Posteado por: museodegrandesnovedades | noviembre 27, 2010

Comisión investigadora (36)

Burzaco

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A solicitud del presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, la secretaria de la CI, Gabriela Cerruti, dio lectura al artículo que expresa bajo qué forma fue citado el Jefe de la Policía Metropolitana. Debido a su responsabilidad en el armado de la fuerza porteña Burzaco “está como investigado y no como testigo”. Eso le permite a Burzaco excusarse de responder, amparándose en el derecho a no declarar en contra de si mismo.
El funcionario porteño reiteró su condición de representante de los agentes que integran la PM y remarcó que en el caso de Ricardo Ferrón “corresponde recurrir a la Justicia para realizar todas las investigaciones necesarias con todos los derechos y garantías del debido proceso”.
Burzaco sugirió realizar una exposición previa a las preguntas, pero el legislador Diego Kravetz rechazó la propuesta y comenzó un ping pong de preguntas y respuestas.
“¿En qué fecha asumió?”, preguntó Kravetz. “El 11 de diciembre de 2009”, respondió Burzaco. “¿La caja especial de los 2 millones de pesos la pidió usted?”. “Se convino junto con el Ministro para hacer gastos menores para la puesta a punto de la PM”. “¿Qué considera un gasto menor?”. “Sacar las credenciales para que los agentes salgan a la calle, por ejemplo”. “Gastos superiores a 100 mil pesos no son gastos menores, la caja especial evita el mecanismo usual de compras y contrataciones, ¿lo sabía?”. “No”. “El mecanismo usual es la licitación, y la especial mediante contrataciones directas, ¿sabe cuál es el monto de compras por cada mecanismo? “Menos del 1 por ciento del presupuesto fue por compras directas”.
Las preguntas continuaron con diversos ejes, como quién sugirió el nombramiento de los superintendentes, a lo que Burzaco respondió que sólo dos fueron sugeridos por él; también preguntó sobre el equipamiento policial –motos, patrulleros y autos civiles-, poniendo el eje en el uso de los vehículos civiles. El Jefe de la PM aseguró que de 35 autos civiles (Kravetz sostuvo que cuentan con 45), “más de 20 son utilizados para procedimientos”, y el resto para el transporte de personal policial.
Kravetz profundizó la pregunta sobre la utilización de los móviles civiles, a lo que Burzaro respondió que “en el área de investigaciones están designados más de la mitad de los móviles” y que “son utilizados en operativos judiciales”.
“Intervenimos en más de 2500 hechos judiciales”, subrayó Burzaco
, solicitando nuevamente permiso para realizar una exposición apoyado por un power point. Luego de una acalorada discusión, en la que Kravetz remarcaba que no consideraba útil dicha propuesta, y a lo que Epszteyn apoyó afirmando “la filmina es una filmina de propaganda que desvirtúa el carácter de la citación”, finalmente se llegó a un acuerdo y, con las luces bajas en el Salón Montevideo, Burzado expuso los logros de 9 meses de gestión.
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Burzaco habló siempre limitando sus respuestas a la profundidad del conocimiento que posee sobre los distintos temas. Cuando el uso del “no lo sé” y el “desconozco” se volvió demasiado habitual, incluso se le hizo notar cómo podía ser que la semana pasada estuviese dispuesto a declarar por sus subordinados si no contaba con sus mismos conocimientos.
Las interrogaciones de Kravetz con respecto a partidas de armas fallidas, por roturas en el cargador y otra en las cachas, motivaron la reacción del testigo. “No voy a mandar ningún policía a la calle con un arma que no funciona”, aseguró. Respuestas similares estuvieron dirigidas a explicar los problemas registrados en los contratos que suministraron los chalecos para los efectivos y el blindaje para los vehículos. Kravetz cuestionó los gastos en estas áreas, particularmente en cuanto al blindaje, y criticó el que se volviera a trabajar con una empresa que entregó una partida de chalecos defectuosos. Burzaco aclaró que sugerir qué empresas contratar no está dentro de sus competencias.
Desde el bloque del Encuentro Progresista, Raúl Fernández, le criticó que “uno esperaría que el jefe de policía en un tema tan delicado se moleste por avisar su preocupación por contratar a una empresa que suministró chalecos que no sirven”, y retrucó: “Después le vuelven a comprar a esa empresa y la invitan a participar en una nueva licitación”.
El diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) aprovechó su tiempo de preguntas para retrotraerse a testimonios que pasaron previamente por la Comisión como el subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana, Ignacio Grecco, y Alejandro Parodi, comisionado general del área de Investigaciones de la fuerza. De este último tomó la aseveración de que cuando ingresó a trabajar a la PM no había material sobre el que trabajar, y cuestionó el destino de los materiales proporcionados por “un servicio que debía aportar materia bruta para el mapa del delito”.
Epszteyn también pidió mayores detalles sobre la cantidad de efectivos que actualmente salen a la calle, para luego denunciar que la nómina que se le había entregado no se correspondía con las cifras aportadas por el testigo. Aclarada la cifra completa (unos 1.000 uniformados a partir del ingreso de los nuevos cadetes), la discusión se cerró sobre el rol de la jefatura policial en la asignación de los pagos extra como el riesgo profesional o función jerárquica. El diputado aseguró que Grecco había alegado que la PM era la que decidía quién recibiría los extras, mientras que Burzaco contestó que sólo indican qué funciones cumple cada agente.
Tras nuevas preguntas de Epszteyn y fundamentalmente Kravetz sobre el manejo de la caja chica especial, sobre la cual Burzaco negó tener control directo, la reunión derivó en una serie de monólogos, tanto del jefe de policía como de los diputados, expresando posturas sobre el rol que debe cumplir la PM y cuáles son sus competencias. El detonante fue un cuestionamiento de que la policía hubiera comprado elementos previendo un futuro traspaso de competencias por parte de la Policía Federal y pedidos de la Justicia para participar en investigaciones puntuales.
“La ley dice claramente que somos auxiliares de la Justicia local, federal, nacional y la de las provincias”, argumentó Burzaco, quién rápidamente recibió respuesta por parte de Kravetz, quien calificó de “ridículo” el hacer “compras para el hipotético caso que un juez requiera una investigación”. Epszteyn también se sumó al debate: “Ustedes están preparando una policía que haga inteligencia criminal, esta Legislatura les dijo que la policía tenía que estar para otra cosa”. “Nosotros hacemos lo que dice la ley que votaron ustedes”, se quejó Burzaco.
Quien tomó la posta entonces fue el legislador macrista Martín Borrelli, quien improvisó un discurso en el que señaló que la oposición exhibiría iguales quejas si no se hubieran hecho las previsiones criticadas. Más adelante, criticó la línea investigativa de los diputados de otros bloques, considerando que fueron pocas las preguntas que llegaron a rozar la causa de las escuchas. “La investigación sobre el aparato ilegal de escuchas no se ha logrado”, concluyó.
http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12569&Itemid=31

El diputado Fabio Basteiro (Proyecto Sur) comenzó el interrogatorio preguntando a Burzaco acerca del criterio de selección de los funcionarios de la PM. También le consultó si va a comenzar una “investigación interna al comisionado Raúl Ferrón” por la denuncia del diputado Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) que señala que este policía intervino en una actuación violenta ilegal contra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e integrantes del mismo.

La respuesta del funcionario fue: “Si Parrilli me acerca una nota con información solicitándola, se avanzará en la investigación”. Antes de finalizar el interrogatorio, el diputado del MST le entregó una copia de la nota que le fuera enviada al ministro Guillermo Montenegro con copia a Burzaco, según señaló, con fecha 28 de abril. En respuesta a otra pregunta de Basteiro, sostuvo que “los funcionarios de la PM van a concurrir cuando sean citados como corresponde”, en referencia a los policías que fueron llamados a declarar y no asistieron.

Burzaco aseguró que “hoy la PM cuenta con 1700 policías, de los cuales 450 se graduaron la semana pasada; fueron realizadas desde febrero hasta ahora 2.500 actuaciones, de las cuales 1.500 como auxiliares de la justicia de la Ciudad, nacional y federal, 400 actuaciones relacionadas con violencia de género, 700 controles vehiculares y 210 detenidos”, entre otras.

En otro tramo de su intervención, respondiendo a preguntas de los diputados Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y Cristian Ritondo (PRO), dijo que casi 150 de los 1700 agentes trabaja en el área de investigaciones y 210 en criminalística. “Trato de mantener los parámetros intencionales”, aseguró el funcionario en relación al porcentaje de la fuerza que se desempeña en dichas actividades.

También afirmó que “el 60 % de la fuerza cobra un suplemento por estar activos en la calle, es un plus operativo” y que ese porcentaje no alcanza al personal del instituto superior o al que se encuentra en el área de comunicaciones.

A continuación, el diputado Diego Kravetz (Peronista) preguntó a Burzaco si estaba de acuerdo en que “este año, menos una licitación importante, todo lo que se compró fue por la caja especial”, de dos millones de pesos. La respuesta de Burzaco fue que esta caja especial representa menos del uno por ciento del total del presupuesto. El mismo diputado le preguntó por otras compras, entre ellas, de las armas Beretta.

El funcionario afirmó que en el año 2009 se compraron 800 y en este 1200 y que se habló con el fabricante para que recomponga una partida que tenía problemas con los cargadores de las armas. En cuanto a una falla en las “cachas”, Burzaco dijo que era aleatoria y que no va “a mandar a ningún policía a la calle con una pistola que no funciona”.

También consultó por la compra de chalecos antibalas por las que, según afirmó el legislador, existe una denuncia porque no “tenían las capas suficientes de metal para proteger”. Burzaco dijo desconocer la empresa a la que se compró, “la compra la hace otra área del Ministerio, no yo”, que él encargó que el personal usara un chaleco sobre el uniforme y otro por debajo.

Más adelante Raúl Fernández (Encuentro Progresista) se interesó por la compra de “equipamiento antidisturbios” a lo que el funcionario respondió que esos elementos son “necesarios para salvaguardar físicamente a ese personal, para protegerlo ante una situación de alto riesgo”.

Sobre la compra de Taser, el funcionario dijo que fue a una audiencia judicial para que se permita el uso de esta arma que, en sus palabras es “una herramienta alternativa a un arma de fuego”, “permitida por el RENAR y que es utilizada en la Provincia de Córdoba, en la de Mendoza, en la Policía Federal y por Prefectura”.

El diputado Eduardo Epszteyn quiso saber acerca de la elaboración del Mapa del delito, en relación a la contratación que el Ministerio hizo, según afirmó el legislador, con la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la ONG Unidos por la Justicia, para, entre otros servicios, la “definición y alcances del mapa del delito” ya que la PM tiene un área para la elaboración de esa herramienta estadística. Burzaco afirmó que cuenta con un Mapa del delito construido en base a distintas fuentes de información, entre ellas, la Procuración nacional y de la Ciudad, de la encuesta de victimización y fuentes propias y que, en cambio, “el área de Parodi (quien testimonió en el día de ayer) lleva datos que recolecta de la PM”.

Con respecto al personal de la PM, el diputado Fernando Sánchez (CC) consultó a Burzaco por la cantidad de gente que fue dada de baja en su mandato y los motivos. El jefe de la PM respondió que cambió “más de la mitad de la planta superior por no creerlos idóneos”, y que la decisión la tomó luego de compartir diferentes etapas de trabajo con el personal. En total, el funcionario estimó que fueron despedidas entre “20 y 25 personas”.

Varios legisladores criticaron que la Policía Metropolitana responda a requerimientos realizados por la Justicia en temas complejos como, por ejemplo, narcotráfico y aseguraron que debería concentrarse en ser una fuerza de proximidad a la gente. A lo que el diputado Martín Borrelli respondió: “Es inminente el traspaso de una importante cantidad de delitos a la Ciudad y está bien que la PM empiece a ganar experiencia en otros temas. Además, la ley que votó esta Legislatura establece que debe responder a este tipo de requerimientos”.

En otro trayecto del interrogatorio, Kravetz le pidió a Burzaco que comentara dónde se guardan las armas. Si bien el funcionario estuvo a punto de responderlo, el diputado Ritondo puso el grito en el cielo. “No se puede pedir ese tipo de información, es confidencial”, aclaró.

Montenegro

http://www.ciudad1.com/Notas-9803-No-se-escucha

El jefe del bloque PRO, preguntó al funcionario si consideraba que Macri había armado un aparato de inteligencia junto con Ciro James, y explicó que su interrogación era la única pertinente al tema que la Comisión investiga.

El ministro manifestó haber conocido “a Palacios entre los años 1980 y 1990, cuando trabajé en causas judiciales en oportunidad que desempeñaba la Secretaría Nº 5 del Juzgado Nº 2 de Morón y él era principal de la Policía Federal. Tuvimos relaciones profesionales, él estaba en la división de drogas, era instructor y yo fiscal federal”.  A continuación dijo que “luego de ser sancionada la ley en el año 2008, siendo ministro tuve con él la primera entrevista, en noviembre o diciembre de ese año”. Respecto a los motivos de su incorporación, al diputado Amoroso respondió que “en el diseño habían intervenido policías de la Federal y de otras fuerzas para profundizar el modelo de la ley, eran discusiones técnicas más que operativas; eran cuatro o cinco personas y si bien yo lo sugerí la decisión final fue del Jefe de Gobierno”.

Entre otros antecedentes el funcionario manifestó: “Sabía que había estado en el área de seguridad de Boca Juniors, equipo al que voy a ver cada vez que juega desde la platea y donde me lo crucé varias veces; también sabía que trabajaba en la parte de seguridad de un banco”. Y en cuanto a sus antecedentes penales reconoció saber que “estaba mencionado en una causa penal, imputado concretamente por la fiscalía aunque no estaba resuelta su situación”, dado que el auto de procesamiento fue el 1 de octubre de 2009. Consultado sobre la frecuencia de trato, el ministro manifestó que “lo hacíamos semanalmente, los lunes, con todos los subsecretarios y cuando lo ameritaba, que podía ser dos veces por día, según el motivo”. Relató haber tenido diferencias con Palacios, “hubo discusiones pero él era el conductor operativo y quedaron zanjadas por el conductor político que soy yo”.

“Palacios renunció en agosto y después no tomé contacto con él”, enfatizó Montenegro luego de explicar que la renuncia había sido “verbal, de un día para el otro, a través de un llamado telefónico que hizo directamente al Jefe de Gobierno con quien me encontraba en ese momento, diciéndole que no estaba en condiciones de seguir por motivos personales, por el nivel de presión no podía seguir al frente de la Metropolitana. Su madre estaba muy enferma, tenía muchas angustias”, explicó.

El ministro Montenegro también brindó explicaciones sobre la designación de otros altos funcionarios de la Policía porteña y las causas de su alejamiento, como fue el caso del ex comisario Osvaldo Chamorro, vice de Palacios al frente de la Metropolitana y tras la renuncia de éste su sucesor en la jefatura, actualmente involucrado en la causa judicial sobre las escuchas ilegales. También sobre el ex comisario Roberto Ontiveros, subjefe de Chamorro y a cargo del área investigaciones de la fuerza policial porteña; y sobre el ex comisario mayor retirado Carlos Arturo Kevorkian designado el 23 de abril de 2009 como coordinador general de la misma.

Al diputado Basteiro respondió sobre los asesores Pascual Mazzeo un antiguo oficial de inteligencia de la PFA, y sobre los ex comisarios de esa fuerza Héctor Barúa, Ricardo Raúl Ferrón -actual comisionado de la Metropolitana- y el desempeño del especialista en comunicaciones y también ex comisario Eduardo Jorge Martino, en el Departamento Central de la Policía Federal durante la dictadura militar, y el ex comisario general Carlos Misurelli, otro de los funcionarios policiales pasados a disponibilidad en el año 2004 por el entonces ministro Gustavo Béliz.

En cuanto a la incorporación de los primeros policías a la fuerza, el diputado Eduardo Epszteyn solicitó la documentación sobre test psicológicos y los criterios de ponderación objetivos, que el Ministro dijo que existieron. Al respecto Montenegro dijo que cuando se tomó a este primer personal: “la policía no estaba activa, había necesidad de nombrar policías para hacer los delineamientos de los protocolos de actuación operativa de la policía”. El mismo diputado le preguntó acerca de la designación de quien fuera el comisionado Colombo, a lo que el Ministro respondió no recordar el momento en que lo había conocido, pero que “cuando supe de los antecedentes penales lo expulsé de la fuerza, el sólo hecho de no haber hecho saber a los jefes que tenía una causa judicial ameritaba ser expulsado”.

El diputado Rubén Campos (UCR) le preguntó respecto al convenio marco del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la Universidad de Tres de Febrero, en particular los motivos de la designación del personal y detalles de la transferencia presupuestaria.

Luego el diputado se refirió al Mapa del delito, a lo que el Ministro aseguró que este instrumento “se nutre con distintos productos” que elaboran distintas instituciones como la Procuración, la Policía Federal, el Ministerio de Justicia de la Nación, la Policía Metropolitana, entre otras. En tanto aseguró que se ha conformado una Comisión de Intercambio de la Información que él mismo integra. Dijo además que la información suministrada por esas instancias sirven para “configurar un mapa de riesgo, necesario para tomar las decisiones estratégicas que son más amplias” que las decisiones operativas.
Más adelante, ante la consulta del diputado Epszteyn sobre el convenio con la Universidad Tres de Febrero para la elaboración de un mapa del delito y el motivo por el cual el comisionado Alejandro Parodi, encargado de elaborar un mapa del delito en la Policía Metropolitana, no tenía información de los resultados de la universidad, Montenegro dijo no saber por qué desconocía la información y que “el Mapa del delito convenido con la Universidad Tres de Febrero, tiene más de 8.000 fojas. Son 500 documentos relacionados con el mapa del delito, que es totalmente distinto y más amplio que el mapa del delito que hablaba ayer Parodi, que es una herramienta operativa”.
Campos se interesó también por la carrera profesional del personal policial y por el inciso de riesgo profesional incorporado en el salario del personal que trabaja en calle. El ministro dijo que “el Instituto de Formación es una carrera profesional”, luego agregó sobre este tema: “me interesa que los policías puedan subir con puntaje por estudios en universidades públicas o privadas”. Marcando su postura en cuanto a la formación policial, asunto respecto del cual divergía con el criterio sostenido por el Jefe de la Metropolitana Jorge Palacios, Montenegro afirmó que el Instituto de Formación de la fuerza porteña “tiene una marcada preparación civil”, “los profesores son civiles”, y que sólo en las materias específicamente policiales hay profesores policías.

El diputado Martín Ocampo (PRO) preguntó si “cuando llegó al gobierno encontró una organización paraestatal dedicada a las escuchas” a lo que Montenegro respondió: “encontré  muy pocas cosas en el Ministerio, eso seguro que no”.

Epszteyn quiso saber, al final de la reunión si el ex ministro de Educación Mariano Narodowski “le comunicó que se comunicaba con James”. “Él me hizo saber lo que declaró en la causa judicial, que James conformaba una actividad en el ministerio y que lo podía haber cruzado en los pasillos del ministerio”, dijo Montenegro.

El diputado Cristian Ritondo (PRO) consultó a Montenegro sobre los riesgos de asumir la creación de la Metropolitana y su actuación en causas de Derechos Humanos. El Ministro manifestó que sabía que la creación de la fuerza policial “iba a ser y es compleja en cuanto al  sistema de organización de una fuerza, y el nivel de detalle que requiere su conformación, pero estoy convencido que es algo que una ciudad como Buenos Aires debe tener”. En relación a su actuar en causas de Derechos Humanos, Montenegro contó, entre otras cosas, haber “dictado prisión preventiva para varios militares”.

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En referencia a la pregunta sobre la salida de Ontiveros, destacó que el disparador fue la reunión que mantuvo con el espía Ciro James y con Agustín Gamboa, el secretario de Política Criminal de la Ciudad. “Era un personal contratado que, al momento de conocerse la reunión, se le decidió no renovar el contrato”, señaló.
Marcelo Parrilli, del MST, cuestionó a Montenegro el accionar de la fuerza en Puerto Pibes, sobre todo, de Ricardo Raúl Ferrón, acusado de haber formado parte del operativo que detuvo en la dictadura a dirigentes del CELS. También parte del grupo de Palacios de la Federal y fue contratado el 1 de diciembre de 2008.
“En ese momento Puerto Pibes estaba sin actividad, y con aparición de la Metropolitana el ministerio me quedó chico. Entonces vimos la posibilidad de ocupar ese espacio, pero nuestra intención no era generar un conflicto. Se habló con la directora del colegio lindero, y luego de su crítica dimos marcha atrás y juntamos todo en el Ministerio”, reconoció.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-157506-2010-11-25.html

El funcionario se contradijo al explicar por qué se discontinuó el contrato de Montenegro se contradijo con lo que él mismo había asegurado cuando fue interpelado en el recinto con respecto al desplazamiento de Ontiveros de lo que sería la Metropolitana. Esta vez reconoció que “se le dio de baja el contrato por haber participado de esa reunión”, en la que asistió junto a James, en representación de la Metropolitana, para conversar con Gamboa. El ibarrista Eduardo Epszteyn le recordó al ministro que él mismo había negado que ése fuera el motivo, antes de que salieran a la luz los dichos de Gamboa, quien sostuvo que ese encuentro se llevó a cabo en carácter oficial por orden del entonces jefe policial, Osvaldo Chamorro.

La parte más jugosa del testimonio de Montenegro fue cuando la diputada de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti le preguntó si él creía que había sido desprocesado de la causa de las escuchas para que el juez federal Norberto Oyarbide no perdiera la causa que instruye (a raíz de una recusación de Montenegro), o si era porque era inocente. En ese momento, Montenegro se abstuvo de responder. Luego la diputada le cuestionó por qué ante la CIE el ministro sostenía la postura de hacerse cargo del nombramiento de Palacios al frente de la Metropolitana, y en el escrito que presentó ante el juez no lo habría hecho. “¿A Palacios lo recomendó usted o lo nombró directamente el jefe de Gobierno?”, preguntó. Montenegro, volvió a negarse a contestar. Al estar presente en calidad de investigado, el ministro pudo excusarse de responder amparado en el derecho a no declarar en contra de sí mismo. El resto de su declaración estuvo cruzada por permanentes chicanas entre el bloque del PRO y la oposición, que motivaron la mayor parte de las veces las risas de los asistentes y de los protagonistas. Fue una de las sesiones más distendidas de la CIE.

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Marie-France Peña Luque

Tras prestar juramento, a las 13:40 comenzó a declarar Marie-France Peña Luque, casada legalmente con Mariano Macri -el hermano menor del Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri-, aunque en la práctica, están separados y mantienen una disputa judicial por los bienes matrimoniales y la tenencia de sus dos hijos menores.
La testigo, ante preguntas de los diputados Juan Cabandié (EPpV) y Eduardo Epszteyn (DxBA) brindó detalles de las circunstancias en las que conoció a su esposo y de su relación con la familia Macri durante veinte años. Entre otras cosas manifestó que “con Mauricio tenía una buena relación, cordial, nunca tuve ningún problema. Siempre respeto, el humor o las ganas o no de conversar. Esa es una familia muy especial, no voy a entrar en detalles íntimos. Cada uno de los hermanos se ocupa de lo suyo y nada más, salvo cuando se habla de plata se hacen un bloque, no son amigos entre ellos”.
Peña Luque había denunciado en el año 2008 que “era espiada” por agentes de una empresa de seguridad privada y se presentó a declarar dos veces ante el juez Norberto Oyarbide en la causa del espía Ciro James. Con respecto a las escuchas telefónicas dijo: “Viví mi propia experiencia. Cuando Mariano se va de casa (en Brasil, luego de un viaje a China), me comunica que Ackerman Group cambiaría las cámaras de casa para que se grabe todo en las oficinas de Ackerman en Brasil. Creo que el dueño de esa empresa es un agente de la CIA. Yo creo que sí tenía pinchados mis teléfonos”. Para fundamentarlo dio detalles sobre “una camioneta estacionada una vez cada tres días frente a su casa” que fue objeto de “quejas por parte de los vecinos por tener vidrios polarizados y aparatos ultrasofisticados de comunicaciones” y de diversas situaciones en las que escuchó “ruidos extraños, interferencias, cosas que antes no habían sucedido (…) Esto es una práctica habitual de la familia Macri y llegué a tener siete teléfonos”.
También explicó que desde el juzgado federal le comunicaron telefónicamente que “Ciro James seguro no la escuchó” a partir de 14 números telefónicos que denunció, no obstante hizo hincapié en las facilidades que existen para hacer escuchas ilegales.  Dijo que “podría ser que escuché alguna vez el nombre de Jorge Palacios pero no lo puedo dar por seguro”. Respecto a Néstor Daniel Leonardo (su concuñado, casado con Sandra Macri), manifestó que tenía un “diálogo cordial, nos veíamos poco y luego nada”; en cuanto a Sandra manifestó que “está en una disyuntiva complicada porque adora a su marido y a su padre” y que “sería lógico imaginar que le hubiera sugerido no testificar” ante la CIE.
Además, admitió la posibilidad de escuchas a Isabel Menditeguy (ex esposa de Mauricio Macri) y Hugo Valladares (primer esposo de Sandra Macri) a partir de que “hace quince años Franco me dijo que ‘los hago seguir a todos’, no las 24 horas; es el modus operandi de la familia, sería muy probable”.
En otro pasaje del interrogatorio, ante una pregunta sobre si temía por su seguridad personal respondió afirmativamente y que en previsión “tengo amigos en muchas partes del mundo y gravé 30 DVDs con bastante información por si me pasa algo”.
El diputado Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO, en su intervención advirtió que a partir de la controversia judicial que la testigo mantiene con Mariano Macri, “sectores políticos de la oposición quieren usar el tema para sacar ventaja” y en respuesta a una de sus preguntas Peña Luque dijo que desde su radicación en la Ciudad de Buenos Aires no podía asegurar que Mauricio Macri hubiese ordenado ‘pinchar’ sus teléfonos.

Las declaraciones de la testigo siempre rondaron en lo que uno puede llamar “la privacidad” de la familia Macri. Esto hizo crispar a los legisladores oficialistas y hasta hubo un duro cruce entre Epszteyn y Ritondo, donde este último trató tres veces de “payaso” al ex funcionario ibarrista, lo que hizo que el hombre se retirara ofuscado de la reunión. La testigo amagó con hacer lo mismo, pero decidió quedarse.

Roberto José Cots

El Superintendente de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la PM. El mismo se refirió al cargo que desempeña, mencionando qué áreas y qué cantidad de agentes tiene a su cargo, que suman 200. Contestó respecto de su relación con el resto del personal y en particular con el resto de los Comisionados y de algunos asesores del Ministro, a quienes conoció o bien en el ámbito de la Policía Federal o de la Policía Metropolitana, desde su nombramiento, que fue posterior a la salida de Palacios de la nueva fuerza. Al ex comisario, Cots lo conocía desde el año ’83, año en que Jorge Palacios ingresó a trabajar en la misma comisaría en la que él trabajaba, ambos con igual cargo.  “En la Policía Federal se desempeñaba sin mayores tropiezos”, dijo al respecto Cots.

En cuanto al desempeño del testigo en la institución policial durante la dictadura militar, informó que entre los años ’76 y ’77 se desempeñó en Análisis Delictivo, y afirmó, ante las preguntas de Fabio Basteiro (Proyecto Sur), que ese área “no tenía nada que ver con los militares” y que “nunca” vio ahí a “ningún militar”. Fue trasladado luego al Departamento Central de Policías, y desde el año ’80 hasta el ’82 trabajó en la oficina de planificación del servicio de custodia del Presidente en la comisaría de casa de gobierno. Dijo que ninguno de sus jefes, en este último destino mencionado, estuvo involucrado en causas de delitos de lesa humanidad y que, en cambio, fueron promovidos a cargos superiores en los años siguientes.
El diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) le consultó acerca del rol que tenía -Cots- en cuanto a la selección de personal para integrar la PM antes de la creación del Instituto de Formación. El testigo afirmó que sólo entrevistó a 20 personas y que se buscaba un “perfil intachable de servicio y un pensamiento hacia los DDHH”, entre otros aspectos. Epszteyn requirió más información sobre el concepto “perfil intachable” a lo que el testigo respondió: “que no haya tenido sumarios ni causas judiciales”. A continuación el diputado preguntó si hubiera dejado ingresar a la Fuerza al Sr. Migue Ángel Colombo, quien fuera Comisionado de la PM y luego expulsado por no haber declarado tener una causa penal  pendiente de resolución, ya que en su “foja de servicio dice que tiene sumario”, por causa grave aclaró Epszteyn. El testigo respondió que “Colombo estaba retirado y no le hubieran dado el retiro si el sumario no estaba terminado” a favor del sumariado, agregó luego. Si bien Colombo se incorporó a la fuerza con anterioridad que el testigo, Epszteyn expresó estar interesado en saber los mecanismos de la PM para conocer los antecedentes de los ingresantes.
El diputado Cristian Ritondo dijo a su turno que la Policía Federal en aquel momento era reticente a brindar información sobre los policías retirados que aspiraban ingresar a la PM, lo que motivó incorporar el mecanismo de declaración jurada para los ingresantes, que luego se perfeccionó en el marco de la creación de una comisión especial para la revisión de los expedientes de los integrantes de la fuerza. El testigo aseguró luego, sobre este tema, que propondría un mecanismo para lograr “mayor agilidad para recibir informes provenientes de la Policía Federal”.
En otro tramo del interrogatorio, Cots se refirió a las diferencias entre la Policía Federal y la Metropolitana: “Esta policía busca proximidad, estar muy cerca del vecino, darle apoyo. Es un cambio que se está notando en el mundo”, afirmó. Finalmente al ser consultado acerca de la caja especial con la que cuenta la PM de dos millones de pesos, aseguró que él “ha firmado cheques de 10 mi pesos contra factura” por ejemplo y negó haber escuchado acerca de “una caja especial”.

Raúl Ferrón

Este policía ya había sido citado anteriormente a pedido del diputado Marcelo Parrilli (MST- Nueva Izquierda) pero no había concurrido. Hoy asistió y solicitó no declarar como testigo sino como imputado, a raíz de la denuncia de ese legislador respecto de su participación en un operativo de allanamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales y la detención de sus integrantes entre los que estaba ese diputado.

Ferrón sostuvo ante los integrantes de la CIE que haría uso de la garantía constitucional que establece que nadie está obligado a declarar en su contra. Luego pidió que se incorpore un escrito que aportó, como declaración ante la CIE. El presidente le pidió que previamente la lea, por lo que el policía lo hizo y en ese contexto consideró que había sido convocado para interrogarlo por los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1981 y al respecto dijo que en aquel momento “el juez Martín Anzoátegui había dado la orden de allanamiento al CELS, secuestro de documentación subversiva y que se procediera a la detención de quienes se vieran a primera vista (entre los que estaba Parrilli); llegó la orden a la dependencia y el Comisario Inspector Martínez dio cumplimiento a la orden”, y agregó que él era un suboficial subinspector que secundó a otro inspector en el cumplimiento de dicha orden y que no tuvo facultad de decidir nada en relación a la misma.

Luego Ferrón afirmó que Parrilli fue “invitado a comparecer a la dependencia” donde quedaron detenidos los integrantes del CELS, entre ellos el entonces presidente del CELS, Emilio Mignone, al que luego el mismo magistrado mandó a allanar el domicilio, según continuó leyendo el comisionado. Al terminar la lectura se levantó y se retiró de la sala sin disponerse a responder preguntas.

El diputado Parrilli refirió a sus colegas que el juez Martín Anzoátegui a cargo del juzgado federal N° 2 se dedicaba a allanar instituciones de Derechos Humanos y que “nunca existió una orden de allanamiento al CELS ni de detención” de sus integrantes sino que fue un operativo armado ilegalmente. Además el legislador recordó que “la invitación para que él concurriera a la dependencia policial durante ese hecho de 1981 fue realizada por diez hombres armados con armas largas a las tres de la mañana” por lo que subrayó que la actuación de Ferrón “lo inhabilita para integrar la PM y debe ser exonerado de la misma”

http://www.ciudad1.com/Notas-9860-Secretos-de-familia

“Creo sinceramente que no es procedente que declare”, leyó Ferrón de su declaración escrita, y agregó que hubiese preferido “estar asistido por un abogado”. A pesar de ello, dio alguna información sobre su llegada a la Metropolitana, y su relación cercana con el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro. También habló sobre su participación en el episodio de Puerto Pibes, cuando la Policía Metropolitana instaló oficinas en un edificio del Ministerio de Desarrollo Social.

Una vez concluida la lectura, Ferrón se retiró del Salón Montevideo, donde se realizaba, la reunión, sin contestar ni escuchar a ningún legislador.

http://www.lanuevametropolis.com/legislatura-caba/legislatura/27112010853-entre-la-farandula-mediocre-y-la-investigacion-en-serio.html

El Jefe de la PM, Eugenio Burzaco, envió una nota a la CIE pidiendo que el diputado Basteiro se rectifique respecto de las “graves imputaciones vertidas contra el comisario Eduardo Martínez” integrante del la PM. El legislador respondió que no se rectificaría sino que las ratificaba y que consideraba que Burzaco debía comenzar una investigación interna sobre la actuación de Martínez quien se desempeñó durante la dictadura por siete años en dependencias de la Central de la Policía Federal y un año en Azopardo 650, donde funcionaba un centro clandestino de detención. Luego fue rechazada la nota del Jefe de la PM por el voto de los seis diputados presentes en ese momento.

Testigos

El martes deben asistir: Carlos Alberto Misurelli (Comisionado General Policía Metropolitana) 12 hs; Carlos Arturo Kevorkian (Superintendente de Investigaciones de la PM) 12:30 hs; Juan Puigbo 13 hs.; Oscar Antonio Alvarez (Comisionado Mayor de la PM) 13:30 hs; y Sergio Russo (Jefe de Seguridad de la Universidad de la Matanza) 14 hs.

http://www.ciudad1.com/Notas-9860-Secretos-de-familia

Alicia Beatriz Ares de Palacios, esposa del ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, argumentó que no podía acudir debido a que todavía tenía que presentarse ante la Justicia. Por su parte, Horacio Gallardo y José Luis Rey, ex jueces de Misiones, enviaron sus declaraciones escritas por fax y Roberto Digón, ex dirigente del Club Boca Juniors, pidió una reprogramación su debido a un problema médico.

Para concluir, el presidente de la Comisión, Martín Hourest (Igualdad Social), confirmó la reprogramación de la citación al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien explicó que no podría concurrir el lunes 29 de noviembre, ya que se encontraría fuera del país con motivo de su luna de miel. La nueva fecha pautada para su declaración es el viernes 3 de diciembre.

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