Posteado por: museodegrandesnovedades | noviembre 8, 2010

Del blog Criminal Mambo, sobre el perfil de la policía

Lupus, estabas realmente indignado el otro día. Y te entiendo. Te juro que sí. Compartimos el mismo diagnóstico y la sensación de una oportunidad perdida. Hoy salió esto. Que tiene que ver un poco con lo que vos decías. Porque se aplica para cualquiera de las fuerzas.
Tenemos una deuda (o varias) pendiente desde el retorno de la democracia y es la de reformar las fuerzas de seguridad. No porque sean resabios de la dictadura o porque en ella todavía convivan represores, genocidas. Sino porque son instituciones que viven con un esquema/marco conceptual, ideológico, administrativo y de conducción atrasado, vetusto, corrupto y represivo.
No alcanza sólo con no reprimir la protesta social. Al menos, ahora ya no alcanza.
Retomando lo que vos decías es necesario pensar qué fuerzas de seguridad queremos y para qué. Eso nos podrá ayudar a elegir el perfil del aspirante, losplanes efectivos para el combate del delito, la distribución geográfica de los agentes, los salarios, escalafones, equipamiento, etc. Si todavía seguimos con un concepto anticuado y corrupto – por más que la fuerza sea nueva – en la conducción de las instituciones mal nos va a ir. Por eso tenemos lo que tenemos. Por eso pasan estas cosas también.
Vos te preguntabas cuál es el perfil de policía que se esta seleccionando. Y yo agrego, quién quiere ser policía con las instituciones que están seleccionando.
Alguna idea va por acá.
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Unos 100 policías se van de la Bonaerense cada semana

La cifra se mantiene como una constante. Muchos de los que piden la baja son oficiales jóvenes. Buscan mejorar sus sueldos y condiciones de trabajo, ingresando a la Federal o a la Metropolitana. La mayoría lo hace para pasar a otra fuerza

Es una sangría mínima, pero constante. Y a los jefes de la Policía Bonaerense, en especial a los que operan en el Gran Buenos Aires, les preocupa. Todas las semanas se registranpedidos de baja de oficiales jóvenes , tentados por mejores oportunidades laborales o por pases a las fuerzas de la Policía Federal y la Metropolitana, que tienen mejores sueldos.

En el Ministerio de Seguridad no proporcionaron datos precisos, aunque algunas fuentes admiten que habría entre 80 y 100 pedidos de baja por semana . “Es un número que se ha mantenido constante en los últimos meses. Sólo registramos un aumento cuando se abrió la inscripción para la Metropolitana”, dijo aClarín un funcionario de esa cartera.

El argumento salarial sería un dato clave . Un agente que ingresa a la fuerza provincial tiene un haber mínimo de 2.180 pesos por trabajar bajo el régimen conocido como 24 x 48 (24 horas de servicio, 48 de franco). Necesitan hacer casi 120 horas Cores (extras) por mes para llegar a los 4.000 pesos que paga la policía de Mauricio Macri, en la ciudad de Buenos Aires, por ocho horas diarias de servicio. Un poco menos (cerca de 3.800 pesos de bolsillo) percibe un Federal.

El fenómeno de fuga tiene mayor incidencia en el Conurbano, donde la cercanía con la metrópolis resulta una atracción para los oficiales bonaerenses. “El último mes tuvimos tres casos. Dos muchachos -que tenían un oficio- se retiraron para hacer un emprendimiento privado. El tercero se pasó a la Federal ”, dijo a Clarín un jefe de la zona Sur.

“Desde que me designaron en La Plata, hace más de un año, nunca tuve un pedido de baja. Sabemos, por comentarios de otros comisarios, que esa situación ocurre en otros distritos”, admitió otro oficial superior que tiene a su cargo 349 policías.

Desde julio de este año, la Bonaerense paga 2.188 pesos al ingresante; 6.180 a un comisario y el techo -para el comisario general- es de 14.330 pesos, sin tomar en cuenta la antigüedad. Las escalas de las fuerzas federales y porteñas tienen un 30% más en promedio para cada peldaño del escalafón .

El pedido de baja es un trámite lento y burocrático. El interesado en dejar la fuerza de seguridad debe informar a su superior la decisión con un mes de anticipación . Luego, el expediente pasa a la Dirección de Personal del Ministerio de Justicia y Seguridad que resuelve previa revisión del legajo .

Además, sólo se puede alejar voluntariamente quien haya prestado por lo menos tres años de servicios, después de la graduación. “Caso contrario tiene que pagar un resarcimiento al Estado por el dinero que invirtió en su formación ”, explicaron en La Plata.

A principios de 2010, el gobierno provincial planteó como objetivo incrementar en un 20% el plantel de personal uniformado de la fuerza. Buscaban incorporar casi 10 mil hombres en poco más de dos años. Contemplaban los casi 1.300 oficiales que en marzo egresaron de las academias de la escuela “Juan Vucetich”; otros 3.000 que ingresarán en próximas promociones de capacitación, y la inclusión de personal que hoy realiza tareas administrativas pasando a custodia y vigilancia callejera.

Sin embargo, los jefes policiales consultados por Clarín también admiten su preocupación porque “se retiran oficiales experimentados con más de 30 años de servicio e ingresan chicos de 19-20 años recién egresados de las academias”.

Los policías bonaerenses se retiran a partir de los 30 años de servicio. Cuando completan ese tramo de la carrera pueden solicitar el pase a retiro. O las autoridades lo pueden ejecutar de oficio. También tienen la posibilidad de permanecer en la institución hasta cinco años más y así consiguen un mejor haber jubilatorio.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-155219-2010-10-18.html

ENTREVISTA CON MARCELO SAIN SOBRE LA PROPUESTA DE DESCENTRALIZAR LA POLICIA BONAERENSE

“No hay esquemas de prevención local”

El ex viceministro de Seguridad apoya la idea de algunos intendentes de organizar policías comunales para trabajar en el control del delito. “Es imposible hacer tareas preventivas desde una estructura central para un territorio de 310 mil kilómetros cuadrados”, dice.

Experto en seguridad e integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática, Marcelo Saín avala la propuesta de varios intendentes del conurbano bonaerense de crear policías comunales y descentralizar la policía provincial para “garantizar la prevención del delito a nivel local”. “El centralismo sólo se sostiene en el interés que tienen determinadas autoridades políticas y policiales de mantener un sistema de recaudación ilegal de fondos, que termina yéndose hacia arriba y concentrándose en la cúpula”, afirma el ex viceministro provincial de Seguridad y ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahora, encolumnado en el EDE –el partido que conduce el diputado nacional Martín Sabbatella—, Saín sostiene que el gobierno provincial “no sabe dónde está parado en materia de seguridad pública” y sale al cruce de las críticas de los sectores progresistas a la iniciativa de los jefes comunales: “No se pueden garantizar por ley o por acuerdo político gestiones progresistas. Eso lo decide la gente. Pero sí se puede garantizar que se respeten las normas”, sentenció en esta entrevista con Página/12.

–¿Cuál es su postura frente a la propuesta de algunos intendentes del conurbano de crear policías comunales?

–Creo que es una buena iniciativa y no hago una evaluación desde quiénes la formulan, sino a partir de su contenido. Hay que señalar que el sistema policial provincial está colapsado por muchísimas razones, pero hay una que es clave y es que en general destina pocos recursos humanos y operacionales a atender tareas del control de los delitos. Sólo el 25 por ciento está destinado a la prevención de delitos.

–¿Las policías comunales tendrían que suplir ese déficit?

–Este esquema centralizado es el que te impide desarrollar un trabajo preventivo integral y serio a nivel local, que requiere de dispositivos de gestión local. Es imposible trabajar tareas policiales preventivas desde una estructura central para un territorio de 310 mil kilómetros cuadrados y para 17 millones de personas. No existe en ningún lugar del mundo. El centralismo sólo se sostiene en el interés que tienen determinadas autoridades políticas y policiales de mantener un sistema de recaudación ilegal de fondos, que termina yéndose hacia arriba y concentrándose en la cúpula.

–¿De qué manera habría que implementarlo?

–Hoy no hay esquemas de prevención a nivel local. Esta situación impide que los gobiernos locales, aquellos que por lo menos tienen interés, capacidades para poder desarrollar esto, me refiero a capacidad financiera, técnica y política, para poder conducir un sistema local de seguridad pública con un pilar en estrategias de intervención en prevención social, la violencia y el delito, y otro pilar en lo que es la gestión de la conflictividad como es la policía.

–¿Cómo se podría discernir cuáles son los municipios que reúnen estas condiciones?

–No se tendría que discernir desde la provincia. Habría que hacerlo desde los municipios o un conjunto de municipios. Nosotros no pensamos necesariamente en una policía municipal para cada uno de los distritos. Es muy probable que algunos distritos lleguen al acuerdo de juntarse para establecer una suerte de policía de condado, regional, para tres o cuatro municipios. Pero eso depende de ellos. Si se va a un esquema así, debería haber un convenio de descentralización de la provincia hacia aquellos municipios que, entre otras cosas, demuestren determinados parámetros de descentralización, entre los cuales, a mi modo de ver, debería ser clave que cuenten con estructura de la gestión política de la seguridad local. Si no, lo que van a pretender muchos de estos intendentes es poner un comisario duro retirado al frente de este esfuerzo.

–Uno de los cuestionamientos a esta iniciativa, es que los intereses de los que usted hablaba sobre nichos de corrupción que se concentran arriba de la estructura política y policial se harían más fuerte abajo, en la estructura municipal.

–Me parece que ahí hay una lectura errónea de lo que es el dispositivo de corrupción policial institucionalizado. El grueso de la recaudación ilegal que se hace a nivel local no queda en los municipios, se va para arriba, la inmensa mayoría de esos fondos. Entonces, pensar que eso puede ocurrir en un futuro con un esquema descentralizado y no ver que ocurre ahora en la mayoría de las intendencias, donde existe una permeabilidad policial a la influencia política de los intendentes, es no saber cómo funciona el sistema actualmente. Así ocurre con los principales referentes políticos del PJ en los grandes municipios.

–¿Cómo se podría revertir esto?

–Los buenos intendentes, aquellos en los que no importa su filiación política, hoy quisieran tener el manejo del instrumento policial para integrarlo junto con lo que son los recursos sociales en materia preventiva, y no lo pueden hacer en el marco de este esquema. Antes Martín Sabbatella y hoy el intendente Lucas Ghi, en Morón, siempre han reivindicado contar con la conducción policial, y ellos se sienten rengos y chuecos. Hacen mucho esfuerzo en lo que es intervención social, prevención de conflictividad en el plan social y hasta aporte de infraestructura pero la policía no les responde. O si les responde es con situaciones correctivas ex post, pero nunca tienen la posibilidad de tener un mecanismo integral en esa materia.

–Entonces habría distintas políticas de seguridad de acuerdo con quien sea el intendente.

–Yo creo en la gente y en la democracia. Y al pueblo que le interesa tener un esquema de seguridad duro y le da legitimidad democrática, hay que bancárselo. Igual que aquel pueblo que crea que hay que sostener un esquema de seguridad democrático. No tolero la crítica progresista a este tipo de descentralizaciones que creen que es posible garantizar a través de un esquema constitucional que la gente gestione las cosas como nos gusta a nosotros. Eso lo tiene que decidir la gente.

–Sería necesario algún tipo de control para evitar actos de corrupción o de utilización política de esa policía comunal.

–Si hay algo irregular o ilegal, los controles son la denuncia penal de aquellos hechos que son delictivos. Es algo que tiene que ser dirimido en el ámbito de cada uno de los municipios y hay que tener una absoluta libertad. Habrá municipios que tendrán una perspectiva más volcada hacia la derecha en la gestión de la seguridad pública y otros que la tendrán más hacia un concepto democrático. Mientras no se violen normas ni haya un incentivo a la violación de normas de parte de los intendentes, no veo cuál es el problema. No se pueden garantizar por ley o por acuerdo político gestiones progresistas. Pero sí se puede garantizar que se respeten las normas.

–¿Hay que prever algún tipo de control ciudadano?

–Lo que brinda la posibilidad de la descentralización a nivel local es que se gestione de manera mancomunada con la comunidad todo lo que es la conflictividad local. Acerca mucho más al vecino a lo que es la estructura de gobierno, la gestión social y fundamentalmente la intervención policial. Claro que va a estar mucho más vigilada socialmente. Nadie controla la institución policial si no maneja los recursos presupuestarios, los ascensos y promociones y las ocupaciones de cargos de esas policías. Y si después hay intendentes que lo hacen bien o mal, ya eso tiene que ver con las capacidades políticas de cada uno y lo pagarán en la urna, donde serán premiados o castigados.

–¿Qué funciones debería cumplir la policía municipal?

–Todas tareas de prevención local: la vigilancia del espacio público, respuestas inmediatas frente a delitos, incluso delitos violentos. No puede investigar delitos bajo el mandato judicial o mantenimiento del orden público, ésos deben ser servicios policiales centralizados. Pero cuando hablamos de descentralización estamos hablando de traspaso funcional y orgánico: crear una nueva policía con una nueva estructura de mando, operacional, una nueva carrera y régimen profesional, de formación y capacitación y de control. Tiene que haber un nuevo sistema de selección y encasillamiento.

–Hubo una experiencia de regionalización en la época de León Arslanian, en la que dividió a la policía en la misma cantidad de departamentos judiciales…

–Nosotros estamos pensando en otro esquema.

–¿Cuál sería?

–Que en la provincia se establezcan policías autónomas, por regiones, con un grado de descentralización importante en dos aspectos: el sistema operativo, que incluye inteligencia, operacional y logístico, y en todo lo que hace a estructura administrativa.

–También existe una discusión sobre si debe haber una policía judicial o no.

–Creo que sí, pero es un asunto de la Justicia. Lo que no puede hacer el poder administrativo es terminar subsidiando los vacíos de decisión de la Justicia. Ninguno de los actores jugó seriamente a que se conforme la policía judicial. La Justicia porque no quiere poner los pies en el barro y cree que es una pesada carga conducir su propio servicio pericial y de investigadores. Y por el lado del poder administrativo, que siempre tuvo recelo de descentralizar eso a nivel judicial, porque le interesa manipular las causas judiciales.

–Cuando los intendentes plantearon la creación de policías comunales, desde la gobernación se dijo que podría ser una solución a los problemas de inseguridad, pero nadie presentó un proyecto concreto. ¿Cree que hay disposición de la gobernación para implementarlo?

–El gobierno de la provincia no sabe dónde está parado en materia de seguridad pública, no podría impulsar nada. Pero creo que algunos de estos intendentes tienen clara certeza de que no pueden avanzar en un esquema integral sin contar con la conducción de los recursos policiales.

http://www.revista-noticias.com.ar/comun/nota.php?art=2685&ed=1740

Las pruebas de la corrupción

Por primera vez, policías confiesan cómo es la recaudación ilegal que alcanza los $ 300 millones al año sólo en la Provincia de Buenos Aires. El viceministro que rechazó una valija. La conexión política.

 

Todos los números están acá”. Con el mismo dedo índice con el que hasta hace poco gatillaba un arma como suboficial de la Policía Bonaerense, ahora Cristian San Martín (26) se da golpecitos sobre la sien. Y aclara: “En media hora te memorizás los comercios a los que tenés que ir a cobrar y el papel después se rompe”. Dos ex compañeros lo miran y asienten. San Martín baja el dedo y tamborilea con toda la mano sobre la mesa de la celda en la que los tres están detenidos. Hace tres meses que ya no son policías sino simples delincuentes, atrapados en la Comisaría 5ª de Esteban Echeverría por haber aceptado parte de la coima que un falsificador de dólares pagó para ser liberado. “Formamos parte de un sistema de corrupción policial que nos usó, nos descartó y luego nos abandonó a nuestra suerte –se sincera San Martín–. Asumimos la culpa, callamos y respetamos los ‘códigos’ con los que fuimos instruidos. Pero ya no damos más. Estamos dispuestos a contar todo”.

La entrevista fue impactante. Estos tres hombres sentados frente a NOTICIAS –de pelo todavía rapado y años de experiencia policial– se animaron a detallar, por primera vez, cómo es el sistema de recaudación ilegal de la Bonaerense, la Policía argentina más emblemática por su magnitud de 55.000 efectivos, pero cuya caja negra se repite en otras fuerzas: tarifas, formas de cobro, cómo se reparten los sobornos y hasta qué niveles político y policial llegan los dividendos provenientes del juego clandestino, la prostitución, los boliches bailables, los talleres mecánicos y las ferias ilegales, entre otros rubros. Un sistema histórico de corrupción policial que ya está naturalizado dentro de la institución y que es tolerado por el poder político. Porque constituye un método de autofinanciamiento clandestino, por nadie desconocido. Según pudo saber NOTICIAS mediante testimonios de policías en actividad, ex agentes y funcionarios, las 360 comisarías de toda la provincia de Buenos Aires pueden llegar a recolectar $ 300 millones anuales, o sea

$ 25 millones por mes, por soslayar el control de los delitos contravencionales, una herramienta que la Policía ha retenido con celo durante décadas, y cuyo incumplimiento muchos funcionarios minimizan como una cuestión “folklórica”. Sin embargo, estas faltas no son temas menores. La flexibilidad policial le abrió la puerta a la tragedia de Cromañón; hoy también facilita que los menores beban alcohol en los boliches, que haya trata de personas y explotación sexual de menores en los cabarets y que se propague la industria del robo de autos para su reventa en talleres clandestinos. Los montos mencionados de la recaudación ilegal no toman en cuenta lo que se conoce como “la caja sucia manchada con sangre”: venta de drogas, secuestros extorsivos, desarmaderos o zonas liberadas para robos, que ya no involucra a un sistema sino a policías en particular.

Vea esta nota completa en la edición impresa de la revista nº1740 de la revista NOTICIAS

Alarmante corrupción policial

Cuesta creer que en todos los casos investigados, los comisarios sean ajenos al comportamiento delictivo de sus efectivos

Frente al alto nivel que ha alcanzado la ola delictiva tanto en violencia como en cantidad de casos, el drama de la falta de seguridad, que en la mayoría de las encuestas suele constituir la principal preocupación de los porteños y de quienes habitan el conurbano, ya no puede analizarse sin prestar atención al paralelo aumento de la corrupción en la Policía Federal, revelado el domingo pasado por una investigación de LA NACION.

Otro tanto ocurre con la policía bonaerense. Junto con la Federal, ambas fuerzas de seguridad sólo han podido apresar a algunos de los presuntos autores de apenas el 32 por ciento de los casos de violencia delictiva más resonantes ocurridos entre fines de julio y fines del mes pasado, según otra investigación de este diario.

En lo que hace a la Policía Federal, cada día se abre un expediente interno contra uno de sus miembros por su presunta participación en alguna “falta administrativa grave” como protección y connivencia con delincuentes, liberación de zonas determinadas para permitir la comisión de delitos, integrar bandas de secuestradores, cometer robos a mano armada y exigirles dinero a comerciantes a cambio de brindarles seguridad.

Lo grave es que la cantidad de delitos cometidos por policías e investigados en forma paralela por la Justicia y la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal -cantidad que, obviamente, es menor que el total de hechos debido a la impunidad reinante- se mantiene en el mismo nivel que el año pasado en lo que hace al número. Pero no en cuanto al tipo de delitos. A diferencia de 2009, de acuerdo con una fuente policial, en el corriente año el promedio de un policía diario sumariado corresponde a delitos “que deberían combatir”.

Por ejemplo, el fiscal federal Federico Delgado elevó a juicio el caso de una banda de secuestradores integrada por uniformados de la comisaría 44a. y barrabravas del Club Vélez Sarsfield. Delgado también denunció la presunta connivencia entre personal de la comisaría 24a. y vendedores de droga, y a integrantes de la 21a., con jurisdicción en la zona del shopping Alto Palermo, por no investigar los delitos que ocurren en el barrio.

El año pasado, tres suboficiales de la comisaría 41a. fueron denunciados por salir a robar empleando sus armas reglamentarias. En la 23a. se investiga a nueve efectivos por apremios ilegales y en la 5a. un subcomisario y su chofer están acusados de haber intervenido en el llamado “robo del milenio”, en el que un grupo de boqueteros saqueó 99 cajas de seguridad de la sucursal del banco Macro de la avenida Callao al 200.

Ante este tipo de hechos que involucran a tantos policías y comisarías, cuesta creer que en todos ellos los comisarios hayan resultado siempre ajenos al comportamiento delictivo de sus efectivos y cabe plantearse si en algunos casos no se trata de actividades que, ante la falta de control de las instancias políticas, se han convertido en rutinarias y, quizás, en mecanismos de recaudación ilícita.

Llama poderosamente la atención la respuesta del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, responsable de la Policía Federal. Según el funcionario, la fuerza “se ha depurado bastante” y es ella misma la que investiga. Los datos publicados por LA NACION indican que el ministro estaría equivocado o mal informado.

Más llamativo resulta, en cambio, el silencio del jefe de la fuerza, Néstor Vallecca, también vicepresidente de Interpol de América, quien tampoco respondió cuando este diario quiso consultarlo sobre la presunta persecución interna que estaría sufriendo el médico legista y subcomisario Alberto Brailovsky luego de haber intervenido, a pedido de Bolivia, como perito en la masacre de Pando y haber hallado graves irregularidades en los informes de las autopsias de los campesinos asesinados en 2008.

A estas alturas de los acontecimientos, la decisión de combatir tanto el auge delictivo como la creciente corrupción policial son responsabilidades del poder político que, a la luz de los resultados, éste no ha asumido ni parece decidido a asumir.

Cabe preguntarse, como en el caso de los comisarios, si se trata de pura inoperancia o si algunos de estos fenómenos resultan útiles a ciertas formas desviadas de practicar la política.

Quizá no exista combinación más nefasta que la que convierte en socios al crimen con la policía y la Justicia. La Italia violenta de los años 70 y 80 es prueba de ello.

La sociedad argentina necesita casi con desesperación que el delito disminuya sensiblemente. Y también necesita confiar en su policía. Tanto la Federal como la bonaerense cuentan con una enorme mayoría de efectivos honestos y valientes que, con frecuencia, pagan ambas virtudes con la vida. También cuentan con profesionales experimentados. Combatir desde el Gobierno la difusión de la criminalidad policial es la única manera de que esos policías sanos no sientan que sus esfuerzos resultan vanos.

http://www.albertomontbrun.com.ar/archivos/policia_y_seguridad_modelos_en_marcha.pdf

POLICIA Y SEGURIDAD PUBLICA: MODELOS EN MARCHA

Dr. Alberto Montbrun. Profesor del Instituto Universitario de Seguridad Pública

Publicado en LA LEY – Gran Cuyo, Año VI, N° 1, Febrero 2002

SumarioI. Consideraciones generales. II. La seguridad pública en la sociedad industrial. III. La emergencia de modelos alternativos. IV. La policía comunitaria. V. Componentes centrales de la policía comunitaria. 1. Asociación con la comunidad. 2. Resolución de problemas. 3. Cambio organizacional. VI. Principales diferencias entre ambos modelos. VII. Conclusiones. Anexo: Cuadro comparativo Policía tradicional / Nuevos modelos de policía. Bibliografía básica de referencia

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