Posteado por: museodegrandesnovedades | noviembre 29, 2010

Otras fuerzas: las fuerzas del mal

Policía Bonaerense

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1326172

El caso de la comisaría de Mariano Acosta

Otro oficial bonaerense detenido por torturas

Otro policía bonaerense fue detenido ayer acusado de torturar hasta la muerte al joven Fabián Gorosito en una comisaría de la localidad de Mariano Acosta, en agosto pasado, por lo que ya suman ocho los efectivos apresados por este caso.

El abogado querellante Silvio Alfonzo indicó que se trata de un oficial inspector que fue identificado en una rueda de reconocimiento por un testigo de identidad reservada que tiene la causa, a cargo de la fiscal de Morón Valeria Courtade.

La fiscal tenía la sospecha de que este policía podía estar implicado en el caso, por lo que ayer al mediodía ordenó que fuera sometido a una rueda de reconocimiento, y allí fue señalado como uno de los efectivos que torturaron a Gorosito.

De inmediato, Courtade dispuso que el uniformado quedara detenido, acusado de “torturas seguidas de muerte”, el mismo delito del que se acusa a los otros siete detenidos en el caso y que prevé una pena de prisión perpetua.

“Estamos muy conformes con la actuación de la fiscal y puede ser que haya una o dos detenciones más de policías”, dijo Alfonzo.

El hecho ocurrió el 15 de agosto pasado, cuando Gorosito, de 22 años, que trabajaba en un frigorífico de la estación Agustín Ferrari, apareció muerto en un descampado ubicado en Gabriela Mistral y 24 de Noviembre, junto a las vías de la ex línea Belgrano, en Mariano Acosta.

En un primer momento, se quiso hacer pasar la muerte del joven como producto de una intoxicación y posterior caída a una zanja, pero los peritajes determinaron que el muchacho había sufrido un duro castigo y una muerte por asfixia.

Tras la pesquisa, el 11 de este mes fueron detenidos siete policías de la seccional de Mariano Acosta: el subcomisario Pablo Nievas, el oficial principal Adrián Giménez, el oficial inspector Hernán Oviedo y los oficiales de policía (ex suboficiales) Rubén Villalva, Luis Fernández, Cristian Fortunato y Marcos Di Pierro.

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, dispuso la intervención de la seccional y el traslado de los 63 policías que se desempeñaban allí.

Policía Federal

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1326167

Policías presos planeaban otro golpe

Eso surge de las escuchas telefónicas incorporadas en el expediente; por el secuestro de un ciudadano peruano cobraron $ 10.000

Los uniformados de la Policía Federal detenidos, acusados de haber raptado a un ciudadano peruano en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, y sus cómplices prófugos planeaban dar un gran golpe. Quizás, un secuestro importante o un robo millonario. Pero todo quedó en la nada porque la banda quedó desbaratada.

Así lo informaron dos importantes fuentes judiciales. Los voceros consultados explicaron que los planes que tenían los sospechosos quedaron descubiertos en una de las escuchas telefónicas.

“En una de las escuchas, uno de los imputados le dijo a otro de los sospechosos que se preparara porque iban a hacer un golpe grande. Pero no llegaron a decir qué delito iban a cometer”, explicaron las fuentes judiciales.

Los investigadores sospechan que el golpe que planeaba la banda de policías podría ser un secuestro importante o un robo millonario, según agregaron.

Por el rapto del joven peruano, identificado por los investigadores como Víctor Lázaro Castillo, la banda de policías secuestradores cobró un rescate de 10.000 pesos, según afirmaron fuentes policiales.

“Liberaron a su víctima porque tenían la promesa de que, una vez en libertad, les iba a pagar otros 20.000 pesos. Pero la víctima no sólo no pagó, sino que hizo la denuncia”, afirmó una fuente de la División Antisecuestros de la Policía Federal.

Lázaro Castillo fue secuestrado el 17 de agosto pasado en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. “Por las declaraciones que hizo la víctima, podemos afirmar que siempre estuvo cautivo en el mismo lugar donde fue secuestrado; no lo sacaron de la villa”, explicó un jefe policial que participó de la investigación.

Ayer fueron indagados por el juez federal Norberto Oyarbide y por el fiscal Patricio Evers los dos uniformados detenidos. Se trata del oficial subinspector Mariano Comello Potes, de la comisaría 23a., y el agente Gastón Aragón, de la seccional 28a.

Tal como informaron fuentes judiciales, los dos imputados dijeron haber sido engañados por uno de los prófugos que, según afirmaron, los llamó para participar de un operativo antidrogas.

“Le echaron la culpa de todo al prófugo y respondieron con evasivas”, explicó un vocero judicial.

“Al tener en cuenta que en esta causa la Policía Federal aportó gran cantidad de material que se está analizando, no se descarta nada y, si surgen otros hechos en los que podrían estar implicados estos individuos, serán repudiados”, explicó el comisario inspector Sebastián Seggio, del Departamento Comunicación Social de la Policía Federal,

Los imputados prófugos fueron identificados por fuentes de la investigación como Carlos Maidana, un cabo de la Policía Federal retirado, y el suboficial mayor de la brigada de la seccional 34a., Juan Manuel Ferragud Marcucci.

Medina se escapó por los techos de las casas vecinas a su domicilio, y en su huida se deshizo de cuatro armas.

Las detenciones habían sido pedidas por el fiscal Evers el 22 de octubre pasado.

La investigación comenzó en la provincia de Buenos Aires, donde el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, estaba detrás de una banda de narcotraficantes.

Cuando los investigadores pudieron intervenir los teléfonos de los narcotraficantes, descubrieron que había un secuestro y que los posibles autores eran integrantes de la Policía Federal.

En ese momento, Starc le giró la investigación a su par Evers, que continuó con la pesquisa, según explicaron fuentes judiciales.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1325848

Tres policías, detenidos por el secuestro de un peruano

Se sospecha que también robaban comercios haciendo boquetes

El expediente comenzó por el secuestro de un ciudadano peruano. Pero la sorpresa para los investigadores fue descubrir a los presuntos responsables: integrantes de la Policía Federal. Y la sospecha es que no sólo se dedicaban a secuestrar gente, sino también a robar comercios con la modalidad de los boqueteros.

La investigación, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide y del fiscal Patricio Evers, ya tiene tres policías presos, que fueron detenidos.

También, por orden del juez Oyarbide, se hizo un allanamiento en la comisaría 23a., en Palermo, donde se desempeñaba el presunto jefe de la organización, un agente que hacía el curso para ascender. Los investigadores judiciales inspeccionaron el locker del imputado.

Los otros dos detenidos son un subinspector, de la comisaría 8a., y un agente que había sido exonerado de la fuerza. Hay un cuarto sospechoso que logró escapar de la comitiva de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal que lo fue a buscar. Es un sargento mayor retirado, que huyó por los fondos de su casa. Al escaparse, se deshizo de cuatro armas, agregaron las fuentes judiciales consultadas.

“Las detenciones fueron hechas por personal de la Superintendencia de Asuntos Internos. Nosotros somos los primeros en querer meter presos a los policías que están fuera de la ley. No vamos a proteger a delincuentes”, afirmó un jefe de la Policía Federal.

No es el único expediente abierto contra personal de la seccional 23a., situada en avenida Santa Fe y Gurruchaga, en Palermo. El juez de instrucción porteño Mariano Scotto investiga a nueve uniformados de esa comisaría por apremios ilegales. Entre los imputados, hay una oficial ayudante acusada de obtener una confesión de un sospechoso a través del paso de corriente eléctrica con una picana portátil.

Los captores hicieron dos llamadas extorsivas a la familia del ciudadano peruano secuestrado. En la primera comunicación le exigieron 3000 pesos. En la segunda, 7000.

“Lo liberaron antes de que se pagara el rescate. La madre hizo la denuncia en una comisaría”, agregó el vocero judicial consultado.

Pero la investigación no termina en los detenidos y el prófugo. Fuentes de la Policía Federal informaron que, en las próximas horas, podría haber varios uniformados pasados a disponibilidad por su presunta complicidad con los sospechosos.

A partir del secuestro y liberación del ciudadano peruano, la investigación tuvo un giro inesperado. El análisis de las escuchas telefónicas determinó otros hechos delictivos, como el robo en un supermercado. El asalto fue hecho con la modalidad de los boqueteros.

Ahora, según agregaron las fuentes consultadas, se investigarán otros hechos ilícitos que podría haber cometido la banda delictiva.

La complicidad de otros uniformados tendría vinculación con haber liberado las zonas donde actuaban los policías-delincuentes.

“El agente que está sindicado como líder de la organización delictiva se encargaba de llamar a los jefes de calle de las seccionales con jurisdicción en los lugares donde iban a actuar para que les liberaran la zona”, afirmaron fuentes judiciales.

Pero otro dato llamativo surgió de las escuchas telefónicas incorporadas al expediente judicial. No sólo llamaba el presunto líder de la banda a los jefes de calle para que le liberaran las zonas. “También hubo llamadas en el sentido contrario. Le decían: «Hoy estoy a cargo. ¿Tenés algún laburo?», como avisándole que le podían liberar la zona”, explicó una fuente judicial.

Este nuevo caso que sale a la luz se suma a otros hechos que generan preocupación en el ámbito judicial. Hay fiscales que, ante el poco avance de investigaciones de la Policía Federal, se deciden a llamar a otras fuerzas de seguridad para que les aporten una solución.

Una investigación sobre corrupción policial que detallaba que cada 24 horas se había abierto un expediente interno contra un miembro de la Policía Federal por cometer alguna “falta administrativa grave”, denominación reglamentaria de lo que, para la Justicia, son delitos castigados con altas penas de prisión.

Así lo había informado una fuente con acceso a los expedientes de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal. “Si continúa la proyección actual, antes de diciembre habrá más de 300 sumarios abiertos”, había agregado el informante.

Una de las causas judiciales que mayor repercusión dentro de la fuerza federal de seguridad tuvieron este año fue una investigación por corrupción en la comisaría 49a. Después de una investigación del fiscal José María Campagnoli, la Sala IV de la Cámara del Crimen porteña ordenó detener a nueve uniformados acusados de integrar una asociación ilícita que, entre otros delitos, exigía dinero a los comerciantes a cambio de seguridad, brindar protección a delincuentes y “liberar zonas”, es decir, dejar que se cometieran robos e infracciones.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1325950

Los policías de Palermo dijeron que actuaron engañados en el caso del peruano secuestrado

Los tres efectivos detenidos fueron indagados hoy; admitieron su participación en el hecho pero dijeron que creían que se trataba de un operativo antidrogas; se sospecha que también robaban en comercios

Los tres efectivos de la Policía Federal detenidos acusados del secuestro extorsivo de un ciudadano peruano, cometido en agosto último, dijeron que fueron engañados, porque creyeron que se trataba de un operativo antidrogas.

El oficial subinspector Mariano Comello Potes y el agente Gastón Eduardo Aragón declararon ante el juez federal Norberto Oyarbide que el cabo retirado Carlos Maidana, quien ahora se encuentra prófugo, les pidió como “favor” que detuvieran el auto del ciudadano peruano y luego él se hizo cargo del operativo.

En tanto, también existe un ex cabo de la Policía Federal que estaría prófugo.

La causa judicial que los involucra se inició el 18 de agosto pasado a raíz de la denuncia del ciudadano peruano Víctor Michael Lázaro Castillo ante la División Antisecuestros de la Policía Federal.

Lázaro Castillo denunció que el 17 de agosto a las 10, cuando subió a su automóvil Renault Megane CBO673 para dirigirse a la remisería donde trabajaba, fue interceptado por tres móviles, de los que descendieron ocho personas.

Según la denuncia, los hombres le exhibieron placas y credenciales de la policía y lo mantuvieron privado de su libertad mientras le exigían los papeles del auto.

El ciudadano peruano explicó que, pese a que tenía la documentación en regla, los policías lo llevaron a la comisaría 34.

Cuando su madre, Zoila Carmen Castillo López, fue a buscarlo a la dependencia “uno de los hombres que lo retenían” le dijo: “Venga para acá, queremos 20 mil pesos y si no nos los da, le vamos a poner droga y los vamos a llevar presos a los dos”, explicó el denunciante.

Lázaro Castillo fue liberado tras el pago pero, según relató, le pidieron una segunda entrega de dinero que debía hacerse ese mismo mediodía.

Según dijeron fuentes judiciales, en base a los que figura en la denuncia, el hombre en esa segunda ocasión entregó 3000 pesos más.

La investigación. Al pedir las detenciones de los policías, el fiscal Evers solicitó una “orden de presentación a la comisaría 34 con el objeto de secuestrar el libro de servicios de esa dependencia policial”.

Esta mañana, el Director del Departamento de Comunicación de la Policía Federal, Sebastián Seggio, informó que la fuerza “desde hace tiempo viene investigando a los posibles implicados en esta causa, de suerte tal que logró reunir diferentes elementos probatorios que en principio motivaron que el juez federal Oyarbide dispusiera su detención”.

“La PFA los detuvo, lo hizo la División Antisecuestros”, agregó Seggio, quien detalló que en la causa “hay un prófugo que es intensamente buscado”.

Seggio aclaró que si bien no puede aportar más detalles porque la causa está en plena investigación, no descarta que los policías implicados en este caso hayan estado involucrados en otros hechos criminales.

Sin embargo, la investigación no termina en los detenidos y el prófugo, fuentes de la Policía Federal informaron que, en las próximas horas, podría haber varios uniformados pasados a disponibilidad por su presunta complicidad con los sospechosos.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1325850

Extorsionaban a jóvenes para no llevarlos detenidos

Les “cobraban” $100 para evitarles tener que enfrentar a la Justicia

Sus voces tenían un tono humillante. Se reían. No tenían la intención de cumplir con su deber de funcionarios públicos, sino de ganar dinero fuera de la ley. Sus interlocutores, dos muchachos que presuntamente tenían marihuana en su poder, tuvieron que escuchar frases como: “Flacos: están represos”; “Me dan 200 pesos y listo”; “Dame el MP3”, y “Una de dos: van a la comisaría o arreglamos, porque estamos hasta las manos de laburo”.

Cristian Pérez, de 32 años; Claudio Rodríguez, de 27, y Sebastián Ibáñez, de 24, son suboficiales de la Policía Federal y serán enjuiciados, acusados del delito de extorsión.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del 23 de marzo de 2008, en Yrurtia y Alfonsina Storni, en el barrio de Saavedra. La investigación, a cargo del fiscal de Instrucción porteño José María Campagnoli, comenzó después de que Matías M. M. y Norberto N. F. se presentaran en la comisaría 49a. para denunciar la extorsión de los uniformados.

En un primer momento, Pérez, Rodríguez e Ibáñez habían sido beneficiados con una falta de mérito firmada por la jueza Alicia Iermini, pero Campagnoli apeló y la Sala I de la Cámara del Crimen porteña procesó a los acusados con prisión preventiva, pero nunca se hizo efectiva porque los imputados presentaron pedidos de exención de prisión, que les fue otorgado.

Según el requerimiento de elevación a juicio firmado por Campagnoli, el 23 de marzo de 2008, en cercanías de la parroquia San Juan Bautista El Precursor, Matías M. M. y Norberto N. F. fueron abordados por los agentes Pérez e Ibáñez.

Los policías les pidieron a los jóvenes que les mostraran sus documentos y todas sus pertenencias. Matías M. M. extrajo de uno de sus bolsillos un frasco que contenía, presuntamente, tres ramas de marihuana. En ese momento, los uniformados dijeron: “Flacos: están hasta las manos”. Y por handy llamaron a otro móvil para comentarlo: “Tenemos a dos con merca [sic]”.

Minutos después, siempre según el dictamen del fiscal, llegó el agente Rodríguez y se presentó: “Soy de la comisaría 49a. y acá mando yo”.

“A lo que siguieron, entre risotadas humillantes por parte de los uniformado, frases tales como: «Flacos: están represos»; «Arreglamos»; «Me dan doscientos pesos y listo»; «Dame el MP3», y «Dame el celular».

Como los jóvenes se negaban a darles lo que pedían, los policías llamaron al suboficial escribiente Daniel Núñez que “descendió del patrullero y solicitó que le entregasen la marihuana. Con ésta en su poder, Núñez volvió hacia el patrullero y allí conversó por unos momentos con los tres agentes; para luego retirarse”, sostuvo el fiscal. Núñez tiene un pedido de indagatoria en su contra.

Según Campagnoli, Pérez o Ibáñez les espetó a los jóvenes: “Una de dos: van a la comisaría o arreglamos, porque estamos hasta las manos de laburo”. Después siguieron frases como “dame el celular y el MP3 y listo”, “está todo bien con 200 pesos” y “100 pesos y el MP3”.

Como los jóvenes decían no tener dinero, los uniformados hicieron subir a Matías M. M. a uno de los móviles y lo llevaron a la estación de servicio Esso, de Triunvirato y Larralde, para que sacara 100 pesos de un cajero automático. Cuando volvieron a Saavedra, el dinero le fue entregado al agente Rodríguez, siempre según consta en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Campagnoli.

Ahora su presunta extorsión será juzgada por un tribunal oral.

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