Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 2, 2010

Otra causa judicial que involucra a la Policía Metropolitana

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/69730/la-policia-metropolitana-contrato-a-la-aseguradora-mapfre-por-adjudicacion-directa-.html

La Policía Metropolitana contrató a la aseguradora Mapfre por adjudicación directa

Luego de que se conociera que la multinacional española accedió a cubrir el servicio de ART para todos los empleados municipales por medio de una licitación irregular, La documentación que prueba que el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño contrató a la empresa para asegurar a los agentes de la fuerza policial local, sin llamar a licitación.

“En días como hoy es cuando uno siente que valió la pena meterse en política”, dijo hoy Mauricio Macri, al poner en función a 600 efectivos de la policía Metropolitana. Pero detrás de la pulcritud de los uniformes a estrenar que esta mañana exhibieron los nuevos agentes, se esconde la firma de un controvertido y millonario contrato que puede complicar al gobierno porteño.
En junio de 2009, el ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce Guillermo Montenegro, estableció por adjudicación directa que la aseguradora Mapfre se quedara con la cobertura de riesgo de trabajo de los agentes de la policía porteña.
Curiosamente, la adjudicación benefició a la misma empresa a la que el Gobierno de la Ciudad concesionó el servicio de ART para todos los empleados municipales; y cuya licitación escandalosa fue bloqueada, veinte días atrás, por un fallo durísimo de la jueza Elena Liberatori.
En el contrato para la Metropolitana se estableció la cobertura de 1016 “cápitas”, a un monto de 111 pesos por cada una. De acuerdo a las cláusulas firmadas, la cobertura está dirigida a personal que tiene un sueldo promedio de 5.700 pesos, lo que configura un gasto anual de 1.470.850 pesos.
Ante la pregunta de por qué se contrató a la aseguradora Mapfre sin llamar a licitación, voceros de Montenegro respondieron que, en aquel momento, el ministerio hizo una consulta con la Dirección General de Seguros de la Ciudad y que luego, se decidió a llamar a una “compulsa de precios” con una “short list” que involucró a tres empresas: Berkley, Prevención ART y Mapfre.
“Berkley desistió porque consideró que no era la clase de negocios que buscaba en el país y Mapfre cotizó más bajo que Prevención ART”, señalaron fuentes del ministerio, y precisaron que hoy la suma de cápitas ascendió a 1300 trabajadores. “Un 90 por ciento de personal de calle y un 10 por ciento de administrativos”, aclararon.

Antecedentes

En septiembre de 2004, Mapfre se dirigió a la Dirección de Compras y Contrataciones de la Ciudad a fin de consultar requisitos para participar de una licitación “ante el eventual traspaso de la Policía Federal Argentina a la órbita y jurisdicción del Gobierno de la Ciudad”; demostrando un claro interés por quedarse con el servicio.
En aquel entonces, la respuesta fue negativa: “dicha situación (en relación al posible traspaso) no forma parte de la presente licitación”, informó una circular firmada por la Subsecretaría de Gestión y Finanzas.

La controvertida licitación municipal

El Gobierno de la Ciudad concesionó a Mapfre un negocio de unos 400 millones de pesos, al otorgarle el servicio de cobertura de ART para 116 mil empleados municipales. Las otras aseguradoras que participaron de la licitación, Consolidar ART y Prevención ART (del grupo Sancor Seguros), denunciaron las irregularidades.
La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Elena Liberatori, resolvió el pasado 12 de noviembre conceder el amparo presentado por el particular Alejandro Siciliano. Inmediatamente, bloqueó la concesión y por medio de un fallo durísimo, habló de precios por encima del mercado y calificó a la licitación de “dirigida”.  También el legislador Marcelo Parrilli (MST Nueva izquierda) denunció penalmente a los funcionarios involucrados.
En el contrato que firmó el gobierno porteño, el precio de cápita que estimaba pagar por un empleado municipal era de 60 pesos, una cifra mayor que la que se paga en promedio por un empleado de la construcción o un trabajador minero, cuyo precio de mercado hoy oscila entre los 45 y 55 pesos.

http://www.elargentino.com/nota-116876-Carrera-de-obstaculos-Se-complica-el-frente-judical-de-Macri.html

Estas son las cuatro causas:
– El escándalo inagotable de las escuchas ilegales, que tiene jaqueado a su gobierno y que salpica a Macri tanto en el frente político como en su intimidad familiar. El affaire del espionaje porteño, donde el líder del Pro está procesado por el juez federal Norberto Oyarbide y la Cámara Federal. Encontrado sospechoso de integrar una asociación ilícita dedicada a “pinchar” teléfonos.

– El polémico y millonario contrato por la concesión del mobiliario urbano, que habla de la injerencia de intereses privados en negocios con la administración pública. En el caso del mobiliario urbano, Macri está imputado por “administración fraudulenta”, luego de que en mayo pasado la Cámara del Crimen revocara su sobreseimiento y el de otros funcionarios del Pro, entre ellos el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y el ex ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo. En la causa que lleva el juez Eduardo Botto se investigan presuntos delitos en la concesión de la cartelería de la ciudad a favor de Publicidad Sarmiento SA, empresa de los hermanos Terranova, quienes según la acusación habrían presentado documentos apócrifos. Si bien el juez Botto aún no llamó a Macri a prestar declaración indagatoria, en el Pro lo dan por descontado y no pierden de vista que en la causa ya están procesados Piccardo y otros dos ex funcionarios. Propios y ajenos reconocen que en este expediente Macri tiene mucho más en juego que en el de las escuchas telefónicas.

– La investigación por el violento accionar que la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) desplegó en las calles de la Capital Federal, mostrando el rostro más reaccionario del macrismo. En el caso de la UCEP. Imputado en los supuestos delitos de “lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, el próximo 10 de diciembre el ingeniero deberá presentarse ante el juez Facundo Cubas por la pila de denuncias contra la patota de la UCEP. También fue llamado a prestar indagatoria el ex ministro Piccardo y una veintena de los miembros de la unidad que funcionó entre 2008 y 2009.
Para la diputada nacional de Proyecto Sur Liliana Parada, que en 2008, como legisladora porteña, presentó la denuncia que inició la investigación sobre la UCEP, la patota fue “un piloto de prueba, previo a la creación de la Policía Metropolitana”. Parada consideró que ese cuerpo integraba el “plan” del macrismo respecto del espacio público. Agregó que la connivencia quedó en evidencia cuando el Pro, que “no aceptó en ningún momento la disolución de la UCEP hasta que su accionar tomó estado publico”, comenzó a reubicar a los agentes en otras áreas, “lo que es una maniobra de ocultamiento y demostró que en definitiva ellos respondían a órdenes”.

– Y la reciente acusación por el armado de una supuesta licitación “llave en mano” en la contratación del servicio de ART para los empleados de la ciudad. En cuanto a la última denuncia penal contra Macri, fue presentada por el legislador Marcelo Parrilli, del bloque MST-Nueva Izquierda. Ante la jueza María Fontbona de Pombo, Parrilli acusó al ingeniero; a su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y al director de Compras y Contrataciones, Lisandro Greco, de “diseñar el pliego licitatorio para que resulte ganador un único oferente”, en referencia a la aseguradora de riesgos del trabajo Mapfre. Ante los posibles delitos de “cohecho y violación de los deberes de funcionario público”, Parrilli pidió la “inmediata suspensión del curso de la licitación”.

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