Posteado por: museodegrandesnovedades | noviembre 21, 2010

Comisión investigadora (34)

http://www.ciudad1.com/Notas-9718-Un-disco-rayado

El primero en declarar fue el ex director adjunto de la Dirección de Deportes, Jorge Rapaport. Las preguntas giraron en torno a la vinculación del espía Ciro James con esa gestión.

Rapaport afirmó lo mismo que dijo en su momento ante el juez Norbeto Oyarbide, que la ex jefa de Gabinete de Mariano Narodowski, Rosana Barroso, le había confirmado que James trabajaba en esa cartera.

Sin embargo, admitió que en una reunión que mantuvieron ambos ella lo negó. “Barroso dijo no haberme mencionado  a mí que James iba a ser designado como director general de la policía  de octubre de Metropolitana, lo que era una incompatibilidad”.

Según el testigo, esa reunión  se había originado a pedido del ex Jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, quien le había pedido a Rappaport que fuera hacia el ministerio a averiguar si James tenía algún contrato en Educación.

El segundo en declarar en la jornada fue el ex titular del Parque de la Ciudad Luis Genovesi, quien fue interrogado por la adjudicación de un locutorio a James en el predio del parque.

Genovesi negó haber firmado el contrato expuesto por los miembros del bloque PRO que lleva la firma de los ex funcionarios Santiago Eidis y Jorge Enrique Giberti.

“Ese contrato no tiene mi firma”, señaló mientras que el presidente del bloque Cristian Ritondo le remarcó que en el encabezado del documento estaba su nombre.

El regreso del subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana, Ignacio Greco, y el ex director de Compras de la Ciudad, Edgardo Cenzón, no fue distinta ni produjo grandes avances desde su anterior visita. Una vez más, respuestas escuetas, pobres, evasivas y nuevas promesas de envío de documentación fueron el único aporte de estos testigos ante una Comisión Investigadora que ya afronta su etapa final.

Fue Greco quien se presentó primero y respondió más preguntas. El diputado de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, explicó que la nueva citación se debía a las constantes muestras de desconocimiento en las respuestas de la primera rueda de preguntas.

No obstante, el funcionario no fue mucho más comunicativo ni participativo que en su anterior visita, y se limitó a responder en la mayoría de las oportunidades “lo que pregunta está en el decreto”.

Esta fue la principal muletilla que utilizó Greco ante las preguntas de Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), quien afirmó que, según las cuentas de la policía metropolitana, el 92,7 por ciento de los agentes recibe remuneraciones por riesgo personal, incluso oficiales de nivel jerárquico y el mismo jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco.

Al preguntar Epszteyn “¿en qué casos corresponde nivel jerárquico y en cuales riesgo profesional? ” la imprecisa respuesta fue que la información sobre el pago de riesgo profesional es enviada por la jefatura de la Metropolitana.

El diputado Raúl Fernández (Encuentro Progresista), preguntó sobre la caja especial dispuesta por un decreto que deja a cargo de las autoridades de la Policía Metropolitana la administración de esos fondos. “Lo que los funcionarios a cargo de la administración y rendición de la Metropolitana les corresponde es la determinación de en qué casos es conveniente la utilización de esa caja especial”, explicó Greco.

Por último, prestó declaración Edgardo Cenzón, ex Director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.  Este testigo actualmente está a cargo de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de la Gestión de la Jefatura de Gabinete. Concurrió por segunda vez al igual que Greco para continuar respondiendo acerca de compras y contrataciones para la Policía Metropolitana, entre ellas las realizadas para adquirir patrulleros en 2009 y 2010, motos y otros vehículos. También fue consultado acerca de la compra de armas y en ese sentido declaró: “creo que no pasó por la oficina de compras”.

El diputado Hourest informó que la Justicia resolvió en segunda instancia la cuestión acerca de la citación de los testigos a través de un fallo que distribuyó entre los integrantes de la Comisión Investigadora. Este anuncio provocó una sonora discusión con el diputado Martín Borrelli (PRO), quien aseguró que Hourest “está leyendo lo que quiere. Esta comisión no puede hacer más la comparecencia por la fuerza pública”.

http://www.online-911.com/leer.php?s=1&id=12023&t=Ecuchas:-Comisi%C3%B3n-podr%C3%A1-utilizar-la-fuerza-p%C3%BAblica-para-citar-testigos

Así lo resolvió la Sala I de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño. De esta manera, la Comisión Investigadora que investiga las escuchas ilegales en el gobierno de Mauricio Macri, podrá solicitar la asistencia de la Policía en caso de que los testigos se nieguen a declarar.

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteña “emitió un fallo por el cual se avala la asistencia entre el Poder Legislativo y Judicial sosteniendo el recurso de la fuerza pública en el caso de que un testigo se niegue a concurrir voluntariamente para declarar”.
“Se va agotando el tiempo de la impunidad, de la negación de la verdad y del entorpecimiento de la investigación”, aseguró Hourest en un comunicado.
El fallo de esa instancia judicial lo “entiendo como positivo para el desarrollo de esta investigación. Es bueno que se avale la estrategia de cooperación institucional entre el Poder Legislativo y el Judicial”. “A través de este arbitrio de la justicia, los testigos que el PRO viene ocultando tendrán que venir a declarar”, enfatizó Hourest.
http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=dc290d865d0297c745d20e1d0301ab89

CHALECOS Y PATRULLAS
El primero en nombrar el tema fue Basteiro, quien logró que el funcionario admitiera que el contrato por los chalecos está en evaluación y aún no rescindido. Algo similar argumentó con respecto al blindaje, donde un informe de integrantes de la fuerza detallaba los problemas ocasionados por el uso del tipo RB3, demasiado pesado para los vehículos.
El subsecretario había remitido a la procuración un informe en el que indagaba sobre la posibilidad de rescindir el contrato a la empresa que había provisto el blindaje en base a que resultaba “inoperante y antieconómico”. También dijo que esa posición se revisó después de que se recomendara revisar si el mismo contrato podría readecuarse a la necesidad de un nuevo blindaje. “El mejorar la situación vigente no surge ni de su nota ni de la de la policía”, señaló Fernández.
Con respecto a la revisión posterior, Kravetz cuestionó el que se hubiera realizado una costosa verificación general después de que se conocieran los problemas de blindaje cuando los vehículos ya cuentan con un sistema de control permanente. “Por las condiciones de ese momento consideramos más conveniente hacer una revisión rápida integral de todos los patrulleros.”, dijo Greco, y alegó desconocer las razones de dicha revisión.
El punto alto de su declaración, según resaltó luego Raúl Fernández, fue el reconocimiento de que la Ciudad había solicitado la adquisición de cuatrocámaras ocultas en septiembre de 2009, fecha que se superpone a la compra de otros aparatos de inteligencia. Aunque la compra de cámaras no se concretó, Fernández lo consideró una prueba de las intenciones de realizar tareas de espionaje.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=ffe930c53256aea6c139ff9970a64436

“¿Conoce a Máximo Ignacio Robledo Puch?, ¿conoce que servicios por 70 mil pesos se contrataron a una empresa vinculado a él?”, preguntó el presidente del Bloque Peronista. “No”, obtuvo como respuesta. “¿Para qué usa la policía el servicio de IBR?”. “Desconozco”. Ante cada pregunta no respondida, o respondida con un “no sé”, Kravetz le recordó al testigo que lo volverá a llamar, esta vez con los expedientes y la información faltantes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-157226-2010-11-20.html

Las cámaras metropolitanas

El ex director de Compras porteño Edgardo Cenzón admitió que las cámaras ocultas que aparecen en un catálogo de compras de la gestión PRO fueron incluidas a pedido de la Policía Metropolitana. Ante las preguntas de los legisladores Diego Kravetz y Raúl Fernández en la comisión investigadora de las escuchas ilegales (CIE), contó que los catalogaron para la misma época en que compraron una serie de aparatos de contrainteligencia para la fuerza. Luego dijo que las cámaras no alcanzaron a adquirirlas.

Los de Noticias urbanas pretenden hacerles creer a sus lectores que Ciro James está hace un año preso, con posibilidades ciertas de ser condenados porque, Kirchnerista o Macrista, las escuchas las hizo y están probadas a pasar mucho tiempo en prisión.

Es inconcebible desde la razón pretender sostener que una persona acepte como tarea, por ordenes del gobierno infiltrarse en la estructura de otro gobierno de signo político contrario, cometer graves ilícitos, permitir ser atrapado, y todo eso con el solo fin de perjudicar al gobierno opositor aunque esa persona tenga que después cumplir una condena de varios años en prisión.

Generalmente la explicación menos rebuscada es la verdad, pero como siempre existen unos pocos casos en que lo irracional es lo verdadero, como por ejemplo, inmolarse.

De todas maneras nos parece que Ciro James no da el perfil de aquellas personas que se inmolan.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=15f05066a909ff3f1f072a4ad5a53afa

Los amigos de los espías
El significado práctico de la afirmación produce un efecto terrorífico en el oyente neutral. Y si a eso se agrega que la frase fue dicha por un ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la declaración asusta mucho más. “La SIDE puede armar esto y mucho más también, y aunque no tengo pruebas, poseo la íntima convicción de que a Ciro James lo infiltró el kirchnerismo”
, acusó Miguel Ángel Toma el martes de esta semana ante los diputados que integran la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña que indaga sobre las responsabilidades políticas del Jefe de Gobierno de la Ciudad en la causa de las pinchaduras clandestinas de teléfonos.
Con estas palabras, Toma dejó trascender que el oficialismo nacional utilizó al espía, detenido en el Penal de Marcos Paz, introduciéndolo en la administración macrista para perjudicar al Jefe de Gobierno. El testimonio del ex Señor 5 se realizó un día después de que el titular de la bancada legislativa de Propuesta Republicana (PRO), Cristian Ritondo, acusara al jefe de los senadores nacionales del Frente para la Victoria (FpV), Miguel Ángel Pichetto, de haber sido el hombre que intercedió para que James ingresara en la Policía Federal en 2003. “El espía fue recomendado a la Federal por Pichetto, quien asumió su banca en el Senado en diciembre de 2002. Queríamos preguntar eso y no pudimos porque en los meses que transcurrieron desde que comenzó a funcionar la Investigadora no tuvimos el testimonio de un solo testigo nacional. No vino nadie de la policía, tampoco el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ni el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández”, señaló Ritondo al denunciar la vinculación entre James y altos políticos del kirchnerismo.
“Las acusaciones del legislador están en sintonía con los dichos de Toma acerca de que James respondía al sector K de la SIDE y que desde ese lugar se metió en la Policía Metropolitana (PM) para operar contra el gobierno de Macri. Y hay que recordar que estas afirmaciones no son las primeras en ese sentido, ya que, anteriormente, se dieron a conocer varios datos, que no provenían de PRO, que corroboraban la relación entre la SIDE y el ex federal. Las numerosas pruebas reunidas apuntan a los kirchneristas, quienes ya no pueden decir que no tienen nada que ver en la causa de las escuchas ilegales”, le manifestó un operador político de fluida vinculación con los organismos de inteligencia vernáculos. Sin embargo, Pichetto salió a desmentir las acusaciones en su contra. “Niego rotunda y absolutamente que haya recomendado a James para que ingrese a la Policía, persona a la que, además, no conozco”, señaló a través de un comunicado.
Pese a la defensa K, el miércoles se produjo otro testimonio en la Investigadora que volvió a vincular a la SIDE en el caso que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide.
Por otro lado, NU accedió a una información hasta ahora desconocida que sostiene que la vinculación más importante que tuvo James en el Gobierno nacional se dio con Aníbal Fernández y no con Pichetto. “Los políticos con vínculos en las instituciones de seguridad suelen ser caciques distritales o provinciales con un comprobado poder en la zona donde actúan, y eso da como resultado que el dirigente pueda poner a un policía de su confianza a cargo del organismo de seguridad. Así, el intendente de tal localidad o, llegado el caso, el funcionario nacional con origen político en esa intendencia se encarga de elegir al jefe de la policía local e intercede para que otros efectivos que le responden ocupen lugares de importancia. Por eso la probabilidad de que Pichetto sea el padrino político de James es dudosa, ya que el senador viene de Río Negro y no tiene relaciones de peso, ni de antigüedad, con los capitostes de la Federal. El ministro nacional que maneja políticamente a la fuerza desde 2003 e incluso desde antes, ya que fue funcionario del ex presidente Eduardo Duhalde, es el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Debido a estos antecedentes, lo más probable es que el quilmeño haya sido el nexo entre James y los ‘federicos’”, le aseguró a este medio un ex jerarca de la Federal, que conoce las relaciones que existen entre los políticos y los azules.
Las novedades exigen que la verdad se transforme en el único objetivo de la investigación.

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