusión están en proceso inicial de construcción. Tengamos presente que en nuestro país las mujeres fueron tratadas como incapaces hasta hace pocas décadas, los pueblos originarios recién recibieron el reconocimiento de su identidad cultural en 1994, las personas con discapacidad fueron legalmente tratadas como parias y librados a su propia suerte individual hasta hace pocos años, por citar sólo algunos ejemplos. Es decir, la ‘cultura de derechos’ todavía tiene un gran desafío para desarrollarse”.

El tema de la visibilidad social de un conflicto -es decir, el espacio que se le dedica en el debate colectivo- es otro punto a tener en cuenta. Como dice Pérez Esquivel: “De la represión a los pueblos originarios de la comunidad Toba Qom, de la comunidad La Primavera, en Formosa, se habló dos o tres días y desapareció de los medios. Existe discriminación racial en estos temas. Y, en este caso, el Gobierno nacional miró para un costado porque la represión se produjo en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, su aliado político”.

Hace unos días, Julio Montero, presidente de Amnistía Internacional Argentina escribió una carta de lectores sobre este tema en la que decía: “Lamentablemente, durante el fin de semana, mientras el ministro [Florencio Randazzo] pensaba sobre el asunto, tres menores tobas de La primavera aparecieron muertos al costado de una ruta cercana. Mucha gente de la comunidad dice que tenían golpes y piensan que se trata de un crimen. El Poder Ejecutivo sigue sin responder y sin asumir compromisos. Mira para otro lado”.

Y remata Montero: “Este gobierno dice tener un firme compromiso con los derechos humanos. Este es un buen momento para que demuestre que sostiene ese compromiso incluso cuando las violaciones de derechos humanos son perpetradas por sus aliados políticos”.

La asociación entre progresismo o izquierda y derechos humanos también es susceptible de prejuicios. Lipovetzky, en nombre del macrismo, responde a esta pregunta. ¿Se puede ser de centroderecha y tener una agenda sustentable de defensa de derechos humanos?

“La asociación de los Derechos Humanos con el progresismo y la izquierda responde a otro momento histórico, pero en la actualidad es una visión anacrónica. Los Derechos Humanos no necesitan sostenerse desde ningún sector político en particular, deben y necesitan sostenerse desde todos y cada uno, por ello, el ejercicio colectivo de la memoria se hace imprescindible. Un ejemplo de compromiso es que durante nuestra gestión se ha brindado reconocimiento por primera vez desde 1983 a los empleados municipales desaparecidos”, dice.

Igual que el gobierno nacional, también el macrismo miró para el costado en Villa Soldatti, echándoles la culpa a diversos blancos (punteros kirchneristas, inmigrantes desbordados, etcétera) y omitiendo hacerse cargo, por ejemplo, de las promesas inclumplidas de urbanización de villas y construcción de viviendas sociales.

Como reflexiona Maurino: “La Nación y la Ciudad asumieron la obligación de garantizar progresivamente el acceso a vivienda digna; pero en todo nuestro país el acceso a la vivienda está radicalmente librado al mercado inmobiliario y financiero. En sociedades brutalmente desiguales, sin crédito para los sectores más pobres, ese modelo libertario de regulación tiene fallas estructurales que siempre impedirán el acceso a este bien fundamental de la dignidad y la autonomía que es la vivienda”.

Al parecer, los Estados tienden a demorar y evitar el reconocimiento público de sus obligaciones constitucionales porque ello implicaría que su margen de discrecionalidad política se limitara y quedara sujeta a reclamo, control y rendición de cuentas.

Como dice el directivo de ACIJ: “En relación con la vivienda -pero también con la salud, la alimentación, etcétera- los gobiernos se comportan aún como si las políticas públicas fueran un asunto de buena voluntad y no de obligaciones incondicionales y prioritarias”.

Pero, ¿qué sería tomarse en serio los derechos humanos?

“Una redefinición significativa de la estructura presupuestaria de los gobiernos y sus prioridades de inversión y gasto público”, dice Maurino.

Claro que, como explican todos los especialistas consultados, desde distintas disciplinas, los derechos tienen sus jerarquías -que remiten al bien jurídico a proteger: un ránking de prioridades, donde la vida está indudablemente al tope de la lista- y no hay que confundir preferencias sociales -como podría ser no querer vivir cerca de una villa- con derechos sociales.

Sabsay tercia en este punto: “Los vecinos de clase media de Soldati, que estuvieron 30 años para construir su casa, tienen derecho a quejarse. Y quizá haya algo de racismo en su reclamo, pero lo que básicamente hay es una demanda hacia el Estado, que incumplió sus compromisos”.

Pero, ¿y qué sucede cuando un derecho básico está incumplido, y se lo quiere hacer cumplir compulsivamente, por la fuerza de los hechos, la violencia o la extorsión?

Badeni es el encargado de responder esta vez: “El acceso al goce de los derechos se debe realizar por vías lícitas, y jamás violando el orden jurídico de un Estado de Derecho. La violación de la ley para satisfacer un derecho al margen de la ley acarrea la violación de los derechos de quienes cumplen con ella”.

En una palabra: la nueva cultura de derechos parece ir pegada a una ampliación de la consciencia social e institucional que permita “ver” a “los otros” como igualmente valiosos. Y finalmente, con esa consciencia colectiva más desarrollada y engordada, construir un Estado que pueda cobijar la vida digna.

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Pretexto para autoritarismos

La noción dominante de derechos humanos parece indicar que éstos están destinados sólo a ciudadanos blancos, universitarios y de clase media. Algo así por lo menos parece sugerir una respuesta que el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni dio durante una entrevista.

“Ramón Camps no inventó la picana, usó lo que ya existía. ¿Por qué no se produjo el mismo escándalo antes? -se preguntaba Zaffaroni-. Evidentemente, en la dictadura se avanzó sobre un sector activo en política, de clase media, con un segmento universitario, y por ello se lo reconoce como genocidio. Todo depende del sector social y de la capacidad para hacerse oír públicamente, de la voz del sector que sufre la represión.”

¿Y la seguridad no es un derecho humano? Zaffaroni responde, esta vez: “El derecho a la seguridad no existe. Hay que tener cuidado con autonomizar conceptos y clonar derechos, porque se termina en el totalitarismo. Hay derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad sexual, a la propiedad, etc. Pero no existe un derecho abstracto a la ´seguridad´, que vuela como un espíritu autónomo, como un alma sin cuerpo que acaba encarnando en cualquier cosa y que permite priorizaciones que siempre fueron los pretextos de todos los autoritarismos”.

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Eugenio Raúl Zaffaroni: “quizás (Macri) crea que la solución deviene de electrificar los 5.000 Km. de frontera que tenemos, macro-licitación mediante”. Entrevista exclusiva de Iniciativa

¿Qué análisis hace de lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires en torno al conflicto en el Parque Indoamericano?

Hacer una evaluación o diagnóstico de lo ocurrido, en este momento, sería irresponsable. Sí resulta chocante el discurso de Mauricio Macri. Creo que es sumamente peligroso y, desde cierto punto de vista, cuando alguien apela a ese tipo de discurso es porque realmente no tiene otro. Por otra parte, el contenido del discurso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es falso en todos los sentidos. Le atribuye a la vigente Ley de Migraciones la responsabilidad de lo que está sucediendo, lo cual es absolutamente incorrecto porque las olas inmigratorias de los países vecinos que hemos tenido se dieron en vigencia de la “Ley Videla”. Desde 2001 no tenemos olas migratorias en el país. Ha habido algún ingreso pero no es significativo. En vigencia de la ley restrictiva, que propugnó Videla, la consecuencia fue un serio problema de seguridad. Como era imposible obtener la radicación (esto lo pude verificar siendo Interventor del INADI) la gente venía igual y, en consecuencia, teníamos un millón y medio de habitantes de los que no sabíamos de dónde venían, ni qué hacían. Eso es un problema de seguridad porque entre ellos teníamos 5000 dominicanas explotadas sexualmente e indocumentadas. Y, por supuesto, no venían nadando. Es un poco difícil venir de Republica Dominicana a nado.

Si los norteamericanos no pueden controlar su frontera con México, con toda la tecnología a su alcance, yo no se lo que Macri pretende, quizás crea que la solución deviene de electrificar los 5.000 Km. de frontera que tenemos, con una macro-licitación mediante.

¿Y con respecto al discurso xenófobo?

Es absurdo imputarles delito a los inmigrantes cuando no hay sobre-representación de extranjeros en nuestros índices de condena y prisionización. Es decir, los porcentajes de condenados y prisionizados que tenemos son inferiores a los porcentajes de población extranjera que tenemos, y menos aún de bolivianos. Cabe resaltar que la colectividad boliviana, lo sabemos muy bien, es una colectividad muy laboriosa. La mitad de las hortalizas que comemos las producen ellos. Y gran parte ya no son bolivianos, son argentinos.

Creo que lo ocurrido en los últimos días tiende a la fabricación de un chivo expiatorio.  Por su parte, comparar o pretender militarizar el control de las villas e invocar a Lula, es una aberración. Podré estar de acuerdo o no sobre la política en Rio de Janeiro respecto de las favelas, pero a cualquiera le basta mirar el mapa de Rio y compararlo con el nuestro para darse cuenta de que el problema es distinto. En Rio, las favelas están en los morros y al lado se encuentran los barrios residenciales. Si uno va a comprar un departamento en un barrio residencial de esta ciudad, tiene un precio si mira a la favela y otro si no lo mira. En ese contexto, puede pasar que uno esté leyendo el diario y reciba o escuche un balazo. Las favelas están distribuidas en todo el territorio de la ciudad y al lado de zonas residenciales, lo cual es una fuente de conflictividad. En Argentina, las villas miseria o barrios precarios están alejados, no tenemos una villa miseria del otro lado de la calle Quintana. Por lo tanto, no podemos comparar la dimensión de una situación y la otra, ni tampoco el tiempo. Los favelados llevan cuatro generaciones. Se podrá criticar o no lo que se está haciendo en Rio pero no es que Lula haya militarizado las favelas sino que son intervenciones de tipo puntual con el objetivo de urbanizarlas y sacarlas del dominio de las mafias, de los justicieros locales. Si está bien o mal deberá ser discutido en Rio, pero esos son sus objetivos.

¿Y con respecto a la represión?

El discurso de la gestión de la ciudad es absurdo al pretender violar una ley que tanto nos costó conseguir en cuanto a que no intervengan las fuerzas armadas en este tipo de situaciones. Las mismas deben ser resguardadas en las tareas que les corresponden. Hablo de la tarea de defensa y de intervención ante catástrofes ecológicas en donde son las que tienen mayor capacidad operativa para neutralizar riesgos y consecuencias.

Lo ocurrido en el Parque Indoamericano, si no responde a una total ignorancia, responde a una intención sumamente peligrosa. Me refiero al peligro de generar un chivo expiatorio culpando a la colectividad boliviana como si fuese la responsable de todo lo que nos pasa. El camino que sigue es un camino de victimización y hay que tener cuidado porque hay palabras que matan.

No faltaron especulaciones políticas, ¿Qué opina?

En política, y esto lo digo sin ningún partidismo, tiene que haber límites éticos elementales. Creo que todos los partidos políticos tienen que manifestarse en este sentido y defender esta Ley de Migraciones porque las manifestaciones xenófobas ensucian la política.

No hay más soluciones que tratar de perfeccionar las instituciones, de democratizarlas. Se necesitan acuerdos y en ese sentido no hay otro camino que el del diálogo. Creo que todo conflicto que se resuelve con violencia es porque está mal planteado.

¿Qué opinión le merece el cambio discursivo en materia de seguridad?

El discurso de la seguridad, de la tolerancia cero, no es un discurso que hayamos inventado en Argentina. Que nadie se crea el inventor del embudo. Es un discurso que viene de los EE.UU. y se planetariza. En rigor de verdad, esto comienza en los años setenta y se acentúa más marcadamente a partir de los años ochenta, con el discurso de Reagan y de todas las administraciones republicanas. En alguna medida responde a cambios internos de ese país. Los presidentes, hasta Reagan, salían del senado, de la administración federal. A partir de los setenta, momento en el que se desprestigia el gobierno federal (previa derrota en Vietnam y previo papelón cuando intentan recuperar los rehenes en Teherán), los presidentes comienzan a ser ex gobernadores que trasladaron al gobierno federal una modalidad que era propia de los estados. El procurador general es elegido por el voto directo generando una especie de demagogia vindicativa del Ministerio Público para dar el salto a la gobernación del estado o a la política nacional. Esta demagogia consistía en mostrar como enemigos públicos de la seguridad a los jueces. Empieza a retroceder el poder de los jueces a favor del Ministerio Público a partir de un sistema que cada vez se va haciendo más terrible, que consiste en condenar a todo el mundo a través de negociaciones perversas (En la práctica lo sufren los afrodescendientes, que los agarran por la fuerza y les dicen “vos violaste. Firmá que es un estupro”, a lo que contestan que ellos no hicieron nada, y la respuesta es “no hiciste nada? Vas a ir a juicio, te va a defender cualquier abogado y andá a saber qué te pasa”). Lo que sucede en EE.UU. es que el jurado funciona en el 3% de los casos, el resto se resuelve condenando sin juicio. Esta política vindicativa que era muy propia de los estados, se traslada al gobierno federal y, como resultado de todo esto, empieza un crecimiento loco del sistema penal. Hasta ese momento EE.UU. era un país con índices normales de prisionizacion, incluso por debajo de la media normal. De repente, con estos cambios, pasan a tener 2 millones y medio de presos (que es el número aproximado que tienen ahora). A partir de finales de los ochenta, por primera vez, más del 50% de la población penal es negra. Esto implica, para los EE.UU., una inversión en el sistema penal de alrededor de 200.000 millones de dólares por año. Número que supera la deuda externa de nuestro país. Hay un desplazamiento de los recursos destinados a áreas sociales hacia programas de seguridad y cárceles. Al mismo tiempo se da la destrucción del Estado de Bienestar y el desarrollo de un “Estado Gendarme”, mínimo, que cuida la seguridad y nada más. Y por ende, hay un cambio de imagen. Del ciudadano medio trabajador, se pasa al ciudadano medio víctima. Empiezan a crearse las víctimas que tienen las condiciones de empatía para convertirse en héroes.

Y esas víctimas se convierten en un espectáculo televisivo…

Una persona atravesada por el dolor puede decir cualquier cosa. Y el rol mediático de la víctima se convierte en un riesgo para la democracia, por los mensajes disfuncionales. Al mismo tiempo, la utilización mediática de la víctima es un acto de crueldad que no tiene límites. Se toma a la víctima en un momento de exteriorización y se la fija de forma tal que no puede elaborar el duelo y, por ende, no puede recuperar su salud mental. Toda víctima tiene un trauma, normalmente se genera un problema de culpas, irracional pero inevitable. Se empieza a pensar “si yo hubiera”, “si yo estaba”, “yo podría haber hecho”. Eso se exterioriza. Si se lo fija en ese momento, se impide el paso siguiente en el que la pérdida se convierte en nostalgia. Al no permitírsele el duelo, se la fija como una victima héroe, y la culpa se sigue acumulando de tal forma que la víctima se vuelve disfuncional. La carga de culpa la lleva a un discurso disfuncional. Este es un proceso mundial, pero es un modelo irreproducible, no podemos tener dos millones de presos ni afrontar el mismo nivel de gasto.

El esquema televisivo se reproduce en todas partes, ¿no es cierto?

Lo que se planetariza es la publicidad de esas imágenes. No solo se planetariza con noticias, con una criminología mediática mágica, con la insistencia, con la reiteración de la noticia roja. Si no hay noticia se insiste con la del día anterior, y se genera la sensación de que hay una mayor cantidad de delitos. Y cuando hay homicidio impactante uno nota la cara de contento de quien lo trasmite. En medio de propagandas de mujeres en bikini o de ropa interior erotizante, de repente cambia el tono y, con seriedad, se anuncia el gran crimen: alguien mató a su abuelita con el árbol de navidad. Pero no solo se da esto, hay una forma de propaganda que es más insidiosa. Hablo de las series policiales. Si uno se pone a hacer zapping va a ver más muertes ficticias de las que hay de verdad en todo un año en el país. Es una banalización que muestra el triunfo del psicópata que no tiene miedo y que resuelve violentamente el conflicto. El héroe tiene hiperactividad, no siente el dolor, eso es lo que se vende.

Se han anunciado medidas concretas en materia de seguridad, como la creación de Ministerio de Seguridad y del Observatorio del Delito y la Violencia ¿Qué opinión le merecen?

No me gusta usar la palabra seguridad. Prefiero utilizar riesgo de violencia física o de integridad física.

Hace un tiempo venimos hablando del Observatorio y, por suerte, ahora se está haciendo realidad. Lo mínimo que necesitamos es tener un cuadro de situación. Sin información no podemos resolver esta problemática. Conforme a los datos existentes en materia de delitos, nuestro país está entre los más bajos de la región. Levemente por debajo están Uruguay y Chile. Tenemos un índice de delitos del país más bajo que el de la ciudad de Nueva York. Pero eso dice poco y tampoco debemos conformarnos.

Hoy no tenemos perfil de criminalización, ni está establecido el tipo de riesgo de criminalización. El riesgo de violencia física tiene que ser monitoreado por barrio y, para eso, hay que dedicarse a investigar. Si de lo que se trata es de modificar conductas, de generar conductas menos violentas, se debe indagar. Es algo elemental, nada se puede prevenir si no se sabe lo que pasa. Dado este paso, se debe orientar el presupuesto a la problemática detectada.

Es necesario preguntarse qué queremos prevenir con un helicóptero: ¿violaciones?, etc. Debemos saber que queremos prevenir. No nos podemos manejar por tipos penales. Hay diferentes tipos de homicidios y no es lo mismo el homicidio intrafamiliar que uno que se da en ocasión de robo. También es distinto un disturbio de personas alcoholizadas a la salida de un boliche, que un homicidio patológico. Distintos tipos de delitos implican prevenciones distintas. Un homicidio patológico, no lo previene nadie.

¿Qué nos puede decir acerca de la represión a la comunidad Qom que ocurrió en Formosa?

Yo creo que técnicamente cualquier represión que se haga, por parte de policías, con armas de fuego debe responsabilizarse penalmente. Hay técnicas policiales de disolución o de fuerza que no implican el uso de armas de fuego.

También llama la atención el poco tratamiento mediático. Sabemos que hay una construcción de la realidad que se da a través de los medios. Las noticias se seleccionan.

¿Cree que se dan las condiciones para el tratamiento y la aprobación del aborto?

Es un tema muy extenso. Creo que hay un problema serio que es el de saber cuantos abortos tenemos. Hay cálculos de toda naturaleza y se dice que equivalen a un 20% de los nacimientos que se producen. Por ende, el número de abortos es masivo. Creo que tenemos que preguntarnos como bajamos ese número a partir de una política de reducción de daños.

Hoy se discute qué se va a hacer con el Código Penal, si se va ampliar o no. Si es impune o no. También se discute la indicación médica durante las primeras semanas y la ampliación del ámbito de las causas de justificación o de exculpación del aborto. Queda claro que ningún código penal permite que una mujer se haga un aborto a los 8 meses porque se le da la gana. La importancia práctica que esto tiene se vería reflejada en las mujeres carentes de recursos que podrían acudir a los hospitales evitando un alto número de muertes de mujeres que se practican el aborto en condiciones sépticas.

Por su parte, la previsión penal, en el resto, no tiene incidencia. De los años que llevo como Juez, creo que por mis manos deben haber pasado menos de 10 casos. Por consiguiente, quiere decir que el Código Penal no sirve para nada en cuanto a la prevención del fenómeno.

Lo que creo es que, algún día, hay que sentarse y ver de este “Aconcagua de fetos” (que no son de papel) que tenemos que ver como hacer para reducir el número a la mitad, a un cuarto. Con políticas sanitarias, con educación sexual, con asistencia a las madres solteras, y con todo tipo de programas necesarios.

El aborto dominante no es el de comodidad, sino el de necesidad. Esto requiere de políticas sociales, salir del esquema de todo se resuelve con el poder punitivo. Y el aborto es el caso más emblemático. La indiferencia penal por el aborto es absoluta, con intereses de los aborteros de que no cambie nada. En la CABA cualquier mujer de clase media sabe donde acudir. Entonces, se piensa que hay que perseguir a las clínicas y aumenta el precio del aborto. Esta no es la política que se debe seguir.

¿Cómo ve al país y al proceso de integración regional?

Posiblemente tengamos algunas dificultades, posiblemente haya tropiezos, pero realmente la perspectiva actual del país y de la región la veo de forma más positiva de lo que la he visto a lo largo de toda mi vida. Hace muchos años que no teníamos un espacio como el que estamos teniendo en la región, en este momento.

¿Sigue siendo un promotor del parlamentarismo? ¿Lo considera posible para el país?

Lo sigo siendo, por otro lado no apruebo los semis-presidencialismos, le tengo mucho miedo a los “semis”. Cuando dicen que hay que recortar el hiperpresidencialismo hay que tener cuidado porque el que gobierna tiene que tener poder, ya sea elegido por el pueblo directamente o por el parlamento. Lo peor que puede ocurrir es que se paralice el sistema.

Creo que son varios los puntos a favor del parlamentarismo. En primer lugar se soluciona el problema de rigidez del presidencialismo en cuanto a la duración de los mandatos. En segundo lugar, un gobierno parlamentario es fuerte porque gobierna con la mayoría parlamentaria. Tercero, condiciona a dos fuerzas o coaliciones. Una para gobernar y otra para posicionarse como alternativa. Evita, también, la dispersión. Contrarresta la atomización de los partidos y produce, con el tiempo, dos partidos o coaliciones duraderas. Por otra parte, es mayor la tentación por arrebatarle el poder a una persona que a una mayoría parlamentaria. Además, permite mayores controles y fomenta alianzas programáticas que se diferencian de las que se dan en los presidencialismos, bañadas de sospechas al estilo del caso de “La Banelco”. Por otra parte, si uno ve el mapa, sí, hay presidencialismos en África, pero así les va. En América Latina tampoco nos ha ido muy bien.

Pero por supuesto, se deben clarificar otros factores. Creo que, hoy, nosotros podríamos ir hacia un parlamentarismo. Ahora, si me preguntan que opino para el caso de Bolivia, le diría que no, porque antes hay que hacer un cambio estructural muy grande en el cual se debe incorporar al 70 % de la población. Tampoco se lo hubiera recomendado a Perón en el año 1945. Argentina no tiene un 70 % de la población excluida. Hay exclusión, sí, pero lo que hay que hacer es continuar con el progreso social, dinamizarlo. Como no tenemos que hacer grandes cambios estructurales, en estas circunstancias, opino que sí podemos ir hacia un parlamentarismo.

Tenemos que tener un sistema que afronte de mejor forma las crisis políticas. No podemos evitarlas, pero sí lograr que se resuelvan como tales. Nos debemos un sistema que afronte las crisis sin muertos de por medio. Por otra parte, se dice que no tenemos experiencia. Primero, me parece un argumento conservador. Si hace doscientos años predominaba esta forma de pensar, la historia sería distinta. En segundo lugar, este argumento no es cierto. Antes la crisis de 2001, la salida fue parlamentaria. Entonces, si realizamos esta experiencia en la crisis ¿por qué no en momentos normales?

http://elnoticialista.blogspot.com/2010/12/marcelo-sain-la-federal-nunca-fue.html

Marcelo Sain: “La Federal nunca fue objeto de ningún tipo de reforma”

El conflicto en Villa Soldati tiene varias explicaciones posibles y tuvo como protagonistas a varios actores, visibles y ocultos. ¿Cómo ordena usted las piezas para analizar lo que sucedió durante estos días?
Primero hay que mencionar una dimensión política y social. Creo que el conflicto, en sí mismo, no fue planeado por ningún actor. Era un conflicto que estaba latente y que contó con dos gobiernos ausentes, el nacional y el de la Ciudad, sin información precisa de las condiciones que desembocaron en el conflicto, lo cual facilitó las cosas. El gobierno de la Ciudad, porque no forma parte de sus prioridades atender a estos sectores marginales. Tiene otras prioridades. Por ejemplo, constituir una gestión de acuerdo a su condición de clase y hacer negocios. Y el gobierno nacional porque tiene un enorme desprecio por la Ciudad. Por eso el desinterés, el abandono. Cuando estalla el conflicto por un reclamo real de la gente, los dos gobiernos desconocían la magnitud del problema y no tuvieron mecanismos de gestión social.
¿Descarta la hipótesis de los infiltrados y de sectores “montados” en el conflicto?
El conflicto no se generó por actores manipulados políticamente ni por infiltrados. Ahora, que se han montado sobre el conflicto, no hay dudas. Pero se montaron luego. Para analizar esto hay que reconstruir la cronología de los hechos. La primera intervención estatal sobre el conflicto inicial es un operativo conjunto de la Policía Metropolitana con un sector de la Federal. Principalmente, de comisarías. No fueron las unidades de control de grandes manifestaciones, que están más entrenadas y capacitadas en ese tipo de tareas, las primeras que llegaron. No, operaron las comisarías. Por eso digo que se trató de una patrulla perdida. No fue ni un operativo planificado por la dirección política del Gobierno. Como se dice en la jerga, se cortó la línea policial por abajo. Esto explica el intento de desalojo catatónico y la situación de violencia extrema, inexplicable y con muertos.
La “patrulla perdida” que señala, ¿se escapa al control o fue premeditada por algún sector de la fuerza?
No lo sé. Pero esas cosas, en una estructura jerárquica y vertical, no son casuales. Evidentemente había intención de producir esta situación de crisis. Quizá haya algunas internas dentro de la institución que hagan posible este tipo de acciones. Hay que tener en cuenta que las diferencias, en el seno de la policía, no se dirimen en una mesa de negociación, en una paritaria, en una huelga o en una toma del lugar de trabajo. Las diferencias se dirimen con este tipo de acciones en la calle, haciendo o dejando hacer. Esto fue siempre así.
¿Podría ser un mensaje concreto al poder político?
Primero, a la cúpula. Después, al poder político y a todos aquellos que pretendan meter mano dentro de la institución. Lo más importante para la Federal es la reproducción de la propia corporación. Después sí vinieron todas las operaciones políticas habidas y por haber. Inclusive, como quedó registrado en la prensa durante estos días, con dirigentes y punteros del PRO. Pero que hayan participado dirigentes sociales que responden al Gobierno no habla mal del Gobierno. Es más, no tiene que ser objeto de ningún tipo de acusación mediática. Al contrario, eso es lo que debía haber existido desde el comienzo: articulación política y social. Un gobierno que se dice peronista no puede no tenerla.
¿Cómo analiza lo que siguió después?
La segunda intervención, con la Gendarmería y la Prefectura, en un contexto de violencia creciente, fue correcta. No hace uso de la fuerza y genera un contexto de tranquilidad que permitió la negociación política y social. Al final, se termina resolviendo porque están las fuerzas de seguridad garantizando el contexto de paz social que permite el diálogo y el acuerdo político. Eso es lo que correspondía. Pero fue tarde y porque fue tarde se desencadenó la crisis. Lo más importante es que esto pone en evidencia, y ésta es la gran novedad de los hechos de Soldati, que la política de darle poder al jefe de la Policía Federal para que gestione la seguridad pública en la Ciudad es inviable y políticamente muy costosa. En el contexto de una campaña electoral esto puede significar el esmerilamiento de la autoridad de la Presidenta en el ejercicio del gobierno, lo cual sería grave.
La cuestión de fondo, según usted, sigue siendo la conducción civil y recortar al máximo los márgenes de autonomía que las fuerzas de seguridad suelen darse.
Exacto. Hay una creencia ilusoria de que dándole el poder a la policía se puede hacer una gestión de la conflictividad eficiente. Los hechos de Villa Soldati dan cuenta de la inviabilidad del pacto y la delegación con la cúpula de la Federal. Pero esto no es novedad. En el último tiempo se reiteraron hechos que lo demuestran. En noviembre del año pasado, la muerte de un joven en un recital de Viejas Locas, a quien apalearon y dejaron abandonado. Después, el conjunto de denuncias de desalojos violentos en concomitancia con el gobierno de la Ciudad. Hay una denuncia de noviembre de este año por parte de la Defensoría del Pueblo y una causa abierta por apremios y el uso de picana. Está el caso de los hijos de Herrera Noble y la malversación del procedimiento para saber la verdad sobre sus identidades, con la intención de obstruir la labor de la justicia e impedir el análisis genético. Y está el asesinato de Mariano Ferreyra. Hubo sicarios parasindicales, es cierto; pero me cuesta creer que la Federal sólo liberó la zona. Todo esto ya marcaba que el Gobierno tenía que hacer algo.
¿Hay que descartar la hipótesis de una disputa entre la Federal y la Metropolitana?
No creo que venga por ahí. Creo que la Federal está viviendo una profunda crisis de identidad, alentada por el hecho de que hace muchos años que la actual cúpula obstruye los ascensos superiores y eso provoca un enorme malestar dentro de la institución. La Federal nunca fue objeto de ningún tipo de reforma. Ni siquiera de una mirada crítica por parte del mundo de la política. Durante cuarenta años fueron la policía del poder, la guardia pretoriana.
El gobierno nacional decidió crear un Ministerio de Seguridad y poner al frente a Nilda Garré. En ese sentido, es un gran avance, ¿no?
Es tomar el camino correcto. Se toma de manera tardía, pero es el correcto. Primero, creo que la Presidenta reconoce que es insostenible seguir dándole el manejo de la seguridad a la cúpula de la Policía Federal. Y ratifica la necesidad de que sea la política la que conduzca las cosas, y eso es bueno de por sí. Ahora, gestionar políticamente la seguridad supone tres grandes desafíos que son complejos, particularmente en este contexto. Primero, supone la elaboración de un cuadro de situación real sobre conflictos, violencias y delitos. Segundo, supone establecer una estrategia de modernización institucional, porque el Estado no cuenta con los recursos necesarios para gestionar la seguridad. Tercero, supone estrategias de intervenciones como la prevención social del delito, el control policial y la política criminal. El gran problema y el gran desafío que tiene Nilda Garré, en este momento, es que la estructura con la que se va a conformar el Ministerio de Seguridad es la antigua Secretaría de Seguridad Interior.
¿Por qué lo dice?
Porque es una burocracia profundamente deficitaria, que no tiene ninguna de las competencias institucionales adecuadas para de-sarrollar esos tres desafíos. O sea, al mismo tiempo que debe desarrollar estos ejes, tiene que ir construyendo el dispositivo mediante el cual ponerlos en práctica. Reitero: en un contexto de coyuntura crítica. Es una tarea muy distinta a la que ha desarrollado en el Ministerio de Defensa.
¿A qué se refiere, específicamente, con coyuntura crítica?
En las Fuerzas Armadas había tiempo entre repensar y hacer los cambios, porque no existían hipótesis de confrontación bélica. No se requería de las Fuerzas para resolver conflictos regionales, por ejemplo. En cambio, en materia de seguridad pública, de un día para el otro, tenés que gestionar conflictos de gran envergadura. O sea, en seguridad todo es coyuntura conflictiva. Además, el setenta por ciento de los generales, de los brigadieres, son cuadros de gestión. Hay ahí una burocracia experta y bien formada. Por el contrario, en un comisario tenés un potencial delincuente. Además, hay un montón de actores dentro del sistema que van a resistir el cambio porque tienen privilegios con ese statu quo.
Y esa resistencia al cambio puede operar sobre los conflictos.
No me cabe la menor duda. Pueden operar sobre el conflicto social existente o crear una situación de conflictividad, inventar delitos, generar olas de inseguridad y alentar situaciones de secuestros o asaltos. El desafío es mayúsculo. Reitero: no se cuenta con un aparato burocrático-institucional adecuado para gestionar eficientemente la seguridad. Hay que construirlo, al mismo tiempo que se tiene que gestionar.
¿Con esto se disciplinaría “hacia abajo”?
Eso es otro precio. Ahí se necesita una estrategia de intervención muy grande. Uno controla la institución policial cuando controla ciertas cosas. Primero, los pases y ascensos. Segundo, la planificación y la ejecución presupuestaria. Tercero, el circuito operacional, con lo cual hay que poner los pies en el barro. Y eso supone que la gestión político-institucional se comprometa a full con ese circuito. Cuando hablo de circuito operacional me refiero a la producción de inteligencia criminal, la planificación y el desarrollo operacional y el desarrollo logístico de la fuerza. Y en cuarto lugar, el manejo del control de funcionalidad de la institución policial que ya no puede estar en manos de la propia cúpula policial. Tiene que ser externo, como es el caso de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria. Pero la modernización del sistema de seguridad no solamente requiere pensar en el tema de la Policía Federal. Hay otros desafíos, menos visibles que el de Soldati, pero mucho más tangibles.
¿Por ejemplo?
En los últimos veinte años quedó totalmente desvirtuado el rol de la Gendarmería como policía de frontera, por ejemplo. Es una policía intermedia de impronta militarizada que sirve, justamente, para el control de fronteras, en un contexto en el cual la porosidad de las fronteras se convierte en algo sensible. Sin embargo, perdió espacio en su labor específica y ganó espacio en el control de grandes manifestaciones. Con la Prefectura pasa lo mismo. Ganó roles importantes en materia de seguridad preventiva en lugares absolutamente insignificantes a la seguridad pública, como Puerto Madero, donde existen quinientos prefectos por turno mirando cómo pasa la gente, mientras se tiene una enorme carencia de recursos humanos en el sistema operacional de la Mesopotamia. Esto también tiene que ser puesto en tela de juicio. Lo que hicimos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria puede servir de modelo.
¿En qué sentido?
Ahí tuvimos definiciones muy marcadas sobre estas cosas. Por ejemplo, las policías sólo están para el control del delito. En el diseño institucional que hicimos descartamos cualquier tipo de funciones ajenas a eso. Esa es una definición de un perfil de fuerza que bien podría ser emulable en el resto de las fuerzas. ¿Es razonable que la Federal sea todavía quien expida cédulas de identidad y pasaportes y que eso le demande cerca de tres mil policías? ¿Por qué razón no se unifica con el Renaper (ndr: Registro Nacional de las Personas) y liberamos a esos policías para que estén trabajando en la calle?
¿Por qué?
Hay una sola razón. Porque es la policía del poder y le interesa tener la base de datos más sofisticada sobre la población argentina, que sólo puede hacer uso ella misma. Ningún órgano del Estado, ni siquiera la Justicia puede tener acceso a esa base de datos. Otro tema: es increíble que todavía el país no tenga un dispositivo unificado de control de la criminalidad organizada. Estas cosas también tienen que ver con el rediseño del sistema de seguridad federal y van más allá de la situación de crisis que se generó en estos días.
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