Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 30, 2011

La metropolitana será central en la campaña este 2011 (4)

Preguntas del diario La Nación a los precandidatos a presidente menos a Cristina Fernandez ni Eduardo Duhalde. Un poquito más moderados o un poquito menos pero todos dicen más o menos lo mismo.

http://www.lanacion.com.ar/1345705-los-politicos-y-la-lucha-contra-el-crimen

1. ¿Cuáles cree que son las causas de los altos índices de delitos? ¿Cómo las atacaría?

Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de Porteño , PRO

Las causas derivan de una realidad compleja, que abarca tanto situaciones socioeconómicas negativas, como la desocupación, la pobreza, la marginación, la falta de educación o de atención sanitaria, hasta un uso cada vez más extendido de drogas ilegales y alcohol.

De esta manera considero necesario mejorar todos esos factores y a su vez la aplicación de un sistema que reconozca el esfuerzo de los que actúan conforme a los valores de la sociedad y que a su vez resulte inflexible con aquellos que cometan delitos.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich. Diputadas Coalición Cívica

El alto índice de delitos tiene diversas causas, la primera son los elevados niveles de exclusión que se verifican aún más en jóvenes que no trabajan ni estudian, que viven en tramas urbanas donde el Estado no actúa, ni previene, ni educa, ni protege a la niñez. La segunda causa es la impunidad de quienes violan la ley, sobre todo cuando la sociedad vislumbra que hay una aplicación de la ley para el ciudadano y otra distinta para los personajes ligados al poder político o económico. La tercera es la vulnerabilidad de nuestro sistema en impedir delitos como el lavado de dinero, la narcocriminalidad, y el acceso a armas e información de calidad por parte de bandas organizadas de alta profesionalidad. Hemos estructurado un plan integral de seguridad y de reducción de la violencia en la sociedad que implica de manera estructurada, metódica y consistente realizar tareas de prevención social en comunidades vulnerables para reducir los índices de violencia. Debemos llenar las escuelas y los clubes de niños para no tener las cárceles y los institutos llenos de adolescentes delincuentes.

b) Entrar a las villas con un Estado activo y con actividades privadas. Policía comunitaria especializada, agencias de atención a menores en riesgo, las mejores escuelas, actividades de universidades, educación técnica y actividades recreativas y culturales. Ni un centímetro de territorio puede estar fuera del alcance de la autoridad, para que ésta no sea reemplazada por el narcoestado en las villas y espacios fuera de control.

c). Autoridades de las fuerzas federales elegidas con acuerdo del Congreso, con proceso de selección abierto similar al de la Corte Suprema de Justicia. Control de calidad en la tarea policial, auditoria externa para el control de conductas, carrera meritocratica y salario acorde a la responsabilidad asumida.

Fernando Solanas. Diputado nacional. Proyecto Sur

No hay una única “causa” de todos los delitos. Hay diferentes clases de delitos que, a su vez tienen causas diferentes.

Hay un auge del tráfico de drogas, que tiene su expresión emblemática en el avión con una tonelada de cocaína que se cargó en el aeropuerto de Morón y atravesó la aduana de Ezeiza y tiene entre sus causas la inoperancia del Estado y organismo de seguridad y, el muchos casos, la complicidad o participación de integrantes del poder político como se vio en el caso del Concejal Palma y su pista de aterrizaje clandestina.

Desde los años noventa el Gobierno argentino fue alertado por el gobierno norteamericano respecto de la existencia de más de mil pistas de aterrizaje clandestinas en las zonas de frontera de nuestro país, y nada se hizo para detectarlas; no se instaló una adecuada redes de radares ni la Gendarmería ni la Policía Federal se ocuparon de ello.

Una parte importante de la droga que llega o se fabrica en el país se destina al “mercado interno” y llega a manos del consumidor a través de las redes de tráfico que se utilizan los barrios carenciados como sedes de distribución y utilizan como agentes a los jóvenes sin escuela, sin hogar, sin servicio de salud y sin tutela. El Estado más que ciego es cómplice de esta situación.

Hay un auge del delito de corrupción en la administración del Estado, cuyo caso emblemático es el Sr. Jaime, y cuyas causas está en la concepción de la política y del cargo público como camino para el enriquecimiento personal de los funcionarios.

Hay un auge del delito contra la propiedad, en cuya realización se agrede la seguridad y la vida de las personas. Y esto tiene como causa el hecho de la marginación social de los chicos de la calle, el desempleo y de la pobreza de un tercio de la población, lo cual que facilita e incentiva la instrumentalización de los jóvenes o niños de las familias sin hogar, por parte del delito organizado con la complicidad policial y política.

En este tipo de delitos se incluye el robo de autos, que también instrumentaliza a los jóvenes en beneficio de los desarmaderos y cuya ubicación funcionamiento y titularidad todos conocen, y que funcionan libremente distribuyendo utilidades por la inacción o protección policial y política

Las diferentes causas de los delitos requieren acciones, pero todas ellas implican una radical modificación de la política del Estado y de la organización policial.

Sin atacar en profundidad todas las causas y sin una política seria y eficaz de prevención del delito en sus diferentes manifestaciones no es posible resolver la inseguridad que afectan hoy a la sociedad argentina.

Ricardo Alfonsín. Diputado nacional. UCR

No pueden caber dudas que las deudas de la democracia argentina son la pobreza, la exclusión y la inseguridad y todas se encuentran relacionadas entre sí. Por eso la mejor manera de prevenir el delito, de contribuir al respeto a la ley, es promover políticas de inclusión social.

Pero sin dudas el delito es complejo y multi causal. Hay distintos tipos de delitos con diferentes causas y diferentes respuestas. También hay que separar delito de violencia.

El delito de ocasión,el violento, que ha crecido con la exclusión social y la marginalidad, se combate desde una perspectiva policial con más prevención, que significa cámaras, iluminación, seguridad bancaria e inteligencia. Pero desde una perspectiva social se lo enfrenta con la inclusión de aquellos que por dos generaciones no han sido escolarizados, no conocen la salud pública, ni tienen otro vínculo social que no sea la violencia. Es decir, se combate con educación, escuelas buenas en los lugares donde más hacen falta, buenos hospitales, posibilidades de desarrollo cultural y deportivo, etc.

Por eso impulsaré políticas focalizadas en materia de educación, empleo y contención social para los jóvenes que no estudian ni trabajan y que, según las deficientes estadísticas oficiales, constituyen la población en riesgo respecto de la infracción a la ley penal.

Mi gobierno garantizará el acceso a los derechos básicos a todos los argentinos y, a la vez, se propondrán políticas estables para combatir el crimen y tutelar los derechos de las víctimas.

Ernesto Sanz. Diputado nacional. UCR

La inseguridad en la Argentina es producto de la economía del delito. Esta economía se desarrolla en la clandestinidad, desde el narcotráfico, los desarmaderos de autos y los mercados de artículos robados hasta los medicamentos adulterados, las valijas llenas de dinero y las coimas. La economía del delito requiere de la complicidad del poder del Estado, tanto en los vuelos clandestinos llenos de droga, como en los intendentes que permiten desarmaderos de autos o son cómplices del narcotráfico. También necesita jueces y policías cómplices. Pero también requiere de la pobreza, que le brinda la mano de obra. La marginalidad provee jóvenes sin futuro que terminan siendo víctimas de un sistema perverso. El vínculo entre la economía del delito y la pobreza lo genera el Estado ausente, o lo que es peor, el Estado cómplice o incompetente.

Uno de cada tres hogares argentinos ha sido víctima de un delito en algún momento de 2010. Una aberración, que llena de miedo a nuestra sociedad.

Como Presidente dirigiré un Estado presente, atento y responsable que intervenga en la economía del delito y la haga visible, desarmando esas redes clandestinas de bienes robados o ilegales. Voy a romper la complicidad, por acción u omisión, de la política con el delito. Mi gobierno controlará las fronteras, el lavado de dinero, el financiamiento ilegal de la política y la corrupción.

Al mismo tiempo, le quitaremos la base de reclutamiento de mano de obra a la delincuencia. No le prometeré a cada joven que tendrá éxito en su vida, le voy a garantizar que tendrá las oportunidades necesarias para progresar en base a su esfuerzo. Con educación, salud y acceso a la primera vivienda.

Francisco De Narvaéz. Diputado nacional. Unión Celeste y Blanco.

Años de improvisación y de políticas reactivas que no abordaron seriamente la problemática. Se hicieron reformas legales, pero sin decisión política y recursos para llevarlas a cabo, concentrándose únicamente en la legislación penal y las fuerzas de seguridad sin una visión integral, para mantener una política de Estado.

2. ¿Cómo se reducen los índices de delitos graves?

Mauricio Macri

El delito debe ser combatido con una política de Estado integral. Para ello es necesario orientar las políticas públicas de seguridad y emergencia urbana hacia su plena armonización con las políticas sociales volcadas a la asistencia, dignidad y reinserción social, combatiendo la violencia y previniendo acciones delictivas para su control y disuasión anticipada. En síntesis, la política de seguridad pública debe ir consolidándose como una Política de Estado, la seguridad no se inventa, sino que se construye en el día a día y se hace en forma conjunta y articulada entre todos.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Los índices de delitos graves se reducen desde dos caminos

a. Reducción del delito menor. Actuar, sancionar y establecer un régimen penitenciario y de cumplimiento de penas alternativas que signifiquen un freno a la carrera delictiva del individuo. El mejor servicio penitenciario es el que devuelve ciudadanos y no delincuentes exacerbados. Estableceremos un plan para premiar a los establecimientos penitenciarios y los agentes que logren menor tasa de reincidencia.

b. A través de una estrategia coordinada nacional e internacionalmente de investigación criminal, con herramientas tales como mapa de patrones delictuales en delitos de complejidad logística en desarmaderos, tráfico de armas, contrabando, trata de personas, lavado de dinero y especial énfasis en narcotráfico.

Fernando Solanas

Con una política que, simultáneamente, ataque las causas de los diferentes tipos de delitos, transforme las fuerzas policiales, encare la represión a los “empresarios del delito” y sus cómplices en el aparato del Estado, democratice el funcionamiento del Poder Judicial, en gran medida integrado bajo el principio del nepotismo y ejecute medidas de prevención de la génesis y la ejecución de las conductas delictuales

Ricardo Alfonsín

Vamos a convocar al resto de las fuerzas políticas para diseñar un esquema de política criminal estable y persistente en el tiempo, cualquiera sea el gobierno. La seguridad ciudadana no es una cuestión ideológica, sino que apunta a la protección de los derechos de todos.

Para eso voy a enfrentar al crimen desde un doble ángulo: con una intensa política social de inclusión y con una eficiente respuesta estatal frente al delito. También vamos a reformar la ley de Seguridad Interior para que el Estado nacional se asegure un mínimo de tutela en todo el país. Para eso es preciso reformar la Ley Orgánica de la Policía Federal. Necesitamos que se transforme en una agencia federal especializada en el combate del crimen organizado.

Ernesto Sanz

La pobreza no genera mecánicamente violencia, lo que sí la genera es el empobrecimiento moral, el debilitamiento institucional, la cultura de corrupción y la polarización político-social. Un ejemplo es India que tiene más pobres que Estados Unidos; sin embargo, hay más homicidios por habitante en EEUU que en la India.

En relación al mundo, es evidente que Argentina tiene, todavía, índices bajos de delitos graves. Brasil tiene cinco veces más que nuestro país. Y Venezuela, doce.

Pero tiene razones para empeorar, porque las sociedades más violentas, más polarizadas, con más armas en manos de su población, son aquellas en las que se cometen más homicidios.

Una sociedad constituida por ciudadanos con miedo que compran armas, niños que crecen en entornos violentos, marginalidad, corrupción, un Estado ausente y un discurso oficial violento que concibe a los adversarios políticos como enemigos.

Por eso, por la seguridad, es tan importante terminar con la corrupción, la polarización de la sociedad y la marginalidad.

El Estado debe terminar con la economía del delito. Hay que volver a la Argentina de la igualdad de oportunidades y el ascenso social. En ninguno de los dos aspectos este gobierno ha trabajado con seriedad y decisión, más bien ha jugado el rol del Estado distraído, cómplice e incompetente.

Francisco De Narvaéz

Cumpliendo la ley y sancionando a los responsables. Hoy ser delincuente es negocio porque hay muy pocas chances de ser detectado, si se lo detecta la investigación demora años y si llega a juicio hay pocas posibilidades de ser condenado y que esa condena se cumpla. El mensaje tiene que ser claro el Estado está para proteger a los ciudadanos.

3. ¿Cómo luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado?

Mauricio Macri

En primer término debemos recuperar un concepto fundamental en esta materia y que los gobiernos de los Kirchner se empeñaron en desconocer y debilitar: el control estatal. Es paradójico que quienes se han atribuido el rol de constructores del Estado hayan libremente dejado actuar a quienes con su ilícito proceder destruyen como ningunos la esencia de la estructura estatal. Cuando el Estado defecciona y no cumple sus tareas fundamentales el crimen organizado lo sustituye. Es primordial comprender el concepto de políticas de Estado del que venía hablando, pues una de las principales falencias sobre las que se monta el narcotráfico y el resto de los delitos que conforman la criminalidad organizada, son las deserciones del Estado. Como decía, el control estatal es la llave maestra para ahuyentar a las organizaciones delictivas de nuestro territorio. Ese control oficial, permanente y riguroso, se traduce en acciones concretas; control del espacio aéreo con un sistema de radarización total del territorio nacional, detección y erradicación de pistas de aterrizaje clandestinas; exhaustivo cotejo migratorio con entrecruzamiento de bases de datos, verificación de las actividades de carga y descarga en nuestros aeropuertos y puertos, contactos permanentes con los ministerios públicos fiscales y policías de los países limítrofes y de la región, comunicación en tiempo real con las representaciones extranjeras en nuestro país, sobre todo las de los países que sirven como destino de las remesas de estupefacientes que se envían desde la Argentina. Además, unificar las bases de datos de todas nuestras fuerzas de seguridad nacionales y otorgar relieve a la función de las policías provinciales para que actúen en forma mancomunada. Promover en el ámbito federal, al igual que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, una reforma de nuestro sistema de investigación judicial, poniendo en cabeza de los fiscales la investigación directa de estos delitos. Además, comprender que estas modalidades delictivas (narcotráfico, trata de personas, venta ilegal de armas, entre otras) persiguen principalmente un objetivo económico y por lo tanto el Estado en su conjunto, nacional, provincial y municipal, debe dotar a los operadores del sistema de los elementos financieros, contables y jurídicos para poder controlar las actividades de lavado de activos producto de esos crímenes. Capacitar a nuestras fuerzas de seguridad en la persecución de esas modalidades, dotarlas de instrumentos pertinentes, mejorar sus condiciones salariales y funcionales y por sobre todo ofrecerles el respaldo político suficiente para que encararen decididamente esa tarea.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

La lucha contra el narcotráfico se da en los siguientes planos

a. Información e investigación de modalidades, rutas y medios utilizados. Control severo sobre las mismas

b. Desarticulación del poder de narcotraficantes en villas a través de una entrada efectiva del Estado a las misma

c. Radarizacion de todo el territorio nacional. Utilización de mapeo inteligente para detección de pistas clandestinas de aterrizaje. Programa de información y detección conjunta de carteles en espacios internacionales. Control estricto de lavado de dinero, con la creación de una nueva agencia autónoma del poder del gobierno. Detección de vínculos del poder político o sindical con narcocriminalidad

Fernando Solanas

Primero hay que atacar la estructura del narcotráfico y del crimen organizado en su cúpula y en sus relaciones con el poder político territorial y la corrupción policial.

Es mas que llamativo que la inmensa mayoría de los procedimientos que aparecen ante la opinión pública se concentra la represión sobre los últimos eslabones de la cadena: los pequeños traficantes barriales, las mulas y los consumidores.

Respecto de las “cocinas” de elaboración de droga y en la represión a las cúpulas de las redes de distribución se opera poco o nada. Es muy significativo -y vergonzoso- que la inteligencia española tuviese previo conocimiento del embarque de una tonelada de cocaína en nuestro país y que ni la policía federal, ni la aduana, ni la policía aeronáutica ni el Gobierno supiesen nada de ello.

Ricardo Alfonsín

Esta nueva fuerza federal, nos va a permitir dar una respuesta más eficiente a la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, el delito informático, es decir el delito complejo. Voy a promover, además, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal federal, para adoptar un sistema acusatorio nítido que permita una pronta respuesta judicial frente al crimen, que incorpore también métodos alternativos, con intervención de las víctimas para los delitos menores.

Ernesto Sanz

El narcotráfico es un ejemplo perfecto de la economía del delito. Los 701 kilogramos de cocaína de máxima pureza encontrados en el campo del concejal kirchnerista Héctor Hugo Palma y los 944 kilos de cocaína a España en un avión que estuvo parado en una base área estatal durante 55 días, son un claro ejemplo de la ausencia, imprevisión o complicidad del Estado. Hay que hacerce cargo y enfrentar el problema.

El Estado tiene que avanzar en tres aspectos. Primero, controlar las fronteras, detectar las pistas clandestinas y el lavado de dinero con todos los medios que hoy permite la tecnología. Parece mentira que el Estado dependa de Google para descubrir la pista del concejal kirchnerista en Formosa. Sólo eso habla de la incompetencia del gobierno.

En segundo lugar, la policía debe ser debidamente entrenada para detectar y prevenir el crimen con tecnología y se deben redireccionar las reparticiones de investigaciones, hoy dirigidas más a entrometerse en la vida de dirigentes políticos opositores que en la detección del delito. Además, hay que dotar a la justicia de los medios necesarios para aplicar la ley de manera ejemplificadora.

En tercer lugar, se debe terminar con las condiciones de vulnerabilidad social, en todos los sectores, que generan la demanda de estupefacientes.

Francisco De Narvaéz

Primero que nada se necesita decisión política para ir a fondo. Equipos especiales para investigaciones complejas con fuerzas de seguridad preparadas para infiltrar y desbaratar estas bandas. Manejo de la información criminal para llegar a las cabezas y no cortar siempre por el eslabón más débil. En el narcotráfico apuntar también a prevenir que la droga ingrese (radarización, control de fronteras, scanners y una fuerza nacional especial para seguir de cerca todos los circuitos de la droga). Controlar los precursores químicos para que desaparezcan las “cocinas”. Romper la cadena de comercialización a menor escala apuntando a la recuperación de los adictos, brindar protección a testigos y líneas anónimas para que todos puedas denunciar si hay narcos en sus barrios.

4. ¿Qué haría con las armas de fuego? ¿Limitaría la tenencia? ¿Prohibiría la portación?

Mauricio Macri

Una sociedad armada no es el ideal de un Estado democrático. Vivir en paz y en una buena convivencia no necesita ciudadanos armados.

Pero en la situación actual no limitaría la tenencia aunque seria muy riguroso en los controles, pero haciendo hincapié en las tenencias ilegales, que son las que provocan los delitos de sangre.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Desarrollaremos un sistema más estricto de control de armas. Además de desalentar la tenencia de armas a través de un programa de desarme civil. Proponemos intensificar el registro, control y seguimiento de armas de fuego, con especial énfasis en la implementación de una adecuada gestión de arsenales y la destrucción de excedentes tanto de armas como de municiones y explosivos. No prohibiremos la aportación legal y bajo un registro estricto.

Fernando Solanas

Ya existe, en las normas, una fuerte restricción para la portación de armas y la tenencia requiere también un tramite y una autorización. Pero el problema está en que el Renar no ha cumplido su misión, por ser parte de un Estado ineficaz y sospechado de complicidad con el delito organizado.

La portación de armas debe estar limitada a las fuerzas policiales y de seguridad, o a excepciones muy especiales que lo justifiquen, pero si no tenemos un organismo confiable para evaluar esas posibles excepciones lo mejor es no autorizarlas.

Ricardo Alfonsín

Hay tres grupos que las poseen armas de fuego legalmente: los civiles en calidad individual, las fuerzas de seguridad y las agencias privadas de seguridad. Los ciudadanos comunes no deben armarse por las situaciones de inseguridad para defenderse. El arma en la casa genera posibilidades de accidentes, o resoluciones violentas de conflictos interpersonales.

Hay que realizar un exhaustivo control de cuántas armas hay y quiénes las portan en el caso de todas las fuerzas de seguridad del país. Debería haber información pública y fiable de cuál es el armamento con que contamos, como se guarda, cuáles son los protocolos de seguridad. En la mayoría de los robos, asaltos y asesinatos con alto grado de logística y planificación lo que más aparece son armas de guerra. El Estado no hace mucho para ejercer este control, por lo que de manera urgente se deben retomar las iniciativas ligadas al desarme.

Además está el caso de las agencias de seguridad privada que ponen armas en manos de policías exonerados o gente sin preparación en muchos casos. Hay que redoblar los controles para que gente como los asesinos de Cabezas no estén a cargo de agencias de seguridad privada, por ejemplo.

Ernesto Sanz

Durante mi gestión en la Intendencia de San Rafael, la ONU premió el programa de desarme civil que desarrolló mi municipio.

No creí nunca en la justicia por mano propia. La tenencia de armas de fuego debe ser sumamente limitada, restringida y debidamente registrada.

El miedo es un mal consejero, ninguna sociedad en el mundo progresó con el miedo como programa.

La inseguridad es un problema grave que afecta a todos y cada uno de los argentinos. Se debe resolver de modo consensuado y en el marco del respeto a la ley.

Francisco De Narvaéz

Hay que apuntar al mercado negro. Tener un único registro nacional que permita identificar las armas (a través de número serial y marcas en las balas) con la comisión de un delito para destruirlas inmediatamente y que no reingresen. Controlar los depósitos de las fucerzas, armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias y detectar las zonas donde se venden y alquilan armas. Si se desarma a los delincuentes los ciudadanos de bien tienen menos motivos para armarse.

5. ¿Qué hacer con los menores que delinquen? ¿Bajaría la edad de imputabilidad? ¿Qué estrategias desarrollaría para atender a los menores en riesgo de caer en el delito? ¿Dónde los alojaría?

Mauricio Macri

Sancionar una ley penal juvenil moderna, ágil y posible, previo debate con todos los sectores, creando centros especializados con profesionales capacitados.

Cerraría los Institutos que funcionan en la actualidad o adaptaría su estructura al concepto de Centros Especializados. Paralelamente avanzaría con estos Centros evaluando y capacitando a su personal.

Los Institutos actuales hoy no están capacitados para que un menor logre una posterior reinserción en la sociedad.

Bajaría la edad de imputabilidad a los 14 años, como en otros países del mundo, pero abordando el tema en forma integral y modificando el sistema penal juvenil, tema del que no se ocupó el gobierno nacional.

Para atender a los menores en riesgo de caer en el delito, en primer lugar hay que replicar lo que hacemos en la ciudad: trabajar en la estimulación temprana en los chicos de 1 a 5 años. Porque todo lo que no hacemos en ese período, después no se recupera. Alimentación, salud y actividades recreativas y cuidado de los niños cuando salen padres salen a trabajar están cubiertas en los menores de la ciudad de Buenos Aires.

Las estrategias deben ser múltiples y coordinadas, donde deben intervenir los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Seguridad, Espacio Público.

Se considera que el joven es un ser en desarrollo que requiere protección, pero también que es una persona conciente y responsable de sus actos. Sobre estas bases se deben implementar políticas que busquen entregar lecciones y castigos necesarios a quienes cometen crímenes, pero también apoyo para que estos no sean criminales el resto de sus vidas, sino que puedan visualizar otras alternativas a su actual elección de estilo de vida.

La Argentina no tiene una política pública enunciada como tal y expresada en un corpus legal coherente respecto a la delincuencia juvenil.

Tampoco es posible advertir dentro del Estado federal una coincidencia entre distintos ámbitos de gestión respecto a las políticas que desarrollan.

Hoy existe una multiplicidad de agencias, muchas veces con áreas temáticas superpuestas, prácticas opuestas, tensión entre poderes del Estado respecto a responsabilidades y facultades.

Y para agregar complejidad, por tener un sistema federal de gobierno, las provincias fijan sus propias políticas y las aplican marcando no sólo diferencias con el Estado nacional y otras provincias, sino reproduciendo las contradicciones en sus propias gestiones de gobierno.

Por último, es preciso trabajar en la construcción de nuevos centros de rehabilitación, dado que desde hace muchos años no se ha registrado un crecimiento de la cantidad de establecimientos de tratamiento a las adicciones proporcional al aumento del consumo de drogas de alta nocividad y poder adictivo.

Los alojaría en Centros Especializados, con un nuevo modelo de alojamiento y con trato personalizado.

El vínculo del menor con los profesionales que lo atienden es clave.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Estableceremos un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para adolescentes de 14 a 18 años, con todas las garantías del debido proceso de un juicio contradictorio, de una defensa técnica especializada, garantizando la doble instancia y especialmente la implementación de medidas socioeducativas y restaurativas para que el menor comprenda la necesidad de vivir con valores de respeto a la vida humana y al otro.

Entraremos con una mano blanda a las villas para brindarles a los niños las mejores oportunidades en educación, recreación y hábitat para evitar que caigan en el delito o sean seducidos por bandas de narcotraficantes. Trabajaremos cuando detectemos una primera conducta violenta en niños de todos los sectores sociales para evitar que esa violencia explote en delito. Llenaremos los clubes, las escuelas, los centros recreativos de niños para no llenar cárceles e institutos. Estableceremos un programa de construcción de pequeños espacios de no más de 15 internos para los casos más graves y establecernos contratos con familias sustitutas y ONG, S para atender a los niños en conflicto con la ley penal.

Fernando Solanas

En primer lugar todos los menores deben tener vivienda, alimentación, salud y acceso a la educación. Los menores que carecen de estos derechos -esenciales para la dignidad de todo ser humano- deben considerarse en estado de riesgo y ser amparados por el Estado en primer lugar a través del apoyo a su familia. En los caos de ausencia de familia debemos tener hogares que le garantice a los menores esos Derechos que constitucionalmente les corresponden.

El menor que delinque, al igual que el mayor, debe ser rehabilitado por mandato de nuestra Constitución. Las cárceles de los mayores, además de ser “sanas y limpias” (que no lo son) deben también ser “para seguridad y no para castigo”. Seguridad para la sociedad durante el proceso de rehabilitación y seguridad para el interno.

En el caso de los menores que hayan delinquido los establecimientos de educación, contención y rehabilitación deben ser diferenciados del de los mayores en razón de la obvia diferencia entre unos y otros.

La baja de la edad de la imputabilidad de los menores no solucionará el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito, sino que profundizará la criminalización de la pobreza, eludiendo así las responsabilidades del Estado, además es contraria a la Convención internacional sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional. Igualmente hay que resolver la salida del modelo tutelar en materia de legislaciones de infancia, del mismo modo que del modelo inquisitivo en materia de justicia penal, y hay que hacer efectiva La ley 26.061, de protección integral del Niño, la Niña y el Adolescente.

Ricardo Alfonsín

Es imprescindible sancionar un régimen penal especial para ellos, como exige la Convención Internacional de los Derechos del Niño y lo ha pedido la Corte Suprema de Justicia en el caso “García Méndez”. Los estándares internacionales indican que se debe hacer entre los 12 y los 18 años. No es tan relevante que se fije a partir de los 14 o los 16. De lo que se trata es considerar a los menores sujetos de pleno de derecho y por lo tanto responsables, en medida atenuada por cierto, frente a infracciones gravísimas a la ley penal. Lo decisivo es que el Estado les garantice establecimientos y medidas adecuadas para evitar la recaída en el delito. Por mi parte, entiendo que el Congreso debe sancionar cuanto antes una ley penal juvenil que viene discutiéndose hace más de diez años y que ya adoptaron todos los países de la región.

Ernesto Sanz

La baja de la edad de imputabilidad implica llevar los mismos parámetros penales para una persona de 25 ó 60 años que para un chico de 14, no creo que este sea el camino para solucionar el problema de la inseguridad. Con esto no quiero decir que las cosas deben seguir según están hoy pautadas por el contrario; creo que debemos ir en el camino del proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que Diputados aún no trata: un marco especial para el delito juvenil, donde haya un tratamiento integral, contención y resocialización.

Francisco De Narvaéz

Bajar la edad es necesario, pero no suficiente. Los recursos deben apuntar a detectar en forma temprana los conflictos, en la escuela con los maestros, en los barrios con los referentes y asistente sociales, acompañando a todo el entorno familiar. Garantizar la escolaridad y la capacitación para una salida laboral inmediata. Y finalmente investigar y condenar a aquellos que se valen de menores para delinquir. Antes de pensar donde los alojaría hay que pensar en darles educación y vivienda digna para toda la familia, y para los casos que no pudo prevenirse en centros especiales para su rehabilitación, que finalicen su escolaridad y que puedan capacitarse para insertarse rápidamente en la sociedad, con equipos y programas sustentables.

6. ¿Reformaría las fuerzas policiales? ¿De qué manera y con qué modelo? ¿Traspasaría el área de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires? ¿De qué manera? ¿Con fondos? ¿Qué haría con el resto de la PFA?

Mauricio Macri

Sí, de hecho creamos un nuevo paradigma. Una fuerza de seguridad vinculada e integrada a la comunidad, a fin de constituir un cuerpo de profesionales con dedicación exclusiva, bien remunerados, tecnológicamente equipados, adecuadamente capacitados, administrados y controlados y, con plena conciencia de su responsabilidad pública, en un marco de estricto cumplimiento de los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Para ello, el nuevo modelo policial en desarrollo en la Ciudad, concebido para proteger los derechos de los vecinos y asegurar el orden público, se implementa progresivamente y en el marco de una concepción integral donde participan el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), la Policía Metropolitana (PM), la Auditoría Externa Policial (AEP) y la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana (SSAPM).

El modelo policial adoptado busca el desarrollo de una policía de proximidad, o policía comunitaria tal como se la suele reconocer internacionalmente, que ponga énfasis en valores de solidaridad, eficiencia, honestidad y respeto a los Derechos Humanos, en la prevención y la contención del delito y el perfeccionamiento continuo de la fuerza.

En cuanto al traspaso del área de Seguridad Metropolitana de la PFA a la Ciudad, lo implantaría en forma paulatina, teniendo en cuenta una selección exhaustiva de los recursos humanos a transferir para que sean funcionales al modelo de gestión diseñado para la Policía de la Ciudad.

Por supuesto, la Ciudad debe contar con fondos transferidos desde la Nación para implementar este traspaso.

El resto de los recursos de la PFA debieran ser evaluados y seleccionados para constituir una fuerza altamente especializada en la prevención e investigación de delitos federales, como auxiliar de la justicia federal, en todo el ámbito de la República.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Reformaremos las fuerzas policiales con un modelo que divida la tarea de calle virando hacia una policía comunitaria, cercana, vecina, recreando en tiempos actuales el vigilante de la esquina. Reformaremos la tarea de investigación dando lugar a una policía judicial de investigación criminal que trabaje sobre el mapa delictual, las recurrencias, las modalidades, las conectividades de bandas y este un paso delante de la inventiva delictiva, con capacidad tecnológica y especialización. Traspasamos la policía federal de comisarías a la ciudad bajo estos parámetros y la Policía Federal actuará persiguiendo los delitos federales. Propondremos un Instituto superior de formación que homologue la formación policial en todo el país. Propondremos una auditoria externa de conductas y patrimonios de agentes y elegiremos a los Jefes de las Fuerzas federales con acuerdo del Congreso de la Nación previo proceso de publicación de legajo y audiencia en las comisiones especializadas. Permitiremos la sindicalización (sin derecho a huelga) para que los policías puedan discutir condiciones de trabajo y sentir que como seres humanos son escuchados sin que signifique un retroceso en su carrera. Crearemos del Instituto Superior de Seguridad Pública y Ciudadana, que absorba las escuelas de cada uno de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y firmaremos contratos de adhesión con las policías provinciales

Fernando Solanas

Propiciamos democratizar la democracia, y ello comprende al Estado y a las fuerzas policiales y de seguridad. La sociedad en general, y el vecino en particular, deben saber lo que pasa, cada día, en la comisaría de su barrio, qué se hace y qué no se hace en ella. Ello le permitirá evaluar su desempeño y participar en un adecuado sistema de reconocimientos y castigos para los buenos o malos policías.

La Policía Federal debe dejar `su lugar en la Ciudad a una buena Policía Metropolitana que aún está por crearse. Lamentablemente el macrismo creó la Policía Metropolitana a imagen y semejanza de la Federal. Sus primeras autoridades fueron acusadas de gravísimos delitos y están siendo juzgadas por ellos. El traspaso de la Policía debe hacerse con los recursos que actualmente tiene asignados.

Ricardo Alfonsín

La reforma a la ley de la policía federal permitirá transferir a la ciudad de Buenos Aires la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la cual dependen las comisarías y los cuerpos de seguridad. Por supuesto que debe ser con los fondos que la financian, los cuales se tomarán de la coparticipación federal que le corresponde al estado nacional, para no perjudicar a las restantes provincias.

Control y publicidad de los actos.

Ernesto Sanz

Las fuerzas policiales necesitan una reformulación. Debemos pensar que los delitos, los móviles y sus medios no son los mismos que hace 50 años. La reformulación debe incluir modernización y expansión de los sistemas de comunicación, prácticas de transparencia y rendición de cuentas con miras a mejorar el desempeño en materia de derechos humanos, incremento de fondos para seguridad pública, puntualmente aquellos destinados a la formación del personal, fortalecimiento de los mecanismos de supervisión policial con mayor participación comunitaria y la creación de policías comunales para la prevención y una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, para transparentar la investigación penal preparatoria.

Por otra parte, sostengo que como todo territorio federal autónomo, la Ciudad de Buenos Aires debe tener a su cargo la seguridad en su jurisdicción. Mientras que la Policía Federal debe tener a su cargo, como en todo el país, aquello que atañe a los delitos federales. Sin dudas que el traspaso deberá ser paulatino, a través del diálogo y con un profundo sentido de la resposabilidad de los gobiernos de la Ciudad y la Nación. La vergüenza de los hechos del Parque Indoamericano, una parodia de peleas políticas menores en medio de una crisis social, demuestra que no habrá solución al tema jurisdiccional de la policía si no hay una relación madura y responsable entre los dos gobiernos.

Francisco De Narvaéz

Transformaría a la PFA en una fuerza verdaderamente federal con presencia en todo el territorio y en coordinación permanente con las fuerzas locales pero con el foco en el narcotráfico y el crimen organizado. Sumando tecnología y cooperación internacional. Capacitando permanentemente a la fuerza para ir delante del delito y sus modalidades. Los fondos están hay que aplicarlos mejor.

7. ¿Cree que es útil modificar el Código Penal o aumentar las penas para combatir la inseguridad y la delincuencia?

Mauricio Macri

Considero que no que hay aumentar las penas sino hacerlas cumplir. El aumento de pena no surte ningún efecto diminutivo de la criminalidad en la sociedad si no está acompañado de otras medidas.

En cuanto a la modificación del Código Penal Argentino, resulta necesaria, pero para reordenar todo el compendio de legislación que hoy existe y que se encuentra desorganizada, ya que en muchos casos no resultan coherentes las penas de ciertos hechos típicos en comparación con las de otros.

Es necesaria y muy útil que se produzca una reorganización del sistema de legislación penal argentina, pero no para provocar el aumento de las penas sino para sistematizar de modo organizado y completo tanto el Código Penal como sus leyes complementarias.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Depende de la circunstancia y las penas. Es útil elevar las penas a los delitos extremos que arrasan con vidas, también a los delitos de corrupción en el Estado y en las fuerzas policiales porque el funcionario debe dar el ejemplo. Matar un policía debe tener una pena agravada. El delincuente debe saberlo.

Fernando Solanas

Nadie antes consulta el Código Penal para ver si las penas son altas o bajas. Quien delinque apuesta a su impunidad, a no ser descubierto, y por ello no se guía por la magnitud de la pena. Esto se sabe desde los tiempos de Cesar Beccaría, que estableció el principio de proporcionalidad entre delitos y penas, rechazándose la idea de que la pena es disuasoria del delito. La pena, como instrumento de resocialización debe ser proporcional a la gravedad del delito en cuanto se pone en evidencia la complejidad o extensión del período de resocialización necesario.

Ricardo Alfonsín

Desde ya que me parece una respuesta irracional e ineficiente frente al delito caer en la ilusión de que el aumento de las penas mejora la seguridad.

El Estado no debe dar respuestas espasmódicas provenientes de lecturas apresuradas de la realidad por la presión a la que se ve sometido el gobierno producto de sus impericias y su falta de política sistemática. Hoy el Ministerio de Seguridad es una cáscara vacía sin iniciativas relevantes.

Hay que entender que el Código Penal es el último eslabón de una cadena que debería funcionar de otra manera. La discusión del código es el debate sobre qué pena damos, no sobre cómo se llegó a esa instancia. Claro que hay que aplicar el código, pero también hay que desarmar todas las causas que llevaron al delito

Ernesto Sanz

Si miramos los antecedentes es evidente que no hay una relación directa entre el aumento de penas y la caída de los delitos. El caso más cercano es el de las leyes sancionadas luego del caso Blumberg. Allí hubo un aumento considerable de penas, pero el delito sigue siendo la principal preocupación ciudadana. Más que el aumento de penas, me preocupa la eficiencia en la prevención, la celeridad en la resolución y la eficacia en la sanción de los delitos.

Francisco De Narvaéz

Ya se aumentaron las penas y lo que fracasó fue su aplicación, sin ningún resultado. Todo el esfuerzo debe estar en las instituciones: sanearlas, devolverles el prestigio y asegurarles los recursos para que puedan aplicar la ley.

8. ¿Limitaría las excarcelaciones? ¿En qué casos y con qué alcances? ¿Permitiría la detención en comisarías? ¿Construiría más cárceles?

Mauricio Macri

Claro que si, en los delitos graves y violentos, como es un homicidio por ejemplo.

Hoy las detenciones de menores por delitos no transferidos a la ciudad, se realizan en las comisarías de la Policía Federal. Para el caso de delitos transferidos a la Ciudad, como por ejemplo la tenencia y portación de armas de uso civil o las amenazas o las lesiones en riña, creamos un Centro de Identificación Transitorio de Niñas, Niños y Adolescentes donde los menores no pasan por ninguna comisaría sino que se los recibe allí, se los identifica y allí espera hasta que el fiscal los cite.

Está atendido por asistentes sociales, psicólogos y médicos. Es un pequeño Centro que no tiene personal policial en su interior. Es el primero en Latinoamérica, cumple las normas internacionales, y la verdad es que esta funcionando muy bien. Estamos conformes.

Hoy las cárceles están sobrepobladas y los detenidos viven en condiciones deplorables. Pero también hay que mejorar los salarios del servicio penitenciario, darles capacitación permanente, incorporar tecnología y dar la oportunidad a quien realmente quiere re socializarse. Como dice la Constitución Nacional, las cárceles deben ser sanas y limpias.

Elisa Carrió y Patricia Bullrich

Limitaremos las excarcelaciones en los casos de secuestros seguidos de muerte, trata de personas, nacrocriminalidad, violaciones y homicidios. En estos casos el condenado deberá cumplir la totalidad de la condena y no tendrá beneficio alguno en su ejecución de la pena

Fernando Solanas

La excarcelación es una medida sana y correcta siempre que sea aplicada correctamente. Es tan absurdo poner en libertad a quien no reúne las condiciones ara ello como el mantener presa a una persona que sí está en condiciones de estar en libertad sin peligro para la sociedad.

Lo necesario es una aplicación seria y responsable de los criterios que la ley establece, cosa que un Poder Judicial cuestionado no está en condiciones de hacer.

La detención en comisarías como sistema es un gravísimo error, salvo en el caso de tiempo acotado para la persona detenida “in fraganti” o capturada, y durante el cortísimo tiempo necesario para ponerla a disposición de la autoridad judicial y alojarla en donde este disponga. La construcción de cárceles o puede ser un objetivo de una política de prevención y combate al delito, es una consecuencia del éxito o fracaso de la misma.

Ricardo Alfonsín

En cuanto a la excarcelación hay que recordar que la libertad durante el proceso, es un derecho constitucional que sólo puede restringirse ante el riesgo que no pueda aplicarse la ley, es decir cuando el acusado de un delito pueda fugarse y entonces eludir la acción de la justicia o pueda entorpecer la investigación judicial.

En cuanto al sistema penitenciario, las cárceles son una verdadera vergüenza. No respetan los derechos de los internos ni sirven a la reinserción de los condenados. Durante mi presidencia voy a bajar la tasa de reincidencia, otorgando el derecho pleno de acceso a la educación de los presos y dándoles condiciones de vida digna.

Ernesto Sanz

Como Presidente de la Nación, no pretendo limitar o extender las excarcelaciones, pretendo que la Justicia actúe librada de condicionamientos según marca la ley y con los recaudos correspondientes. Eso hoy no sucede. No comparto que los calabozos de comisarías se utilicen para descomprimir el sistema carcelario; las comisarías son el espacio de vinculación entre el ciudadano y el orden público. Ese rol de la policía y la comisaría en el barrio pretendo recuperar. Hoy la cárcel no es precisamente un lugar donde se generen espacios de reflexión, formación y socialización. Los índices de reincidencia muestran todo lo contrario. Quiero que quienes han cumplido una pena vuelvan a insertarse en la sociedad y que la resocialización sea efectiva; para ello, debemos repensar el sistema carcelario.

Francisco De Narvaéz

Es necesario construir más cárceles porque hoy el hacinamiento y la superpoblación no permiten la reinserción. No hay acceso a la educación y a programas de capacitación con salida laboral verdadera. Por la falta de infraestructura hoy se devuelven criminales mejor entrenados en lugar de ciudadanos re-socializados.

La visión entre el gobierno y una tímida crítica del Frente Grande con respecto a la seguridad.

http://www.frentegrande.org.ar/2011/01/28/hay-que-extender-las-politicas-de-seguridad-nacionales-a-la-ciudad-de-buenos-aires-y-las-provincias/

Documento de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Frente Grande

UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y EFICAZ

El debate nacional más intenso y presente en la sociedad, a través de los medios masivos, y también en los debates políticos y académicos es el de la seguridad pública. Se ha constituido como un problema central asociado a la calidad de vida y la posibilidad del ejercicio de los demás derechos ciudadanos. A la vez, es eje de una pugna ideológica entre diferentes concepciones –básicamente, las democráticas y las autoritarias en distintos matices-, y es el vehículo mediante el cual la derecha neoliberal pretende reinstalar las doctrinas represivas de la “seguridad nacional”, ahora bajo el argumento de las “nuevas amenazas” –las redes criminales y el terrorismo- que justificarían la intervención de fuerzas militares y la restricción de los derechos y garantías.

En nuestro país, se ha constituido en el argumento central de los políticos de derecha para construir una base de consenso popular para retornar al poder –especialmente en los sectores medios-, disciplinar a la sociedad, reinstaurar las políticas neoliberales y postergar la solución de los problemas sociales y de distribución de la renta económica que actúan como motor de los episodios de inseguridad.

La creación del Ministerio de Seguridad.

En este contexto debe situarse la decisión del Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner de crear el Ministerio de Seguridad y designar en el cargo a la Compañera Nilda Garré, medidas ambas que llevan implícita la determinación de asumir la conducción política de las fuerzas de seguridad –hasta ahora postergada-, depurarlas de los elementos reaccionarios y corruptos, e implementar políticas de seguridad democrática, integrales y no meramente reactivas, basadas en el cumplimiento estricto de la ley y el respeto a los derechos humanos.

En el corto tiempo transcurrido desde su designación, las nuevas autoridades han logrado resolver varios episodios complejos de violencia social fogoneados por grupos desestabilizadores, punteros políticos de Duhalde-Macri y los medios monopólicos, demostrando un ejemplar equilibrio entre la negociación, el uso racional de la fuerza, y el control judicial de los procedimientos policiales.

A pesar de las presiones histéricas de la derecha desde los principales canales de TV reclamando una represión dura, se ha logrado imponer un criterio de actuación profesional de la policía, excluyendo el uso de armas letales, y procurando el empleo mínimo e indispensable de fuerza para controlar los desbordes deteniendo e identificando a los autores, sin abusos brutales ni víctimas innecesarias.

Una política de seguridad democrática.

Estos primeros pasos anticipan la determinación de avanzar en el rumbo señalado hace más de un año por el“Acuerdo por la Seguridad Democrática” suscripto por un amplio espectro de dirigentes políticos, sociales, del medio académico y la defensa de los derechos humanos, basadas centralmente en los siguientes principios:

• Una concepción integral de las políticas de seguridad, que opere sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas, con estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado.

• Gestión democrática de las instituciones de seguridad, ejerciendo la conducción civil y estratégica de las policías, con el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales.

• Lineamientos básicos para una modernización democrática de las instituciones policiales: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

Extender estos principios a la realidad de cada provincia.

Sin embargo, debemos anticiparnos en la advertencia que este cambio positivo de rumbo en el orden federal no podrá producir todos los efectos esperados si no se extiende y articula en base a los mismos principios, en los gobiernos provinciales, especialmente de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma –ambos determinantes para la seguridad del Área Metropolitana-.

En el mapa de las provincias argentinas -de manera generalizada y con pocas excepciones- predominan políticas de seguridad “delegativas” hacia fuerzas policiales organizadas bajo criterios represivos que poco han cambiado desde la dictadura militar, carentes de controles, autonomizadas y más propensas a “administrar” el delito que a prevenirlo y reprimirlo legalmente. Prueba lamentable de este estado de cosas, son los reiterados episodios de corrupción, “gatillo fácil” y represión indiscriminada como los ocurridos durante el último año en Río Negro, Formosa y otras provincias.

También en el orden provincial debe encararse la iniciativa para eliminar las policías de “mano dura” que frecuentemente criminalizan la protesta social y se constituyen en una justicia rápida de maltrato a los sectores populares. Esta es una tarea en la que se debe avanzar con una profunda reforma legislativa e institucional de orden local, donde se replique el esfuerzo nacional: la seguridad en manos de los gobiernos y bajo control ciudadanos.

La seguridad macrista.

En la Ciudad, el Gobierno de Macri no sólo ha fracasado en sus promesas demagógicas de “modernizar” la gestión de la seguridad, sino que ha agravado notoriamente los problemas mediante la creación de la Policía Metropolitana en base a las “runflas” de comisarios expulsados de la Policía Federal por corrupción o mal desempeño, lo cual es mucho decir. Una “nueva policía” que es heredera de todos los vicios y problemas de la Federal, que ha tenido que expulsar de sus filas a sus tres primeras jefaturas aun antes de salir a la calle, y que le ha costado al mismo Jefe de Gobierno el procesamiento penal por espionaje ilegal de políticos, gremialistas y dirigentes de la comunidad opositores a sus manejos.

Es responsabilidad de los sectores progresistas de la Ciudad –del Frente Grande entre ellos-, en el marco de una propuesta unitaria y superadora del macrismo para las próximas elecciones, replantear las bases de la política de seguridad democrática que contemple la transferencia de la estructura de seguridad metropolitana de la Policía Federal.

La provincia de Buenos Aires.

El Gobernador Daniel Scioli, cuya gestión acompañamos en el marco del Frente para la Victoria ha sido protagonista de un singular e inexplicable retroceso en materia de seguridad, demoliendo los avances realizados durante la reforma del Ministro Arslanian en la depuración y modernización de la Policía, y la adopción de políticas integrales de prevención, descentralizadas y con activa participación ciudadana en los Foros de Seguridad.

De la mano del fracasado ex ministro Stornelli y ahora del Alcaide Mayor Casal, ha retornado el modelo policial de la “mano dura”, el auto gobierno policial y la corrupción extendida en las filas policiales. Nuevamente –como en épocas pasadas- predomina el discurso demagógico del populismo punitivo, el aumento de las penas, la imputabilidad de los adolescentes, el encarcelamiento masivo sin condenas y la estigmatización de los jóvenes y los pobladores de las zonas marginadas.

El fracaso de esta orientación está haciendo crisis, afectando no sólo las posibilidades electorales de Scioli en la Provincia, sino comprometiendo a todos los que acompañamos este proyecto transformador de la Argentina iniciado en 2003 por Néstor Kirchner y que hoy continúa bajo el liderazgo decidido de Cristina, a quien proponemos y apoyamos para la reelección del mandato presidencial.

Para el Gobierno de la Provincia, los cambios producidos en las políticas de seguridad en el orden nacional, significan una oportunidad de rectificar el rumbo, reorientar su política en base a los principios del “Acuerdo por la Seguridad Democrática” en el orden provincial. Se trata de una posibilidad de ofrecer soluciones verdaderas a los problemas de inseguridad y violencia que afectan la calidad de vida de los bonaerenses que no debe ser desaprovechada.

Como otros problemas que ha debido afrontar Argentina en los 7 años de gobierno de Kirchner y Cristina –la deuda externa, la exclusión social, la crisis energética, la crisis de los sistemas de salud y de la educación, etc.-, la seguridad de los ciudadanos entendida como derecho universal sólo puede garantizarse en el marco de concepciones progresistas basadas en la inclusión social más amplia, el cumplimiento de la ley y de los derechos humanos, y la ampliación de los derechos de ciudadanía. No por vía del retorno a las políticas neoliberales y represivas que las causaron.

En la nota anterior los progre-kirchneristas recuerdan la defensa de los derechos humanos y el “problema de la deuda externa”.

En la nota siguiente Castrilli ex kirchnerista, hoy Dasnevista, cuenta un hecho que vuelve a relacionar las dos cosas.

http://www.diaadia.com.ar/?q=content/castrilli-no-me-importa-si-me-gritan-facho-0

Castrilli: No me importa si me gritan facho

– ¿Cómo valora la gestión de Mauricio Macri en la jefatura de Gobierno porteño?
– Puedo opinar desde lo político, pero también lo hago como un vecino más. Durante 10 años fui taxista, en la época de los relojes que andaban a cuerda, como los de Rolando Rivas. Conozco la ciudad y me sumo a la gran cantidad de porteños que lo votó con gran expectativa y ahora se sienten decepcionados. Reconozco que hizo algunas cosas y también hay que decir que no recibió ninguna colaboración del Gobierno nacional, al contrario. Pero en muchos casos no ha podido o no ha querido. De todos modos, no nos detenemos en las críticas porque hay que actuar rápido en cuestiones urgentes como la inseguridad.

– Como árbitro, su imagen era la del rigor, pero cuando Duhalde habla de mano dura para imponer orden lo critican. ¿A usted le ocurre lo mismo?
– Como árbitro dirigía como siento y como vivo. Fiel a mi naturaleza. Así quiero gobernar. Me cansaron los políticos pusilánimes, los timoratos que ocupan un cargo y no hacen lo que deben hacer. Es la Patria la que te está llamando. Duhalde cuenta con una vasta trayectoria y, aunque desconozco cuál será su metodología, lo escucho seguro de sí mismo y así debe ser. Yo también me muestro tal cual soy, no como Macri, que aparece con una palita y un gorrito en una playa a la que nunca va, porque veranea en Punta del Este.

– Macri puede ser uno de sus rivales en las elecciones, como así también el ministro Amado Boudou por el oficialismo…
– Como ciudadano estoy harto de tanta inmundicia y como vecino me cuesta creer que un integrante del Gobierno, que está en el poder desde hace siete años y medio, prometa la construcción de viviendas muy suelto de cuerpo como lo hace Boudou. Si las pueden construir ¿por qué no lo hicieron antes? Parece más que nada una pose electoral. Todo lo que sea oficialismo en Capital Federal tiene el tinte de la falsedad, del enmascaramiento. Resulta que ahora Boudou promete viviendas a orillas de El Riachuelo. ¿Por qué no se va a vivir él a uno de esos ranchos?

– ¿Ve a Cristina de cara a la reelección?
– La etapa del kirchnerismo se agotó. Como funcionario de su gobierno, pase por todos los estadios: primero me sentí orgulloso y después avergonzado porque no tolero como se atropellan las instituciones, como se ignora al Congreso con los decretos, como se miente con el índice de inflación. Estuve de acuerdo con muchas medidas tomadas por los Kirchner. Yo los voté y cuando me sentí defraudado, di un paso al costado.

– ¿Qué se debió hacer y no se hizo ante las tomas ilegales de predios?

– Mi modo de proceder es muy simple: Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No puede ser que Macri salga diciendo que la Policía Metropolitana no está capacitada para actuar en casos así y que la Federal le transfiera toda la responsabilidad a la Justicia, para que sean los jueces los que tengan que arremangarse. Ninguna de las dos policías actuó a tiempo y hubo pérdidas de vidas humanas, algo inconcebible. Debió haber una interjuridicción entre las policías, pero fallaron los funcionarios. Basta de mentiras, ya sé que los Reyes Magos son los padres y que el Ejecutivo tiene poder de policía para actuar en situaciones como los del Parque Indoamericano o en los cortes de avenidas que impiden, por ejemplo, que una ambulancia llegue a tiempo al hospital. Cuando el Gobierno nacional reaccionó hubo cambios como poner la Gendarmería en la calles y crear el Ministerio de Seguridad. Debe haber cambios profundos, filosóficos, para que no sean los vecinos comunes quienes paguen los platos rotos.

– Al Gobierno de la Ciudad también lo complicaron las tomas de escuelas…
– El jefe de Gobierno es ante todo un intendente. Debe recorrer las calles, conocer la problemática del tránsito, del subte, de las falencias en la recolección de residuos. No puede gobernar desde una oficina. Mi padre fue docente y no voy a transitar por ningún vericueto político sin garantizar que los maestros cobren lo que tienen que cobrar y que trabajen con las condiciones adecuadas. No en establecimientos obsoletos, con alumnos hacinados en aulas que no tienen gas y se llueven. Para restablecer los viejos valores no puede haber un Estado ausente y cobarde.

“Con la Metropolitana, Macri dejó pasar la gran oportunidad de crear una nueva policía, sin vicios y con cuerpos especializados en situaciones de alta conflictividad”.

A propósito, trajo a colación su experiencia en la Dirección Orden Urbano de Contención de Actividades Deportivas (Doucad), un cuerpo especial de la Policía Federal que actúa sin armas. “En 10 meses capacitamos a 200 policías con cursos al estilo de los que se dictan en Israel, Estados Unidos, Inglaterra y otras partes de Europa. Su grado de efectividad se puede resumir en un ejemplo: una noche en la que activistas de la agrupación Quebracho se manifestaban ante el Ministerio de Economía enviaron a este cuerpo policial que sin armas ni agresiones arrestó a 102 activistas”, ponderó Castrilli.

En esa oportunidad, fue un claro ejemplo de represión a la protesta social, que llevó a cabo la policía que valora Castrilli.

De los 102 detenidos, fueron liberados inmediatamente 94. Los 8 restantes fueron acusados de:

lesiones calificadas, daño calificado, atentado a la autoridad, intimidación pública e infracción al artículo 213 o sea fueron castigados por pertenecer a “agrupaciones que tuvieran por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

Por incidentes ocurridos frente al Ministerio de Economía, por daños a una sucursal del HSBC, y por la colocación, en la madrugada anterior, de bombas lanzapanfletos con volantes de repudio al pago de la deuda en un Banco Francés y otra en un McDonald’s de Caballito. Los panfletos estaban firmados por grupos desconocidos, como el Comando Argentino de la Resistencia, el Comando Darío Santillán y la Brigada Popular de Liberación.

Esos detenidos, juntos con varios miles se estaban manifestando en contra de la visita del director gerente del FMI, Rodrigo Rato, a la Argentina.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió una carta al ministro del Interior, Aníbal Fernández, en la que solicitó información sobre los incidentes entre manifestantes y funcionarios policiales ocurridos el miércoles en la Plaza de Mayo. El organismo pidió conocer “los motivos por los cuales participaron funcionarios policiales sin uniforme ni identificación, contrariando las disposiciones dictadas para otros operativos de seguridad en manifestaciones sociales”.
El CELS consideró que la participación de personal policial no identificado en la manifestación del miércoles constituyó “un retroceso respecto de los avances que se habían verificado en el control del accionar de las instituciones policiales”. En el operativo del miércoles en la Plaza de Mayo, los policías de civil se mezclaron con los manifestantes y realizaron la mayor parte de las detenciones.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 28, 2011

La Federal como la UCEP

Recibimos el siguiente email:

El viernes pasado (14/1) en la plaza Jose de Luca, en Av. Caseros y Monteagudo, cayo la federal a echar a golpes a la gente que vive ahi en la calle. Nosotros llegamos justo cuando ya habia terminado, pero todavia quedaba el fuego ardiendo, el fuego que hicieron para quemarles las pertenencias que tenian. Los cumpas nos dijeron que los cagaron a  golpes y de hecho nos mostraron. Con total impunidad irrumpieron y los cagaron a bastonazos.
Nos contactamos con CORREPI y la onda era hacer la denuncia a la fiscalia pero no quisieron, pero estuvieron de acuerdo en hacer un escrache publico de lo que paso.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 28, 2011

Villa Urquiza: el uso marketinero de la PM y la realidad

A fines de abril, a 2 meses y medio del arranque de la pm en villa Urquiza, los vecinos sostenián en http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/128019-Vecinos-de-la-Comuna-12-expresan-su-satisfaccion-con-la-policia-de-Macri/ que “Se ve mucho más movimiento policial que cuando estaba sólo la Federal, aunque, para que sea ideal, tendría que haber un policía por cada esquina”, señaló Liliana Méndez, una bioquímica de 48 años residente en el barrio. “Cierro el local a las 8 y media y a esa hora siempre hay cuatro o cinco agentes dando vueltas”, rescató Hugo, que es dueño de una marroquinería, ubicada en Monroe casi esquina Triunvirato. Antes, el comerciante mandaba a su propio hijo a asegurarse de que no hubiera “gente sospechosa”, pero eso cambió con la llegada de la policía porteña.

El Jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, dijo a los “vecinos” de Caballito al presentar el “Plan integral” en http://caballitotequiero.com.ar/supernews/ejemplo1.php?subaction=showfull&id=1285972378&archive=1289086955&start_from=&ucat=&go=archives que  “…los casi 400 mil ciudadanos que viven en la comuna 12 (barrios de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón y Coghlan) ya se sienten más seguros gracias a la presencia de la Policía Metropolitana”.

Y Mauricio Macri se ha cansado de repetirlo en muchas actividades.

Sin embargo… la politica online publica hoy en un artículo por demás de amarillista y alarmante culpando a los cartoneros y por solos 3 casos pero observemos con cuidado…

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70928-105/villa-urquiza-una-sucesion-de-robos-descoloca-a-la-metropolitana.html

Villa Urquiza: una sucesión de robos descoloca a la Metropolitana

Una increíble seguidilla de asaltos afectó en la última semana a la zona comercial de la avenida Monroe a pesar de es una de las más custodiadas por la policía porteña. Tres asaltos en seis días y la preocupación por un asentamiento elevaron la temperatura de los vecinos que se quejan “del marketing” de la gestión macrista.

Tres robos en seis días y en la misma cuadra. La indignación de los vecinos de Villa Urquiza está en su pico máximo por la increíble ola de inseguridad que vive uno de los barrios más custodiados por la Policía Metropolitana, según se ufana el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Y como la Policía Federal tampoco puede garantizar que no haya asaltos a plena luz del día, la implacable realidad muestra el rotundo fracaso en materia de seguridad tanto desde la Nación como desde el Gobierno porteño.
La seguidilla de hechos comenzó en la mañana del viernes pasado cuando delincuentes asaltaron la joyería “Diane”, en Monroe al 4900, entre Díaz Colodrero y Pacheco. Según relataron vecinos fue un robo rápido aunque con altas dosis de violencia ya que los delincuentes amenazaron a empleados y clientes y se llevaron recaudación más algunas piezas.

A ese asalto se le sumó otro el martes, a unos cinco o seis metros de la joyería. En este caso, los perjudicados fueron los dueños de un local de ropa de surfers de la marca QuickSilver y la Metropolitana actuó después de cometido el hecho. Según informaron desde la oficina de prensa de la fuerza, luego de una persecución, fue detenido un hombre de 38 años que “no pudo justificar la mercadería” que llevaba en el baúl del auto que conducía.
Increíblemente, 48 horas después, la cuadra volvió a ser blanco de la delincuencia y así esta mañana fue asaltado el local de ropa “San Salvador”. Al menos hasta hoy a la tarde, desde la Metropolitana no tenían información sobre el caso pesar de que en el lugar había dos patrulleros.
Lo que más sorprende, de todos modos, es que los hechos fueron cometidos en una zona que es altamente custodiada por la policía porteña. La comuna 12 y la 15 son las únicas en donde actúa la Metropolitana y vienen sirviéndole de modelo al macrismo para ampliar la zona de cobertura. Es más, dos semanas atrás, Macri, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y el titular de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, inauguraron la primera comisaría de la fuerza en el vecino barrio de Saavedra.
Además, el propio Macri estuvo ayer a una cuadra donde se cometieron los hechos, en Monroe y Triunvirato inspeccionando las obras de lo que será la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B de subterráneos. Menos de 24 horas después, la delincuencia asoló otra vez a la avenida Monroe.
Con todo, la sucesión de asaltos no hace más que echar luz sobre el accionar de la Metropolitana. Según datos aportados por la misma fuerza y analizados por el legislador de Proyecto Sur Rafael Gentili, entre febrero y septiembre del año pasado la fuerza –que cuenta con 600 hombres por comuna divididos en tres turnos- intervino en 168 delitos y 399 contravenciones/faltas, o sea un promedio de 0,7 delitos y 1,65 contravenciones/faltas por día, cuando, según estimaciones, diariamente se cometen más de 600 delitos y 114 contravenciones/faltas.
Por otro lado, según los vecinos los robos en la zona se incrementaron luego de la instalación de un asentamiento de cartoneros en una de las esquinas de la nueva plaza ubicada en diagonal a la estación de trenes de Villa Urquiza, sobre la avenida Roosevelt.
“Estamos preocupados y desprotegidos. Hay mucho marketing y anuncios pero los delincuentes se nos ríen en la cara”, cuestionaron.
Comunicarse con Burzaco no pudo hacerse efectivo por cuestiones de agenda del ministro.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 28, 2011

Cámaras de seguridad (8)

Hayan funcionado como anunció el ministerio de seguridad o no hayan funcionado como se dijo durante todo el día de ayer, la verdad es que las cámaras no persuadieron a los asesinos a cometer el secuestro, ni lo evitaron, ni permitieron la acción rápida de la policía, ni evitaron el posterior homicidio del sindicalista barrionuevista.

Siempre anunciaron “cámaras inteligentes” que detectan “movimientos extraños”, ¡Vaya si son extraños los movimientos cuando a una persona apoya un arma de fuego en la cabeza de otra!, ¿no?

http://www.lanacion.com.ar/1345241-le-apoyaron-un-arma-de-fuego-en-la-cabeza-y-se-lo-llevaron-dijo-un-testigo

“Le apoyaron un arma de fuego en la cabeza y se lo llevaron”, dijo un testigo

Ocurrió en un club de Villa Devoto; luego, en Bella Vista, los vecinos vieron a Rodríguez agonizar

Roberto Roger Rodríguez iba a jugar al básquet con amigos en el club Fénix, de Villa Devoto, como acostumbraba todos los miércoles a la noche. Pero dos hombres armados que fueron a buscarlo lo sacaron de su rutina. “¿Vos sos el dueño de la camioneta 4×4?”, le preguntó uno de ellos apuntándole a la cabeza.

“Los delincuentes habrán tenido entre 30 y 35 años”, dijo Facundo, el dueño del comedor del club Fénix, donde se encontraba el tesorero del Sindicato de Obreros de Maestranza y titular de la obra social del gremio.

Los homicidas secuestraron a Rodríguez cerca de las 21, “mientras esperaba a otros compañeros para jugar al básquet, como hacía todos los miércoles”, contó a La Nacion una compañero de la víctima. Los captores “le apoyaron un arma de fuego en la cabeza y se lo llevaron”, relató Facundo, y agregó que no conocía a Rodríguez porque “no era de charlar y no se quedaba más tiempo después del partido; sólo jugaba y se iba”.

Los asesinos subieron a Rodríguez en la camioneta Honda CRV del gremialista, sin importarles que una cámara de la Policía Metropolitana instalada en la esquina del club, en Andrés Vallejos y Marcos Paz, estuviera filmando.

El homicidio de Rodríguez no sólo causó conmoción en el club deportivo de Villa Devoto, sino también en Bella Vista, adonde los captores llevaron al sindicalista para asesinarlo.

“Cerca de las diez de la noche oí un tiro y salí a la vereda, justo cuando un auto negro arrancaba muy despacio”, contó a La Nacion Matías, quien vive en Pampa 2035, a cinco metros de donde dispararon a Rodríguez. “El hombre estaba balbuceando, todo ensangrentado, pero no se entendía nada lo que decía”, expresó.

Rodríguez “estaba tirado en la cuneta, donde empieza el descampado y donde está la mancha de sangre”, dijo otro de los vecinos, que evitó identificarse por temor a represalias. “Yo vi al hombre arrodillado después del disparo, pero no me quise acercar porque me daba mucha impresión”, expresó Elba, dueña de un quiosco.

“La policía llegó a los diez minutos y a la media hora vino una ambulancia de los bomberos”, relató María, otra residente de la zona, y afirmó que “al hombre se lo llevaron con vida”.

Según dijeron los vecinos, la zona donde fue asesinado Rodríguez es “segura” porque patrulleros de la policía bonaerense circulan casi siempre; aunque muchos criticaron la poca luz que hay durante la noche.

“Las únicas luces que hay en la cuadra son las de la esquina, pero justo a mitad de cuadra, donde estaba el hombre arrodillado, no se veía nada”, detalló Víctor, vecino de la calle Pampa.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=c904a1b41f241f54aac57e79f050e677

Según el Gobierno porteño, las cámaras funcionaron correctamente

Ante el rumor de que las cámaras de seguridad del Gobierno de la Ciudad no habrían captado el instante en que el sindicalista Roger Rodríguez fue secuestrado, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad aseguran a que “todo el sistema grabó perfectamente”.

El secuestro y posterior asesinato del sindicalista Roberto Roger Rodríguez, titular de la Obra Social del Sindicato de Maestranza, conmovió la modorra veraniega de los porteños. Y a las pocas horas, corrió fuerte el rumor de que el sistema de Cámaras de Seguridad, precisamente la cámara instalada en la esquina del club Fénix, de Devoto, donde se produjo el hecho, no habría funcionado.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño desmintieron tal versión: “La cámara filmó perfectamente y en estos momentos, la Policía Metropolitana ya está procesando las imágenes que registró”.

“Además, se suman las imágenes que corresponden a ese rango horario y que son comprendidas por esa zona. Esas capturas también están siendo chequeadas y entre hoy mañana, se le presentará un informe a la Justicia”, señalaron desde el Ministerio. Además, remarcaron que no hubo problemas en cuanto al abastecimiento de energía eléctrica de los equipos.

Rodríguez era uno de los hombres fieles al gremialista gastronómico Luis Barrionuevo. Según las investigaciones preliminares, fue raptado ayer cerca de las 21 por dos personas.

La causa ya está radicada en la Fiscalía de Instrucción 3 de la Capital Federal donde interviene personal de la Comisaría 45 y de la división de Homicidios.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 28, 2011

3 Versiones de un mismo hecho

Empecemos con los títulos: están en orden de seriedad:

1) realmente fue una salidera frustrada

2) no nos parece por el relato de la historia que sea la policía la que frustró la salidera sino el taxista que es el detenido.

3) el titular de Clarín es el peor de todos, ¿a dónde se cae el taxista? ¿realmente está involucrado en la causa?

Sigamos con los detalles de cada nota:

1) ¿por qué dicen que la PM evitó la salidera pareciera que el que la evitó fue el taxista y que la policía se enteró porque el taxista manejaba más rápido de lo habitual?

2) idem anterior con la diferencia que el taxista fue detenido por cruzar en rojo y el chorro en lugar de salir corriendo antes, salió despues de ser detenido.

3) idem el anterior pero acá parece que el taxista evitó el robo al arrancar y cruzar en rojo.

Lo que queda claro es que la PM detuvo a un taxista por una infracción de tránsito, casualmente se trataba de uno que había participado de una salidera (cómplice o involuntariamente).

La PM no evitó una salidera sino que el ladrón se escapó y si bien la señora recuperó su dinero fue porque el ladrón lo descartó y no por haber sido apresado.

http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13072&Itemid=31

SALIDERA FRUSTRADA

Este jueves la Policía Metropolitana impidió que le robaran a una mujer el dinero sustraído en una entidad bancaria en la modalidad “salidera”. El hecho ocurrió luego de que la señora subiera a un taxi y el chofer la llevara a una zona donde se encontraba un cómplice.

Una señora retira $ 6000 del Banco Industrial ubicado en avenida Las Heras y Laprida. A pocos metros toma un taxi cuyo conductor, luego de dar vueltas por lugares donde la mujer no había indicado, detiene la marcha y permite que suba otro individuo. Luego de un forcejeo esta persona se baja del taxi con la cartera de la pasajera.

Un móvil de la Policía Metropolitana que recorría la zona, observó maniobras sospechosas del taxi que circulaba a gran velocidad por Avenida del Libertador, a la altura de Suipacha. Entonces, inician una breve persecución y logran interceptarlo tres cuadras más adelante.

El conductor sufre una descompensación por lo que es trasladado en carácter de detenido en una ambulancia del SAME. Por su parte, la señora que sufrió el robo  se encontraba en estado de shock pero pudo relatar los hechos a la Policía.

El otro delincuente, que habría actuado en coordinación con el taxista pudo escapar y durante la huida arrojó la cartera con el dinero que fue recuperada por miembros de la Policía Federal que se sumaron al procedimiento.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 11 a cargo del Dr. Benito.

http://www.infobae.com/policiales/558952-101275-0-La-Policia-evito-una-salidera-bancaria-y-detuvo-un-taxista-el-hecho

La Policía evitó una salidera bancaria y detuvo a un taxista por el hecho

Efectivos de la fuerza frustraron el robo de 6.000 pesos a una mujer que acababa de retirar el dinero de un banco en el barrio de Recoleta. Capturaron además a un taxista que podría estar implicado en el hecho.

El hecho ocurrió a media mañana, cuando una mujer retiró la suma de la sucursal del Banco Industrial ubicada en la esquina de la avenida Las Heras y Laprida.

Fuentes de la Policía Metropolitana (PM) informaron a esta agencia que la mujer “tomó un taxi al salir del banco e indicó al conductor que la lleve por un camino determinado hasta el centro porteño“, aparentemente con destino a otra entidad financiera, donde depositaría el dinero. Sin embargo, según los investigadores, el conductor eligió una ruta distinta a la sugerida, lo que motivó la sospecha de la mujer.

A la altura de la avenida Libertador y Suipachaen el barrio de Retiro, con el automóvil detenido en el semáforo, un hombre subió al vehículo y comenzó a forcejear con la pasajera, a la que pretendió arrebatarle la cartera.

El taxi cruzó el semáforo en rojo, lo que fue observado por efectivos de la PM apostados en el lugar. Tras recibir la voz de alto, el taxista detuvo el móvil y de él descendió con la cartera en su poder el hombre que había subido momentos antes.

Sin embargo, cuando escapaba, el bolso de la mujer cayó y fue recuperado por los efectivos, que no pudieron dar alcance al sospechoso.

En tanto, el conductor del vehículo de alquiler adujo padecer una crisis nerviosa y fue llevado al Hospital Fernández, donde quedó alojado con custodia policial, toda vez que se sospecha podría ser “cómplice” del hombre que escapó.

http://www.clarin.com/policiales/inseguridad/Cae-taxista-salidera_0_416958412.html

Cae un taxista por una salidera

La Policía frustró ayer una salidera bancaria a una mujer que había retirado 6.000 pesos de un banco del barrio porteño de Recoleta. Y detuvo a un taxista que podría estar implicado en el intento de robo.

La mujer retiró el dinero de la sucursal del Banco Industrial ubicada en avenida Las Heras y Laprida. Fuentes de la Policía Metropolitana (PM) informaron que la mujer tomó un taxi al salir del banco y le indicó que la llevara al Centro. En Libertador y Suipacha, el auto paró en un semáforo y un hombre se subió para tratar de arrebatarle la cartera a la víctima. El chofer arrancó y cruzó en rojo, por lo que policías de la Metropolitana lo detuvieron . El asaltante huyó a pie, pero dejó el dinero. El taxista terminó preso y bajo investigación.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 28, 2011

Contradicciones sobre jurisdicciones

En el post anterior la policía metropolitana justificaba su no accionar en el supuesto caso de usurpación del espacio público en el Parque Lezama diciendo que ellos actúan en la comuna 12 y en la 15.

En esta noticia son los héroes por detener a un ladrón de bicicletas en Sarmiento y 9 de Julio. No sabíamos que Villa Urquiza llegaba hasta Avellaneda.

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=20083&Itemid=116

PRIMER DETENIDO POR ROBAR BICICLETAS DEL PROGRAMA PORTEÑO

Un hombre de 40 años se convirtió hoy en el primer detenido por robar bicicletas de puestos instalados por el Gobierno porteño para fomentar en la Capital Federal este medio de transporte, informó la Policía Metropolitana.
La detención se concretó “al ser denunciado por estafa y robo de bicicletas en los puestos donde el Gobierno de la Ciudad fomenta el uso de la bici como medio de transporte ecológico, saludable y rápido”, precisó la fuerza.
De acuerdo al informe “hasta hoy llevaba robadas tres bicicletas que había adquirido para su uso en diferentes puestos de la ciudad”.
“La modalidad que utilizaba era falsificar documentos para poder adquirirlas y que no lo puedan localizar para hacerle el reclamo. Pero, cómo en estos sistemas de alquiler también se utilizan fotografías de las personas que adquieren las bicis fue reconocidos por los empleados de los puestos”, añadió el comunicado.
Al sospechoso, “en dos lugares le negaron la adjudicación de la bici excusándose que no tenían sistema y a su vez realizaron la denuncia a la Policía Metropolitana, pero insistió en los demás puestos hasta que llegó al de Perón y Avenida 9 de Julio donde fue detenido”.
Una vez labradas las actas en presencia de los testigos el apresado fue trasladado a la Comisaría 3ª de la Policía Federal.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 28, 2011

La Nación anuncia la próxima represión

Si bien la nota habla de la vida precaria de esas familias, hace hincapié en el problema de inseguridad que no existe, salvo en la cabeza del periodista y de los vecinos.

Un vecino, que debe estar en desacuerdo con que la inseguridad es una sensación, no dice que no pueden circular por la plaza por los robos sino que dice que no pueden circular por la plaza por el miedo. Además de hablar de “circular” que es un término más bien policial que vecinal, pero bue…

Por otro lado vemos en la nota, una necesidad de demostrar que la federal no actúa porque no quiere y la metropolitana porque no puede.

http://www.lanacion.com.ar/1344951-el-parque-lezama-la-vivienda-precaria-de-unos-100-indigentes

El parque Lezama, la vivienda precaria de unos 100 indigentes

Durante la noche duermen allí hasta 20 familias; quejas por la inseguridad

Desde hace varios meses, el parque Lezama, en San Telmo, es el hogar de unos 100 indigentes. Al caer el sol, una veintena de familias se instalan en viviendas improvisadas y pasan la noche allí. Dicen que los han desplazado de otros predios públicos y que en esa zona los dejan permanecer. Además, aseguran que lo prefieren por la cercanía con comedores comunitarios, donde cenan o retiran viandas en forma gratuita.

“En el día están tranquilos, ni se sienten, son cuatro o cinco grupos. Pero a la noche, cuando llegan de juntar cartón, vienen hasta 20 familias; algunas hasta con seis chicos. Es como su centro de acopio y de vivienda”, contó Laureano Fernández, un joven de 25 años vecino de la zona.

Así, el parque se ha transformado en un nuevo espacio público tomado en la Capital.

Roxana Maciel tiene 45 años y dice vivir en parque Lezama desde hace meses. Junto a su pareja, Luis Alberto Goitea, dos amigos y un gato, pasan allí día y noche.

“Nos corren de todos lados. Antes vivíamos en la plaza del Congreso. Acá no hemos tenido tantos problemas; la policía nos ve y no nos molesta.”

Pasar los días

Maciel dice que recibe $ 450 de una oficina de asistencia social cercana y con ese dinero más el que recolecta su pareja con su trabajo de reciclaje pasan los días. “Tenemos un fogón en el que cocinamos y, cuando cae la noche, conseguimos agua para bañarnos.”

Como la de Maciel, son varias las familias que montaron su “casa” en este parque. Rubén Franco tiene 50 años y es de Santa Fe. Vino a la Capital con sus cuatro hijos: el más pequeño, de apenas dos años. Asegura que vive en el parque Lezama porque le queda cerca de un comedor comunitario. Franco espera que la Dirección General del Sistema de Atención Inmediata le dé un subsidio. “Ya hice los trámites, mientras tanto paso el día acá junto a mis hijas”, dijo mientras mostraba un documento en el que consta la solicitud que realizó ante el Ministerio Público Fiscal.

Alejandro Escobar, de Tucumán, es otra de las personas que habitan en el parque y que confirman que la cercanía con los comedores es uno de los motivos por los cuales muchos ocupantes ilegales deciden pasar el tiempo allí. “Podemos comer en Nuestro Hogar, Boquitas o Barrios de Pie, comedores comunitarios que nos dan comida gratis. Yo vengo acá con mi hijo de un año y siete meses y trabajo de limpiavidrios; no ha venido nadie a decirnos nada”, dijo.

Algunos de los vecinos que concurren con mayor frecuencia al parque, donde en el día se realizan torneos de ajedrez, confirmaron la situación: “Hay muchos pibes por ahí dando vueltas, están todos los días, especialmente por el costado del parque que da a la calle Brasil y la avenida Paseo Colón: tienen todo armado para llegar a eso de las 8 de la noche y quedarse”, contó Valentín Gómez.

La comisaría 14a. de la Policía Federal es la responsable de vigilar ese espacio verde. Varios uniformados se encontraban en la plaza, cerca de las familias instaladas. Ante la pregunta de cómo se manejaba la situación durante la noche, momento en el que llegan más personas a instalarse, dijeron que la Policía Metropolitana tenía que custodiar en ese horario y que no lo estaban haciendo.

Voceros de la Metropolitana aseguran que por el momento ésa no es su jurisdicción (la comuna 4) y que si bien podrían prestar apoyo en caso de que la Policía Federal lo solicitara, esa fuerza no se lo reclamó.

Miedo a los robos

Los vecinos se quejan de que no pueden circular de noche por allí, por miedo a robos o arrebatos.

“Hacen asados y fogones. Se instalan aprovechando que el parque es grande y hacen sus vidas. A mis chicos no los dejo pasar cerca de aquí“, comentó Ernestina López, que paseaba por el lugar.

Para otros habitantes de San Telmo el tema pasa por el tipo de ocupantes. “Puede ser gente necesitada, pero muchos se la pasan todo el día ahí, no salen a trabajar ni a hacer nada. Puede ser que no le hagan nada a nadie, pero no vale quedarse ahí esperando”, comentó Oscar Fernández.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social porteño dijeron conocer el tema. “Hemos ido tres veces este mes y sabemos de seis familias que viven ahí, aunque en la noche pueden ser más. Dos de ellas ya habían recibido subsidios, pero lo perdieron por no probar que lo gastaban en vivienda. Por ahora, estamos en trámites con las otras familias y les ofrecimos un lugar en un parador en la Costanera, pero no han querido ir allá”, dijeron voceros del área.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 26, 2011

2 a favor y 2 en contra

A favor

Una carta de lectores de La Nación.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1343996

Policía Metropolitana

Se­ñor Di­rec­tor:

“Vivo desde hace 20 años en Coghlan, un barrio residencial muy tranquilo de tipo similar a los de Urquiza o Devoto. Desde hace meses estamos custodiados por la policía de la ciudad y no tengo más que palabras de elogio para ellos.

“Por nuestra zona ocasionalmente pasaba algún móvil de la Policía Federal. Ahora tenemos todos los días dos policías de la Metropolitana que cubren un horario de 12 horas en el pequeño centro comercial del barrio.

“Ya su presencia espantó a un par de barritas que se juntaban para tomar bebidas alcohólicas y para molestar a la gente.

“Felicitaciones también por su educación y su don de gentes para entenderse con los vecinos. Nos alegra también la inauguración del precinto en Saavedra, ya que muchos delincuentes encontraban su puerta de entrada y salida por esa zona.

“Felicitaciones también para los responsables de este cuerpo que nos ha dado la seguridad que tanto anhelábamos.”

Jorge Calvetti Leston
probridge@msn.com

El presidente de la Comisión de Seguridad Martín Borrelli

http://www.noticiasurbanas.com.ar/reportajes.shtml?sh_itm=abad2411aaff7428eca060c43ec02155

“La gente está muy conforme con la Policía Metropolitana”

Nos manejamos con encuestas que se hacen por lo general en forma telefónica y de modo sectorizado, con los vecinos de las comunas 12 y 15. A veces son semanales y otras veces son mensuales, y nos indican un grado de satisfacción del orden del 75 por ciento. Otro modo de verlo son las cartas de vecinos, comerciantes, asociaciones de comercio muy agradecidos por la presencia y la labor de la Metropolitana. Esta policía nace en contacto con el vecino, con efectivos que patrullan a pie por la calle; y es lógico, a la quinta vez que pasan, la gente ya los conoce, se genera un sensación de confianza, un poco como la vuelta a eso del policía de la esquina que escuchábamos cuando éramos chicos. Toda esa labor, complementada con los patrulleros y las cámaras de seguridad, dan por resultado mayor presencia en la calle.

Prevemos el desarrollo territorial de la fuerza desde la Comuna 12, sumando a la 15, y luego el desarrollo y la extensión a las comunas del sur, de algún modo aprovechando la experiencia para desembarcar en una zona que tiene una complejidad distinta a la zona norte y además porque es una demanda de los vecinos. Actualmente acompañamos a un grupo de maestras del Bajo Flores que estaban cansadas de que les robaran en el trayecto al trabajo. Y eso se repite en la Ciudad, por ejemplo, predios tomados mucho antes de lo del Indoamericano, donde la gente pedía que la Metropolitana hiciese alguna intervención. Lo mismo pasó en tres colegios y hasta la misma Justicia nos requirió cuando detectó las faltantes de pruebas en el local donde funcionaba el boliche República de Cromañón. La demanda es grande.

El trabajo en coordinación con la Policía Federal se da hoy en día por debajo de la pelea política. Afortunadamente mantenemos la coordinación, la cooperación existe y existe además la cooperación con los juzgados. En la Villa 31, un juez federal pidió la intervención de la Metropolitana en las cocinas de paco que fueron allanadas, cuando quienes monitoreaban las cámaras advirtieron un movimiento infrecuente y no propio de una casa. Y esto va a ser así progresivamente. Algo fuerte para el 2011 será la construcción de los precintos, que son mucho más que una comisaría. Ya inauguramos el de Saavedra y este año prevemos dos más.

Los factores que hacen que alguien caiga en la delincuencia son múltiples, desde la marginalidad y la pobreza hasta quien decidió que se vive más fácil robando al prójimo. La prevención debe tener un espectro amplio. Hay un universo que requiere mayor contención. Tenemos nuestra área de prevención pero las razones de base las ataca el ministerio de María Eugenia Vidal -Desarrollo Social- y una de las cuestiones en la que más trabajamos todos es permitirles a estas personas, que viven en condiciones desfavorables, tener mejor calidad de vida y un proyecto. En varios de estos lugares, casi semanalmente, Mauricio (Macri) inaugura la salita, el dispensario, la cancha de fútbol o la sala de computación y esto es para llevar equidad a estos sectores. Pero esto no lo puede hacer solamente la Ciudad.

En contra

Eugenio Burzaco: Jefe de la Policía Metropolitana.

http://www.urgente24.com/noticias/val/3107/para-burzaco-los-cambios-en-la-federal-perjudicaron-la-relacion-con-la-metropolitana.html

Eugenio Burzaco, admitió hoy (24/01) que en la fuerza están “tratando de recomponer” la relación con la Federal, luego de los profundos cambios impulsados por el Gobierno nacional.

Además, argumentó que “durante muchos años, el éxito de la política de seguridad va a depender de la Policía Federal”.

“Creemos que parte del éxito de la política de seguridad radica y va a depender durante muchos años, hasta que la Metropolitana tenga envergadura y capacidad de cubrir toda la Ciudad en la coordinación y cooperación, y el peso más fuerte lo va a seguir teniendo la Federal”

“este año” hay “un desafío muy grande que es extendernos a los siete barrios del Sur de la Ciudad”, donde “no solamente tienen delitos como todos los lugares de la Ciudad, sino que son delitos violentos y personales”.

“Tenemos que aumentar el personal en 1.000 policías más, hoy no llegamos a 2.000, estamos en 1.800 policías. Va a ser un poco más del 50% de aumento en el personal”

El sindicato de Vigiladores privados

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=5ce476f5a1353cde6bb23603bc1962db

Custodios marcharán contra medidas macristas

El Sindicato Único de Trabajadores Custodios y Afines celebró el pasado viernes una Asamblea Extraordinaria en la cual se analizó y acordó un plan de lucha contra el compromiso suscripto por la Cámara Empresarial del sector y el Gobierno de la Ciudad para que los empleado de seguridad privada presten colaboración a la Policía Metropolitana para mejorar la seguridad en la Ciudad.
Según informó el sindicato, en la asamblea en la que participaron más de trescientos afiliados se ratificó “el repudio a las medidas tomadas días atrás por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y se acordó la realización de una marcha el próximo viernes 25 de febrero a las 12 horas.
La movilización se efectuará desde la calle Montevideo 666 (sede de la CAESI), hasta la Legislatura Porteña.
“Nuestro rechazo a dichas medidas deja en claro nuestra posición, en defensa del avasallamiento de los trabajadores de seguridad. El gobierno de la Ciudad Autónoma en complicidad con la Cámara Empresarial, olvidando la participación del gremio, resolvió tomar decisiones autoritarias, utilizando a los trabajadores de la seguridad y otros, en beneficio propio”, expresó el sindicato mediante un comunicado de prensa.
“Desde nuestro sindicato convocamos a todos los trabajadores nos acompañen, para que juntos podamos evitar, este tipo de medidas ilegales, que solo son de neto corte electoralista”, agregaron los trabajadores.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 26, 2011

Cámaras de seguridad (7)

http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0540/articulo.php?art=26674&ed=0540

EL ‘GRAN HERMANO’ DE MACRI

Más de mil cámaras espían a la gente en las calles porteñas

Los parques, calles y autopistas de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a plagarse de cámaras de seguridad, una alternativa para contener la creciente sensación de inseguridad, aunque todavía no ha dado resultados concretos. El centro de monitoreo del Gobierno de Mauricio Macri, montado por dos empresarios: el ex montonero Mario Montoto y el periodista Daniel Hadad. El aparente consumo de drogas en la vía pública y los robos al voleo están en el tope del ranking de delitos más registrados por este “Gran Hermano”.

Sentado en una plaza, camino al trabajo, a punto de subir a un tren o a un colectivo, cruzando una calle o una avenida, parado en una esquina hablando con un amigo, sentado en las mesas de afuera de un bar leyendo este diario… Las situaciones pueden ser distintas pero en algún momento serán capturadas por una de las 500 cámaras que hay en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. Conectadas a través de una red con el Centro Unico de Monitoreo (CUM) ubicado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, la cotidianeidad de los porteños es observada las 24 horas, los 365 días del año, por treinta operadores de la Policía Metropolitana.

Lo que comenzó en 2005 durante la gestión de Jorge Telerman, con la instalación de 73 equipos en parques y plazas, cobró un importante impulso durante el último tiempo: si bien para mayo de 2010 el número de artefactos seguía siendo el mismo, menos de un año después, al ritmo del Plan Integral de Seguridad del actual Gobierno porteño, la capital del país cuenta con 500 dispositivos y, según lo señalado por Mauricio Macri, en abril habrá mil y para finales de 2011 se llegará a las 2 mil cámaras que serán observadas en cuatro centros de monitoreo, el segundo de los cuales se encuentra en construcción, también, en el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Si a los números señalados se suman los 200 equipos instalados en los cincuenta patrulleros de la Metropolitana (cuatro por móvil), el total da una idea de cómo se concretará el modelo descripto por el superintendente de Comunicaciones de la Policía porteña, Eduardo Martino: “Cuando se termine de implementar en la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, V. Pueyrredón, V. Urquiza), vamos a tener un modelo único: habrá un circuito cerrado de televisión que permitirá saber cuándo ingresa y cuándo sale una persona y los lugares en los que puede llegar a demorarse. Esto lo vamos a ampliar a todas las comunas porque es nuestro modelo”.

La cantidad creciente de cámaras fijas está acompañada por software de alta tecnología, que según señala el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, permiten “detectar comportamientos anómalos”, como personas caminando a contracorriente o alguien que deja una mochila y se va. Martino especifica: “Se trata de un zoom analítico que tiene la capacidad de individualizar a las personas. Y esto es muy importante para el personal policial, ya que son cosas que están automatizadas”.

El futuro es hoy. El Centro Unico de Monitoreo está equipado con un video wall central de 3,30 metros de ancho por 1,80 metro de alto. Sobre su superficie pueden verse imágenes que llegan desde casi todas las comunas de la Ciudad. Hay, también, cuatro plasmas de 50 pulgadas y cuarenta monitores LCD de 20 pulgadas cada uno. La capacidad de almacenamiento es de 5 petabytes, lo que significa casi cinco veces la capacidad de Facebook.

Los operadores observan las imágenes de alta resolución que llegan desde las cámaras fijas y domos (móviles) y se concentran siempre en los mismos espacios. Martino señala: “Cada operador mira siempre las mismas imágenes para que se familiarice con el lugar y conozca a los vecinos”. Frente a un hecho sospechoso, avisan a la Policía Federal o a la Metropolitana, tendencia que según Burzaco va en aumento. Hasta el momento las cámaras permiten alrededor de 150 intervenciones mensuales, “más que nada por el aparente consumo de sustancias ilegales… después también hay muchos arrebatos”.

El negocio. Tantas cámaras, software y tecnología de avanzada generan un negocio multimillonario que, según estimaciones, crecerá 39% en Latinoamérica hasta 2014. Consultados ni desde el Ministerio de Hacienda ni desde la Secretaría de Compras supieron especificar el gasto real realizado hasta el momento. Se estima, sin embargo, que cada cámara cuesta 2 mil pesos mensuales de mantenimiento durante el primer año y mil pesos durante el segundo, lo cual genera un gasto de más de 500 mil pesos por mes en la actualidad. Cuando se alcancen las 2 mil cámaras la inversión con estos fines superará el millón de pesos. Y esto solamente para que los equipos se mantengan en funcionamiento.

En la Ciudad, el negocio de las cámaras quedó en manos de Global View, una empresa multinacional a cargo del ex montonero y apoderado legal de Firmenich devenido empresario de seguridad Mario Montoto y a la que también está vinculado el dueño de C5N, Infobae y Radio 10, Daniel Hadad. Es esta empresa, con vínculos en Estados Unidos e Israel, la que tiene el monopolio del negocio desde 2005.

Privacidad. Alfredo Miguez, sociólogo vinculado a la Dirección de Educación bonaerense, destaca: “La inseguridad es una realidad concreta, pero lo que el ciudadano medio percibe es una sensación alimentada por los medios”. Así, mientras el mundo imaginado por George Orwell en 1984 comienza a ser superado por la realidad, muchos se preguntan hasta qué punto estos dispositivos no coartan el derecho a la privacidad.

Luis Somoza, experto en seguridad, opina que “hay sectores que cuestionan el uso de cámaras por considerarlas invasivas”, pero recuerda que cuando la gente se siente amenazada “es capaz de entregar una cuota de su libertad”.

Burzaco, en cambio, dice que es una preocupación exagerada, ya que “las cámaras solamente filman la calle, sólo graban la vía pública”.

Beatriz Busaniche, una comunicadora muy vinculada al mundo del software libre, cree que hay aspectos de la privacidad que se ven perjudicados: “Se instala un sistema panóptico en todos los espacios sociales. Se acostumbra a la gente a vivir vigilada, se naturaliza el control y no se controla a aquellos que nos controlan. No sabemos qué hacen con nuestros datos. Se refuerzan los estereotipos y el resultado es una pérdida de derechos en el espacio público y una pérdida de la privacidad. Es un tema muy grave que pasa demasiado desapercibido”.

Los vecinos, de todas formas, aceptan el uso de cámaras, según Burzaco, en un 90 por ciento de los casos. Para Miguez, esto se debe a que “hay un cierto acostumbramiento” a ser filmados en lugares públicos.

Utilidad. Con tantas cámaras la pregunta que resuena es hasta qué punto sirven para solucionar el problema de la inseguridad y el delito. Somoza explica: “Las cámaras son simplemente un elemento auxiliar en la prevención del delito. No son una solución mágica, sirven para brindar sensación de seguridad y disuadir a la comisión del delito pero por sí mismas son insuficientes. El éxito de su utilización radica en que debe formar parte de una política coherente de seguridad pública. La prevención excede la función policial. Incluye a la legislación penal, al Poder Judicial, al sistema penitenciario, a los patronatos de liberados. Todos deben ir en la misma dirección”. Las diferencias entre los distintos poderes del país relativizan la utilidad práctica de los sistemas de cámaras de vigilancia. El 20 de diciembre, durante el anuncio del “Operativo Centinela” que el 1º de enero envió a la provincia de Buenos Aires 6 mil efectivos de Gendarmería Nacional, Cristina Fernández de Kirchner dijo: “Muchas veces las fuerzas de seguridad se ven desanimadas cuando tardan días de investigación en aprehender a alguien que ha cometido un delito y por uno u otro motivo los jueces lo dejan en libertad. Resulta casi inexplicable que las cámaras de televisión exhiban con minuciosidad a personas que agreden y sin embargo no tengamos detenidos ni órdenes de captura”.

Sin ser tan categórico, Burzaco coincide con la Presidenta: “Yo no caería en generalizaciones, aunque entiendo el sentimiento de frustración porque lo veo acá adentro. A veces tenés una brigada investigando durante dos meses un ilícito y después llevás todas las pruebas y dejan salir a la persona en libertad condicional a pesar de haber cometido delitos complicados”.

Mientras tanto, las cámaras observan desde distintos puntos escondidos de la Ciudad. Los proyectos abundan y, entre otros, desde la Secretaría de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi anunció que se instalarán cámaras en los 18 mil colectivos que circulan por el área metropolitana, cada vez son más las escuelas que instalan sistemas de vigilancia y en Recoleta los propios comerciantes financiaron la instalación de domos que, a través de un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad, conectaron con el moderno Centro de Monitoreo.

Lagunas en la ley

La ley porteña 2.602, reglamentada en agosto de 2009, regula el uso de cámaras de seguridad en el espacio público. Además de prohibir filmar en el interior de las propiedades, captar sonidos, ceder o copiar imágenes y exigir la ubicación de carteles que avisen de la existencia de cámaras, en el Artículo 13 especifica que “la autoridad de aplicación competente debe crear un registro en el que figuren todas las videocámaras que se hayan instalado”. A pesar del requerimiento legal, en la web del Gobierno de la Ciudad figuran instaladas 192 cámaras, es decir menos de la mitad de las que realmente existen.

A esto se suma el vacío legal que existe en torno a las cámaras instaladas por privados, que cubren lugares públicos como estacionamientos o aceras, y no están alcanzadas por el registro que fija la ley.

Además, la norma dice que las imágenes almacenadas deben guardarse durante sesenta días hábiles, después de los cuales deben ser destruidas, con excepción de aquellas que estén vinculadas a alguna causa judicial.

La ley tardó más de un año y medio en ser reglamentada porque algunos artículos fueron vetados. Entre los puntos dejados de lado se destaca el artículo 7, que pedía la “comunicación a las Juntas Comunales para la instalación de videocámaras” y la presentación de un informe en el que se “deberá precisar el ámbito físico susceptible de ser grabado”.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 26, 2011

La metropolitana será central en la campaña este 2011 (3)

http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13035&Itemid=29

El ex árbitro, Javier Castrilli, confirmó que Mario Das Neves lo convocó para ser precandidato por el Peronismo Federal en la ciudad de Buenos Aires. Criticó a la Policía Metropolitana.

El ex árbitro de fútbol Javier Castrilli confirmó este martes que es precandidato del Peronismo Federal (PF) a pelear por la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y marcó algunos de sus lineamientos de campaña: “Quiero una policía en serio y que se cumpla la ley”.

Criticó el “miedo de los funcionarios” para actuar ante los cortes y las ocupaciones y advirtió que el “Estado es cobarde cuando no defiende los derechos de los ciudadanos que transitan por Buenos Aires”.

“El secreto de gobernar es prevenir, no puede ser que los porteños tengamos dos Policías y ninguna actúe. El 23 de septiembre de 2003 yo creé en la Policía Federal el DOUCA, un grupo especializado para trabajar sin armas. La Policía Metropolitana debería estar operativa para trabajar en cualquier zona de la Ciudad”, explicó el ex árbitro.

(Ese grupo especializado para trabajar sin armas fueron responsables entre otros casos, del asesinato de Ruben Carballo, de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco entre otros casos)

“Es una vergüenza que los delincuentes que usufructúan con todo que significa cortar las calles y coaccionar y presionar al Gobierno. El Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza y lo ha venido cediendo a este grupo de violentos”, lamentó Castrilli.

Aclaró que la protesta “es un derecho constitucional pero que debe realizarse respetando los derechos del próximo”.

“Hay un Estado caracterizado por políticos que agachan la cabeza y aguantan insultos, que no tienen el valor ni estatura de hombres de bien. Ese es el Estado que nosotros tenemos que ocupar”, agregó.

Al respecto, defendió su decisión de aceptar la propuesta del gobernador de Chubut para sumarse a la actividad política. “Tenemos que cruzar la barrera de la crítica aunque digan que la política es una mierda. Qué me importa, es mi patria, es mi país, es mi Ciudad la que estoy defendiendo”, enfatizó.

“Estoy muy feliz por el ofrecimiento del doctor Das Neves. Todo queda a refrendar por el acuerdo que exista entre los candidatos a presidente Yo estoy orgulloso de Das Neves, como amigo, por el modelo de gestión que tiene”, finalizó Castrilli.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 20, 2011

Edad de imputabilidad

Mientras infobae indica la edad de imputabilidad de algunos países para demostrar que 16 es mucho, nada dice de los índices delictivos de esos países.


En agosto del 2000 la nación publicó una entrevista de lo más sensata:

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=211095 27 de agosto de 2000

“Bajar la edad de imputabilidad potenciaría el delito juvenil”

El especialista en minoridad dice que es un mito identificar la ola de violencia con la participación de chicos en hechos delictivos.

“Cuando hablamos de chicos en conflicto con la ley penal, la prioridad debe ser la prevención y el tratamiento; el castigo, en sí mismo, lo único que consigue es sacarnos de encima la bronca que sentimos como adultos por el fracaso de nuestro sistema social y educativo.”

Atilio Alvarez apunta al centro de un debate que en los últimos años capturó los niveles más altos del interés público: la relación entre adolescencia y criminalidad. Un debate que, periódicamente, cuando algún menor aparece involucrado en un hecho delictivo resonante, ocupa la primera plana y divide a la sociedad entre quienes reclaman el endurecimiento de la represión y los que sostienen la necesidad de contar con una política preventiva eficiente, que atienda las causas de la violencia juvenil.

Alvarez sostiene que la comprensión de este problema es enturbiada por una serie de mitos y simplificaciones. “Los adultos suelen hacer una identificación rápida entre jóvenes, droga y crimen, pero esta ecuación a priori se basa en estereotipos que no resisten el análisis científico -afirma-; en general, cuando se describe a un asaltante, se le da menos edad de la que realmente tiene.”

Apoyado en investigaciones empíricas recientes que exploran el mapa delictivo de los principales centros urbanos del país, el ex presidente del Consejo del Menor y la Familia llega a conclusiones que desafían aquellos estereotipos.

-Usted sostiene que en nuestra sociedad existen ciertos mitos acerca de la relación entre los menores y la delincuencia. ¿Cuáles son esos mitos?

-En primer lugar, la tendencia a identificar la ola de violencia con la participación de chicos en hechos delictivos. En la Argentina está más que probado que el grueso del delito se encuentra en jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, con una tendencia, en los últimos años, a bajar el piso delictivo a los 17 años. Por debajo de esa edad, las estadísticas describen una pirámide invertida. En otras palabras, cuando se estudia seriamente el tema se advierte que la cantidad de menores de 16 años que delinquen es ínfima. Pero parece que esto es difícil de aceptar, porque la precocidad delictiva siempre es noticia, siempre llama la atención.

-¿Esto quiere decir que los medios reflejan mal esta problemática?

-No, al contrario. Lo que pasa es que cuando un chico protagoniza un hecho delictivo es algo tan antinatural, por así decir, que nos moviliza profundamente. Es tan poco común que un chico de 14 años viole a alguien que cuando eso ocurre es inevitable que se convierta en noticia. El día que un chico de 12 años mate a alguien y no sea tapa, querrá decir que la sociedad se acostumbró a que estas cosas pasen, como ocurre en otros países.

-¿La Argentina va en esa dirección?

-Hay una tendencia preocupante al aumento de la delincuencia en general. Hace 25 años, cuando empecé mi vida profesional, se denunciaban 230.000 delitos al año; hoy, esa cifra trepó a 1.100.000. Dado que en ese período la población no se cuadruplicó, es evidente que hubo un aumento cuantitativo del delito. Cualitativamente, lo que más crece es el delito con armas de fuego; pero, precisamente, éstas no son un problema de chicos, sino de grandes.

-¿Cómo llega un arma de fuego a manos de un chico?

-Por medio del mundo adulto. Esto puede ocurrir de dos formas. La primera es la existencia de armas en el hogar. Recuerde el caso del empleado de la Cancillería asesinado unos años atrás en la plaza San Martín, cuando paseaba con su novia. No fue un asalto; un grupo de chicos de la Villa 31 rodeó a la pareja y empezó a molestar a la chica, el muchacho saltó en su defensa y uno de los del grupo, un adolescente de 16 años, lo mató de un tiro. El arma era del padre, que trabajaba en una agencia de seguridad y tenía el revólver en su casa. El chico tomó el instrumento de trabajo del padre para pavonearse. Distinto es el caso del robo a mano armada; allí hay una cadena de responsabilidad de adultos, que va desde el importador y el distribuidor hasta el que finalmente le da el arma al chico. Y las armas no sólo se venden, también se alquilan.

-¿Existe en nuestro país algún tipo de delincuencia juvenil que no tenga conexión con adultos?

-Sí, pero muy limitadamente. Las guerras de bandas de adolescentes, típicas de las grandes áreas urbanas de los Estados Unidos, son aquí un fenómeno marginal. No obstante, la realidad de la delincuencia juvenil es muy compleja, tiene causas múltiples y escapa a cualquier intento reduccionista. Quienes dicen que el delito tiene una única causa (económica, social, educativa o sociológica) fallan en el diagnóstico.

-¿Por qué?

-Porque en realidad hay una confluencia de todos aquellos factores, y esta confluencia se da en proporciones que varían con el tiempo. A veces mejora un factor y empeora otro. Pero lo más tremendo es la frialdad y la distancia afectiva con la que un adolescente puede matar a otra persona. Ni siquiera sabe a quién está matando; no es ni un enemigo ni el adversario de una pelea pasional. Mata porque sí. Como uno de ellos me dijo una vez: “Qué le voy a hacer; el chabón se bardeó y lo tuve que dar vuelta”. Esta frase revela hasta qué punto el arma en manos de un chico es un peligro muy serio.

-¿Cómo llega un chico a tener esa frialdad?

-Por una cadena de privaciones. Hay privaciones afectivas iniciales, que empiezan en la panza de la madre. Por eso es tan difícil trabajar en la recuperación de estas conductas. No hay que ver solamente el hecho y su motivación inmediata, sino toda la historia subyacente. Pensemos en ese adolescente que mató a un compañero e hirió a otro porque se burlaban de él en el colegio; no cualquier chico reacciona de esa forma, hay que analizar a fondo su historia. De todos modos, el número de homicidos cometidos por menores de 17 años es muy bajo.

-¿Podría dar más precisiones?

-En Córdoba, una ciudad con altos índices de violencia juvenil, los homicidios o tentativas de homicidio representan el 2,3 por ciento del total de hechos delictivos producidos por adolescentes. En la provincia de Buenos Aires, esa proporción es del 2,4 por ciento. El resto, en ambos casos, está compuesto por delitos contra la propiedad.

-En la Argentina hay un gran déficit de información estadística. ¿Es posible describir esta realidad con exactitud?

-Donde tenemos más carencias es en las estadísticas de nivel global. El registro nacional de reincidencias está incompleto y hay media docena de provincias que no remiten información sobre la cantidad de menores en conflicto con la ley que viven en ellas. Que no haya datos de Jujuy no es demasiado grave, pero que no tengamos datos de Mendoza, en donde se producen unos 60.000 delitos por año, altera la estadística nacional. De todos modos, los datos que le di son confiables.

-¿Cuál es la proporción de varones y de mujeres en el delito juvenil?

-En los delitos a mano armada hay una abrumadora mayoría de varones, mientras que en los hurtos aparecen más casos de mujeres. Pero aquí ocurre otro fenómeno. En muchas ciudades se observa que, después de los 16 años (que es la edad de imputabilidad) la participación de mujeres en las estadísticas de hechos delictivos decrece abruptamente. ¿Qué pasó con esas chicas? ¿Sentaron cabeza, se convirtieron en madres de familia? Lamentablemente, no. Lo que pasa es que nuestra sociedad, como buena parte del resto del mundo, funcionaliza la distorsión de conductas de las adolescentes mujeres a través de la prostitución. Esto no ocurre con los varones. Objetivamente, es mucho más grave que una chica de 16 años se prostituya a que un varón de la misma edad robe un pasacassette. Sin embargo, la sociedad reacciona de una manera muy diferente en ambos casos.

-Usted está haciendo alusión a la complicidad de la sociedad adulta.

-La sociedad adulta no sólo engendra al niño, sino que genera sus condiciones educativas y define qué es transgresión y qué es aceptable. El delito no es sólo una conducta: es una conducta sancionable en función de una norma preestablecida. En los últimos años, la sociedad ha ido corriendo el margen que distingue lo aceptable de lo no aceptable en algunas cuestiones. Por ejemplo: nuestra sociedad niega la existencia del alcoholismo juvenil, bombardeada por una fuerte presión del marketing que ha introducido el alcohol en el mercado adolescente. Otro tanto ocurre con la violencia generada explícitamente en algunos espectáculos de asistencia masiva juvenil. En estos dos casos, como en muchos otros, estamos hablando de intereses de adultos, que empujan a los chicos hacia la adopción de conductas que eventualmente conducirán a muchos de ellos al delito.

-¿Cómo se inicia un chico en el mundo adulto del delito?

-Tal vez la iniciación más habitual es el aprovechamiento del menor. Literalmente, se lo hace empezar en las divisiones inferiores del delito. Por ejemplo, se lo lleva de “campana” en un robo o se le pide que se meta en una casa a través de un ventiluz que es demasiado pequeño para que lo atraviese una persona adulta. Hay quienes sostienen que los delincuentes mayores se aprovechan del chico porque éste es inimputable. Pero la definición más clara que he escuchado al respecto fue la que dio el presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Luciano Violante, en un congreso sobre explotación de menores realizado hace unos años en Nápoles. “Los delincuentes adultos usan a los chicos -dijo Violante- porque éstos son baratos”. Es cierto. El chico es un delincuente barato. Por otro lado, siempre vamos a encontrar a un adulto en algún punto de la cadena delictiva.

-¿Qué opina de quienes sostienen que se debería bajar la edad de imputabilidad (actualmente en los 16 años)?

-Está estadísticamente comprobado que bajar la edad de imputabilidad no sólo no frena el delito juvenil, sino que lo potencia. Al revés de lo que se pretende lograr, dicha reducción incentivaría aún más el aprovechamiento de menores, ya que las bandas de adultos tienden a usar chicos que están en el borde de la edad de imputabilidad. Por otra parte, esa experiencia ya se hizo en la Argentina y fracasó. Entre 1976 y 1983, en pleno régimen militar, la edad de imputabilidad se bajó a los 14 años. Fue ese mismo régimen, en sus postrimerías, el que volvió a la edad de 16, que regía desde 1954.

-En los últimos años ha habido un aumento de casos de chicos que llevan un arma al colegio. ¿Por qué?

-Porque al proliferar las empresas de seguridad privada y bajar el nivel de seguridad pública, aumentó la tenencia de armas en el hogar, ya sea como instrumento de trabajo o como elemento de seudoautoprotección. Y es en el hogar, como dije antes, que estos chicos encuentran un arma; siempre proviene de algún miembro de su familia. Es necesario tomar conciencia de que no podemos tener un país inundado de armas. Pero tampoco debemos olvidar que éste no es un problema exclusivo de la Argentina.

José Atilio Alvarez nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1949.

Se recibió de abogado en la UCA en 1974. Profesor titular en esa casa de estudios desde 1975 y de la Facultad de Derecho de la UBA entre ese mismo año y 1990. Director de la carrera de posgrado de Derecho de Familia en la UCA y profesor titular de Políticas Públicas, en la carrera de Ciencias Políticas de la misma universidad.

Defensor público de menores e incapaces desde 1980.

En 1989 fue nombradado subsecretario del Menor del gobierno de Carlos Menem. Al año siguiente se lo designó como primer presidente del Consejo del Menor y la Familia. Renunció en 1998.

En virtud de un convenio de la Defensoría General de la Nación con la provincia de Córdoba tiene a su cargo durante un año la supervisión técnica del Sistema Integral de Atención de Jóvenes en conflicto con la ley penal de dicha provincia.

La postura del gobierno nacional, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Juez José Luis Arias

http://www.urgente24.com/noticias/val/2967-8/informe-(4)-randazzo-(cristina)-contra-casal-(scioli)-por-menores-delincuentes.html

Desde el Ejecutivo Nacional, rechazaron la posibilidad de bajar la edad de la imputabilidad de los menores que delinquen porque consideran que “sí hay herramientas” para que los jóvenes que delinquen “no anden en la calle”.

Randazzo advirtió: “Los jueces tienen las herramientas como para que aquellos pibes que no sean imputables pero peligrosos, estén detenidos como corresponde. Que no sea imputable no implica que pueda estar en la calle, caminando como si no hubiera pasado nada”, resaltó el ministro del Interior.

Ricardo Casal, enfatizó que el gobernador Daniel Scioli reclama desde “hace 2 años y medio” el debate de esta ley sobre 8 proyectos que tenían consenso y “lo masacraron, lo maltrataron”.

El funcionario explicó que “el artículo 65 de la ley dice claramente que los jueces pueden disponer de la internación de un chico menor de 15 años.”

“Todo el desastre se pudo haber evitado, con su internación, no su detención, para morigerar su conducta y reencauzarlo con tratamiento y terapeutas, si se hubieran tomado las medidas de seguridad adecuadas a tiempo. En éste como en otros casos, se necesita la firmeza del adulto de decir que un niño en esas condiciones es un peligro para la sociedad y para sí mismo,” explicó el ministro Casal.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Nº 1 de La Plata, José Luís Arias, afirmó: “He leído declaraciones, que se le atribuyen al ministro de Justicia y Seguridad (Ricardo Casal) donde dice que hay un vació legal para esta situación, lo que es un absurdo, no hay ningún vacío legal. Hay leyes de protección y promoción del derecho del niño que no se están cumpliendo”.

Arias lamentó el papel que juegan los medios masivos de comunicación y ciertos sectores de la sociedad que fomentan sentimientos y alientan a una violencia contra los sectores más vulnerables y más pobres.

Arias manifestó: “Yo, particularmente, he ordenado medidas concretas para solucionar y paliar, medianamente, el problema de los chicos en la calle en la ciudad de La Plata. Ordené que se pongan 2 automóviles a disposición del servicio local de la Municipalidad para que no venga el patrullero ante una cuestión social pero esa medida no se cumplió nunca. Cuando el ministro Casal asumió en Seguridad dijo que hay 50 autos afectados a los funcionarios, ahí está la prueba de la falta de voluntad política de poder mejorar la situación de los chicos. Si hay 50 funcionarios que tienen vehículos para ir y venir de sus casas, ¿no se pueden poner dos autos a disposición de quienes tienen que trabajar con los pibes directamente?”.

Arias también denunció que “hay una falta de cumplimiento de las leyes, hay falta de cumplimiento de las ordenes judiciales, no es que haya un vacío legal como dice el ministro, hay voluntad política con no cumplir con lo que ordenan las leyes de protección y promoción de los derechos del niño”.

En ese sentido, agregó que “en ciertos sectores de la sociedad se plantean una situación de reacción y violencia contra los jóvenes y se es muy complaciente con otros tipos de delitos de guante blanco que tiene que ver con esta delincuencia”.

Arias destacó que “me gustaría saber más si los vecinos cercanos a Tolosa, que están hablando de realizar una marcha, me gustaría saber si esa marcha es para manifestarse en contra de los que les suministran armas, drogas. Este menor, que participó en este hecho lamentable, tenía una pistola 9 milímetros que corresponde a las fuerzas de seguridad, cómo llego esa arma al menor, nadie se pregunta esto”.

Por otra parte, el juez platense denunció que la policía y las autoridades políticas desconocen ciertas realidades y “todo indica que hay una gran complicidad al menos con este silencio e inacción de las autoridades públicas en combatir este flagelo que ha afectado a toda una generación de jóvenes en Argentina”.

Al ser consultado sobre las declaraciones que realizó el fiscal Marcelo Romero, actuante en el caso de Tolosa, el juez Arias sostuvo que “fueron desafortunadas”, sobre todo al generalizar porque se corresponde con la idea del menor peligroso, y enfatizó que “es un absurdo. Es una declaración con alto grado de oportunismo mediático esto que la prensa se acuerde de los menores sólo cuando hay hechos de este tipo, pero esto es montarse sobre el oportunismo mediático y hacer declaraciones que tienden a fomentar un fascismo social, de ciertos sectores de la sociedad que reclaman mayor dureza y rigor en la sanción de estos tipos de delitos soslayando todas las otras situaciones delictivas, también, de las cuales no se hablan”, dijo Arias.

La postura de la UCR

http://www.perfil.com/contenidos/2011/01/20/noticia_0027.html

Desde el radicalismo defienden la baja de imputabilidad en menores

Juan Pedro Tunessi (UCR) aseguró hoy en un comunicado que la norma, que tuvo el voto en contra de los legisladores oficialistas, prevé “una responsabilidad atenuada para los menores de 16 años con el debido proceso e instituciones acordes”.
“La responsabilidad penal juvenil se debe dar teniendo a la privación de la libertad como última alternativa para casos graves de homicidio como el acaecido en Tolosa”, aseguró el diputado. Y agregó, sobre la polémica desatada alrededor de la posible baja de imputabilidad en los menores. “Bajar la edad de imputabilidad no quiere decir encerrar a los menores, sino someterlos a un proceso con garantías y medidas sustitutivas de la pena y la privación de la libertad, constituyendo esta última para delitos gravísimos”.
Ante la polémica que se desató por la posibilidad de esta medida, defendida hoy por Mauricio Macri y criticada por el Gobierno nacional, el diputado Tunessi salió a aclarar el modelo “garantista” del proyecto de ley para rebajar la edad de imputabilidad, y aseguró que incluso ahora, “sin ser responsables (los menores), el juez de un modo inquisitivo puede disponer de la libertad de los menores sin derecho ni defensa”.
“La sanción de Senado, tiene un modelo de responsabilidad, garantiza derechos y garantías y al mismo tiempo, conjuga lo educativo judicial, aplicando un modelo garantista. Se apunta a una respuesta ‘responsabilizante’ no criminalizante, que enfrente al menor con el sentido del disvalor social de su comportamiento: instituye un régimen penal especial, prohibiendo el juzgamiento de los menores por el sistema penal general; apunta al interés superior del niño, la privación de la libertad es excepcionalísima, para delitos muy graves (muerte o violación), rige el indubio pro-menor; establece medidas alternativas de solución del conflicto y sustitución de la pena (disculpas ante la víctima, reparación del daño causado, servicios comunitarios, inhabilitación, prohibición de concurrir a determinados lugares); reduce la edad de imputabilidad a los 14 años”, señala el diputado impulsor del proyecto.
Y agrega que con esta normativa “los menores de 14 y 15 años tienen aun un sistema más atenuado en cuanto a penas y límites de imputabilidad”. Y la compara con las legislaciones de otros países: “Internacionalmente, en Europa y America Latina la responsabilidad penal comienza a los 12 años”.
Luego, apunto claramente contra el discurso del oficialismo para ponerse en contra de la disminución en la edad de imputabilidad. “Falsamente desde algunos sectores progresistas, se considera que bajar la edad para responsabilizarlo por su conducta es una manera de criminalizar a la minoridad abandonada. Eso es falso, actualmente de 16 para abajo se cometen todo tipo de violaciones ya que los niños no son responsables, lo que no impide que un juez, sin derechos de su parte, los encierre o interne en instituciones por su situación de abandono social, moral o por in conducta social”, concluyó Tunessi.

La posición de la Coalición Cívica

http://www.urgente24.com/noticias/val/2944/informe-(2)-si-no-castigamos-la-corrupcion-policial-judicial-no-sirven-las-leyes-blumberg.html

Juan Carlos Vega (diputado nacional Coalición Cívica-Córdoba) intenta ser un hombre pragmático y concreto. Todavía se recuerda su posición sobre el proyecto para despenalizar el aborto: “Me inclino a pensar en las primeras 12 semanas para darle a la mujer el derecho a decidir qué hacer con su vida y su embarazo. La parte medular de la ley debe fijar las obligaciones del Estado para prevenir el embarazo no deseado. El Estado debe educar y prevenir, no limitarse a repartir preservativos”.

-¿1 año ya que el Régimen Penal Juvenil esta cajoneado en Diputados?

-Todavía no hace 1 año. Nosotros, desde la Coalición Cívica, nos hicimos cargo de la Comisión de Legislacion Penal en febrero del año 2010. Analizamos lo que venía del Senado que baja la edad de la imputabilidad a 14 y le dimos el dictamen de mayoría correspondiente para evitar el limbo jurídico.

-Pero ¿por qué qué nunca se trató en el recinto de Diputados?

-Esa pregunta debería hacersela al Frente para la Victoria y sus aliados legislativos. Nunca se trató porque el kirchnerismo o cristinismo o como se apode nunca quiso debatir el tema por la diferencias que existe en los propios diputados del Frente para la Victoria.

-¿Usted está de acuerdo con la ley que aprobó el Senado?

-Estamos totalmente de acuerdo. El proyecto que viene goza de mi apoyo absoluto porque es un régimen equilibrado que termina con un limbo jurídico donde la justicia no sabe qué hacer con los niños delincuentes”.

-¿Qué hay que hacer para solucionar este tema?

-No hay opiniones uniformes, con respecto a que conviene. La seguridad ciudadana no se solucionan con leyes como las que promovía Juan Carlos Blumberg. Mi opinion personal hay que bajar la imputabilidad, aplicar un Código Penal con penas mínimas. Esta sería una alternativa, acusar, imputar y castigar. Personalmente creo que hay que mandarle un mensaje claro a los delincuentes, que hay algún precio que van a pagar por sus delitos. Hay quienes dicen que son mandados a delinquir por mayores pero en cualquier caso el meta-mensaje de la sociedad les debe llegar. Con esta ley se termina el limbo jurídico y ya no se podrá usar a los menores para delinquir, al menos en los términos que hoy algunos los utilizan.

-¿Y con estas leyes solucionamos el tema de los menores delincuentes?

-No, para nada. Apenas es la punta del iceberg. Debemos abrir el debate sobre qué hacemos con la corrupcion  policial y judicial, que creo que tienen que ver con el abuso existente. De nada sirve castigar a los menores que delinquen si, a la vez, no penalizamos a los comisarios y jueces que cometen delitos. Hay que tener un pensamiento realista. Es imposible hablar de disminución del delito cuando el índice de percepción de la corrupción crece. El delito está asociado a la corrupción y no se puede llevar un mensaje de legalidad a la zona de fragua del delito cuando no hay conductas ejemplares.

http://www.losandes.com.ar/notas/2011/1/20/gobierno-oposicion-chocan-sobre-edad-imputabilidad-menores-546026.asp

Patricia Bullrich, exigió la “sanción e implementación inmediata de un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”.
“El Gobierno Nacional cree que al no reconocer la existencia del problema, el mismo desaparece. La estrategia oficial de negar y esconder, afirmar que todo es una sensación, dan como resultado que en los últimos tiempos aumente considerablemente la delincuencia juvenil y exija la implementación de medidas responsables por parte del Estado, que procuren solucionar aunque sea en parte la problemática”, alertó la legisladora.

La posición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires: Macri dijo que “hay mucha hipocresía y se compran propuestas ideológicas que suenan lindas pero que no han servido” proponiendo propuestas ideológicas que suenan feas y que tampoco han servido. La posición de De Narváez.

http://www.losandes.com.ar/notas/2011/1/20/gobierno-oposicion-chocan-sobre-edad-imputabilidad-menores-546026.asp

Macri se pronunció a favor de bajar la edad de imputabilidad y lamentó que alrededor de la temática “hay mucha hipocresía y se compran propuestas ideológicas que suenan lindas pero que no han servido” para garantizarla el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
Según el alcalde porteño, hay una “enorme falla y ausencia en la legislación y en el rol del Estado” en materia penal juvenil, en medio de la polémica que se reavivó luego del caso de Tolosa.
En tanto, el diputado de Unión Celeste y Blanco Francisco de Narváez reclamó a la presidenta Cristina Fernández que convoque “a sesiones extraordinarias” para tratar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que, según el legislador opositor, tiene media sanción del Senado pero fue congelado por “el kirchnerismo” en la Cámara baja.
Por su parte, el diputado del peronismo disidente Gustavo Ferrari señaló que “la problemática de la inseguridad radica en el fracaso por parte de un Estado ausente para atender las necesidades primarias y primordiales para la vida de todo ciudadano: educación, salud, trabajo y seguridad física y jurídica”.

La propuesta ideológica de Blumberg

http://www.infobae.com/politica/557841-101275-0-Blumberg-reaparecio-y-acuso-marxista-al-Ministerio-Seguridad

Blumberg reapareció y acusó de marxista al Ministerio de Seguridad

El padre de Axel Blumberg, secuestrado y asesinado en 2004, reapareció hoy tras un largo periodo de silencio para participar del debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad.

Criticó hoy a los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, al asegurar que se encuentran influidos por ideas del teórico marxista italiano Antonio Gramsci.

En línea con estos señalamientos, Blumberg consideró que la ministra Nilda Garré no se encuentra “preparada” para las tareas que desarrolla, a la vez que apuntó al periodista Horacio Verbitsky y al ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian como sus principales asesores.

“A la Policía Federal la manejan Verbitsky y Arslanian”, apuntó, a la vez que recordó que Arslanian “fue al Congreso hace poco a decir que habría que eliminar el Código Penal”.

Se pronunció además a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores porque “a alguien que mata hay que sacarlo de la sociedad para que no siga matando”.

Y por último algunos comentarios de la gente “bien” que teme por su seguridad (con las correspondientes correcciones ortográficas)

http://www.eldia.com.ar/edis/20110120/20110120120755.htm

Al sorete lo mandan a una “comunidad terapéutica”. REFORMARORIO, tiene que ir a un establecimiento con ese nombre y no se le debe dar contención: se le debe aplicar un CASTIGO por lo que hizo. ¿Entienden imbéciles que estos miserables nos van a matar a todos porque la tienen clara que nada les pasa? Quiero ver a ese sorete con los pedazos de su masa encefálica por el piso.

No todos pedimos la muerte por delitos graves. Yo, personalmente, pido que sufran en vida. Que los amontonen en algún lugar alejado del resto de la población, que alambren y electrifiquen, que no paguemos guardias por estos asesinos, cámaras de seguridad para observarlos desde algún centro preparado especialmente, que se maten entre ellos por la subsistencia diaria, que tengan una quintita… y el que quiera laburar, sobrevivirá. El que no, morirá en manos del otro. Para los menores más o menos lo mismo pero con menor rigor: que haya talleres para que aprendan a laburar, escuela y trabajo también, por qué no? Los recuperables (q calculo un 10 %) que salga a la calle después de los 21 años ya con trabajo. Los demás, que pasen al estado que comenté al principio. No es duro, ni crudo, ni salvaje lo que se me ocurre. Es, simplemente, no permitir que transiten nuestras mismas calles. Saludos.

Los legisladores están más preocupados por respetar los pactos internacionales y garantizar los derechos de los que cometen delitos impunemente que por garantizar el simple derecho a permanecer con vida de los ciudadanos honestos; sino díganme uno solo; un nombre solamente, de un legislador o político en campaña, que haga mención de castigar realmente con dureza al que cometa un delito de la índole que sea. La gente está pidiendo a gritos que se modifiquen las leyes; ninguno le hace caso.

¿qué te parece si hacemos un gran hermano gigante con todas las lacras adentro? Tapiamos unas cuantas hectáreas con 10m de altura y alambre de púas electrificado. Luego en esa gran comunidad que se arreglen entre ellos. Ojo, que no quede ninguno afuera!

Me parece genial. Pero te juro que no podría ver ese programa por la tele. Los prefiero lejos de las grandes urbes, criminales mal nacidos. Y no quiero más cárceles que pagamos todos. Por eso mi comentario. ¿Encima hay que pagar por ellos para que quemen colchones y hagan piquetes porque no están cómodos? Lo que sí también debiera hacerse es rever las causas porque también hay muchos presos sin sentencia que, tal vez, sean inocentes. Se está haciendo muy poco o nada desde la Justicia. Saludos.

Me faltó agregar que se descomprimirían bastante las cárceles si los inocentes salieran de ahí. No sé qué porcentaje será, pero alguna vez leí que era bastante.

Bajar la edad de imputabilidad es una estupidez que solo sirve para que una sarta de descerebrados se descarguen. Lo más importante, y serio de la cuestión del delito es que no sucedan. Pensar en la edad del castigo no resulta en ningún mecanismo de reducción del delito. En particular de menores. Hay 5 generaciones en sectores de la sociedad que no han visto lo que es comer del producto del trabajo de los padres. De donde creen que imaginan se obtiene lo que aprenden que hay que tener para ser? No tiene que haber chicos en la calle. Tiene que ser absolutamente mandatorio la doble escolaridad. Hay que desarmar al país. La posesión de armas debe ser severamente desalentada, e ilegal. El poseer armas es el paso previo e imprescindible para los crímenes violentos. La próxima vez que haya elecciones en vez de elegir entre el segundo televisor, o el auto, y la educación pública, la salud, y el trabajo de los otros no repitan el voto del 95. Ni la edad, ni la sanción, ni la pena de muerte, llevan a lo que realmente se necesita: que no se comentan delitos, y que se desarrolle una cultura donde el prójimo importe en todos los aspectos del bienestar.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 19, 2011

Precintos (9) ¿Polideportivo o comisaría?

http://noticias.terra.com.ar/politica/vecinos-y-dirigentes-debatiran-sobre-destino-de-espacio-publico,2fd606ac5df9d210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html

VECINOS Y DIRIGENTES DEBATIRAN SOBRE DESTINO DE ESPACIO PUBLICO

Dirigentes de la izquierda democrática integrada en el Frente Amplio Porteño de la Ciudad de Buenos Aires debatirán con vecinos y organizaciones barriales respecto del destino del predio de los talleres Guzmán durante un encuentro que se realizará mañana jueves a las 18 en Jorge Newbery y Guzmán, en el barrio de Chacarita.
Los vecinos intentan evitar que en el lugar el gobierno de la Ciudad construya una unidad penitenciaria de la Policía Metropolitana y esgrimen fallos judiciales que respaldan la opinión de la comunidad, partidaria de erigir allí un polideportivo.
La actividad estará encabezada por Oscar González (Unidad Socialista), Gustavo López (Concertación-Forja), Alejandro Otero (Frente Grande), María José Lubertino (Espacio Abierto), Lía Méndez (Partido Humanista) y Pascual Enrique Guglielmotti (Partido Comunista).

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 19, 2011

El gran hermano (pero no el de la tele el del libro) (6)

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70785/ciudad-un-gremio-de-vigiladores-no-quiere-colaborar-con-la-metropolitana.html

La noticia fue anunciada la semana pasada con un sorprendente entusiasmo por parte del macrismo. Vigiladores privados iban a colaborar con la Policía Metropolitana con la intención de “sumar ojos” a la seguridad en la Ciudad en un plan que el futuro incluiría a canillitas, porteros y kiosqueros. El primer paso fue el convenio rubricado entre el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y el titular de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), Aquiles Gorini.
Sin embargo, la iniciativa no fue consensuada con los gremios y ahora Mauricio Macri enfrenta la negativa del Sindicato Único Trabajadores Custodios y Afines (SUTCARA), que conduce Luis Aveldaño, un hombre ligado al Movimiento Evita.
“Nosotros nos oponemos porque esta idea está en contra de lo que dice la ley del trabajadores. Macri no vino a hablar con el gremio, habló directamente con la Cámara. Además, como sabe que el censo da 85 mil trabajadores, cree que arrimando esta fuerza puede llegar a construir algo mejor”, criticó el secretario de prensa del SUTCARA, Ricardo Florentín.
Por esa razón, el sindicato se declaró en “estado de alerta y movilización” y el viernes hará una asamblea para definir “los pasos a seguir”.
Desde el Sindicato, además, se quejan porque “con un básico de 1850 pesos, un vigilador va a tener que tener responsabilidades que no le corresponden”.
“Venimos de la escuela de Evita, Perón, los descamisados. No podemos ir con lo que el empresario quiere”, indicó Florentín que anticipó que la idea es que tanto el gremio de los taxistas (conducido por Omar Viviani) como el de los canillitas (liderad por Omar Plaini) se sumen a la postura de su gremio.
Respecto al respaldo de su sindicato al Gobierno, señaló que el SUTCARA “es un gremio que apoya al proyecto nacional y no importa que por eso la gente de Macri salga a criticar”.
“Somos un sindicato que defiende a los trabajadores que está dentro de la casa de los trabajadores que es la CGT. Estamos alineados con Cristina y la gestión, no hay otro lineamiento y otra forma de gobernar”, cerró Florentín.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=f13ca40288cf5e4ef3df5b611f8e019e

Los empleados del sindicato protestaron ante la medida, realizaron dos conferencias de prensa y anunciaron una asamblea extraordinaria para este viernes a las 19.30 en Santiago del Estero 436.

El secretario de prensa del sindicato, Ricardo Florentín, manifestó a Noticias Urbanas que “no hubo ningún llamado por parte del Gobierno porteño hasta el momento” al tiempo que indicó que los trabajadores “continúan esperando mejoras en las condiciones de trabajo, entre ellas el pago de un sueldo básico de 3.800 pesos”.

Sobre este punto agregó que “no están de acuerdo con que la Cámara y el Gobierno realicen convenios y no se dirijan directamente al gremio que- en definitiva- son los afectados”.

Respecto de la asamblea que se realizará este viernes, Florentín dijo que “darán a conocer un plan de lucha que “no sólo contempla a trabajadores de seguridad, sino que también a canillitas y taxistas”, dos gremios afectados por la medida de Gobierno.

Otros de los puntos sobre los que harán hincapié serán: la elección de la autoridades de la Asamblea, la consideración y fijación de la cuota sindical que deben aportar los Trabajadores afiliados a la entidad sindical en el dos (2) por ciento del Total de las remuneraciones mensuales y la elección de dos asambleistas para la firma del Acta de la Comisión Directiva SUTCARA.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 19, 2011

La policía metropolitana secuestra mercadería en mal estado

http://www.ciudad1.com/Notas-10960-Secuestran-mercaderia-en-mal-estado

Secuestran mercadería en mal estado

La policía porteña incautó este martes 470 kilos de pollo. Fue en uno de los controles de higiene y bromatología a camiones de transporte de alimentos en el barrio de Parque Patricios, en la esquina de Amancio Alcorta y Pepirí.

El gobierno de la Ciudad informó que el operativo fue realizado por la Policía Metropolitana, la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección de Higiene Urbana.

El control fue realizado sobre un vehículo que trasladaba la mercadería sin autorización del Senasa, por lo que “una vez comprobadas las irregularidades se procedió a analizar la temperatura de los alimentos, que oscilaba entre los 15º y 18º, cuando para no cortar la cadena de frío deben conservarse a 2º”.

http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12985&Itemid=31

Se decomisaron 21 cajas que contenían 470 kilos de pollo en mal estado. Esta mercadería era trasladada en un vehículo sin las habilitaciones correspondientes del SENASA y que no poseía equipo de refrigeración.

La consecuencia de ingerir estos alimentos, como mínimo, es padecer una severa gastroenterocolitis. En verano hay que extremar los cuidados con el pescado, la carne picada y el pollo, porque siempre están en un medio líquido muy importante que favorece el desarrollo de la bacteria rápidamente.

Además de los controles, la Dirección de Higiene Alimentaria recomienda que cuando se compra productos perecederos en el supermercado hay que evitar trasladarlos por más de dos horas para no cortar la cadena de frío.

En cuanto a los operativos de controles bromatológicos, la Policía Metropolitana actúa como apoyo para detener a los vehículos, brinda seguridad en caso de que la gente se revele o no quiera cumplir con la ley.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 18, 2011

El gran hermano (pero no el de la tele el del libro) (5)

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=3ed147a2c3a5f8cc913d32f657ab42d5

Trabajadores de seguridad privada le dijeron no a la PM

Los empledos nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores Custodios y Afines (SUTCARA), rechazaron el convenio firmado entre el Gobierno y la Cámara que los agrupa, que busca “incorporarlos en un plan de seguridad local en colaboración con la Metropolitana”. Esta tarde, a las 18, realizarán una conferencia de prensa en la sede del sindicato, Pueyrredón 19.

A la negativa del gremio de los canillitas a incorporarse en el plan de seguridad ciudadana que promueve el Gobierno de la Ciudad, se le sumó la de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Custodios y Afines (SUTCARA), quienes rechazaron el acuerdo que firmó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, con la Cámara que los nuclea.
El plan que pretende llevar adelante el Ejecutivo local a partir de febrero tiene como objetivo desarrollar un trabajo mancomunado entre la Policía Metropolitana y ciudadanos de la sociedad civil, quienes en caso de percibir situaciones de irregularidad en la vía pública deberán notificar a través de un llamado a la fuerza policial local.
Sobre ello, uno de los representantes de SUTCARA, Alejandro Ramírez, manifestó que “repudian la acción y que el problema de la inseguridad lo debe resolver la Policía Metropolitana”. “El desacuerdo está en el cómo el Gobierno y la Cámara estableció el convenio”, indicó.
Posteriormente, expresó que “están en estado de alerta y movilización permanente” y que “continuarán reclamando por un aumento salarial” (que en la actualidad es de 1.850 pesos y que los posiciona por debajo de la línea de pobreza).
“Macri no respeta los derechos de los trabajadores y desde el Gobierno avasallan a los empleados en su actividad laboral”, puntualizó.
Por último, Ramírez indicó que el próximo 21 llevarán a cabo una asamblea extraordinaria con alcance nacional al tiempo que invitó a los trabajadores del rubro a que se sumen al reclamo.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 18, 2011

Clarín anuncia la próxima represión

http://www.clarin.com/ciudades/Capital-crecio-venta-ilegal-callejera_0_410359022.html

Capital: creció un 8,2% la venta ilegal callejera en 2010

En diciembre alcanzó el pico máximo desde 2004. Son datos de la Cámara Argentina de Comercio. Revelan que en los últimos dos meses la cantidad de puestos subió un 50%. La gente y los comerciantes se quejan, mientras el control disminuye

Mientras el Gobierno porteño asegura que “el espacio público no se negocia”, hay otros que hacen negocios en el espacio público. Y cada vez son más: la cantidad de puestos de venta callejera ilegal creció el año pasado un 8,2% , pero en los últimos meses subió un 50%.

Los datos surgen de un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que desde hace años releva los principales centros comerciales y alrededores de las estaciones de tren para ver cuántos puestos de manteros hay.

Según ese trabajo, en diciembre se detectaron 2.543 puestos, un 19,8% más que en noviembre. Pero sumados esos dos meses, el salto en la cantidad de puestos fue del 50%. Esto da que en cada cuadra relevada encontraron en promedio 8,9 puestos.

Claro que algunas zonas son particularmente críticas. Sin dudas, la más afectada por la venta ilegal es la peatonal Florida, donde hallaron 473 puestos en ocho cuadras, el 22% del total de manteros encontrados en la Ciudad. El caso de Florida tiene un agravante: el año pasado el Gobierno porteño había empezado a desalojar los puestos truchos. Pero luego acordó con los vendedores que se instalaran después de las 18. Ahora, los comerciantes de la zona afirman que los puesteros se ubican mucho antes, y que ya no se ve ni a la Policía Federal ni a la Metropolitana.

Respecto de las estaciones de trenes, las peores fueron Retiro y Once, con 140 puestos truchos cada una.

El tipo de productos que más venden los manteros son la ropa y el calzado, presentes en el 29,7% de los puestos. En segundo lugar los anteojos de sol y relojes, y en tercer puesto los alimentos y bebidas.

Otro problema asociado a la venta ilegal es la piratería. Según la CAC, en diciembre encontraron 602 falsificaciones de marcas.

¿Por qué creció tanto la venta ilegal? El año pasado, además del boom de consumo, hubo otro factor: el Mundial de fútbol, que provocó que un par de meses antes ya hubiera cientos de puestos donde se vendían gorritos y camisetas truchas de la Selección .

Pero la venta ilegal es un fenómeno crónico, amparado por leyes difusas e inacción del Estado. El Código de Contravenciones de la Ciudad prohíbe lucrar sin autorización en el espacio público, pero tolera la venta ambulante de “baratijas para la mera subsistencia”. Sin embargo, y aunque los puestos de los manteros obviamente no son ambulantes , la Policía dice que no puede actuar porque no puede determinar si la venta es de baratijas o no, al menos como explican en la Justicia porteña. Luego, los controles de los inspectores, tanto municipales como de la AFIP u otros organismos que deberían actuar, son insuficientes. Así, junto con la gente que realmente no tiene otra forma de ganarse la vida, aparecen las mafias que cobran por poner un puesto o que distribuyen mercaderías contrabandeadas. Esto es, claramente, una competencia desleal para los comerciantes que trabajan dentro de la ley.

Pero el Estado no sólo no controla lo suficiente sino que hasta intenta legalizar la venta trucha, por lo que terminaría cediendo el espacio público . A fines del año pasado, el legislador de PRO Bruno Screnci, cercano al ministro de Espacio Público Diego Santilli, presentó un proyecto en la Legislatura porteña para crear dos nuevas ferias, en Diagonal Sur y en la recova de Paseo Colón y Leandro N. Alem, y legalizar otras 30, entre ellas las de los parque Lezama y Centenario. De hecho, también pretendía legalizar los puestos que están en Perú entre Diagonal Sur y Avenida de Mayo, justo enfrente de la Legislatura. Por la oposición de los comerciantes, sobre todo los nucleados en CAME, el tratamiento del proyecto quedó en veremos, hasta este año.

http://www.clarin.com/ciudades/Pelea-diaria-puesteros-gente_0_410359023.html

Pelea diaria entre puesteros y la gente

Hace dos años Osvaldo (43) trabajaba como empleado en un local de ropa, hoy tiene su puesto en la esquina de Sarmiento y Pueyrredón, pegado a una de las paredes de la estación Once. Aunque hablar de puesto tal vez sea minimizar un poco la realidad, lo que él tiene es casi una empresa familiar. Detrás de las tres mesas que componen su “local” están su mujer, su hijo de 16 años y dos bebes durmiendo en sus cochecitos. La familia ofrece mercadería muy variada: fundas de celulares (de todo tipo y color) lentes de sol y lectura, gorras, zapatos, ojotas, ropa interior. Gracias a este amplio stock dice que “la puede pelear día a día, mientras espera que surja algo fijo”.

Sin embargo no todos en Once están contentos con la estadía de los puesteros. Irma (54) recorre todos los días las veredas del barrio camino a la estación y su opinión es clara: “Esto es un desastre. Es casi imposible caminar por acá. Además las veredas están llenas de mugre . Los tendrían que echar o llevarlos a otro lado donde no molesten”, argumenta.

En la peatonal Florida el panorama es igual o peor. El guardia de seguridad (prefiere no dar su nombre) de una conocida cadena de farmacias ubicada en Avenida de Mayo y Perú avisa: “Esta cuadra es la peor, acá hay artesanos pero de los complicados. Están todo el día fumando y dos por tres se arma algún problema. Es increíble que estén acá todo el día y nadie haga nada”.

En las cuadras que siguen casi no se ven artesanías. Las mantas siguen copando las calles, pero lo que se vende es ropa, juguetes, fundas de teléfonos, y otras chucherías.

http://www.clarin.com/ciudades/problema-aumenta_0_410359021.html

Un problema que aumenta

Son simpáticas las ferias de artesanías y antigüedades, ya sean cosas curiosas o de un valor no importante para el bolsillo. Es comprensible también que muchos tienen que vivir de lo que pueden y que a veces las ofertas de los mercaderes del trabajo en negro son irresistibles para quien no puede optar. La venta callejera ilegal no es un delito grave pero sí es un problema, porque transcurre en un tiempo y un espacio sin garantías ni salud para el mismo que la ejerce.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 18, 2011

La “nueva” Federal

http://www.urgente24.com/noticias/val/2818-7/capdevila-pudo-nombrar-a-la-cupula-de-la-federal-.html

El jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila, finalmente seguirá en su cargo tras recibir el aval de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para designar a las principales autoridades de la fuerza. Fuentes de la Federal revelaron que durante la semana pasada Capdevila se reunió con Garré y le habría presentado su dimisión por la imposibilidad de nombrar a sus principales subordinados, pero fue rechazada por la funcionaria.

Lo que más habría disgustado a Capdevila fue la intención de Garré de querer separar al comisario mayor Hugo Lompizano, a quien había nombrado en forma reciente como titular de la Superintendencia Metropolitana.

Lompizano sigue bajo la lupa debido a que fue el jefe del operativo cuando mataron a Mariano Ferreyra, en medio de una emboscada de ferroviarios y barrabravas a militantes del Partido Obrero que cortaban vías del tren.

http://www.lt10digital.com.ar/home/index.php?acc=ns_fa&id=103104&id_r=2

En tanto, está a la espera el nombramiento del titular de la  Superintendencia Asuntos Internos, ya que quien había sido nombrado, Raúl Timossi, fue pasado a disponibilidad preventiva por Garré debido a estar implicado en una causa por espionaje.

Los siguientes son los superintendentes designados en las distintas áreas:

Superintendencia Metropolitana: Hugo Lompizano.
Superintendencia Investigaciones: José Horacio Novoa.
Superintendencia Personal: Héctor Eduardo Tébez.
Superintendencia Interior: Carlos Omar Coto.
Superintendencia Planificación y Desarrollo: Sebastián Seggio.
Superintendencia Drogas Peligrosas: Ricardo José Ortega.
Superintendencia Bienestar: Horacio Torlasco.
Superintendencia Administración: Carlos Boniforti.
Superintendencia Transporte Marcos Brousson.
Superintendencia Científica: Héctor De Vargas.
Superintendencia Bomberos: Arturo Martínez.
Superintendencia Comunicaciones: Román Di Santo.

En tanto, los directores de las distintas áreas que fueron nombrados y ascendidos de comisario inspector a comisario mayor son:
Director General de la Agencia Federal Regional Cuyo: Carlos Antonio Estévez.
Dirección General Inteligencia Criminal: Roque Carlos Luna.
Dirección de la Obra Social: Rubén Norberto Fpetolli.
Dirección General de Investigaciones Internas y Judiciales:  Alejandro José Rom.
Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado: Ricardo Ernesto Torre.
Dirección General de Seguridad de Estado: Edgardo Aníbal Pfifarre.
Dirección General de Investigación Criminal: Rodolfo Oscar Bierwerth.
Dirección General de la Secretaría General: Horacio Leopoldo Gimari.
Dirección General de Materiales y Bienes: Ernesto Rodolfo Pallotta.
Dirección General de Finanzas: Raúl Alberto Sánchez.
Dirección General de la Policía Comunitaria: Edgardo Raúl Scandar.
Dirección General de Comisarias: Héctor Hugo Giacardi.
Dirección General Seguridad e Investigación de Medios de Transporte: Juan José Lozano.
Dirección General de Seguridad Interior: Jorge Mario Faris.
Dirección General de Personal: Jorge Ricardo Durante.
Dirección General de Operaciones: Rodolfo Valentín Alí.
Dirección General de Antecedentes: Eduardo Jorge Fernández.
Dirección General de Delegaciones: Sergio Daniel Posse.
Dirección General Orden Urbano y Federal: Ricardo Domingo Monia.
Dirección General de Pericias: Sergio Torres.
Dirección General de Narcocriminalidad: Marta Noemí Confalone Gregorian.
Dirección General de Instrucción: Rubén Alberto Costa.
Dirección General de Sanidad Policial: Ester Mabel Franco.
Dirección General de Asuntos Jurídicos: Eduardo Marcelo Gutiérrez.
Dirección General de Planificación Estratégica y Gestión: Alejandro Daniel Recalde.
Dirección General de Coordinación Internacional: Mario Luis Bourbotte.

La mujer policía de la federal que denunció a su esposo, también policía de la federal, por pactar con los delincuentes zonas liberadas en el microcentro.

Fue secuestrada. Después de 5 días de “búsqueda” apareció pero porque se escapo de sus secuestradores y no como consecuencia de la búsqueda.

Después de haber escapado, familiares y el médico José Iglesias del Hospital policíal Churruca sostuvieron que la mujer presentaba golpes y quemadoras en los pies y en la boca.

Ya el hecho de haber sido secuestrada es gravísimo pero que traten de ocultar el hecho de que fue torturada.

Verónica fue secuestrada, atada de pies y manos, le negaron alimento y agua durante 5 días, fue golpeada y quemada. En un principio El Dr José Iglesias corrobora las lesiones y después el Director del Churruca Pedro Iglesias las niega con eufemismos que los defensores de derechos humanos ya conocen:

* “no hay nada que indique que esté golpeada”.
* las quemaduras que presentaba en los pies pudieron haber sido “provocadas por el mismo calzado”.
* sobre la posibilidad de que la mujer haya sido torturada se limitó a señalar: “No puedo afirmarlo ni negarlo”.

http://www.26noticias.com.ar/policia-desaparecida-los-medicos-aseguraron-que-veronica-maidana-esta-en-perfecto-estado-125324.html

El médico José Iglesias dijo que la mujer policía presenta sólo algunas vesículas en los pies y un traumatismo en el dedo meñique de una mano. Probablemente será dada de alta en las próximas horas.

El médico José Iglesias dijo que la mujer policía presenta sólo algunas vesículas en los pies y un traumatismo en el dedo meñique de una mano, aunque su estado es bueno y probablemente será dada de alta en las próximas horas

http://www.ciudaduno.com.ar/28682/aseguran-que-veronica-maidana-fue-torturada.htm

ASEGURAN QUE VERONICA MAIDANA FUE TORTURADA

Juan Maidana aseguró que secuestraron a su hija, quien apareció quemada en los pies y en la boca.

Su madre denunció la gravedad del hecho y dijo que la oficial pudo escapar.

El padre afirmó esta mañana que “se la llevaron” debido a las irregularidades que denunció que ocurrían dentro de la Policía Federal. Añadió que la mujer “fue atada a una silla y fue quemada en los pies y en la boca”.

http://www.clarin.com/policiales/Aparecio-mujer-policia-dias-desaparecida_0_410359120.html

Fue encontrada esta madrugada en Liniers, con signos de haber sido golpeada. Sus padres denunciaron que estuvo cautiva después de que denunciara a su ex pareja, también policía, por “liberar zonas” para que se cometieran delitos.

Sus padres, Silvia y Juan Maidana, denunciaron que la joven escapó del cautiverio al que habría estado sometida luego de haber denunciado a su ex pareja -también efectivo policial- por “liberar zonas” para el accionar de punguistas.

La mujer policía fue encontrada alrededor de la 1 en Liniers y fue llevada al Hospital Vélez Sarsfield y posteriormente al Churruca para su atención. Los padres denunciaron que “se la llevaron” y que “la torturaron”. Y dijeron que apareció con golpes en la boca y quemaduras en los pies.

Su madre también remarcó que “está muy débil” de salud porque durante los cinco días en los que estuvo desaparecida “no recibió alimento ni agua” y su padre agregó que “aparentemente estuvo atada y vendada”.

En el Churruca, el médico José Iglesias dijo que la mujer presenta vesículas en los pies y un traumatismo en el dedo meñique de una mano, aunque su estado es bueno y probablemente será dada de alta en las próximas horas.

http://www.infobae.com/policiales/557185-101275-0-Ahora-dicen-que-la-policia-que-estaba-desaparecida-no-fue-torturada

Ahora dicen que la policía que estaba desaparecida no fue torturada

El director del Hospital Churruca, Pedro Iglesias, afirmó que Verónica Maidana padece solo una “una crisis nerviosa” y no tenía las lesiones que denunció su familia. La joven era pareja de un oficial de la Federal al que denunció por supuesta corrupción. Estuvo desaparecida cinco días y hoy fue encontrada cerca de una villa de Liniers

La familia de Verónica Maidana aseguró esta mañana que su hija fue torturada mientras estuvo secuestrada y presentaba quemaduras en la boca y en los pies, al tiempo que había sido golpeada.
Sin embargo, el director del Hospital Churruca, Pedro Iglesias, negó ese trascendido y precisó que “no hay nada que indique que esté golpeada”.
Asimismo, Iglesias detalló en conferencia de prensa que las quemaduras que presentaba en los pies pudieron haber sido “provocadas por el mismo calzado”.
De todas formas, cuando al doctor se le insistió sobre la posibilidad de que la mujer haya sido torturada, sólo se limitó a señalar: “No puedo afirmarlo ni negarlo”.
Además, explicó que Verónica presentaba “una crisis nerviosa” y estimó que en las próximas horas será dada de alta.
“Médicamente Verónica se encuentra en perfecto estado de salud. Tiene una crisis de nervios como cualquier paciente que pasó por este estado”, precisó.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 15, 2011

Cámaras de seguridad (6)

Aprovechamos el siguiente comentario dejado en el blog:

Siendo el dia Sabado 15 de enero del 2011 a las 20:30 horas aproximadamente he sufrido un hecho delictivo de robo de mi automovil a mano armada en la calle Pasaje Pereyra 1671 (Entre Inclan y Av. Garay) justo debajo de una de sus camaras de seguridad y me gustaria poder ver el video ya que deseo reconocer a los delincuentes y ya que espere en el lugar una de sus unidades o algun tipo de contacto que no se produjo por lo cual me da a pesar que no las miran.
Primero que nada para demostrar lo que venimos diciendo en el blog que las cámaras no solucionan absolutamente nada y

Segundo aprovechamos para colgar este video que explica para qué están en realidad las cámaras de seguridad.


Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 15, 2011

Trabajo esclavo – Awada, Macri, otro cuñado y el Ministro de Justicia y Seguridad

Macri declaró esto en la inauguración del Precinto 12:

http://noticias.terra.com.ar/politica/macri-aca-hay-que-perseguir-cualquier-expresion-de-trabajo-esclavo,21d9638ffaf7d210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html

Macri expresó, en declaraciones a la prensa tras la inauguración de una comisaría de la Policía Metropolitana en el barrio porteño de Saavedra, que “hay que perseguir cualquier expresión de trabajo esclavo” aunque pidió que “no mezclemos los tantos”.
“Lo importante es que la Justicia lleve adelante una investigación clara para ver en cada caso que no haya ningún tipo de posibilidad que tengamos trabajo esclavo”, concluyó Macri.
La causa es impulsada por el fiscal Rubén Giagnorio -a cargo de la UFI 6 de San Nicolás- y está caratulada “reducción a la servidumbre”, además de haber generado la intervención de los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.”

Y nos llamó mucho la atención por qué dijo semejante cosa. ¿a qué viene?

Viene por lo que contamos a continuación.

http://www.diarioregistrado.com/Sociedad-nota-45437-Las-denuncias-por-trabajo-esclavo-contra-el-tandem-Macri-Awada.html

Las denuncias por trabajo esclavo contra el tándem Macri-Awada

Tras los episodios de Villa Soldati, Macri volvió a la carga contra la inmigración, pero ya hay quienes se preguntan: “¿Dónde querrá que vivan los ilegales que trabajan en los talleres clandestinos que proveen a la empresa de su esposa?”.

Luego de la represión en Villa Soldati por la ocupación del Parque Indoamericano, el jefe de gobierno porteño abrió el debate de lo que el calificó como “inmigración descontrolada”. Las declaraciones de Macri no están fuera de contexto para los funcionarios del PRO. Su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, también opinó sobre la ocupación. “La Ciudad no puede hacerse cargo de todo el problema habitacional del Mercosur”, expresó el funcionario, al tiempo que sostuvo que el 70 por ciento de los ocupantes del Parque Indoamericano “son extranjeros.”

Las denuncias
Las historias que se describirán a continuación están lejos de las glamorosas tapas de revistas donde se ve una fiesta con todo el lujo luego del enlace entre Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada. El blanco vestido que llevaba puesto el día que contrajo matrimonio con el jefe de gobierno porteño quizás no esté tan limpio como lucía.
Juliana Awada, la tercera esposa de Macri, es empresaria textil. “Awada es una empresa argentina, que se dedica al diseño, fabricación y venta de indumentaria femenina respaldada por una trayectoria de casi 40 años en el mercado argentino”, describe en su pagina web la marca de Juliana. Lejos de esta fachada se revela un entramado de relaciones desiguales.
La Alameda, organización que se encarga de denunciar el “trabajo esclavo” en talleres textiles que confeccionan prendas para prestigiosas marcas de ropa, describe así la situación de la empresa de la mujer de Macri en un comunicado de prensa: “La Alameda viene denunciando a la firma Awada desde octubre del 2006 ante un Juzgado Federal y ante el Ministerio de Trabajo por basar su producción en talleres clandestinos, donde se explota brutalmente a migrantes indocumentados por una paga miserable y donde existe además presumiblemente el delito de trata de personas con fines de explotación laboral”.
La primera denuncia realizada por La Alameda contra la firma Awada en la que se la acusa de violar la ley de migraciones (art 117 a 121) y la ley de trabajo a domicilio (art 4, 35 y 36) en los talleres donde confeccionan sus prendas y de los cuales es solidariamente responsable, se realizó ante la Fiscalía Federal de Patricio Evers e inmediatamente después recayó en la megacausa que en aquel entonces administraba Norberto Oyarbide, según informa la organización.
El 14 de mayo de 2008, La Alameda denunció ante el viceministro de Trabajo, Gastón Guarracino, una nómina de 30 talleres de la provincia de Buenos Aires que trabajan para grandes marcas, en los cuales -detallan- estaban incluidos dos talleres de Awada. Hay documentación filmográfica sobre las condiciones laborales en que eran sometidos los trabajadores.
A comienzos de este año un costurero decidió hablar. Osvaldo Martín García denunció que trabajaba en un taller clandestino de planchado y estampado para varias marcas, una de ellas, Awada. Jornadas muy extensas, condiciones pésimas de salubridad e higiene, y una paga muy por debajo del convenio fueron algunos de los detalles que contó. La mayoría de sus compañeros están indocumentados y muchos de ellos vivían en el taller. Según ratificó La Alameda, este lugar está ubicado en Virasoro 1638, Villa Crespo, y según el costurero denunciante nunca fue inspeccionado como corresponde.
Al parecer, la esposa de Macri se beneficia de los inmigrantes que el jefe de gobierno porteño y sus funcionarios no quieren ver en la ciudad.

http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=73037:trabajo-esclavo-en-talleres-clandestinos-denuncian-a-la-esposa-de-mauricio-macri&catid=67:nacionales&Itemid=72

Trabajo esclavo en talleres clandestinos: denuncian a la esposa de Mauricio Macri

La esposa de Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada porque es propietaria de una empresa de ropa que produce en talleres clandestinos, con obreros esclavizados.

El hermano de Juliana Awada estuvo involucrado en acusaciones del mismo tipo, aunque logró el sobreseimiento por parte de Guillermo Montenegro, cuando era juez. Montenegro es hoy ministro de Seguridad del gobierno de Macri en la ciudad.

La problemática del trabajo esclavo adquirió importancia en las últimas semanas a partir de que la Justicia hizo una serie de allanamientos en los que rescató a centenas de obreros esclavizados.

Juliana Awada fue denunciada por ser propietaria de una empresa de ropa que produce en talleres clandestinos. Su hermano mayor como dueño de la marca Cheeky, acusado por el mismo delito, fue sobreseído.

Juliana Awada es dueña junto a su madre, Pomi, y su hermana, Zoraida, de la glamorosa marca que lleva su apellido. Desde el 2006 la empresa Awada viene siendo denunciada por tercerizar la producción de sus prendas en talleres clandestinos que explotan a costureros inmigrantes indocumentados en extensas jornadas laborales. La última denuncia contra la marca se hizo en marzo de 2010.

La Fundación Alameda en ese momento recibió el testimonio de Osvaldo Martín García. Éste había sido despedido de un taller clandestino en Villa Crespo que produce para varias marcas, entre las cuales se encuentran Awada y Cheeky.

Con la bronca de haber sido echado por reclamar un aumento salarial, García denunció de qué manera trabajó durante seis años. “Awada hace remeras de niños manga corta y larga, se plancha y guarda. Mil quinientas prendas, y ganaba 40 pesos por día. Durante seis años estuve en negro. Han ido inspectores a los que no se los dejaba entrar o bien terminaban arreglando con el tallerista (el encargado), nunca llegaban al fondo del taller. Ahí no hay aire, no tenemos ventilador, no hay una mesa para poder comer. No tenemos un baño como la gente. En el verano es insoportable. Si afuera hace 35 grados, adentro parecen 60. Así tenemos que aguantar la calor”.

El testimonio del costurero despedido ante La Alameda aún puede verse en el  video.

Ese material además incluye lo grabado por una cámara oculta dentro del taller esclavo de la calle Virasoro 1638. Ese fue el modo que empleó La Alameda para chequear la información, mediante un costurero que fue el que usó la cámara. Lo que muestra el video es que en el taller de la calle Virasoro se aceptaba al costurero sin documentos, en clara violación a la ley de migraciones, más unas cuantas imágenes de las etiquetas de la marca Awada.

Quien hizo la filmación explicó que “el taller es parecido a un garaje. A los metros de la entrada tiene hacia la izquierda un taller con máquinas. Allí vi a tres paisanos trabajando con botones y ojales. Seguís caminando y está la habitación y oficina del tallerista. Después viene el depósito y a lo último un galpón grande todo destrozado donde te morís de calor. Ahí tienen una caldera y pegadas a la caldera unas piecitas de ladrillos para los trabajadores”, describió B. L., que son las iniciales del costurero infiltrado por La Alameda.

“Ese taller se dedicaba más que nada al planchado y a embolsar las prendas. Ocho personas se dedicaban a eso, todos paraguayos. Los bolivianos estaban en el tallercito de costura”, finaliza su relato el costurero que nunca más volvió sobre sus pasos de la calle Virasoro al 1600.

Varias fuentes del gobierno PRO confirmaron que “Primero los inspectores no fueron admitidos. En dos oportunidades no atendieron en el taller de Virasoro. En la tercera, el 23 de marzo pasado, después de que transcurrieron varias horas y sólo porque se amenazó con llamar a la policía para hacer un allanamiento, recién entonces abrieron la puerta al taller”, dijo una fuente de la administración macrista.
Un dato llamativo es el hecho de que en el acta de inspección de la Subsecretaría de Trabajo porteña no figuran ni el procedimiento ni la marca Awada.

“Hicieron desaparecer las pruebas ante la no actuación de la Justicia y la demora de la parte inspectiva. Así borraron las pruebas que comprometían a Awada”, afirmó el funcionario de planta, que no tolera el trabajo esclavo.

Lo que sí quedó demostrado fue que estaba trabajando un indocumentado, lo que fue denunciado ante la Procuración porteña por tratarse de un delito federal, y tres no registrados. Al momento de la inspección los trabajadores vestían prendas de las marcas Gabucci y Givenchy. El titular del taller ilegal es Facundo Jeremías Ábalo Rojas, quien tiene seis maquinas y dos mesas de planchado. Las máquinas de coser en ese momento habían sido retiradas.

Nunca más funcionarios de la Ciudad volvieron al taller de la calle Virasoro al 1600. Lejos está el gobierno que conduce Mauricio Macri de continuar la política que había comenzado con el ex jefe de Gobierno que lo precedió, Jorge Telerman, quien junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a cargo de Alicia Pierini, y La Alameda denunciaron penalmente a treinta y cinco importantes marcas de ropa.

Denuncias previas

Muchos años antes que se corriera el rumor de que Juliana Awada se veía con Mauricio Macri en el gimnasio, la marca de ropa ya aparecía denunciada ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo bonaerense.

A mediados de octubre de 2006 la organización La Alameda inició una megacausa. El núcleo de la acusación es que en el área metropolitana existe un sistema subrepticio neoesclavista de producción basado en el tráfico de inmigrantes (en su mayoría de Bolivia) indocumentados o a quienes se les secuestran sus documentos de identidad una vez que cruzan la frontera. Esa presentación en la Justicia Federal involucró en un primer momento a cerca de ochenta grandes marcas y actualmente alcanza el centenar.

La ley de trabajo a domicilio es la única forma jurídica que relaciona el submundo de la esclavitud con la moda fashion de los shoppings o pasarelas. La norma nacional (en sus artículos 4, 35 y 36) señala que son solidariamente responsables los dadores de trabajo (empresas) con los talleres donde derivan la confección de sus prendas. De hecho, los empresarios textiles, con aval del Ministerio de Trabajo nacional, presentaron un proyecto para quitar los artículos penales de la ley de trabajo a domicilio. El titular de la Comisión de Trabajo en el Congreso, Héctor Recalde, fue quien frenó el proyecto patronal esclavista.

Quienes reconocen el sistema neoesclavista son los referentes del propio empresariado textil. Aseguran públicamente que el 78 por ciento de la industria se encuentra en la ilegalidad, y que de ese porcentaje la mitad utiliza mano de obra esclava. Esto implicaría sólo en la Ciudad de Buenos Aires la existencia de tres mil talleres clandestinos, y un total de 30 mil costureros. La mayoría de los talleres se ubica en la zona suroeste y sobre todo en las villas. En estas barriadas las mafias de la costura se instalan porque se dificultan las tareas inspectivas y el pago de la energía queda en manos del Estado porteño.

La megacausa sobre la industria textil quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide. Respecto a la marca Awada, lo que hizo el magistrado fue derivar la investigación por los talleres clandestinos a los tribunales de la localidad de San Martín, a donde están instalados, más precisamente en Cabildo 5083, y en Urquiza 6121, los dos en Villa Ballester. El primer taller está a cargo, según figura en la denuncia, de Feliciano Mujica, quien es responsable directo de explotar a un total de 20 costureros. Todos ellos sin estar registrados, algunos indocumentados (una vez más: se trata de un delito federal), y por supuesto fuera del convenio de los obreros del vestido, lo que lleva que el pago se realice por prenda, lo que implica que para alcanzar un salario mínimo la jornada supere las 12 horas. En el segundo taller, el capataz Ricardo Guaigua mantiene “15 costureros en negro, algunos indocumentados, otros fuera de convenio y pagados por prenda”. Allí realizan sacos y pantalones desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dos familias viven dentro del taller.

La situación de los talleres clandestinos seguía igual tras la denuncia presentada ante Oyarbide, de modo que la Fundación La Alameda retomó la investigación. Así fue que regresaron a los talleres de Villa Ballester con costureros que llevaban cámaras ocultas. Con el nuevo material, el 14 de mayo de 2008 Jorge Ricardo Calegari, director provincial de Delegaciones e Inspecciones, firmó la presentación de La Alameda que incluía tres decenas de talleres esclavos. “Calegari nunca hizo nada con las pruebas que aportamos. Es más, se fastidió cuando hicimos la denuncia contra la empresa Nuestra Huella y antes me había llamado enojado también porque dimos difusión a la golpiza contra un costurero dentro de un taller clandestino en San Martín, al cual pudimos liberar junto a otras familias y una menor”, acusó Gustavo Vera, presidente y denunciante por La Alameda.

El cuñado

Cheeky es líder entre las marcas para chicos. Confecciona 10 millones de prendas y se queda con el 45 por ciento del mercado de ropa infantil.

Su dueño es Daniel Awada, hermano mayor de Juliana. Cheeky integra la megacausa por trabajo esclavo por tener cuatro talleres clandestinos produciendo a todo trapo.

Así lo comprobó y denunció penalmente Milton, uno de los costureros de La Alameda. Hasta declaró en esa causa un arrepentido que antes fue gerente de esa marca. Quien otorgó el sobreseimiento al cuñado de Mauricio Macri fue Guillermo Montenegro, en ese momento juez federal y hoy ministro de Justicia y Seguridad PRO. “La esclavitud y la impunidad quedan en familia”.

La policía metropolitana:

1. ¿no debería actuar en los casos de talleres clandestinos?

2. ¿no debería defenderse en lugar de dejarse usar para tapar esta información?

3. La inauguración del Precinto y el acuerdo de los vigiladores privados para hacer lo que por contrato tienen que hacer ¿no es para hacer una cortina de humo?

http://www.elsindical.com.ar/notas/la-policia-federal-argentina-tiene-un-agente-femenino-desaparecido-que-denuncio-actos-de-corrupcion/

La Policía Federal Argentina tiene un agente femenino desaparecido que denuncio actos de corrupción

Más allá de que los medios imputan la desaparición de la joven policía a su pareja y a otros efectivos corruptos, lo concreto es que la Policía Federal Argentina, ha demostrado una vez más, que resiste cualquier purga y que la corrupción está enquistada en la fuerza.

Verónica Edith Maidana tiene 29 años. Vivía en Rafael Calzada y prestaba servicios en la comisaría 1° de la Policía Federal Argentina, ubicada en la calle Lavalle entre San Martín y Reconquista, Micro Centro, una zona de las más preciadas en la policía por los “negocios” que genera. Era una agente ejemplar. Allí conoció a un hombre del que se enamoró y con el que convivió hasta que lo encontró traicionando a la fuerza de seguridad. Lo denunció. Desapareció.

Todo comenzó en el mes de noviembre, cuando esta oficial le prestó su teléfono celular a su colega y pareja Adrián Arias con quien vivía en el Microcentro porteño. Ella tenía dos equipos y al hombre se le había dañado el suyo. Cuando se lo devolvió, Maidana descubrió que con esa línea “liberaba zonas”. Arias dejaba de cumplir con su deber para que delincuentes cometan ilícitos con total tranquilidad de acuerdo a lo que denunciaron los padres de la desaparecida a distintos medios de prensa.

Tras descubrir el proceder irregular de su pareja, Verónica lo increpa pero el agente le dice convencido “yo lo arreglo”. Tiempo después ella utilizó como excusa que “no tenía dinero para pagar el alquiler” para interrumpir la convivencia. Al día siguiente de regresar a la vivienda paterna en Rafael Calzada, lo denunció en Asuntos Internos.

A Adrián Arias, lo apartaron de la Brigada de Investigaciones pero lo dejaron seguir trabajando en la Federal. Desde ese 29 de noviembre, la vida de Verónica se tornó un tormento. Amenazas de todo tipo le llegaron a su celular e incluso cartas con tintes mafiosos escritas con letras recortadas llenas de insultos y amedrentaciones.

Como si fuera poco, a la oficial la apartaron de su lugar de trabajo y la enviaron a la Comisaría 49 de Saavedra ubicada en un lugar muy alejado de su vivienda al que debia concurrir tomando al menos tres colectivos.

Este miércoles último, cuando se aprestaba a cumplir con su trabajo y mientras caminaba por la zona de Constitución le cruzaron un auto. Volvió a Calzada. Le contó a sus padres que iba a hacer la denuncia del hecho y esa fue la última vez que la vieron. Le dejó todos los mensajes con amenazas y el celular y se fue.

A las 13:00 hs. horas, llamó a su casa y con un tono de voz que su madre calificó como “extraño” le dijo “quedate tranquila, estoy bien, no pasa nada”. Nada más se supo de ella.

No es una novedad que la policía no protege a quienes denuncian hechos de corrupción, por el contrario quien así lo hace termina siendo estigmatizado en la institución hasta que o bien la persona se va por miedo, lo hechan inventando alguna falta, causa penal, denuncia de cualquier tipo o bien desaparecen o sufren extraños accidentes.

Es indudable que luego de la denuncia la joven debió haber sido protegida, pero por el contrario la enviaron a un nuevo destino, una comisaría (la 49) donde pasan muchas cosas extrañas a pesar de que no hace mucho fueron procesados varios policías por delitos varios, es decir, la enviaron a la boca del lobo.

Este medio, se pone a disposición de la familia, si Verónica se encuentra bien y optó por tomar distancia que se comunique con su familia y tenga un encuentro para despejar dudas, de no ser así, hay varios en la policía que deberían ser citados para dar explicaciones, no es muy difícil investigar un caso como este, si existe la voluntad para hacerlo, por lo que esperamos que esta vez, la Justicia no juegue a trabajar y tome el caso con la seriedad que corresponde, si no saben, que tengan la grandeza de convocar a gente honesta y que sepa trabajar con la presión de enfrentar a policías corruptos, una familia espera volver a ver a su hija, una joven con valores, de esos policías que la sociedad necesita, por lo que todos deberían pedir que aparezca y colaborar con su aparición, si alguien la vio, si alguien sabe algo que se comunique con nuestro medio, reservaremos la fuente.

También aquellos que puedan aportar información del paradero de Verónica o tengan datos del caso, pueden llamar a los teléfonos 4236-5685, 4219-3637 o 4264-3115. “Necesito que nos ayuden. Queremos saber qué pasó con Vero”, cerró Silvia.

Les solicitamos a nuestros más de 15.000 lectores diarios que difundan la imágen de Verónica, y esperamos que los políticos se oucpen del caso, que amerita una interpelación a la Ministro de Seguridad Nilda Garré, por tratarse de un hecho grave dentro de la institución y por ser un desaparecido en manos de miembros de una fuerza del Estado, le guste a quien le guste.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

Editor General diario El Sindical

Cel: 155-751-5784

http://www.online-911.com/leer.php?s=1&id=13562&t=Ex-integrantes-de-la-Federal-a-punto-de-asumir-en-la-Metropolitana-

Ex integrantes de la Federal a punto de asumir en la Metropolitana

Se trata de algunos oficiales que hasta hace un mes ocupaban puesto en la cúpula de la fuerza. Ahora Montenegro ha llamado a varios para tentarlos a pasarse a la Policía porteña. En la Federal temen que esto reavive la interna entra las dos policías.

Como coletazo a la purga encarada por la ministra de Seguridad Nilda Garré, varios ex integrantes de la cúpula de la Policía Federal están negociando su ingreso a la Metropolitana.

Los ofrecimientos fueron confirmados aOnline-911 por fuentes de ambas policías quienes reconocieron que los llamados comenzaron a efectuarse inmediatamente después de conocido el alejamiento de los oficiales.

La decisión del Ministro porteño Guillermo Montenegro causó malestar en la Federal que teme de un recrudecimiento de la interna entre ambas fuerzas luego del episodio traumático de la designación de Jorge “Fino” Palacios al frente de la Metropolitana.

La negociación más avanzada es con el entonces secretario general de la Federal, Ricardo Pedace, quien suena para ocupar la subjefatura de la Policía Metropolitana en reemplazo de Héctor Barúa, un ex comisario de la Policía Federal cercano a Eugenio Burzaco.

La designación de Pedace no es casual ya que se conoce sus aceitados vínculos con el duhaldismo. El ex comisario mayor fue jefe de la custodia de Eduardo Duhalde, durante su corta presidencia, y nexo de la Federal con el entonces Secretario de Seguridad Miguel Angel Toma y su segundo, hoy jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

Pedace paso por varias comisarías y circunscripciones para luego ser el coordinador de los foros de seguridad que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Después fue designado al frente de la División Prensa de la Policía antes de ser nombrado como Secretario General de la fuerza.

Otros dos ex altos oficiales de la Federal estarían por pasar a la Metropolitana. Se trata de Francisco Miglino que estuvo en la División Antecedentes antes de pasar a retiro y fue mencionado, en su momento, en la causa por la represión del 20 de diciembre ya que era el comisario de la 2da cuando se produjeron los enfrentamientos. Además suenan Norberto Velasco quien pasó por la Dirección de Comisarías y en los últimos años, antes de su retiro, fue el segundo de Drogas Peligrosas.

http://www.clarin.com/policiales/Policias-desplazados-Federal-Metropolitana_0_408559207.html

Policías desplazados de la Federal, a la Metropolitana

Se habla de algunos altos oficiales que quedaron afuera tras los cambios de Garré.

Tras la purga sin antecedentes que experimentó la cúpula de la Policía Federal en diciembre pasado –luego de la creación del Ministerio de Seguridad conducido por Nilda Garré, al menos 21 comisarios de alto rango fueron pasados a retiro desde el cambio en la jefatura de la fuerza–, ayer comenzó a manejarse la posibilidad de quealgunos de esos ex oficiales pasen a ocupar cargos en la Policía Metropolitana .

El ministro porteño Guillermo Montenegro, según trascendió, habría tenido comunicaciones con algunos de ellos, con la intención de incorporarlos a la Policía porteña, algo que podría terminar de concretarse el mes que viene. Fuentes de la Metropolitana no desmintieron la versión, aunque aseguraron que los posibles pases se analizarían “caso por caso”.

Uno de los nombres que sonó fuerte entre las fuentes es el del ex comisario mayor Ricardo Pedace, ex secretario general de la Federal. Pedace tuvo a su cargo varias comisarías y fue jefe de Prensa de la fuerza antes de llegar a la secretaría general, de donde fue separado junto a otros miembros de la cúpula.

Otros dos nombres que sonaron como parte de la grilla de pases son los de Francisco Miglino –que tuvo a su cargo la División Antecedentes– y Norberto Velasco, quien pasó por la Dirección de Comisarías y a su retiro estaba en Drogas Peligrosas.

El 29 de diciembre, el Gobierno dio un vuelco en su política para el área de seguridad. Primero creó un Ministerio y puso al frente a Nilda Garré. Luego llegaron los cambios en la cúpula de la Federal.

El telón de fondo de todos estos movimientos fueron las muertes ocurridas durante la toma del Parque Indoamericano, en Villa Soldati –hecho por el cual también la Metropolitana quedó en el ojo de la tormenta–. De esta manera, la Federal pasó a tener nueve superintendencias (los puestos de mayor jerarquía después del jefe y subjefe) a cargo de comisarios con rangos menores a lo habitual.

Desde la Metropolitana aseguran que, si se confirman, los pases se analizarán “con mucha cautela, uno por uno”. En esos dichos está implícita la premisa de no volver a cometer errores difíciles de subsanar, como lo fue el caso de Jorge “Fino” Palacios, ex titular de la fuerza porteña en su creación, finalmente procesado como jefe de una asociación ilícita en la causa por las escuchas ilegales y preso hasta diciembre pasado.

 

 

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 15, 2011

El gran hermano (pero no el de la tele el del libro) (4)

Nosotros como ciudadanos, tenemos la obligación de denunciar si somos testigos de algún delito, así que vamos a hacer un pedido formal al jefe de gobierno para que nos entreguen los  celulares que nos corresponden.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-160377-2011-01-13.html

Un GPS para Montenegro. Por Rafael Gentili, Legislador porteño, Proyecto Sur.

El anuncio de incorporar a las empresas privadas de seguridad como auxiliares de la Policía Metropolitana (tarea a la que luego se sumarían taxistas y kiosqueros) confirma que la política de seguridad pública en la Ciudad se planifica y se dirige –peligrosamente– al ritmo de la improvisación.

De hecho, no está previsto en el Plan de Seguridad Pública 2011 que el Ejecutivo envió a la Legislatura.

Más allá de esto, la idea en sí misma es equivocada porque implica un recorte a los derechos de los trabajadores de vigilancia, una superposición entre controlador y controlado, y un modelo fascista de seguridad.

La incorporación de una tarea de vigilancia pública a las obligaciones de los vigiladores privados sin ningún tipo de plus o contraprestación pecuniaria devela un mecanismo por el cual son los trabajadores quienes terminan llenando un déficit de la acción estatal con más explotación. Muy Pro, sin duda.

Por otra parte, la superposición entre controlador y controlado es tan obvia como preocupante. El gobierno está tercerizando en empresas que el mismo ministro debería controlar, tareas de vigilancia que hacen al monopolio del Estado de la seguridad pública, confundiendo los roles. Un chico de ocho años cuando juega al poliladron o a la escondida entiende perfectamente este razonamiento y la perversión de un juego en el que se confundieran los perseguidos y los perseguidores. Esta política sólo puede entenderse en el marco de una Policía Metropolitana en donde la mayor parte de su plana directiva ha estado –o seguiría estando– vinculada con empresas de seguridad privada. Tal es el caso de Miguel Angel Ciancio, superintendente de Seguridad y Policía Comunitaria de la PM, quien fue director técnico de JSA Security SA, una empresa especializada en seguridad hotelera que actualmente provee de sus servicios a catorce hoteles de la ciudad; de Eduardo Martino, superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos, ex director técnico de Alesa SA, cuyas propietarias son sus parientes María Florencia y Camila Martino, de Roberto Bernardino Barbosa y Esteban Adolfo Sanguinetti. Y de Héctor Barúa, virtual segundo jefe de la fuerza y ex socio de Aquiles Gorini, titular de la Cámara que agrupa a estas empresas y con quien, casualmente, Montenegro firmaría el convenio de colaboración.

Por último, la inclusión de civiles en el ejercicio del control social como definición del Estado oculta bajo un velo “comunitario” una dinámica de delación y sospecha que, lejos de resolver la conflictividad social desde una lógica de seguridad ciudadana, profundiza la paranoia social en torno del delito. Cuando Montenegro presenta la medida y dice que “este sistema está copiado de distintos lugares del mundo, donde hay sectores de la población civil que comparten este tema con la actividad pública” se refiere a la Guardia Nacional Italiana promovida por el primer ministro Berlusconi, a la que el Partido Demócrata italiano definió con razón como un golpe al corazón y a los principios de toda democracia liberal.

Una vez más, seremos las fuerzas de oposición y de la sociedad civil las que, por imperio de la cordura y la razón, debemos hacer desistir al desorientado ministro de sus ideas efectistas y disparatadas.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=5e3f9514d9430e694fab4c7d8d5dc6b7

Vigilantes ad honorem

“No hay premio económico por esta tarea”, resaltó el ministro Guillermo Montenegro, “estamos convencidos que no es una tarea extra”.

“La idea es crear una capacitación que tenga que ver básicamente con la comunicación, dónde, cómo, cuándo, va a ser la respuesta que va a dar la Policía Metropolitana e ir avanzando en toda la Ciudad en otro tipos de alertas”, agregó.
Y explicó: “Nos parece importante que haya una participación de la sociedad civil. No dejan de ser más ojos en la Ciudad, si uno de alguna manera puede firmar un convenio con ellos y darles una capacitación, esto va a permitir una red de comunicación”.
http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70654/macri-quiere-sumar-a-taxistas-y-canillitas-para-que-ayuden-con-la-seguridad.html

La retribución para los vigiladores también será un tema de debate: llamativamente, voceros de la cartera indicaron que “por el momento no está pensado que el Estado pague pero llegado el caso, habría que ver”. “Todo se resolverá de acuerdo a cómo evoluciona el sistema”, admitieron.

En contra

El kirchnerismo y la Coalición Cívica pidieron que el Jefe de Gobierno “se haga cargo de su fracaso”. Proyecto Sur amenazó con ir a la Justicia para frenar la medida.

“Es un muestra más del fracaso de Mauricio Macri por resolver los problemas de seguridad de la Ciudad”.

Con todo, desde la oposición, culparon a Macri de “deslindar” responsabilidades.

Según el legislador de Proyecto Sur Marcelo Parrilli, la decisión de convocar a los vigiladores “es una grave violación legal”.
“Nadie puede delegar el poder de lo público a lo privado, es violar la ley pretender que particulares cumplan funciones que son responsabilidad del Estado. Además, se dan facultades a agencias privadas que son reductos de ex integrantes de tareas o fuerzas militares ligadas a la represión. Son una suerte de ejércitos privados sin ningún control como Escorpio, que estuvo vinculada con Suárez Mason”, indicó.
Agregó también que “sumar a otros actores sociales a nivel de la información es ir a la sociedad de Orwell” -en relación al autor de “1984”- y adelantó que está preparando una presentación para que intervenga la Justicia.
“Es una sociedad de vigilantes y vigiladores, la venganza y la corrupción”, castigó.
http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12939&Itemid=29

Al respecto, el diputado Marcelo Parrilli, del MST en el Movimiento Proyecto Sur, afirmó: “Mauricio Macri quiere convertir a Buenos Aires en una ciudad de vigilantes y delatores, al estilo del ‘1984’ de George Orwell. No sólo no ataca las causas sociales de fondo de la inseguridad, sino que busca deslindar sobre terceros responsabilidades indelegables del Estado como la prevención y la seguridad”.

A lo que Parrilli agregó: “Es la misma línea represiva de las listas negras de alumnos, la criminalización de los pobres, la xenofobia y su Policía Metropolitana dirigida por represores”.

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70654/macri-quiere-sumar-a-taxistas-y-canillitas-para-que-ayuden-con-la-seguridad.html

Desde el kirchnerismo también llovieron críticas. Francisco “Tito” Nena indicó que “queda claro que falta una política de seguridad” y subrayó que “en vez de acercar la Policía al vecino lo que hace Macri es generar mayor inseguridad”
“¿Quién va a controlar a los más de 30 mil vigiladores? Es una nueva irresponsabilidad dejar en manos de las empresas la seguridad de los ciudadanos pero es lo que siempre hicieron Macri, Montenegro y Eugenio Burzaco”, sostuvo.
La violación a la Ley de Seguridad pública porteña es otro de los cuestionamientos hacia Macri. Según Nena, “la Ley plantea instancias complementarias pero no tiene nada que ver con incorporar a vigiladores privados”, insistió.
http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70654/macri-quiere-sumar-a-taxistas-y-canillitas-para-que-ayuden-con-la-seguridad.html

Por su parte, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, recalcó que “no está mal que los privados colaboren con el Estado pero aquí la administración pública busca suplir con la estructura privada lo que no puede resolver por su propio fracaso”.
“El ciudadano de a pie es un colaborador de todos los días. Además, una cosa es un convenio pero otra cosa es si comparten redes de comunicación o responsabilidades. Hay que estudiar bien el tema”, cerró.

http://www.elpatagonico.net/index.php?item=viewlast&ref=ultimas&id=183174&sec=pol

El legislador Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) manifestó su “preocupación” por “la incorporación de vigiladores privados como buchones de la Policía Metropolitana”. “El macrismo imagina una ciudad carcelaria sustentada por la alcahuetería”, sostuvo el dirigente gremial. “La pesadilla de pretender que cada vecino se ponga la gorra de la Policía Metropolitana”. “En lugar de prestar atención a los guardapolvos blancos, los pizarrones y las tizas, el Pro suma brazos, ojos y recursos públicos para perseguir y reprimir”, agregó.
Por último, Nenna objetó “la delegación de la política de seguridad en planteles contratados por empresas privadas” al considerar que “el jefe de Gobierno tiene tanta aversión al Estado que hasta para custodiar una calle piensa en el mercado”

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=02dbcfb1efaa98e9d1644850ab628094

Los canillitas no serán vigilantes
El secretario General del Sindicato de Vendedores de Diarios, Omar Plaini, calificó de “locura total” la propuesta macrista y anunció que no apoyarán la medida.

“Con nosotros nadie habló pero esto es un absurdo total”, dijo Plani por radio Del Plata.
Tras remarcar que “el canillita es una actividad muy sacrificada” el representante de los vendedores de diarios y revistas subrayó: “No somos profesionales de la seguridad. Realmente esto demuestra que no hay respuesta del Gobierno de la Ciudad al tema de la inseguridad. Lo más importante que hizo (Mauricio) Macri es reinaugurar una calesita”.
Sobre la postura que adoptará el sindicato, Plani aseguró que no apoyarán la medida.
“Nadie piensa en el riesgo que tiene ese trabajador. Me parece una locura total; yo lo lamento por el ministro Montenegro. Nosotros no vamos a exponer a nuestros compañeros”, afirmó.

http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12962&Itemid=29

La visión del PRO

El titular de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, Martín Borrelli, defendió el acuerdo afirmó que “la seguridad y la prevención del delito no deben verse como una cuestión eminentemente policial”.

“Todo aporte que el conjunto de la sociedad, dentro de la legalidad vigente, pueda efectuar para combatir el flagelo de la inseguridad es bienvenido”

Asimismo, Borrelli aseguró que “El Gobierno de Macri trabaja día tras día para sumar recursos humanos y materiales en el combate de la inseguridad: 2000 efectivos de la Policía Metropolitana; 1000 del cuerpo de agentes de tránsito; 500 quinientas cámaras de seguridad; y 50 patrulleros”.  “Y como si todo esto fuera poco, una comisaría modelo en la Argentina y en toda Latinoamérica, que se integra con el Ministerio Público, con espacios separados para menores y adultos. Todo este esfuerzo público se potencia si cuenta con la colaboración de la sociedad civil, finalizó Borrelli.

Resaltó que “la propia Ley 1913, sancionada en 2005, que regula la actividad de las prestadoras de seguridad privada, les tiene reservado a éstas un rol de colaboración en materia de prevención del delito”. “En el inciso a) del artículo 10º, que establece las obligaciones de los prestadores, se establece la obligación de poner en conocimiento inmediato de la autoridad policial o judicial, todo hecho delictivo de acción pública del que tomen conocimiento en oportunidad del ejercicio de su actividad”.

Si esto es verdad: que el inciso A del artículo 10 de la ley 1913 obliga a las empresas de seguridad privada a poner en conocimiento inmediato a la justicia o la policía todo hecho delictivo, ¿para qué entonces el acuerdo?

El debate

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160312-2011-01-12.html

Estamos Haciendo Buchones

Hoy firman la polémica iniciativa de Macri con los vigiladores privados. El gobierno porteño pretende luego extender la tarea a taxistas, porteros, recolectores de residuos, canillitas. Fuertes críticas. Sostienen que es una responsabilidad del Estado.

El gobierno porteño firmará hoy un convenio con la cámara que agrupa al 90 por ciento de las agencias privadas de seguridad, con el objetivo de que los vigiladores se sumen al Plan de Seguridad oficial, a fin de dar “avisos y alertas” a la Policía Metropolitana sobre cualquier hecho delictivo –flagrante o por simple “sospecha”–, de manera de acelerar la “intervención preventiva” de la fuerza. A la iniciativa, que comenzaría a aplicarse en unos 60 días, podrían acoplarse después actores civiles, como taxistas, porteros de edificios, recolectores de residuos, kiosqueros o canillitas, entre otros gremios. Consultado por Página/12 sobre lo peligroso de apelar a la delación generalizada porque esto puede dar lugar a hechos de violencia o abuso institucional, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, respondió que se realizarán “cursos de capacitación” para evitar problemas, primero con los vigiladores, y luego con el resto de los convocados, si es que se llega a un acuerdo con los demás sectores a los que se piensa llamar.

“Es un plan de alertas médicas, civiles, sociales y no sólo por casos delictivos. Cualquier taxi, en Madrid, está conectado a un número mediante el cual puede comunicarse con las autoridades que correspondan (policiales, sanitarias y otras) para informar sobre un hecho en el cual sea necesaria su intervención. Todo suma a la seguridad”, dijo Montenegro en su diálogo con este diario. “Los acuerdos se van a realizar mediante convenios con los gremios y en el caso de mañana (por hoy) será con la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (Caesi)”, explicó.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consultado por este diario sobre el anuncio del ministro Montenegro, puso varios reparos al proyecto. “En primer lugar, porque involucrar en un plan oficial a los vigiladores privados es delegar la responsabilidad que tiene el Estado en materia de seguridad y que no se puede privatizar.” Como segundo punto, Chillier sostuvo que “está demostrado que las agencias de seguridad privadas funcionan en medio de un total descontrol. Se trata de verdaderos ejércitos de vigiladores que trabajan en empresas que, en algunos casos, son propiedad de ex represores de la dictadura militar”.

En este mismo sentido, Chillier recordó que el CELS, a partir de una nota de Página/12, tuvo que presentar un recurso de amparo ante la Justicia para que el gobierno porteño accediera a dar información sobre dos agencias de seguridad privada vinculadas con dos represores prófugos entonces –abril de 2009–, el teniente coronel Héctor Mario Schwab, ex funcionario de Antonio Bussi en Tucumán durante la dictadura, y el coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Quinto Cuerpo de Ejército. Por último, Chillier dijo que recurrir a los “avisos y alertas” de los que habla Montenegro “es totalmente opuesto a lo que significa un sistema de seguridad comunitario, con participación de la comunidad civil. Esto no es una política de Estado seria. Se busca incorporar más gente al sistema, cuando tenemos el problema de fuerzas de seguridad que no son confiables, incluyendo a la Policía Metropolitana, por su cuestionado origen y por la causa por escuchas telefónicas en trámite. Ahora, lejos de intentar mejorar esa historia, se busca una alternativa que sólo parece una manera de huir hacia adelante, sin recomponer lo pasado”.

Montenegro, por su parte, consideró que “el hecho de incorporar más capacidad de ojos para controlar la seguridad, siempre va a ayudar. Antes de llevar a la práctica esta iniciativa vamos a realizar 60 o 70 días de pruebas y de capacitación”. En principio, el plan piloto se comenzará a aplicar en las comunas donde ya está constituida la Policía Metropolitana, en los barrios porteños de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, Agronomía, Paternal y Villa Crespo. El programa se llevará luego al resto de los barrios. En la Capital Federal, en la actualidad, hay más de 30 mil vigiladores que trabajan para las agencias de seguridad privada.

“Todo se va a organizar debidamente. Para dar un ejemplo: un taxista en la calle tiene tres botones, uno rojo, uno verde, uno amarillo, y los toca según lo que está pasando, se trate de un accidente de tránsito, de una emergencia de salud, de un incendio o de un hecho delictivo. Con la debida capacitación, todos van a estar preparados para prestar un servicio que nos va a servir a todos”, insistió Montenegro. Además de la instrucción, el gobierno porteño dotará a los vigiladores de teléfonos celulares para que comuniquen cualquier novedad al Centro Unico de Comando y Control (CUCC), organismo encargado de coordinar las acciones.

http://www.urgente24.com/noticias/val/2566-10/lo-de-pagina-12-no-se-puede-creer-pero-el-problema-es-el-cels.html

Lo de Página/12 no se puede creer pero el problema es el Cels

Página/12 titula “Estamos Haciendo Buchones” a una iniciativa relativamente lógica de la Administración porteña: la información proporcionada por particulares que pueda ayudar a conocer cualquier hecho de inseguridad que pueda ocurrir en el perímetro de la Ciudad de Buenos Aires. La estupidez del ladriprogresismo no tiene límites.

por EDGAR MAINHARD

El falso progresismo no tiene respuesta para la inseguridad porque considera inapropiada cualquier iniciativa por represiva, y cuando todo se desborda terminan denunciando el gatillo fácil.

En esa lógica, de una perversidad llamativa para con el interés comun de la sociedad, el falsoprogresismo pierde a menudo la batalla ante la opinión pública, situación que, hasta ahora, sin embargo, no consigue utilizar en beneficio propio la heterogénea oposición.

En cualquier esquema de inseguridad en la Ciudad aparecen 4 datos relevantes:

> la cantidad de policías metropolitanos es insuficiente,

> no hay recursos suficientes para incorporar el patrullaje suficiente.

> nadie conoce mejor la situación en un barrio que sus propios vecinos, y

> la Administración porteña no puede contar con la colaboración de la Administración nacional.

La instalación masiva de cámaras de seguridad es una opción. Pero, a menudo, no es una herramienta preventiva porque el delito es identificado una vez que ha ocurrido.

Luego, ocurren muchísimos casos de emergencia que no son delictivos pero que integran cualquier Mapa de Inseguridad: accidentes varios, agresiones domésticas no denunciadas, explotación de personas tampoco denunciadas, etc.

Al Gobierno porteño se le ocurrió imitar una experiencia que ocurre en otros países. La incorporación de los taxímetros al sistema de seguridad fue una propuesta que, inclusive, Urgente24 llevó a Juan José Álvarez y Diego Gorgal, cuando se encontraban al frente de la seguridad porteño, luego del incendio del local República Cromañón, una iniciativa de una empresa de radiotaxis (un taxista en su vehículo tiene 3 botones: rojo, verde y amarillo, y los toca según se trate de un accidente de tránsito, de una emergencia de salud, de un incendio o de un hecho delictivo). Se trataba de utilizar más eficientemente las redes de comunicaciones existentes en las diversas frecuencias de radiotaxis.

Álvarez derivó a Gorgal, quien cuestionó cómo incorporar a todos los taxímetros a un sistema voluntario. Básicamente consideraron que no era un mecanismo convencional pero hay países vecinos que lo aplican, para comenzar.

La Administración Macri incorporó la idea al Plan de Seguridad metropolitano.

Luego, lo extendió a las agencias de seguridad privadas con actuación en la Ciudad: hoy se firmará un convenio con la cámara que agrupa al 90% de las agencias privadas de seguridad. El gobierno porteño dotará a los vigiladores de teléfonos celulares para que comuniquen cualquier novedad alCentro Unico de Comando y Control (CUCC).

Y por supuesto hay otros actores posibles para un esquema que permita conocer con mayor precisión qué ocurre en una urbe tan vasta y compleja.

Luego, las autoridades policiales deberán desmenuzar el flujo informativo e identificar prioridades. Pero hoy día hay un problema real de déficit informativo, y además la colaboración y participación ciudadana permite un enfoque diferente al problema de la inseguridad.

Pero para Carlos Rodríguez, el escudero de Raúl Kollman en el matutino paraestatal Página/12, hay algo “peligroso” en “apelar a la delación generalizada”.

¿Delación? Muy curioso el concepto de Rodríguez, quien termina cometiendo los graves errores de enfoque en la cuestión de la inseguridad de toda la prensa afin al ladriprogresismo.

El ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, respondió: “Es un plan de alertas médicas, civiles, sociales y no sólo por casos delictivos. Cualquier taxi, en Madrid, está conectado a un número mediante el cual puede comunicarse con las autoridades que correspondan (policiales, sanitarias y otras) para informar sobre un hecho en el cual sea necesaria su intervención. Todo suma a la seguridad. Los acuerdos se van a realizar mediante convenios con los gremios y en el caso de mañana (por hoy) será con la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (Caesi)”.

Que el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se oponga a la iniciativa es casi una garantía de que el proyecto puede resultar interesante y hasta efectivo.

El Cels es una organización no gubernamental que afirma velar por los intereses de las minorías, los desprotegidos, etc. pero termina más interesado en los derechos de los victimarios que de las víctimas, cuando la disyuntiva escala en la jerarquía judicial.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó el proyecto ante Página/12 (donde es columnista el presidente del Cels, Horacio Verbitsky: “En primer lugar, porque involucrar en un plan oficial a los vigiladores privados es delegar la responsabilidad que tiene el Estado en materia de seguridad y que no se puede privatizar.”

Sin embargo, ¿qué es el Estado sino una expresión de todos los ciudadanos?

Chillier ubica al Estado como un ente apartado de los ciudadanos, en una lógica corporativista que provoca el desinterés de por lo que, en verdad, es de todos.

El Estado es colectivo (de eso trata la democracia representativa, de la delegación puntual de parte de la Administración) tal como la seguridad pública es colectiva.

Chillier agregó: “Está demostrado que las agencias de seguridad privadas funcionan en medio de un total descontrol. Se trata de verdaderos ejércitos de vigiladores que trabajan en empresas que, en algunos casos, son propiedad de ex represores de la dictadura militar”.

Un prurito ridículo. Dado que el Cels consigue muchos de sus recursos financieros con el discurso de lo ocurrido durante el Proceso de Reorganización Nacional, hasta es previsible que Chillier apuntaría a eso. También lo es que cuestionara a la Policía Metropolitana, en parte una consecuencia en la jurisdicción porteña de la tozudez política del kirchnerismo, su desinterés por los intereses de los porteños y la ineficiencia de la Policía Federal, al menos en los últimos años, y hoy al servicio de Nilda Garré, una amiga del Cels.

En principio, el plan piloto se comenzará a aplicar en las comunas donde ya está constituida la Policía Metropolitana, en los barrios porteños de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, Agronomía, Paternal y Villa Crespo. El programa se llevará luego al resto de los barrios.

 

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 13, 2011

Se inauguró el primer precinto de la Policía Metropolitana



http://noticias.terra.com.ar/politica/macri-inaugura-primera-comisaria-de-la-metropolitana-en-saavedra,a205594f59e7d210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html

La ubicación de esta primera comisaría de la Metropolitana trajo polémica con los vecinos de Saavedra, porque en un primer momento iba a estar ubicada dentro del Parque Sarmiento.
La Justicia frenó su construcción y pidió un informe sobre las consecuencias ambientales, tras lo que se decidió mudarla a su ubicación actual, a unas 5 cuadras de distancia, fuera del Parque.

http://www.perfil.com/contenidos/2011/01/13/noticia_0017.html

La unidad tiene capacidad para albergar a 15 personas detenidas, posee una docena de oficinas para recibir denuncias y sustanciar sumarios y cuenta con una cámara Gesell que puede ser usada para tomar declaración a menores de edad o en casos en los que se requiere preservar el anonimato de testigos.

http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/141013-la-metropolitana-tiene-suprimera-comisaria/

El edificio tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados distribuidos en tres pisos que fueron construidos con un costo aproximado de inversión de 8,7 millones de pesos, según los pliegos de licitación. Tiene una capacidad para 15 detenidos, cuenta con 12 oficinas para la recepción de denuncias y sumarios, también salas de espera y sectores diferenciados entre adultos y menores de edad.
En el interior de la dependencia ubicada entre las calles Ramallo, Correa, Holmberg y Roberto Goyeneche funcionará también una oficina del Ministerio Público Fiscal donde los vecinos podrán denunciar cualquier delito, falta o contravención.
El comisario mayor Oscar Antonio Álvarez, un oficial con 35 años de servicio en la Policía Federal, será el responsable de la seccional.

http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12946&Itemid=31

El teléfono para poder comunicarse es 4309-9600.

Macri sostuvo que esta iniciativa “refuerza nuestro compromiso de devolverle la tranquilidad a la gente, que hay un Estado que la cuida y la protege”, y destacó que “antes de mitad de año vamos a estar (con la Metropolitana) en las comunas del sur de la Ciudad, uno de los lugares que más necesita que ayudemos”.

El Jefe de Gobierno explicó que “el flamante edificio cuenta con la mejor tecnología y además tiene dependencias adentro para la fiscalía, algo inédito en la Argentina, para que trabajen la justicia y la fuerza de seguridad en forma conjunta e inmediata”.

“Es otro paso adelante en la línea de seguir con nuestro compromiso cumpliendo con ocuparnos de la principal preocupación de la gente, que es su seguridad.

Durante el acto de inauguración, Macri remarcó que “con la presencia de la Federal y la Metropolitana, las cosas han vuelto a ser como eran antes, de la misma manera que esperamos seguir avanzando en otros barrios”.

Sin embargo, indicó que, si bien “estamos siempre intentando coordinar lo mejor posible” el accionar de las dos fuerzas, “tantos cambios (en la Federal) no nos han favorecido porque hemos perdido interlocución, pero estamos buscando retomar ese nivel de relación que teníamos antes”.

http://www.perfil.com/contenidos/2011/01/13/noticia_0017.html

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, inauguró hoy la primera comisaría de la Policía Metropolitana, en el barrio de Saavedra, que calificó como “otro paso adelante” para encargarse de “la principal preocupación de la gente: la seguridad”. La comisaría, radicada en la comuna 12, que forman los barrios de Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra, está asentada en un moderno edificio de tres plantas y contará con una dotación de 400 efectivos.

“Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso de devolverle la tranquilidad a la gente, que hay un Estado que la cuida y la protege” comentó Macri  y destacó que “antes de mitad de año vamos a estar en las comunas del sur de la Ciudad, uno de los lugares que más necesita que ayudemos”.

El jefe de gobierno estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y por el titular de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco. La ceremonia también contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Marcos Peña; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta y de los ministros de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli; de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y de Educación, Esteban Bullrich. Asistieron además el rabino Sergio Bergman, legisladores y representantes de la Fiscalía General de la Ciudad y de fuerzas de seguridad nacionales, entre otras autoridades.
“La Policía Metropolitana le ha cambiado la vida definitivamente a los vecinos de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra”, afirmó Macri. Para Macri, la seguridad “es la principal preocupación de la gente. El avance de la droga, de la violencia, es insoportable. La demanda en cada lugar de la Argentina es por más seguridad. Si no hay seguridad, no hay libertad; si no hay libertad, no hay generación de empleo, no hay manera de salir de la pobreza”, declaró hoy.

Respecto del proyecto de colaboración con empresas de seguridad privada, taxistas y colectiveros, entre otros, advirtió que “se va a seguir adelante. Buscamos que ellos se integren a una red de alerta temprana para que tengamos más información y estemos todos coordinados para combatir la inseguridad”.

También resaltó: “Tenemos que llegar a dos mil cámaras de seguridad para junio”. Y agregó: “Vamos rumbo a tener dos mil conectadas con un centro único de comando y control al servicio de la Federal y la Metropolitana para actuar en tiempo real, para que la gente sepa que la policía la está cuidando, que tiene elementos, y los delincuentes sepan que los estamos mirando y que no nos vamos a rendir”.

“Espero que la gente esté tranquila en sus casas y que la comisaría esté vacía de delincuentes”, señaló el jefe comunal.

http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/141013-la-metropolitana-tiene-suprimera-comisaria/

El objetivo del jefe de Gobierno porteño es que a fines del año en curso se construyan 15 dependencias policiales y se incorporen 3.500 efectivos.

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70679-0/macri-quiere-inaugurar-tres-comisarias-por-ano.html

Luego de la inauguración de la primera comisaría de la Policía Metropolitana en el barrio de Saavedra, el plan del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, es inaugurar “tres o cuatro” sedes policiales por año. En los planes, también está consolidar la fuerza en el sur, aunque, según dijeron voceros del macrismo, la idea había surgido antes de la crisis por la toma del Parque Indoamericano.
El principal escollo es el presupuesto porque cada apertura de una comisaría implica “un enorme gasto en patrulleros, motos y equipamiento”. Respecto a los inmuebles a ocupar por la Metropolitana, los voceros prefirieron no ahondar en detalles aunque señalaron que “hay un equipo estudiando cuáles son los mejores lugares”.
“La intención es trabajar en conjunto con la Policía Federal y la Bonaerense en la zona límite con la Provincia. Si hay una persecución, al Metropolitana está autorizada a continuar por más que se pase la frontera: trabaja igual que la PFA”, indicaron los voceros.

 

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 13, 2011

Una idea de Arslaian, en boca de Ritondo

Un plan que funcionó y nada menos que con la bonaerense y que es la verdadera forma de prevenir el delito, esto es, cortarle el financiamiento, el bapuleado plan de los progres que no piensan en la seguridad de la gente ahora es planteado por el bloque PRO.

¿qué pasó? ¿no tienen ninguna idea? ¿o quieren desplazar a la federal del negocio?

http://www.ciudad1.com/Notas-10847-Desarmar-el-negocio

Desarmar el negocio

El jefe del bloque PRO en la Legislatura, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley para terminar con el robo de rodados y autopartes, que genera muertes y alimenta una estructura de comercialización ilícita.

Uno de los fundamentos de la propuesta se basa en estadísticas del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) sobre el robo de automotores, que indican que el 30 por ciento de los homicidios ocurren en ocasión de robo de automóviles.

El Cesvi también indica que la mitad de los vehículos robados no aparece más y que se presume que terminan “cortados” en los desarmaderos ilegales y alimentando el comercio negro de repuestos.

El presidente de la bancada macrista advirtió que “los delincuentes dedicados al robo de autos y su posterior comercialización constituyen bandas muy organizadas, ya que mantienen una cadena de comercialización de autopartes de origen dudoso que sacia la demanda de quienes adquieren ese tipo de autopartes sin importales si la procedencia es legal o no”.

Asimismo, alertó que los “especialistas coinciden en que el robo de autos no terminará si no se ataca el comercio ilegal de autopartes y precisan que el crecimiento de los robos es indicio de la actividad de los desarmaderos ilegales”.

Ritondo explicó que la iniciativa apunta a poner en funcionamiento un mecanismo de registración de los desarmaderos y grabado de las autopartes.

La inscripción de las personas físicas o jurídicas que ejerzan este tipo de comercio se hará en la subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, mientras que el control de los grabados quedará a cargo de la Policía Metropolitana y toda otra fuerza de seguridad de competencia territorial y jurisdiccional en el distrito.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 13, 2011

La metropolitana y otro desalojo

Después de la masacre de Soldati, después de decir que la policía no tiene infantería, después de decir que es una policía de proximidad, después de pedir que actúe la federal porque la metropolitana no puede.

Otra vez un desalojo conjunto entre la pm y la federal.

Esta vez sin muertos.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=f696f5bae88bbf79895e193636ce3e45

Desalojo en el Riachuelo
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó este miércoles un operativo de desalojo en la ribera del Riachuelo.

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad encabezó este miércoles un operativo de desalojo en la rivera del Riachuelo, en el marco de las tareas de saneamiento de la cuenca.
Según informó el presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Javier Corcuera, el operativo al que calificó de “exitoso” contó con “el apoyo de la Policía Federal, de la Policía Metropolitana, y del ministerio de Desarrollo Social”.
“Un poco mas de Riachuelo libre. Esto es metro a metro”, destacó el funcionario porteño por twitter, minutos después de concluir la liberación de un predio ribereño ocupado en el que se ubicaba un asentamiento.

La gendarmería también tuvo lo suyo.

650 gendarmes para desalojar a 3 familias: ¿y el uso racional de la fuerza?

En el riachuelo hay empresas, fábricas, una parte de la salada pero para el cronista lo peor de todo son las familias.

http://www.clarin.com/ciudades/gran_buenos_aires/gendarmes-desalojan-familias-Villa-Fiorito_0_406759362.html

Con 650 gendarmes desalojan a tres familias en Villa Fiorito

Un impresionante operativo con la participación de 650 gendarmes y maquinarias pesadas se realizó ayer a orillas del Riachuelo , para desalojar a apenas tres familias que vivían en un asentamiento en Villa Fiorito. Con el desalojo de los predios costeros ocupados, se busca generar las condiciones para que pueda construirse el camino de sirga. Se trata de una calle pública de 35 metros de ancho que debe existir, sin construcciones, en ambas márgenes de los cursos de agua, según establece el artículo 2639 del Código Civil.

Fuentes del municipio justificaron la magnitud del operativo en que los ocupantes ya habían sido notificados de la orden de desalojo, pero se habían negado a dejar el predio, y en la supuesta posibilidad de que resistieran con el apoyo de otra gente de la zona. El desalojo, finalmente, se hizo en forma pacífica y desde la intendencia se aseguró que a las familias se les darán viviendas sociales.

Durante el operativo fue demolido un corralón de unos 20 metros por 40 construido sobre el terreno, que tiene unos 300 metros de costa sobre el Riachuelo.

Uno de los escollos más importantes para la construcción del camino de sirga son los puestos ilegales de la feria de La Salada , en el partido de Lomas que ocupan unas 10 cuadras de extensión. Del lado de la Ciudad, a orillas del Riachuelo está por ejemplo la enorme Villa 21-24, en Barracas, pero también hay asentamientos en Pompeya y en La Boca.

También hay predios ocupados por empresas. El mes pasado, por ejemplo, la ACUMAR retiró los escombros dejados por una empresa de transporte, que ocupaban unos 300 metros de costa entre la avenida Vélez Sarsfield y la calle Luzuriaga, en Barracas.

El de los asentamientos ilegales es uno de los temas más complicados de la problemática del Riachuelo.

 

Si lo dicen los vecinos no sale en ningún medio, pero si lo dicen las empresas los medios le dan cabida.

Los vecinos del Docke vienen denunciando lo mismo y cosas aún peores que incluyen problemas de salud de la población graves.

Pero para eso ni una linea.

http://www.clarin.com/ciudades/gran_buenos_aires/Reclamo-empresas-Dock-Sud_0_406759364.html

Reclamo de empresas de Dock Sud

La Cámara de Empresas Terminales de Almacenamiento de Líquidos a Granel (CETAG) denunció que se busca desalojar depósitos de la zona de Dock Sud, con el pretexto de que contaminan el Riachuelo, para favorecer a las empresas petroleras que operan en el Polo Petroquímico.

En una solicitada que se publica hoy se consigna que el 30 de diciembre el juez de la causa Riachuelo, Luis Armella, ordenó el desalojo de dos depósitos de Dock Sud y prohibió el ingreso y egreso de mercaderías de otros dos.

“Estos depósitos no realizan proceso industrial alguno, circunstancia que determina que no se contamina el ambiente, como fuera constatado por dichas autoridades. Ahora sale a la luz el verdadero objetivo, el cual es apoderarse de estos activos para desarrollar negocios de dudosa transparencia para la importación de combustibles”, se indica en el texto de la solicitada.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 13, 2011

Más inseguridad, más intolerancia y menos lazos sociales

Según la encuesta  de la consultora Equis (publicada en http://www.diarioregistrado.com/Sociedad-nota-46228-La-inseguridad-es-la-primera-preocupacion-de-los-portenos.html) que haya ciudadanos, vecinos, habitantes, gente con problemas de falta de agua potable, con problemas por falta de cloacas, con problemas por sobrepoblación, con problemas por la falta de viviendas, con problemas por el trabajo en negro o por la desocupación, que sumados a los que están preocupados por la mala distribución de los recursos, la contaminación, los espacios verdes, la pobreza, el transporte público y la justicia solo le preocupa al 29.2% de esos habitantes, vecinos, ciudadanos, gente.

Mientras que los que piensan en su individualidad sin importarle el otro, los preocupados por la inseguridad son 68.1% y los preocupados por el tránsito son 19.3%

Nos llamó también la atención la diferencia de los preocupados por la inseguridad (68.1%) enfrentados a los preocupados por la justicia (1%)

Buenos Aires se ha convertido rápidamente en una ciudad sin lazos comunitarios son solo millones de individualidades.

En Buenos Aires no viven habitantes, ni ciudadanos, ni vecinos, en Buenos Aries viven millones de enemigos entre sí.

Las consecuencias serán más inseguridad, más intolerancia y menos lazos sociales.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 11, 2011

El gran hermano (pero no el de la tele el del libro) (3)

El ejemplo italiano

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Patrullas/ciudadanas/elpepiopi/20090225elpepiopi_2/Tes?print=1

Uno de los temas estrella del gobernante derechista italiano es la inseguridad ciudadana, real o percibida. Para combatirla ha llevado soldados a las calles de algunas ciudades. Y a esta inquietud responde la reciente aprobación del Gabinete, por vía de urgencia, de un decreto que endurece las medidas contra la violencia sexual y la inmigración ilegal. Su origen no es el aumento de los delitos sexuales en Italia, que se han reducido en torno a un 10% el año pasado, sino el encadenamiento de varios episodios de violación, atribuidos a inmigrantes, que han conmocionado a la opinión pública y han derivado en el asalto y apaleamiento de algunos de ellos, especialmente rumanos.

Las medidas gubernamentales, que harán sin sobresaltos su singladura parlamentaria dada la mayoría absoluta de Berlusconi, incrementan las penas por violación y prolongan el internamiento de los inmigrantes en los centros de identificación. Pero la más controvertida es la que permite la formación de patrullas ciudadanas -a petición de los alcaldes, a cargo de vecinos desarmados y voluntarios y coordinadas por los delegados del Gobierno- con la misión de avisar a la policía en caso necesario.

Las rondas son un viejo caballo de batalla de la xenófoba y recobrada Liga Norte, parte de la coalición en el poder. Asociaciones policiales han denunciado el riesgo de vigilantismo de una medida cuyo mayor peligro, sin embargo, es la inevitable criminalización implícita del inmigrante. La utilización interesada del binomio delincuencia-inmigración es, además de potencialmente explosiva, incompatible con un Estado democrático. Pero la serenidad y el rigor no es el fuerte de un Berlusconi que ha hecho del arrebato emotivo -véase el reciente caso de Eluana Englaro- una de sus marcas de fábrica como gobernante.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 11, 2011

El gran hermano (pero no el de la tele el del libro) (2)

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=563185

Duras críticas al Gobierno porteño por sumar a los vigiladores privados a las tareas de seguridad pública

Desde el bloque de Proyecto Sur, hablan de “una improvisación más” del ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.

En la Coalición Cívica la calificaron como una“propuesta electoralista y marketinera que no tiene consenso político”.

Y desde el despacho del sabattelista Gonzalo Ruanova afirmaron que es un plan “tremendamente controvertido” porque la seguridad la tiene que brindar el Estado, y no la población civil.

Rafael Genetili, vocal de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, aseguró que “en el plan de seguridad que envió el Poder Ejecutivo al cuerpo no se contempla ninguna medida este tipo, con lo cual queda demostrado que es una acción totalmente improvisada”. Genetili planteó que es una disposición “totalmente equivocada” por tres razones.
La primera apunta a la no retribución económica del personal privado por las nuevas funciones. “¿Porqué le vas a agregar una tarea que excede su ámbito de trabajo para lo cual le pagan, y además hacerlo gratis?”, se preguntó. La segunda refiere al rol de controlador del Estado capitalino de esas firmas. “Las funciones del controlado con el controlante deben estar lo más alejadas posibles. Acá las acerca y las superpone. Montenegro es el mismo que controla a las empresas y la vez es el que les pide colaboración. Hay una contradicción de incompatibilidad manifiesta”.
La tercera responde a una posición ideológica. “Quieren sumar paranoia a un problema que ya existe. La paranoia termina en abusos, en excesos, en mayores niveles de violencia en la sociedad”, sostuvo Gentili.

Sobre la “red de comunicación informal”, el diputado de Proyecto Sur consideró que con esta medida buscan “transformar a toda la población en policía sin ningún criterio de qué es delito y qué no, cuándo una persona es sospechosa o no. En todo caso, ya existen los teléfonos donde cualquier cuidando puede llamar para que la policía intervenga”.

Para el legislador de la Coalición Cívica Juan Pablo Arenaza, antes de lanzar estas iniciativas hay que hacer “un trabajo previo” porque “tiene que estar muy controlado”, además de pasar por la Legislatura. “Hay que gente que con un curso de un mes, sin ningún tipo de preparación, ya está trabajado. Este tipo de medidas tan controvertidas tiene que tener apoyo político, porque sin algún tipo de consenso nacen mal. Debería pasar por la Comisión”, afirmó.

Pero el carrioísta vicepresidente de la Comisión de Seguridad va más allá y planteó que la seguridad privada en la Capital está “muy descontrolada”. “El Gobierno ni siquiera tiene una base de datos confiables para ver quién está en las empresas de seguridad privada, en términos general no estoy de acuerdo”, expresó.

Desde el despacho del legislador Gonzalo Ruanova, vocal en la Comisión por nuevo Encuentro, un asesor experto en este tema reveló que la ley de seguridad pública ya tiene incorporados mecanismo de participación civil para prevenir delitos. “La legislación es rica en eso. Lo que ocurrió es que este Gobierno no lo puso en operatividad. Hace más de un año que los foros de seguridad o de participación ciudadana están incluidos en la ley, mecanismos ya hay”, recordó el especialista que trabaja para el diputado del moronense Martín Sabbatella.

Ante la ausencia de un proyecto de ley, el colaborador de Ruanova agregó que para poner en marcha el sistema de alertas es necesario un decreto o una resolución que fije claramente los parámetros mínimos para emitir una señal a la Metropolitana. “Sería bueno que se haga bajo un protocolo. Lo malo es que se haga de manera desordenada. No puede avanzar sobre algo tan sensible sin dar algunos visos de normatividad. No contar con un protocolo no normativizado es una barbaridad”, indicó.

Al desmenuzar la propuesta, Montenegro mencionó que este sistema se aplica en distintos países del mundo. En Italia, por ejemplo, se lo conoce como las patrullas ciudadanas de Silvio Berlusconi. En Uruguay una experiencia similar terminó en fracaso. Se intentó incorporar a los taxistas frente a hechos reiterados de inseguridad de noche, que mediante una luz alertaban a la autoridad más cercana. Pero esa práctica generó un alto índice de conflictividad porque victimizó a los choferes de taxis, que no estaban capacitados para realizar esa tarea. Alertaban compulsivamente, no actuaban bajo protocolos de normatividad y aumentó la víctimización de los taxistas porque se los interpuso en el medio de un conflicto de seguridad.

Las tres fuentes coinciden que es un anuncio electoralista.“Lo que hace Macri es largar este tipo de cosas que después no llegan a ningún lugar, son electoralistas y marketineras, como con los motochorros o los trapitos. Es muy imprudente”, sostuvo el cívico Arenaza.

El asistente Ruonova consideró que “si esto solamente se lo quiere presentar desde un punto de vista espectacular y novedoso no se van a generar soluciones, se van a atraer problemas”.

Para Gentili, Montenegro “inventa cuestiones efectistas que intentan hacerlo aparecer que él está preocupado por algo”.

Esta mañana, al término de la habitual reunión de gabinete semanal Mauricio Macri dijo que sumar a los vigiladores privados a la PM “es un paso más para trabajar con más eficacia en la prevención y para poder cuidar mejor y llevar tranquilidad a la gente”.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 11, 2011

El gran hermano (pero no el de la tele el del libro)

Una medida digna de Stalin o de la Alemania comunista por izquierda o de la Alemania Nazi por derecha.

Una medida que no pasó por la legislatura, ni por el debate público.

Una medida no anunciada.

Una medida copiada de “distintos países” que no dicen cuales son para que no podamos ver la eficacia demostrada.

No implica ningún costo para los ciudadanos de la ciudad. Solo los celulares que pagaremos todos.

¿es legal? ¿es legítimo? ¿es necesario?

La familia no podía ser abolida; es más, se animaba a la gente a que amase a sus hijos casi al estilo antiguo. Pero, por otra parte, los hijos eran enfrentados sistemáticamente contra sus padres y se les enseñaba a espiarlos y a denunciar sus desviaciones. La familia se había convertido en una ampliación de la Policía del Pensamiento. Era un recurso por medio del cual todos se hallaban rodeados noche y día por delatores que les conocían íntimamente.

“1984” de George Orwell

http://www.infobae.com/general/556289-101275-0-Reforzarian-la-Metropolitana-vigiladores-privados

La Metropolitana será reforzada con vigiladores privados

El gobierno porteño firmará mañana un acuerdo con la Cámara que agrupa a las empresas de seguridad. El mismo plantea sumar a los vigiladores en febrero para que alerten a la Policía Metropolitana sobre hechos de inseguridad en la Ciudad. El comunicado oficial

El gobierno porteño encaró una iniciativa que plantea sumar a las empresas de seguridad privada a las tareas de vigilancia en la Capital Federal.

La medida promueve capacitar a los vigiladores y proveerles celulares para que alerten a la Policía Metropolitana sobre hechos delictivos ocurridos en la Ciudad.

Mañana a las 10 am, el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, firmará el acuerdo junto con autoridades de la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (Caesi), que agrupa al 90% de las empresas de seguridad del  país.

Según el mismo, el gobierno porteño capacitará a los vigiladores mediante un curso y les proveerá un celular para que alerten a la Policía Metropolitana ante situaciones sospechosas o de emergencia.

La medida entrará en vigencia dentro de un mes, y será en los barrios que actualmente custodia la Metropolitana: Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra (comuna 12) y Villa Ortúzar, Villa Crespo, Paternal, Agronomía y Parque Chas (comuna 15). Luego, se extenderá a toda la ciudad.

Montenegro explicó que el plan “implica sumar a distintos actores que están en la vía pública para que den aviso ante situaciones de riesgo o emergencia”.

Es decir que, además de los 30 mil vigiladores privados que hoy tiene la Ciudad, más adelante “sería ideal seguir con los taxistas, recolectores de residuos, encargados de edificios, kiosqueros y canillitas, entre otros”, manifestó el ministro.

La nueva medida, según afirmó Aquiles Gorini, presidente de Caesi, “también fue acordada con el gremio de trabajadores, la USPRA”. Pero, según informa La Nación, hasta ayer el sindicato no respondió al respecto.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=5e3f9514d9430e694fab4c7d8d5dc6b7

Vigilantes ad honorem

Con un celular y un curso de capacitación a cuestas, la Policía Metropolitana, en los próximos 30 días, sumará vigiladores privados al sistema de vigilancia ciudadana. Luego vendrán taxistas, recolectores de residuos, encargados de edificios, quiosqueros, y canillitas. “No hay premio económico por esta tarea”, resaltó el ministro Guillermo Montenegro.

En el día de hoy se dio a conocer un plan para reforzar la seguridad pública de la Ciudad. Cerca de la polémica, con un celular y un curso de capacitación, la Policía Metropolitana, en los próximos 30 días, comenzará a sumar vigiladores privados al sistema de vigilancia ciudadana. Luego vendrán taxistas, recolectores de residuos, encargados de edificios, quiosqueros, y canillitas, entre otros.

Este sistema de vigilancia se aplicará en los diez barrios de la Capital que ya custodia la Policía Metropolitana: Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra -de la comuna 12- y Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Agronomía y Parque Chas -de la comuna 15-.

“Este sistema está copiado de distintos lugares del mundo, donde hay sectores de la población civil que comparten este tema con la actividad pública. Se firma este acuerdo con la Cámara Argentina de Seguridad para que después, nosotros le demos una capacitación para ver la forma en que ellos harán saber al Ministerio en qué tipos de circunstancias derivar, si es una alerta que tiene que ver con la seguridad específicamente o una alerta de tipo civil, o una alerta médica”, explicó el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro.

“La idea es crear una capacitación que tenga que ver básicamente con la comunicación, dónde, cómo, cuándo, va a ser la respuesta que va a dar la Policía Metropolitana e ir avanzando en toda la Ciudad en otro tipos de alertas”, agregó.

Y explicó: “Nos parece importante que haya una participación de la sociedad civil. No dejan de ser más ojos en la Ciudad, si uno de alguna manera puede firmar un convenio con ellos y darles una capacitación, esto va a permitir una red de comunicación”.

“No hay premio económico por esta tarea -resaltó Montenegro-, estamos convencidos que no es una tarea extra”.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 10, 2011

Balas metropolitanas

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=6e0b56b569012b550ed3935cd107e830

Nuevas pruebas judiciales responsabilizan a la PM por las dos primeras muertes del predio. La interna con la Federal.

En la letra de una canción premonitoria que se conoció en 1991, titulada “Fusilados por la Cruz Roja”, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos “el Indio” Solari, aullaba: “Puede fusilarte hasta la Cruz Roja/ te encanará un robocop sin ley/ un crono-rock japolicía hecho en Detroit”. Y exactamente eso fue lo que ocurrió, el miércoles 8 y el jueves 9 de diciembre, en el desalojo del parque Indoamericano. La acción conjunta de la Policía Metropolitana (PM) y la Policía Federal no pudo ser peor: dejó tres muertos por impacto de bala y una veintena de heridos. La reacción del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue inmediata: fueron separados una decena de federales, en su mayoría de las comisarías 36 (con jurisdicción en la zona) y de la 52, que colaboró con el procedimiento, del cual también participó el cuerpo de Infantería de la Federal. Además, alrededor de 50 efectivos de la fuerza están siendo investigados por su participación, con ropa de civil, en el operativo. Las cámaras de televisión mostraron en vivo y en directo la indiscriminada represión de los efectivos de la fuerza nacional. Estos dos últimos hechos parecían confirmar que los federales eran los responsables de los crímenes. Luego apareció un tercer dato que abonó aún más ese indicio. La novedad provenía de la Justicia.

La investigación judicial por los asesinatos de las tres personas está a cargo del fiscal de Instrucción Sandro Abraldes, en el marco de una causa que lleva el juez de Instrucción Eliseo Otero. La responsabilidad de las muertes del paraguayo Bernardo Salgueiro, de 22 años, y de los bolivianos Rosemary Curapeña, de 28, y Juan Castañeda Quispe, de 39, apuntaba a la Federal, según los testimonios que había recibido el fiscal del caso, por parte de varios testigos que se encontraban en el Indoamericano durante la refriega. “Todos los testigos coinciden en que las balas fueron disparadas por la Federal”, expresó un colaborador del fiscal en la nota “El trasfondo oculto de la ocupación”, que este semanario publicó el 16 de diciembre.

“La PFA ya hizo entrega de una serie de pistolas calibre 9 milímetros y de escopetas Ithaca calibre 12/70 de algunos de los efectivos que estuvieron allí. Aún no tenemos claro qué tipo de armas fueron las que utilizaron los agentes de la Metropolitana”, agregó un investigador del caso. El dato definitivo que esclarecería quiénes fueron los culpables de los asesinatos se concentraba en las autopsias. En un primer momento, circuló desde la fiscalía la versión de que las muertes se produjeron por el impacto de balas calíbre 9 milímetros. La novedad parecía ser la prueba definitiva de la culpabilidad de la Federal.

Sin embargo, el martes se conoció una prueba de peso que responsabiliza a los miembros de la Metropolitana en los asesinatos. La Justicia detectó entre las comunicaciones policiales del desalojo una advertencia que complica a la PM en el homicidio de Salgueiro, la primera de las víctimas. “Avísenle a la Metropolitana que se vaya de ahí porque está generando otro conflicto”, se advierte en una de las modulaciones de las frecuencias de la Federal esa noche en el Indoamericano. Nuevos videos aportados por los canales de TV muestran a agentes de esa fuerza disparando en la zona donde cayó herido de muerte Salgueiro. El joven fue baleado fuera del parque Indoamericano, entre el puente de la avenida Escalada, que cruza las vías del tren, y la entrada a la villa 20. Las pruebas reunidas indican que la PM llegó antes que la Federal a ese lugar, en uno de los extremos del Indoamericano. Y la comunicación detectada fue registrada en un horario que coincide con el estimado en que fue baleado Salgueiro.

Los problemas de la Policía porteña aumentaron cuando se conoció el resultado de los peritajes balísticos, que confirmaron que los proyectiles que mataron a Salgueiro y a Curapeña, la mujer boliviana que murió esa misma noche, salieron de escopetas calibre 12/70, las mismas que habría utilizado la Metropolitana, según los testimonios de los vecinos que declararon haber visto cómo integrantes de la PM disparaban contra los ocupantes del predio de Villa Soldati, utilizando esas armas.

“La escopeta Browning Belga Calibre 12/70 es un arma ideal para cuando la policía debe reprimir o actuar en una villa, ya que por su tamaño es fácil de transportar en los móviles policiales y frente a la pistola reglamentaria tiene varias ventajas, ya que posee un mayor alcance de tiro, es más precisa y es superior su potencia de fuego. Estas cualidades hacen que sean muy requeridas por las fuerzas de seguridad, y tanto la Federal como la Metropolitana la tienen dentro de su armamento. Es muy probable que la Policía porteña haya usado estas escopetas al principio del operativo y ante la generalización del enfrentamiento que se produjo con los ocupantes del predio, hecho que los superó y por eso pidieron la colaboración de los federales. Además, la excusa del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, al decir que la PM fue desarmada al desalojo es muy endeble, ya que ninguna fuerza de seguridad del mundo va a un operativo de esa magnitud desarmada. Y a eso se agregan los dichos de numerosas personas que vieron disparar a los metropolitanos”, le explicó a NU un ex comisario mayor de la Federal, anunciando un peligroso huracán que está por azotar a la Policía macrista.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 10, 2011

Algunos veranean en Punta y a otros se les caen las colonias de vacaciones de punta

http://www.clarin.com/politica/Punta-todavia-fans-politicos_0_405559498.html

Punta del Este no es lo que fue en los 90, pero todavía tiene sus fans políticos

Punta del Este ya no es la capital de la política argentina: ese lugar donde por excelencia, durante los noventa, se tejían, en los primeros días del año, las redes políticas y económicas de la agenda. El kirchnerismo lo vetó como destino de veraneo por su automática relación con el menemismo y ahora quedó sólo para algunos pocos.

El ex presidente Eduardo Duhalde fue el primero en pisar la arena esteña junto a su mujer, la senadora, Chiche Duhalde.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey , decidió llevar a toda su familia y terminar el 2010 en el Uruguay.

Otro mandatario provincial que eligió a Punta del Este como destino único es el tucumano, José Alperovich. Alperovich decidió cruzar la frontera arriba del avión sanitario de la provincia y eso le costó un vendaval de críticas desde la oposición provincial que además rechaza la compra de otro avión. Pero además, Alperovich eligió fecha equivocada: el momento en el cual el Rally Dakar tocaba suelo tucumano. Junto a él también viajó su ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Gassenbauer, con quien suele veranear todos los años.

Humberto Schiavoni , presidente de la Corporación Sur; Guillermo Dietrich, subsecretario de Transporte; Eugenio Burzaco , jefe de la Policía Metropolitana y el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, pasearon por la calle Gorlero.

El ex subsecretario de Seguridad Interior del gobierno menemista, Hugo Franco es otro de los que no cambia a Punta del Este. En su departamento junto a la costa de La Brava también recibió el 2011 junto a su vecino, el ex ministro del interior de Menen, Carlos Corach.

El que también ya está pensando en la campaña pero prefirió tomarse unos días de relax en Punta, es José “Pepe” Scioli , el hermano del gobernador bonaerense.

http://www.popularonline.com.ar/nota.php?Nota=577164

Denuncian graves falencias en colonias de verano porteñas
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció “graves falencias” en las colonias de verano administradas por el ministerio de Educación y la subsecretaría de Deportes del Gobierno porteño, en las que halló problemas de seguridad, de higiene y de alimentos.
La principales falencias son “la ausencia de botiquines de primeros auxilios, la escasez de materiales de limpieza e higiene, la insuficiencia de raciones de comida para los chicos, la carencia de personal de seguridad y de limpieza, y la falta de control en la piletas de natación utilizadas en algunos de los parques”, enumeró ayer la Defensoría.
La defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad Graciela Muñiz confirmó esta situación y reclamó “una inmediata solución a cada uno de los inconvenientes que detectamos porque está en juego la salud y el bienestar de 30.000 niños y sus familias”.
Según la Defensoría, el Gobierno porteño afectó para este programa de verano a 110 escuelas primarias y medias, junto a 11 Polideportivos ubicados en distintos parques de la ciudad hasta el 4 de febrero.
“Sin respuesta”
El informe que presentó Muñiz detalla que en la Escuela Primaria Nº 15 “Provincia de Salta”, distrito escolar 8, de Saraza 1353, “un sector de la cocina sufrió una explosión”. A partir de este hecho, “las paredes quedaron electrificadas” y por tal motivo “tuvieron que mover el sector comedor”.
“Ante esta situación, el personal a cargo inició los reclamos y hasta el momento de la pesquisa no recibieron ninguna respuesta satisfactoria”, completa el informe de la Defensoría.
El organismo defensor porteño dijo que, “según un especialista, hay peligro de que alguien sufra una descarga eléctrica”.
“Además la escuela cuenta con los baños clausurados porque existe una pérdida de agua en la pared al lado de una caja eléctrica”, alertó.
“Sin botiquín”
Muñiz agregó que en la Escuela primaria “Ponciano Vivanco”, de Oliden 2851, donde concurren 166 niños, relatan que no se recibió el botiquín de primeros auxilios y usan ”los elementos provistos por los profesores”.
“Resaltan que no se encontró matafuego a la vista y se ven cables eléctricos sueltos y en mal estado dentro de las aulas. Los baños están rotos, en mal estado y sin agua”, asegura el informe.
En la Escuela primaria Nº 12, de Montesquieu sin número, se puntualiza que la escuela no cuenta con el agua con presión suficiente para suministrarle a los chicos que concurren a la colonia debido que se genera una situación de emergencia cuando el barrio, la Villa Zabaleta, consume mucho agua.
“También dieron cuenta de la falta de papel higiénico, material didáctico incompleto y cuatro matafuegos vencidos”, amplió el informe.
La Defensoría agregó que la Escuela Nº 4 “Provincia de La Pampa”, de Caracas 1249, posee los baños clausurados pese al pedido de reparación que se elevó a las autoridades municipales bajo el expediente 40236. “Allí también tienen problemas con los elementos básicos de limpieza y con la falta de botiquín de primeros auxilios”, se amplió.
Las denuncias
En el Parque “Martín Fierro”, de Oruro 1310, no se encontraba el libro de agua, que determina la calidad del agua de los natatorios, informó Muñiz. “Señala el informe que observaron el agua demasiado turbia y los baños en un estado deplorable”, agregó.
En el Parque “Chacabuco”, avenida Eva Perón 1410, “al estar en plena refacción es muy difícil la convivencia con los más de 1500 chicos, entre ellos 150 con discapacidad, generando una situación donde los colonos deben sortear una serie de obstáculos permanentemente”.
El informe cuenta las denuncias presentadas por los trabajadores del predio ante los reiterados robos que sufrieron en estos primeros días. Solicitan personal de seguridad o de la Policía Metropolitana ante una situación que se torna “insostenible”.
En el Parque “Sarmiento” se denunció la escasez de comidas para los colonos por el envío de menos raciones de acuerdo a la cantidad de inscriptos. La Defensoría señaló que “para solucionar esto el personal debió disminuir el pesaje de cada ración para así conformar a todos los concurrentes”.
“Además se percibió la falta de limpieza e higiene de las instalaciones donde juegan los pequeños, donde se encontraron vidrios rotos, escombros y basura”, agregó el organismo.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 10, 2011

Montenegro – Macri

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70570/montenegro-otra-vez-envuelto-rumores-de-renuncia.html

Montenegro, otra vez envuelto rumores de renuncia

En el gabinete porteño comentar que Mauricio Macri le habría “soltado la mano” a su ministro de Seguridad, que quedó muy expuesto cuando trascendieron escuchas que complican a la Policía Metropolitana con los asesinatos del Parque Indoamericano. En rigor, hace tiempo que sufre recortes de sus atribuciones.

La crisis del Parque Indoamericano terminó de debilitar la posición del ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, en el gabinete macrista. El jefe de Gobierno nunca despejó sus recelos con Montenegro por el desenlace de la causa del espionaje que terminó con él procesado y su ministro libre de todo cargo.

Siempre se sospechó en la cúpula del PRO que Montenegro aprovechó su pasado en el fuero federal y la amistad que mantiene con el juez Norberto Oyarbide, de manera muy poco solidaria con su jefe político. Por supuesto que se trata de sospechas imposibles de verificar.

Pero algo pasó esta semana que agravó su situación interna. “Es verdad, el gordo está complicado”, afirmó una fuente del gabinete porteño que sin embargo, no quiso arriesgarse a vaticinar su salida del gobierno. Es que Montenegro demostró ser un sobreviviente de fuste.

Primero Macri le quitó el control de su joya más preciada: la Policía metropolitana al designar como jefe de la fuerza a Eugenio Burzaco, que claramente no lo reconoce como su superior y con el que mantiene una pésima relación. De hecho, esta semana cerca de Montenegro dejaban trascender la molestia del ministro con la nota que Burzaco dio a Perfil todo despeinado y bronceado desde el exclusivo balneario de Punta del Este.

“Con los problemas de inseguridad y ocupaciones que tenemos todos los días, a este no se le ocurre mejor cosa que hablar en short desde Punta, después se quejan cuando nos acusan de frívolos”, comentaban en el Ministerio de Seguridad.

Los problemas

Como sea, la delicada situación de Montenegro no es nueva. De hecho, luego de perder la Metropolitana en manos de Burzaco sufrió un a nueva intervención: Macri designó al ascendente Edgardo Cenzón para que controlara personalmente todas las licitaciones, comparas y demás gastos del ministerio.

Habrá que empezar a prestarle atención a Cenzón que se está convirtiendo en uno de los hombres claves de Macri. De hecho, Montenegro le habría pedido en las últimas horas a este funcionario que intercediera ante el jefe de Gobierno en su favor.

¿Por qué el enojo con Montenegro? En el gobierno porteño hablan de una “acumulación de facturas”. A los viejos recelos por la causa del espionaje, las denuncias que vuelven a las compras y licitaciones de la Metropolitana, se habrían sumado en las últimas semanas cierta molestia del jefe de Gobierno con la actuación de esa fuerza en las crisis de las ocupaciones.

No sólo por la notable inacción de la misma, sino también por las recientes escuchas que la involucran en los dos asesinatos que ocurrieron durante la represión inicial en el Indoamericano, coordinada entre Montenegro y Aníbal Fernández.

De hecho, la buena sintonía entre ambos funcionarios –que suelen compartir cenas- habría acentuado los recelos de Macri, que soportó a disgusto que su ministro no disimulara su excelente relación con Aníbal Fernández, aún en los picos de la crisis del Indoamericano.

Por ejemplo, en la primer reunión en la Casa Rosada, en pleno cruce de acusaciones entre el gobierno nacional y porteño, cuando todos los ministros porteños y el propio Macri ingresaron al Salón de los Escudos, saludaron a Aníbal Fernández con un apretón de manos tenso y frío, mientras que Montenegro no dudó en fundirse en un afectuoso abrazo. “Fue un desplante a Mauricio innecesario”, razonaban en el gobierno porteño.

Por último, también se menciona como un factor que no precisamente colabora para su solidez en el entorno de Macri la notoria militancia michettista del ministro que sigue referenciandose políticamente en la diputada nacional, de relación ambivalente con el círculo más cercano al jefe de Gobierno.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 10, 2011

Precintos (8) ¿Primera inauguración esta semana?

http://noticias.terra.com.ar/politica/el-gobierno-porteno-busca-fortalecer-la-policia-metropolitana-en-2011,1250ad127a16d210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html

La primera de esas dependencias será inaugurada la semana próxima en la Comuna 12, y durante el 2011 le seguirán una en la comuna 15 (Chacarita, La Paternal, Villa Crespo, Parque Chas), una en la 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios) y una en la 8 (Soldati, Villa Lugano).

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 10, 2011

El 2010 y el 2011 de la PM según Montenegro

http://www.infobae.com/general/555751-101275-0-La-Policia-Metropolitana-sumara-este-ano-15-comisarias-y-3500-efectivos-Montenegro

La Policía Metropolitana sumará este año otra comisaría y 3.500 efectivos, según Montenegro

Un total de cuatro comisarías dispondrá hacia fines de 2011 la ciudad de Buenos Aires, mientras que 3.500 efectivos custodiarán las calles porteñas para prevenir, especialmente hurtos, desarticular el accionar de los motochorros y realizar controles de alcoholemia y drogas.
La idea es llegar a 15 dependencias policiales en todo el ámbito porteño, según destacó el ministro de Seguridad de la Ciudad
Gracias al trabajo de los agentes, en 2010 hubo 1.500 intervenciones y 270 detenciones.
A modo de ejemplo citó haber frenado robos en las calles, delitos que calificó como “los que más le molestan a los vecinos”.
También adelantó que esperan tener cubierta para fines de este año la Comuna 12. En cuanto a las comisarías, la idea es que cada una de ellas cuente en el mismo edificio con una fiscalía. “Que el fiscal trabaje al mismo tiempo con los agentes”, remarcó Montenegro.
En los precintos –tal como se le dice a las dependencias policiales en Los Estados Unidos–, habrá espacio para alojar detenidos, y se crearán en función de la division geopolítica de la Ciudad.
El ministro de Seguridad resaltó, a su vez, la colaboración que realizó en varios operativos la Policía Federal, al tiempo que destacó “el buen comportamiento de los agentes federales, cuando se decía que obstruirían el trabajo de la Metropolitana”.
Por otro lado, puso especial énfasis en subrayar la puesta en marcha de controles de tránsito y la puesta de numerosas cámaras para prevenir accidentes viales.
Hicimos 23 mil controles por mes, de los cuales, en diciembre detectamos un 0,7 de personas alcoholizadas. Pero habíamos arrancado con un 1,3 por ciento”, comentó Montenegro.
Y agregó que en las tareas de vigilancia, que actualmente se desarrollan todos los días, en horaio nocturno sobre las zonas de boliches, “se detectaron muchos jóvenes que consumen drogas, como cocaíana, marihuana y heroína”.

Posteado por: museodegrandesnovedades | enero 10, 2011

Montenegro y algunas apreciaciones

Y sí, sostener después de lo de Soldati que tener infantería es una prioridad es un suicidio político.

Por un lado habla de policía de proximidad y que hay otras policías para desalojar piquetes, por el otro habla de que estuvo bien que la metropolitana fuera al desalojo de Soldati.

Cuando dice que el desalojo no fue violento pero después hubo un “problema puntual”, ¿podría el señor Ministro decirnos cuál fue? ¿podría el periodista de Clarín preguntárselo?

¿Fue que la PM empezó a disparar con balas de plomo, demostrando ser la mano de obra del odio de clase de quienes la comandan?

¿Fue el anuncio de dar títulos de propiedad a la gente que vive en las villas como acto de campaña?

¿Fueron las expresiones xenófobas del Jefe de Gobierno? (Aclaración: las expresiones fueron xenófobas pero apuntaron claramente al racismo y al odio de clase)

Le comentamos al señor Ministro que para que la PM tenga balas de plomo no hace falta que la compre el estado, con el solo hecho de que las compre un uniformado y se sienta obligado a usarlas alcanza y sobra.

Anuncia que las próximas comunas serán la 4 (que incluye a la Boca) y la 8 (que incluye a Soldati)

http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Montenegro-Hoy-importante-portenos-piquetes_0_404359772.html

Montenegro: “Hoy es mucho más importante cuidar la vida de los porteños que ordenar los piquetes”

El ministro de Seguridad de la Ciudad dijo que recién en dos o tres años la Metropolitana tendrá un cuerpo de Infantería para encargarse de las protestas sociales. Y defendió la actuación de la fuerza en el Indoamericano. “No fue un error que fueran”.

Hoy es mucho más importante cuidar la vida de los porteños. En las comunas donde estamos la gente siente que le ha mejorado la calidad de vida. La responsabilidad del control de los piquetes no es de la Policía Metropolitana, que fue hecha para otra cosa. Para lo otro hay fuerzas nacionales que hoy están preparadas”.

-¿No se pueden hacer las dos cosas?

- Se pueden hacer, pero no es el momento. Además preparar un grupo de esas características lleva mucho tiempo, no es para una primera etapa de una Policía comunitaria, si para dentro de dos o tres años. Hay otras fuerzas de ordenar los cortes de calles.

El ministro también defendió la participación de la Metropolitana en el desalojo del Parque Indoamericano. “La orden de la jueza incluía más de 200 personas del Gobierno de la Ciudad que tenían que participar de ese procedimiento. No fue un error (mandar a la Metropolitana). El desalojo en sí no fue violento, después empieza un problema puntual que es diferente”, explicó.

La investigación judicial por las muertes apuntó tanto a la Metropolitana como a la Federal, aunque todavía hay dudas sobre el origen de los disparos. “Al día siguiente era un feriado pero juntamos a la cúpula de la Policía, ordenamos un sumario y secuestramos las armas, pero no tenemos balas de plomo en las escopetas”, reiteró Montenegro.

-¿Lo que pasó en el Indoamericano generó un replanteo sobre la función de la Policía?

- No, no hay un cambio de modelo. Apuntamos a una policía de proximidad. Lo que se modificó es el orden de las comunas a las que apuntamos. Decidimos que la cuarta comuna sea la de Lugano y Soldati. Este año entonces vamos a llegar a la comuna 4 (que abarca Barracas y La Boca) y luego a la 8. Y en junio planeamos terminar las comisarías de esas dos zonas.

Viene de: Informe sobre el estallido debido a la crisis habitacional (primera parte) Desde el principio hasta la mesa de negociación

No a la represión

No a las patotas

Agua, Asistencia Sanitaria, censo y plan de acceso a una vivienda

La tercerización de la represión: Como cuando asesinaron a Mariano Ferreyra, como en el casino, como en el Banco Francés, como en la asunción de Duhalde

Corporación del sur: ¿Macri-kirchnerista o Kirchner-macrista?

http://www.noticiasmercedinas.com/101211po.htm

“No a la represión, no a las patotas”

Desde la izquierda exigen “viviendas para los sin techo”. “Mientras deshojan la margarita para ver quién debe reprimir, la situación de Soldati se agrava a cada hora”, indican y cuestionan al Gobierno Nacional y al de la Ciudad.

“Quieren avanzar en la expulsión de los vecinos sin techo del modo más perverso: los ocupantes, donde abundan las mujeres y los niños, han sido abandonados a su suerte, sin agua ni asistencia sanitaria. Tampoco han adoptado la menor iniciativa para censar a los ocupantes, y establecer un plan que permita el acceso a una vivienda a quienes la necesitan. En ese cuadro, patotas ligadas al Estado, a las barrabravas y a los punteros villeros pretenden infiltrarse en la toma. Estamos, otra vez, ante la tercerización de la represión: mediante provocaciones y patotas, quieren resolver lo que no lograron con la represión lisa y llana. De los crímenes de la policía, los Macri y los Kirchner han pasado ahora a la “zona liberada”, para que operen los lúmpenes que ellos mismos enviaron”, sostienen.

“Muchos vecinos han planteado la necesidad de preservar el parque Indoamericano como espacio verde de carácter público. Pero han denunciado también -y con razón- que el parque es hoy un baldío por su completo abandono. El Estado dispone de múltiples terrenos y otros lugares ociosos que permitirían otorgarles una vivienda a todos los actuales ocupantes del parque que la necesitan. Esos terrenos están registrados en la privatista Corporación Buenos Aires Sur: su directorio macrista-kirchnerista no los ha colocado a disposición para resolver crisis. Tampoco hace nada para convertir al Indoamericano en un verdadero centro de recreación deportiva y cultural. Los que gobiernan sólo piensan en satisfacer los intereses del capital financiero y la especulación inmobiliaria”, agregan y marcan que en “oposición a la represión, el abandono o la expulsión, las “únicas” salidas que proveen quienes gobiernan” planteamos:

- Ninguna represión contra los ocupantes. Ningún desalojo.

- Inmediato censo a cargo del estado, con control de las organizaciones vecinales de la zona. Provisión de agua, posta sanitaria y alimentos para las familias.

- Que el Estado nacional y de la Ciudad disponga los terrenos, viviendas ociosas y recursos para asegurarles una vivienda digna a todos los ocupantes que la necesitan. Publicación de los listados de terrenos y viviendas de la Corporación Sur con ese fin, y para asegurar espacios verdes de carácter público.

- Triplicación inmediata del presupuesto de vivienda, para atender a las demandas planteadas.

- Inmediato cumplimiento de la ley de urbanización de la Villa 20.

- Renuncia de la UGIS, del directorio de la Corporación del Sur y de todos los funcionarios involucrados en la represión.

Llegan por fin, los baños químicos y el agua prometida

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=206073&id=391585&idnota=391585

Llegan 40 baños químicos al Parque Indoamericano
Las familias que ocupan el Parque Indoamericano en reclamo de tierras y viviendas trasladaban hoy desde Cruz y Escalada hasta el centro del predio más de 40 baños químicos, que llegaron al lugar.

Los baños químicos y el agua fueron el principal reclamo de las familias que están en el predio para poder continuar con el reclamo habitacional.
La distribución de los baños se acordó con los delegados de cada sector en que se divide el parque y con los representantes de las organizaciones sociales que apoyan la toma del predio.
También llegó un camión con agua que fue enviado por el Gobierno de la Ciudad y se instaló sobre la avenida Escalada, frente a donde está el grueso de los ocupantes.
Además, dos móviles de la policía Metropolitana iniciaron un patrullaje por las inmediaciones del predio y continúa apostado en forma permanente uno de la Federal.

El comienzo de la desmentida de los 4 muertos

La insistencia en la mentira sobre las muertes por tumberas

Los heridos en terapia intensiva de los que no se habla

El verso de la ausencia del Estado: el Estado se hizo presente con punteros, patotas y “liberando la zona”

http://www.tn.com.ar/sociedad/126541/cuatro-muertos-cinco-jueces-y-ningun-detenido

El jefe de prensa de la Policía puso en duda la muerte de una de las víctimas. Así, desmintió al titular del SAME, Alberto Crescenti, quien ayer había confirmado que un joven de 19 años había muerto de un disparo en la cabeza cuando estaba a punto de ser trasladado al Hospital Piñero. Según relató Crescenti, un grupo de personas desconocidas lo sacaron de la ambulancia y lo “remataron en el lugar”. El médico que estaba en el interior del vehículo debió ser internado por el stress que le produjo la situación.

Antes, ya habías muerto tres personas: Bernardo Salgueiro (24 años), ciudadano paraguayo habitante de la villa 20; Rosemary Cupeña (28 años), ciudadana boliviana, pobladora del barrio Los Piletones y Juan Castañares Quispe (38 años), también boliviano. Los primeros dos fallecieron el martes, según se cree por proyectiles de armas “tumberas”, mientras que Castañares Quispe falleció el jueves.

Además, hay varios heridos de gravedad internados en terapia intensiva. Desde el Hospital Piñero informaron que hay tres heridos internados allí. Uno de ellos tiene varios tiros en la cara y está en grave en terapia intensiva. Los otros dos fueron internados con heridas importantes. Al respecto, Crescenti confirmó que hay código rojo en todos los hospitales de la ciudad.

El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta apuntó que la situación”está descontrolada” y que única solución es “mandar a la Infantería”, porque cualquier policía “no puede ocuparse de esto”.

“El Estado tiene que tener el monopolio de la fuerza. No hay que dejar que los vecinos hagan justicia por mano propia”, lanzó. Y agregó: “Es producto de la ausencia del Estado en lo que respecta al uso de la fuerza. Hemos sido testigos de vecinos defendiendo el espacio público”.

“No entiendo lo que dice la Presidenta. La responsabilidad es de la Policía Federal”, repitió. “Estamos en una situación inédita. Ya hace siete años que venimos con ese discurso, en el que no se cumple la ley. Se tiene que terminar esta situación de anarquía”.

 

El anuncio de la metropolitana que nunca se cumplió a pesar de estar a 6 cuadras

Macri sigue sin presentar las pruebas de las mafias y los narcos

Las versiones de las muertes según Macri

La única solución para Macri es la represión

¿La policía Metropolitana no tiene ninguna vinculación con un homicidio? ¿Qué te parece prevenirlo?

La importancia del IVC

La violencia jamás trae soluciones a la gente

Aparición de Duhalde

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-50821-2010-12-11.html

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que “la violencia jamás trae soluciones a la gente” y dijo que los funcionarios de la Ciudad deberían buscar una salida política. Macri volvió a pedir que la Federal desaloje el parque.

Dicen que las imágenes valen más que mil palabras. Mauricio Macri eligió para hablar la sede de la academia policial. Se sentó en un sillón con el escudo de la Policía Metropolitana y, desde allí, ordenó el despliegue de “todos los recursos” sobre Villa Soldati.

Con el rostro más duro y la mirada más nublada que el día anterior, Macri les comunicó a los “vecinos de Soldati y Lugano” que “no los vamos a abandonar”. Pero pidió que mantuvieran la calma. Por la noche, sostuvo que “los vecinos se sintieron abandonados y tomaron justicia por mano propia”. En la conferencia de prensa, Macri hizo un curioso uso de la palabra “diálogo”, al tiempo que volvía a exigir que volviera la policía a continuar el desalojo.

Volvió a referirse a las “organizaciones mafiosas combinadas con el narcotráfico”, mientras aseguraba: “Seguimos desarrollando mecanismos de diálogo para convencerlos de que no pueden estar ahí”. ¿a las mafias combinadas con el narcotráfico? Luego remarcó que no les piensa dar subsidios “a los que cometen delitos y usurpan”. Acto seguido, le exigió una vez más a la Presidenta que mande al cuerpo de infantería de la Policía Federal a desalojarlos. “Estamos para apoyar a la Federal –destacó Macri– como en el primer operativo, que fue exitoso.”

Cuando le recordaron que el anterior intento de sacar a los ocupantes terminó con dos muertos, Macri dijo: “La primera muerte sucedió antes de que ingresara la Federal. Tiene que ver con la inseguridad. La segunda muerte tiene que ver con las organizaciones delictivas. La tercera muerte, con la puja interna”. Montenegro, en tanto, le respondió a la esposa del tercer asesinado, quien había dicho que a su marido “lo mató la Metropolitana” “No tenemos ninguna vinculación con el hecho. La Metropolitana apareció después”, afirmó el ministro de Justicia.

Macri anunció que iba a enviar la mayor parte de los policías porteños a la zona “para acudir en defensa de la ley”.

“Esta inmigración descontrolada ha traído gente que viene a instalar la droga en Buenos Aires”.

“No nos dejemos engañar. Las viviendas del IVC no son para resolver el problema habitacional. La Ciudad no se puede hacer cargo de los problemas de los habitantes limítrofes”.

–¿No reconoce que la causa es el déficit habitacional? –le preguntaron a Rodríguez Larreta.

–No, no, no.

–¿No se podía negociar con los ocupantes?

–Cuando hay gente armada, la única solución es la policía.

Aníbal Fernández recordó “La violencia jamás trae soluciones a la gente”. Además, mencionó que el ex presidente Eduardo Duhalde había hecho declaraciones desde Estados Unidos en las que instaba a poner “orden” y relacionó esas palabras con el discurso del jefe de Gobierno.

Fernández le insistió a Macri en que “tiene que tener una solución política” y no policial, como proponía Larreta. “Esto sucede porque Macri se niega a tomar medidas políticas, para que nuevamente sus funcionarios se sienten con quienes tiene representación en esos lugares y vayan encontrando una salida”, planteó en una conferencia en Casa Rosada. Fernández le insistió a Macri con que “se siente a tomar las medidas políticas para que no sea necesario sangre, ni heridos”.

 

Julio Capella, Barrabrava de huracán, Sindicalista con doble empleo del Estado de la Ciudad.

Sutecba y el negoci(ad)o de la crisis habitacional

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-50826-2010-12-11.html

Su propio abogado admite que trabaja en la obra social de empleados municipales y es miembro de la junta electoral de Sutecba, el sindicato del sector que también aportó al “vocero” de los que protestaron.

Julio Capella, el hincha de Huracán filmado con un arma el jueves pasado en el incidente en el Parque Indoamericano, de repente tiene más trabajos que amigos. Se habló de un puesto en el Estado nacional y se le atribuyeron distintos cargos en el gobierno porteño. Su abogado Rodrigo González asegura que Capella trabaja en Obsba, la obra social de los empleados municipales, y es parte de la junta electoral de Sutecba, el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado porteño. Del mismo gremio sería otra persona que aparece en varias fotos con un arma en la cintura, Alejandro. “Es él pero no vive acá. No voy a dar más datos”, dice antes de cortar Luisa Noemí Gómez, su ¿ex? mujer. También pertenece al Sutecba el delegado Chacho Alvarez, que organizó y alentó a sus vecinos a marchar y se despachó por televisión.

“No puedo adelantar su defensa, pero antes de acusarlo de algo hay que probar si el elemento que tiene en la mano es un arma, porque tranquilamente puede ser una réplica. Y si es apta para el disparo, si funciona el percutor”, recita González. Y sigue: “Capella dice que no disparó y en los videos que analizamos, no se ve que se le mueva el brazo por la salida de una bala ni que lo flexione, ni que la gente que está alrededor se agache, como si se oyera un disparo”.

El abogado presentó dos escritos ante el juez de instrucción, Eliseo Otero. Uno con la designación de él como defensor, el otro poniendo a disposición del juzgado a Capella y solicitando una declaración indagatoria de su cliente para dar su versión de los hechos. Por el momento, asegura, Capella no tiene pedido de captura y aunque no quiera adelantar los fundamentos de su defensa, Rodríguez comentó que Capella no vive en Villa Soldati o Lugano, pero fue hasta allí para defender a su familiares, primos y tíos “que lo llamaron desesperados”.

Capella, de 34 años, jugó en la Primera A en el Club Deportivo Español, donde hoy no entrenan futbolistas sino los agentes de la Policía Metropolitana. Luego emigró a Italia para probar suerte en un club del ascenso. Volvió en 2005 y siguió desde la tribuna al equipo de sus amores: Huracán. Es cuñado de Pablo y Claudio Respinis, jefes de la barra brava del club de Parque Patricios, y es familiar de Carlos Hugo Capella, histórico masajista de Boca Juniors. “Pero no es un barrabrava, no tiene antecedentes penales ni orden de inadmisión en el club”, dice su abogado.

El Cabezón, como apodan a Capella, fue filmado y fotografiado sin camisa, con gorra negra y pantalón rojo largo, maniobrando un arma que escondía en su remera, durante la tarde-noche del jueves en la inmediaciones del Parque Indoamericano. Pero en este primer enfrentamiento entre los vecinos de Soldati y los ocupantes de un olvidado sector del parque, cercano al puente Escalada, también estuvo Alejandro, de remera blanca y jean celeste, que salió retratado mientras guardaba una pistola corta. Alguien relacionado con un legislador porteño lo reconoció y dice que pertenece a Sutecba y vive cerca del Parque Avellaneda, en Rodó 4236.

Noemí Gómez, la mujer que atendió el teléfono en el departamento mencionado por la fuente, hizo una pausa luego de oír que preguntaban por el hombre que salía en varios diarios y noticieros con un arma en la cintura. “¿Está ahí? ¿Se puede hablar con él?”, preguntó este diario. “Estamos separados”, dijo luego de confirmar que era él. Un tercer hombre armado de pantalones cortos claros, remera y gorra negra fue fotografiado, pero de espaldas, así que nadie pudo reconocerlo aún.

Los otros disparos partieron de los balcones de los edificios de la Avenida Castañares, que según afirman fuentes de la Auditoría General de la ciudad fueron adjudicados por sorteo pero en los que varios jerarcas de Sutecba y sus familiares “se quedaron con una buena tajada” de los departamentos. La presencia en esos edificios de dirigente de media y alta jerarquía del sindicato tendría relación con una misteriosa asociación sin fines de lucro: La mutual 23 de Mayo.

Tal como figura en su página web, el teléfono de la mutual es un interno de la Legislatura porteña. Desde esta asociación salió un plan de viviendas en 2003, que incluye esos departamentos a pagar en comodísimas cuotas y con vista al Parque Indoamericano. Será por esto que un delegado del Sutecba de la Dirección General de Administraciones de Infracciones porteña, Chacho Alvarez, organizó activamente la marcha del jueves que derivó en el enfrentamiento entre vecinos de las torres y ocupantes del Parque Indoamericano. Y hasta se mostró como un vocero de la protesta.

Con una remera gris y una gorra azul con líneas amarillas en el medio (es fanático de Boca), hizo gala de su diplomacia sindical esa noche después de los incidentes: “Exigimos que venga la Metropolitana y la Federal, nos llenaron de balas y piedras. Queremos seguridad para nuestras familias y nuestros hijos porque esta usurpación nos compete a todos los vecinos. Vamos a hacer una marcha pacífica a las siete de la tarde y les pedimos a los vecinos de la ciudad que nos acompañen con cacerolazos”.

Ayer la marcha fue menos pacífica y sumó más muertes a la toma. Al parecer, hay muchos interesados en la resolución violenta del conflicto.

 

Al final aparecieron las 9mm

La patota defendida por la metropolitana

La connivencia entre policía y delito

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-50824-2010-12-11.html

A Juan Castañeta Quispe lo balearon en el momento en que pasaban dos patrulleros de la policía porteña y una patota de 100 personas detrás. Desde ahí, aseguraron, venían los proyectiles, aunque por la oscuridad no pudieron identificar quién tiró la bala mortal.

Según el resultado de la autopsia que entregó ayer a la fiscalía el Cuerpo Médico Forense el proyectil le perforó el pecho: dejó un orificio de entrada y uno de salida de nueve milímetros. Al hospital, donde lo llevó un remisero amigo, llegó minutos después de las diez de la noche. Hubo vecinos que denunciaron inmediatamente lo sucedido. Uno de ellos, Alfonso Claros, declaró en la comisaría 36, y su testimonio fue incorporado a la causa, aunque es posible que vuelva a testificar. Claros estaba junto a Quispe en el momento y fue el primero en contar que los disparos vinieron de la calle, por donde pasaban dos patrulleros de la Metropolitana con una patota detrás, que se les acercó, entre quienes habría visto hombres con camisetas de Huracán y que vivaban a Macri.

Germán Claros, otro remisero de 42 años y familiar de Alfonso, estaba muy cerca de Quispe cuando se desplomó. Le contó a este diario que se habían arrimado a la calle para poner una bandera argentina. “Fue después de que sacaron a la gente del Indoamericano, que está enfrente nuestro. Nosotros estamos en un terreno fiscal. Ahí veo pasar dos patrulleros de la Metropolitana y detrás venía un grupo de personas, eran ochenta o cien. Los patrulleros voltearon a la izquierda y empezaron los tiros, pero no pude distinguir de quién venían, si de la policía o la gente. Primero pensé que Juan se estaba tropezando, pero le habían dado”, recapituló. Según relató, ellos están desde hace una semana. El martes, con el primer desalojo, dijo, “los policías, creo que los de la Metropolitana, nos decían váyanse a su país, bolivianos de mierda”.

Natalia Saralegui, de la agrupación Tendencia Piquetero Revolucionaria (TPR), estuvo con la mujer desde que supo del crimen de su marido, y la acompañó a la comisaría 36. “Le tomaron la declaración mientras miraban un partido de fútbol”, describió Natalia. También explicó que, al amanecer, hallaron un proyectil –en apariencia de calibre nueve milímetros– en el baldío, que fue entregado a la seccional con aviso a la fiscalía. Uno de los vecinos, de nombre Oscar, fue el encargado de entregarlo, junto con una campera con la que intentaron parar la hemorragia apenas cayó al piso.

Fuentes cercanas a la causa judicial señalaron que la investigación del homicidio de Quispe corre en paralelo, pero por cuerda separada de la de dos asesinatos del martes, donde hay fuertes sospechas sobre el accionar policial. Todo indicaría que se peritará la bala hallada y una serie de cartuchos recogidos por gente que estaba en el lugar. La fiscalía de Abraldes, que es la número 24, lanzó una convocatoria “a toda persona que haya sido testigo de los hechos o que pueda aportar cualquier otra evidencia”. Informó que atenderá hoy de 9 a 18 en Tucumán 966 piso 13, o telefónicamente en el 5171-5601/2.

 

El cuarto muerto que quieren desmentir

http://www.larazon.com.ar/ciudad/Enfrentamientos-disturbios-incendio-predio_0_193800118.html

Crescenti detalló que el fallecido fue sacado por la fuerza por desconocidos cuando ya estaba en la ambulancia que lo trasladaba al Hospital Piñero y fue “rematado en el lugar”.
“Apuntaron al chofer y al médico, bajaron al herido y le dispararon en el cráneo. La ambulancia se aprestaba a llevarlo al hospital, pero no pudo”, comentó nervioso. Y agregó: “hace mucho tiempo que no veo nada parecido. Realmente, es un hecho inexplicable”.

En tanto, el médico Julio González que estaba en el interior del vehículo debió ser internado por el stress que le produjo la situación.
http://www.elliberal.com.ar/secciones.php?nombre=home&file=ver&id_noticia=10121146R

Crescenti explicó que en el momento en el que el joven era subido a una ambulancia por personal del Same un grupo de desconocidos se lo arrebató a los médicos y lo fusiló de un disparo en la cabeza.

La comparación con las favelas de Brasil

El narcotrafíco gobernado desde la prisión sin que el Servicio Penintenciario tenga nada que ver

Una super mega gran organización de 20 personas

Una persona indagada en la causa sin protección policial (o por tenerla), muerta

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1333096

La amenaza de la “favelización” acecha a las villas de la Capital

Las mafias vinculadas a las drogas coparon la 1-11-14 y buscarían extenderse en el Sur

El remisero, de nacionalidad peruana y de 34 años, fue a la cita con dos presuntos distribuidores de droga sin saber que lo esperaba la muerte. Todo parecía normal hasta que llegaron dos hombres en moto. Uno bajó y disparó 13 veces con una pistola 9 milímetros. La víctima cayó muerta de siete balazos. Diez días antes, había sido indagada en una megacausa por narcotráfico.

Así matan en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, un territorio donde existe un aceitado mecanismo de comercialización de droga que cuenta desde “campanas” y “soldados” hasta financiadores de un negocio millonario. Un negocio que muchos temen pueda extenderse a otras villas de la ciudad que terminarían así “favelizadas”.

El homicidio del remisero peruano, ocurrido hace un mes, es investigado por el fiscal de Instrucción porteño Marcelo Munilla Lacasa. La víctima había sido indagada por el juez federal Sergio Torres en la causa en la que procesó a 14 personas, entre ellas a Marco Antonio Estrada González, alias “Marcos”, y a su esposa, Silvana Salazar.

“Marcos” y Salazar manejaban el negocio de la droga, según el juez Torres, privados de su libertad. Estrada González lo hacía desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena, y su esposa operaba desde el barrio privado La Celia, también en Ezeiza, donde penaba un arresto domiciliario.

La investigación de Torres, su secretario Diego Iglesias y la División Operaciones Metropolitanas de la Policía Federal, al mando del comisario Enrique Villarruel, dejó al descubierto cómo operaba la banda de “Marcos”, asentada en la villa 1-11-14.

Medio millón por mes

En la causa que instruye el magistrado Torres, hay 20 sospechosos con pedido de captura. “Sospechamos que por mes «Marcos» tenía una ganancia de 500.000 pesos. En uno de los últimos allanamientos, secuestramos 200.000 pesos”, explicó un vocero con acceso al expediente.

La organización, que según Torres comandaba “«Marcos» por teléfono desde la celda”, contaba con “campanas”, encargados de detectar y alertar sobre la presencia de extraños; “soldados” o “perros”, hombres armados que impedían el acceso a la zona protegida; “punteros” o “corners”, personas que se encargaban de la venta en esquinas vigiladas por los “perros” o “soldados”, y las “mulas” o “burritos”, los elegidos para transportar la mercadería desde la villa 1-11-14 hacia otros destinos.

Además, según la última resolución del juez Torres, había personas que se encargaban de la organización y del financiamiento, casi nunca tenían contacto con la mercadería. Otros cumplían funciones específicas dentro y fuera de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, para vender el material acopiado. En un nivel inferior, pero con un rol protagónico, estaban los encargados de controlar las operaciones, supervisar a los vendedores y recolectar los dividendos de las transacciones.

“La cocaína y el paco diseminan [sic] en pequeños recortes de bolsas del supermercado Día. Eso es para diferenciar la droga que sale de la villa 1-11-14 de la que se puede conseguir en otros lugares. Además, esta droga, en general, es la que tiene menos «corte», es decir que es más pura. Si un vendedor «corta» la droga y alguien viene a reclamar, lo sancionan porque está haciendo quedar mal al jefe «Marcos»”, sostuvo ante el juez Torres un integrante de la banda, que declaró como arrepentido.

Por ahora, en las otras villas, según fuentes policiales, no existe un organigrama tan completo como en la villa 1-11-14, ni hay referentes importantes o jefes de la magnitud de “Marcos”.

“En las otras villas hay «personajes» que son conocidos, pero ninguno tiene un rol de jefe o la hegemonía de «Marcos». En la 1-11-14 hay «soldados»; en las otras, no. Están los «campanas», que hacen su trabajo a cambio de droga para consumir”, sostuvo a La Nacion un alto jefe de la Policía Federal.

El año pasado, en la villa 20 de Soldati, en un procedimiento ordenado por el juez Torres a una madre y sus tres hijos se le secuestró droga, armas y chalecos antibalas. “Decían que lo tenían para defenderse de una banda rival”, explicó un investigador.

En la villa 21, en Barracas, donde misionaba el padre José “Pepe” Di Paola, que denunció que la droga estaba despenalizada de hecho, hay, según fuentes judiciales, “organizaciones pequeñas que venden marihuana y delincuentes que roban armados.

“No hay un nivel jerárquico como en la 1-11-14. Es otro nivel, por ejemplo, el año pasado detuvimos a un sospechoso.”

En la villa 15, conocida como Ciudad Oculta, en Mataderos, generalmente se descubren “quioscos” de droga regenteados por madres solteras.

 

La salida solo puede ser política

http://www.infobae.com/politica/551508-101275-0-Los-ex-jefes-Gobierno-porteno-coinciden-que-la-unica-salida-posible-es-la-negociacion

Enrique Olivera, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman coinciden que la única salida posible es la negociación. Todos coinciden que la solución “policial” no es recomendable, dado el tiempo transcurrido; y consideran necesario ir al lugar para entablar un diálogo

Para los tres ex jefes de Gobierno porteño el único camino es negociar. Cada uno de ellos opinó:
– Enrique Olivera afirmó que la ocupación del Parque Indoamericano es “un delito” y que es una “obligación del Estado protegerlo”. El dirigente radical critica la “abdicación” de las autoridades municipales por no haber prevenido la usurpación. “Nunca viví una situación parecida”, apuntó.
“Hoy no habiendo prevenido el conflicto, no hay otra alternativa que procurar un diálogo multiactores con todos los interesados”, asegura Olivera y deben ser parte del mismo “el Gobierno Nacional y el porteño, y los actores que son fundamental como los vecinos de Lugano y gente que intrusó de manera de encontrar una solución”. “La creación de la Policía Metropolitana le ha dado excusas al Gobierno Nacional para desentenderse del problema de seguridad en la Ciudad” y “nosotros en su momento votamos en contra porque pedimos un acuerdo previo con la Federal”.
– Aníbal Ibarra aseguró que “no es una solución policial, y si lo es lo tiene que hacer la Metropolitana, no pretender Macri que otros se lleve el costo político” y señaló que “la toma del predio es una crónica de una ocupación anunciada porque estaba abandonada, no lo cuidó”. “Yo creo que deben abrir canales de negociaciones ofreciendo los distintos planes de vivienda. De esta manera habrá grupos que aceptarán y otros que no. Hay que reducirlos, aislarlos”, aseguró el diputado Ibarra. El ex jefe de Gobierno recordó que una vez vivió una situación parecida en su primera gestión y “fuimos con todos los funcionarios al lugar, negociamos, el predio quedó despejado y lo alambramos”.
– Jorge Telerman consideró que “cuando hay 2.000 personas, la policial nunca es una solución. El camino es la negociación y no entrar a sangre y fuego alli, aunque la estrategia de ellos pueda ser la de confrontar. Hay que sentarse a negociar e impedir que pase en el futuro”. “Nosotros trabajamos con las comunidades para integrar, lo preparamos para los vecinos. Había custodia y estaba enrejado”, explica Telerman.
“Los vecinos habían denunciado el tema”, recuerda y cuestiona que el gobierno de Macri no haya tomado acciones “preventivas sabiendo que el Indoamericano era un lugar vulnerable ya que linda con el Conurbano y hay instrusiones”.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=ebe88d54492db292e96bf64cfeec55a1

Fatala propuso un plan de cinco puntos para superar la crisis
El subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, propuso la implementación de un plan para que el gobierno de Mauricio Macri sea capaz de superar la seria crisis en que quedó sumido tras la toma del Parque Indoamericano, que incluyen la formación de una Mesa de Diálogo y un Comité de Crisis.

Abel Fatala propuso un plan de cinco puntos para atender a las demandas en Villa Soldati, y sostuvo que “hay que acompañar al gobierno nacional en la búsqueda de una solución al problema de las personas”.
El subsecretario de Obras Públicas de la Nación, propuso acompañar la propuesta del gobierno nacional con vistas a resolver el problema de Villa Soldati mediante la implementación de los cinco puntos siguientes:
1) Establecer un Comité de Crisis en la rotonda de Escalada para producir el diálogo con los vecinos de los barrios Nágera, Copello, Samoré y el nuevo, Parque Avellaneda.
2) Convocar, a través del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a efectivos de la Policía Metropolitana para fijar un límite entre los vecinos “de adentro” y los vecinos “de afuera”. 3) Organizar una Mesa de Diálogo dentro del Parque Indoamericano con vecinos y organizaciones sociales.
4) Establecer un cronograma de acciones a realizar con los habitantes del Parque Indoamericano con vistas a dar soluciones.
5) Organizar tareas con vecinos del barrio para dar las soluciones habitacionales definitivas en los terrenos que cederá el gobierno nacional al gobierno de la ciudad, y que es el camino para resolver el conflicto.
“Mi propuesta parte de seguir el camino que adopte el gobierno nacional en la búsqueda de una salida a este serio problema. Con una gestión desde la ciudad, que atienda las demandas de los vecinos y realice diagnósticos adecuados, el problema de la vivienda se puede resolver positivamente, con participación vecinal, y en un plazo perentorio”, concluyó Abel Fatala, que fue ministro de Obras Públicas en la gestión de Aníbal Ibarra.

 

El desalojo violento y con muertos logró que una toma de 250 familias se convirtiera en una de 1500 familias

http://www.larazon.com.ar/ciudad/violencia-parque-ocupado-cobro-vidas_0_194100061.html

El conf licto había comenzado el fin de semana: primero 250 familias ocuparon el Parque Indoamericano. La Federal y la Metropolitana trabajaron en conjunto, en primera instancia, para iniciar el desalojo.

La ocupación aumentó hasta 1500 familias, hubo tres víctimas fatales y anoche, con los enfrentamientos, una más.

Las responsabilidades no asumidas

El discurso de la ausencia del Estado desde el Estado

La irresponsabilidad de hablar sin pruebas de organizaciones mafiosas que articulan usurpación, delito y narcotráfico

El racismo

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/69923/macri-mantiene-la-linea-dura-no-tengo-nada-de-que-disculparme.html

Macri: “No es momento de intentar sacarse las responsabilidades de encima. La seguridad es responsabilidad del gobierno nacional. La ciudad está para apoyar”, afirmó mientras se sacaba la responsabilidad de encima.
Luego le pidió a la Presidenta que “no abandone el sur de la Ciudad”. Además negó que sus dichos de ayer hayan sido xenófobos, aunque visiblemente molesto reiteró que “la Ciudad no puede resolver los problemas de vivienda de la Argentina y el Mercosur”.
Criticó “la mentira de decirle a los latinoamericanos que, en un país que tiene más de 30 por ciento de los argentinos debajo de la línea de la pobreza, que aquí tenemos soluciones para ellos”.
Esta inmigración descontrolada por causa del estado ausente ha traído de la mano de personas de bien y trabajo otra gente que viene a instalar la droga en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en el resto de la Argentina. Por eso insistimos en trabajar para que el estado tenga presencia”, dijo.
Reiteró además que “el accionar violento” para ocupar ilegalmente el Parque Indoamericano fue propiciado por “organizaciones mafiosas que articulan la usurpación, el delito y el narcotráfico”.
En ese sentido, le pidió a “los trabajadores honestos, que se suman a estas organizaciones delictivas, que se diferencien de esa gente” y que reflexionen que “la superación de la pobreza se consigue con el tiempo”.
“A pesar de lo que creció la Argentina en ocho años tenemos iguales o peores índices de pobreza que hace varios años porque falla la distribución de la riqueza”, afirmó y dijo que la riqueza no se distribuye correctamente “por la proliferación de mafias”.

Generando dudas para desmentir el cuarto muerto

http://www.libertaddigital.com/mundo/tres-muertos-en-buenos-aires-en-una-batalla-campal-de-un-parque-ocupado-por-indigentes-1276409272/

Seggio, el vecero de la Policía Federal, dijo que la Fiscalía y la comisaría de la zona establecieron contacto con la ambulancia asaltada, cuya dotación declaró que el vehículo, mientras trasladaba al herido, fue interceptado por dos centenares de persones que abrieron la puerta y bajaron al lesionado.
Los ocupantes de la ambulancia vieron que los agresores tenían objetos similares a las “tumberas” (armas de fabricación casera), sin poder precisar si eran armas de fuego, aunque vieron que apuntaban al herido “pero en ningún momento efectuaron disparos”, dijo Seggio.
“Al ver esto, la dotación de la ambulancia partió temiendo algún otro tipo de agresión. La persona quedó allí. La comisaría fue a los hospitales y no se había registrado el ingreso de ningún fallecido. Es probable que esta persona herida se haya retirado por sus propios medios porque estaba golpeada, no herida de bala”, dijo el portavoz.
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=37966

“La ambulancia llevaba al herido y de repente aparece un grupo de personas y le apunta al chofer. Otros abren la puerta trasera. Sacan al herido y le pegan un tiro, lo fusilaron”, contó el médico del SAME Carlos Russo a Télam, la agencia de noticias estatal.
Sin embargo, la Policía Federal afirmó que “no tiene registro” del cuarto muerto. Lo mismo aseguró el gobierno de la Ciudad, ya que dice que el cuerpo no fue encontrado ni identificado.

El quinto muerto

El reino del revés: Para Macri los asesinos son vecinos deseosos de defender su derecho a los espacios públicos y la gente que reclama el derecho constitucional a una vivienda digna son grupos de delincuentes

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2010/12/11/politica/POLI-01.html

Cerca del espacio ocupado se realizaba esta mañana el velatorio del joven de 19 años que fue asesinado anoche de un balazo en la cabeza y se transformó en la cuarta víctima fatal.

Anoche, un joven murió en el hospital Piñero, mientras que numerosas personas resultaron heridas, al menos dos de ellas en estado grave, como resultado de nuevos choques entre vecinos de edificios de la zona y ocupantes del abandonado Parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, confirmó el director del sistema porteño de emergencias (Same), Alberto Crescenti.

Grupos de vecinos de la zona incendiaron tiendas de campaña y viviendas precarias a raíz del rechazo a la ocupación del predio de la zona sur de Buenos Aires por parte de centenares de pobres que reclaman ayuda humanitaria.

Macri aseguró que este nuevo hecho de violencia muestra el deseo de los vecinos de Buenos Aires “de defender su derecho a los espacios públicos” y señaló a “grupos de delincuentes” como responsables de la violencia.

 

Manifestación frente a la jefatura de gobierno durante la reunión de la que se habló poco

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1332742

Atacaron la jefatura del gobierno porteño

Rompieron vidrios, prendieron fuego y realizaron pintadas contra Macri

En medio de la reunión entre las autoridades del gobierno nacional y porteño, piqueteros y activistas de izquierda atacaron esta madrugada la sede de la jefatura comunal.

Los manifestantes se concentraron en Avenida de Mayo 525 tras los incidentes que protagonizaron ayer los ocupantes y vecinos de Villa Soldati, y quemaron con bolsas de basura y neumáticos, la puerta de la casa del gobierno porteño.

Además, activistas del Frente Darío Santillán rompieron vidrios de la sede porteña y pintaron leyendas contra Mauricio Macri.

En tanto, los manifestantes pintaron leyendas como “Macri, hacete cargo de los muertos”; “Tierra ya”; “Macri racista” y “Justicia por la masacre de Lugano”.

Tras ser corridos por el único patrullero presente en el lugar, los manifestantes cortaron la Avenida de Mayo donde incendiaron bolsas y neumáticos. El fuego debió ser apagado por una dotación de bomberos.

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2010/12/11/politica/POLI-02.html

Un grupo de piqueteros y activistas de izquierda quemó anoche la puerta de Avenida de Mayo de la Jefatura de Gobierno porteño, donde también provocó destrozos en los ventanales y pintó leyendas contra el titular del Ejecutivo comunal, Mauricio Macri.

Los manifestantes utilizaron bolsas de basura, cajones de madera y neumáticos para encender la puerta de Avenida de Mayo 525, que quedó totalmente chamuscada.

Eran activistas del Frente Darío Santillán y de otras organizaciones, quienes tras ser corridos por la policía, cortaron el tránsito en esa avenida, a la altura de Perú, donde también encendieron bolsas y neumáticos. El fuego debió ser apagado por una dotación de bomberos y por personal municipal desde dentro del edificio. Además de arrojar objetos contundentes contra la fachada del Palacio Municipal, los manifestantes pintaron leyes tales como “Macri, hacete cargo de los muertos”; “Tierra ya”; “Macri racista” y “Justicia por la masacre de Lugano”.

Sobre la medianoche, los manifestantes volvieron a la sede comunal, donde rompieron vidrios de los ventanales, ante la ausencia policial, ya que el único móvil que había en el lugar se retiró ante el avance de los activistas.

La condición de pacificación es que en el parque no haya personas”.

Gabriela Michetti, diputada nacional PRO.

 

Se reanuda la reunión en casa rosada

La presencia de francotiradores

La propuesta del Estado nacional de entregar tierras y que la Ciudad construya las viviendas necesarias.

La negativa del Estado municipal bajo el argumento de “no poder hacerlo”

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2010/12/11/politica/POLI-02.html

Tras el cuarto intermedio de esta madrugada, Fernández y Randazzo recibieron nuevamente hoy a Macri y a referentes de los ocupantes del Parque Indoamericano.

Con una hora de demora, Macri descendió de su camioneta en la explanada de la Casa Rosada acompañado por su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta y los ministros de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal y de Seguridad, Guillermo Montenegro.

En el encuentro también se encontraba presente el viceministro de Desarrollo Social, Sergio Berni, que secunda a Alicia Kirchner en la cartera nacional, informaron fuentes oficiales.

Una vez finalizado el diálogo en el despacho de Randazzo entre los funcionarios nacionales y del ámbito porteño se sumaron representantes de los ocupantes del predio ubicado en la zona sur de la Ciudad para retomar las negociaciones que se iniciaron en la medianoche de ayer.

“La reunión (de anoche) fue de alta tensión, porque el gobierno de la Ciudad tenía una postura de no solución al problema. Lo único que quería es que se desalojara”, comentó hoy el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, quien asistió al encuentro. Alderete pidió al gobierno nacional que “ponga su parte” para llegar a una solución. “Pedimos garantías a los dos Estados”, agregó Alderete, quien denunció la presencia de francotiradores en la zona del Parque Indoamericano, donde fueron asesinadas cuatro personas desde el martes pasado.

En tanto, cientos de familias mantenían la toma del parque ubicado en el barrio de Villa Soldati y se realizaban asambleas en diferentes sectores del predio para analizar la situación que por ahora no cuenta con una solución.

Anoche, el encuentro fue convocado de urgencia alrededor de las 23.30 y se extendió hasta las 3.30 de esta madrugada, sin llegar a ningún resultado.

La intención del Ejecutivo Nacional, que durante las dos últimas jornadas se negó a enviar fuerzas de seguridad federales a la zona, es “propiciar el marco del diálogo” entre las partes, pero dejó en claro que la solución se debe dar entre el gobierno porteño y las organizaciones sociales que participan de la toma.

El propio Fernández explicó que la salida fue impulsada por “los ocupantes del Parque Indoamericano, que nos pidieron que intercediéramos y fuéramos garantes de una reunión con el jefe de la Ciudad”.

Según pudo saberse esta mañana, durante gran parte de la reunión los funcionarios se “pasaron la pelota” respecto a la responsabilidad en el conflicto generado en Soldati. En un momento, el ministro Randazzo propuso que la Nación entregue tierras y que la Ciudad construya las viviendas necesarias. Ante la negativa de Macri, quien argumentó “no poder hacerlo”, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, preguntó si era por razones “económicas o ideológicas”, a lo que el jefe de gobierno porteño se limitó a responder: “No puedo hacerlo”.

 

Acuerdo político: en realidad cumplieron con lo que dictaminó la justicia

Acuerdo: Gendarmería cerca a los ocupantes del terreno baldío que nos pertenecen a todos menos a ellos

Acuerdo: Del cuarto muerto no se habla más y a partir de ahora ya no hay más muertos

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1332781

Cerco de Gendarmería y Prefectura en el Indoamericano para evitar incidentes

Tras una orden del Gobierno, ambas fuerzas se posicionaron en el perímetro del predio, que continúa ocupado; hoy no se produjeron disputas en la zona; ayer a la tarde hubo un furioso ataque para “recuperar” el espacio y se registraron violentos enfrentamientos; vecinos de la zona realizaron un marcha para reclamar el desalojo; protesta de agrupaciones de izquierda

Cientos de efectivos de la Gendarmería Nacional y Prefectura cercaron esta tarde el parque Indoamericano donde un fuerte operativo vigilaba la zona para evitar enfrentamientos entre los ocupantes y vecinos de la zona.

El operativo incluía helicópteros y carros hidrantes que supervisaban el territorio donde se instalaron cientos de habitantes que reclamaban una vivienda para dejar el lugar.

El Gobierno nacional decidió además que personal del grupo Albatros de la Prefectura Naval custodie las viviendas y monoblocks de la zona.

En las imágenes tomadas durante las primeras horas del día, pudo observarse los destrozos en las casillas que habían sido construidas por los ocupantes.

Mientras algunos permanecen en carpas, otro están sin protección durmiendo en el piso, con frazadas o tapados con un naylon. Tampoco hay demasiados medios de alimentación. “Estamos a mate”, dijo uno de los ocupantes.

“El más fuerte se queda con lo más grande y el más débil con lo más chico” señaló a este medio Norma Cruz, que está en el parque hace una semana.

“No te podés parar porque viene otro y te ocupa el lugar”, señaló uno de los ocupantes. Otra de las mujeres señaló que no encuentra su marido hace tres días.

http://www.elpatagonico.net/index.php?item=nota&idn=88160&ref=hoy

En tanto, luego de dos reuniones, siguen los cruces entre la Casa Rosada y el Gobierno porteño.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció ayer que ordenó a la Gendarmería Nacional cercar el Parque Indoamericano ocupado desde el lunes con el objetivo de realizar “un relevamiento” y para “impedir nuevos ingresos”.
“Ordené a la Gendarmería que cerque el lugar para que no haya nuevas entradas, pero que sí permita salidas”, dijo Fernández en una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno, y añadió que Prefectura Naval también colaborará en patrullar la zona aledaña al parque.
El jefe de Gabinete confirmó también que el Gobierno nacional estudiará la posibilidad de entregar tierras para solucionar el problema.
“No vamos a regalar nada, vamos a anticipar los terrenos para que se les permita acceder a un financiamiento”, afirmó.
Fernández explicó que de esta forma el Gobierno nacional cumple “el objetivo de garante” que abordó luego de convocar a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para destrabar el conflicto.
Fernández reiteró que la Casa Rosada es un “convidado de piedra en lo juridisccional, pero no en lo político”.
El funcionario afirmó por otra parte que la Nación apoyará “judicial, técnica y científicamente” a los habitantes del predio para dar con los responsables de los asesinatos cometidos.
Acompañado por el ministro de Interior, Florencio Randazzo, Fernández confirmó además que los fallecidos “eran de adentro” del predio y echó así por tierra las versiones que indicaban que podrían ser vecinos de los barrios aledaños.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, cuestionó ayer la actitud del Gobierno nacional en relación al conflicto en Villa Soldati pero celebró el inicio de las negociaciones “para lograr la pacificación” del Parque Indoamericano ocupado desde el lunes.
“Tengo que pedirles tranquilidad y colaboración, un poco de paciencia y tiempo”, enfatizó Macri, y agregó: “Necesitamos que colaboren en pacificar, que no se movilicen ni den lugar a la provocación. El parque va a seguir siendo parque”.
“A pesar de la pequeñez del discurso del Gobierno, festejo que hayamos podido sentarnos a trabajar juntos”, subrayó, aunque cuestionó la actitud del Gobierno al señalar que “lo más falso es decir que son convidados de piedra en la Ciudad”.
“Quiero aprovechar para decir que este gobierno rechaza todo acto de discriminación y xenofobia. Hemos hecho de la diversidad de la Ciudad un valor. Acá estamos decidiendo si vamos a vivir fuera o dentro de la ley”, consignó.

El discurso del Estado ausente: Desgobierno. Vacío de poder

La pelea entre el Estado Nacional y el Estado Municipal ¿eso es el estado ausente?

¿episodios de violencia colectiva?

La policía es incompetente e inservible

La hipótesis de tomas de tierras porque como terminó el ciclo lectivo no hay tomas de colegios de Clarín

http://www.clarin.com/opinion/Dias-desgobierno-vacio-poder_0_388761203.html

Días de desgobierno y vacío de poder

No se recuerdan episodios de violencia colectiva, como ocurrió en Villa Soldati, desde el 2001. El Estado estuvo ausente. El kichnerismo y Macri quedaron atrapados en una pelea inútil . Ambos presumen conspiraciones. ¿Comienza la era “cristinista” en el Gobierno?

La Argentina, perpleja y asombrada, ha asistido a los episodios de violencia colectiva más estremecedores de la era kirchnerista . La memoria pudo remontarse incluso, sin exageraciones, a sucesos del 2001 cuando la sociedad pareció mecerse sobre una cornisa. Pobres contra pobres pugnando por un pedazo de tierra en un amplio descampado, inmigrantes cautivos de los negocios políticos, barrabravas del fútbol haciendo el trabajo de punteros, pistoleros, mafiosos y narcotraficantes. Cualquier diagnóstico módico podría hablar de un tejido social en estado de descomposición.

Todo fue más grave aún que ese cuadro de infierno. La violencia y el descontrol, con cuatro muertos, ocurrió mientras la Nación careció de ejes y de referencias políticas, con un Estado inoperante y ausente. La política y el poder estaban abstraídos en una pelea mezquina e inaceptable, protagonizada por los gobierno de Cristina Fernández y Mauricio Macri.

Nada más parecido eso que al caos y el desgobierno.

Valdría detenerse un poco en esos días de salvajismo. Hubo cuatro jueces y un fiscal que promovieron el desalojo en Villa Soldati, el diálogo y la pacificación, pero fueron desoídos. Uno de ellos habría tenido un diálogo áspero e intimidatorio con Mario Kestelboim, Defensor General de la Ciudad, de lazos con el kirchnerismo. El predio de la violencia fue también teatro de la vieja disputa entre la Policía Federal y la Metropolitana. La Federal hizo un primer desalojo incompleto con la falta de competencia acostumbrada. La Metropolitana, al menos para este tipo de situaciones, demostró todavía que es inservible.

La política hizo agua, además, desde el primer minuto. Macri y Aníbal Fernández se entretuvieron en varios contrapuntos públicos inútiles. El jefe de Gobierno terminó pidiendo socorro cuando el conflicto se había desmadrado. No lo atendió Cristina, ni siquiera el secretario general, Oscar Parrilli. Recién tuvo respuesta para abrir un diálogo cuando trascendió la noticia sobre la supuesta cuarta víctima.

De allí salió el acuerdo que dio intervención a la Gendarmería .

De la descripción podría concluirse una falta palmaria del Estado. Curioso: ese Estado ha figurado siempre como núcleo de la prosa kirchnerista cuando refiere con pompa a su modelo. Es cierto que ese Estado cobró una vigencia estos años que había desaparecido en los 90. Sirvió como dique social para los peores momentos de la crisis y la recuperación posterior. Sirvió, además, como ordenador de algunos aspectos de la economía. Pero luego pareció monopolizado por el Gobierno como herramienta de sus políticas particulares o sus negocios poco transparentes. Hay importantes funciones de ese Estado, vacías o huérfanas.

Una de esas funciones tiene que ver con el orden y la seguridad. El orden, como una noción no entendida desde la óptica castrense.

El orden social, precisamente, como la base imprescindible de cualquier construcción de un Estado. El kirchnerismo siempre pretende enlanzar la idea de orden únicamente con la represión. Así lo expuso Aníbal Fernández, el jefe de Gabinete, en una de sus discusiones mediáticas, rústicas y demagógicas, con Macri. Así lo reiteró Cristina en ese acto de rasgos alucinantes que realizó en la Casa Rosada por los derechos humanos mientras en Villa Soldati se desarrollaba una batalla campal.

El papel de las fuerzas de seguridad es un problema irresuelto por el gobierno de los Kirchner. Esas fuerzas nunca parecen en aptitud de garantizar ni una restauración incruenta ni la prevención oportuna y adecuada. Néstor y Cristina Kirchner, por esa razón, resolvieron replegarla estos años.

Cuando la Federal irrumpió en Villa Soldati sobrevino la batahola, con los dos primeros muertos. Aunque no hay ninguna constancia de que esas víctimas hayan caído por las balas policiales.

La Policía estuvo ausente, en cambio, cuando no debió estarlo. Una patota sindical del gremio ferroviario mató el 20 de octubre a Mariano Ferreyra, militante del PO, durante una manifestación de protesta. El incidente se inició en Avellaneda y concluyó trágicamente en Barracas. Ningún policía atinó a detener la persecución y el asesinato.

El problema no se circunscribe sólo a la Policía Federal o Bonaerense. Hay también registro de desbordes constantes en el interior. El 23 de noviembre en Formosa, el gobernador Gildo Insfrán ordenó retirar a miembros de la comunidad toba que cortaban una ruta en queja por el desalojo de tierras que, afirman, les pertenecen por ley. Dos indígenas y un policía murieron. La acción de Insfrán provocó indignación en el kirchnerismo, dividió aguas en el gabinete, irritó a Cristina e, incluso, provocó reproches de mandatarios del PJ al formoseño.

¿Hicieron algo los Kirchner para modificar esa recurrente inoperancia policial mientras resolvían su repligue? No existe constancia de tal inquietud, fuera de la actualización de los pertrechos mínimos de trabajo.

Esa brasa tomará en sus manos, desde el miércoles que viene, Nilda Garré, designada ministra de Seguridad.

La designación no fue el resultado de una medida cavilada –aunque sobre el tema se venía hablando– sino de la urgencia política que plantearon los desmanes en Villa Soldati. Esa designación, también, comenzó a hacer visibles fisuras en el equipo de gobierno que circulaban de manera solapada. Asoma una víctima: Aníbal Fernández.

El jefe de Gabinete dispone desde hace años del control de la Policía Federal. Cuando fue ministro del Interior con Néstor Kirchner, y ahora mismo, pese a que la Seguridad dependía, en los papeles, del ministro de Justicia, Julio Alak. Ese hombre, también, estaría más cerca de irse que de quedarse.

Aníbal Fernández sintió el impacto. Se vio cómo, con la cabeza gacha, soportaba la chanza del canciller Héctor Timerman, cuando Cristina anunciaba la entronización de Garré. Los hombres del macrismo que negociaron con él –entre otros– la salida del conflicto en Villa Soldati creyeron verlo apocado e inseguro. Aníbal Fernández, sin la Policía, perderá seguramente fuego.

Aquel discurso de Cristina del viernes pareció exceder, en sentido político, la evocación del Día de los Derechos Humanos. Fue una puesta en escena –teatralizada con niños que, repentinamente, besaron a la Presidenta y le entregaron flores– que apuntó al combate contra Macri , a quien le endilgó xenofobia. Podría haber marcado, amén, un nuevo punto de partida en su administración, luego de la muerte de Kirchner.

La Presidenta venía insinuando, desde entonces, algunos cambios en su forma política. Volvió la mujer punzante, de tono provocativo, que dijo muchas cosas que sorprendieron. Habló de su preocupación por la seguridad –la exacerbó con la creación del ministerio–, del valor igualitario de cada vida, del dolor por cada muerte originada en el delito o cualquier otra razón, de la confraternidad latinoamericana. Todo eso delante de personalidades extranjeras, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y con el telón de Villa Soldati donde al parecer fusilaban a un joven de 19 años, se apaleaban entre inmigrantes y vecinos y existía una cruel ausencia de fuerzas de seguridad y de su Gobierno.

Quizás ese relato no alcance para abarcarlo todo. Podría estar despuntando dentro de la era K el ciclo “cristinista”. La elevación de Garré y la devaluación de Aníbal Fernández sería, apenas, un anticipo de lo que estaría por venir.

Cristina deslizó la existencia de una imprecisa conspiración contra ella por el estallido de Villa Soldati. Aníbal Fernández chicanéo a Macri con la presencia del barrabrava Juan Carlos Capella, pariente además de un ex masajista de Boca. Pero ese reo estuvo en el Mundial de Sudáfrica llevado por los dineros de las hinchadas kirchneristas. El macrismo también presumió que la pueblada pudo estar armada en su contra. Habría un dato que lo avalaría: varios de los camiones que llevaron a los inmigrantes hasta Villa Soldati salieron desde La Matanza. Habrían contado con el apoyo del piquetero Luis D’Elía. Tampoco pasó inadvertido el sesgo político de las declaraciones de esos inmigrantes: contra Macri y contra la Policía Metropolitana. Mucho conocimiento para gente que está desembarcando en el país. Ese movimiento habría estado coordinado con otro: de nuevo las tomas en los colegios, frustradas por el fin del ciclo lectivo.

Habrá que ver cuántas de esas pistas responden a la certeza, a la casualidad o a una simple presunción. Tal vez Macri haya cometido en este tramo dos pecados capitales.

No advertir con debida antelación el fenómeno de las ocupaciones que atraviesa el país. Acaban de suceder también en Lomas de Zamora y en Córdoba. Las nuevas ocupaciones tienen vínculo con la saturación de las villas miserias, cuya población en Capital se duplicó en cinco años. Basta ver que la Villa 31 ya se confunde con los containers del puerto.

Otra cuestión difícil de explicar fue su devaneo electoral. El plan para adelantar a marzo el comicio en Capital como prólogo de las presidenciales de octubre. En suma, la posibilidad de su doble candidatura en apenas seis meses. Una especulación digna de haber sido extraída de algún manual kirchnerista.

En circunstancias como las actuales, con un trasfondo de muertes, violencia y desamaparo social, los gobernantes parecen quedar en soledad, extraviados, con sus limitaciones y sus sombras.

 

Barrabravas y punteros

Ciro James, Cristian Ritondo y Eduardo Duhalde

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158547-2010-12-12.html

Entre desmentidas sobre si Capella todavía es municipal, surgen dos nombres asociados a los barrabravas.

“Esos tipos nos venían a matar. Esperamos que la de hoy sea una noche tranquila.” Deborah es argentina, tiene 20 años y tres hijos. Su marido, jaqueado por el paco, una noche de descontrol vendió la casa que compartían y ella ahora vive, sin su ex pareja, en casa de sus padres, en la Villa 20. La del viernes fue, para ella, una noche “de miedo, mucho miedo”. En el barrio, dirigentes de distintas organizaciones tejen hipótesis sobre quiénes fueron los supuestos vecinos de barrios aledaños que actuaron “como mafiosos” y sembraron el terror entre los vecinos. Ayer, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, afirmó que Julio Capella, el hombre filmado con un arma en la mano durante los incidentes en el Parque Indoamericano, ya no trabaja en el gobierno porteño, aunque el jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, insistió en que el sospechoso sigue en la administración macrista. La novedad es que la presencia de barrabravas de varios clubes fue asociada a dos nombres:

Ciro James, el procesado ex jefe de Inteligencia de la Metropolitana, y Cristian Ritondo, el ex peronista que encabeza hoy el bloque PRO en la Legislatura.

“Las personas que el martes a la madrugada entraron a los tiros al parque, antes de que comenzara la toma pacífica de las tierras, serían hombres que trabajaron en su momento con Ciro James, en el Ministerio de Educación y en Deportivo Español, donde hoy entrena la Policía Metropolitana”, dijo una fuente del barrio que conoce a la perfección los movimientos internos. Otro dirigente, que también pidió mantener su nombre en reserva, recordó que “ya se tiró la relación entre (Cristian) Ritondo, (Eduardo) Duhalde y la patota que entró a los tiros” el viernes y que hirió a varias personas.

“Acá la gente conoce el ambiente del fútbol y sabe que hay barras vinculados al macrismo, que están desde la época de Ciro James y que siempre alardearon de su relación con Ritondo”, el legislador de origen peronista que hoy es el jefe del bloque macrista. “Todos conocen a los barras de Nueva Chicago que suelen andar por la villa y que, se sabe, son del círculo que maneja Ritondo. Además, no hay que descartar que hayan venido algunos ‘novatos’ de la Metropolitana a los que conocemos porque entrenan en Deportivo Español. Acá nos conocemos todos”, aseguró una tercera fuente del barrio.

Ayer, Montenegro admitió que Julio Capella “era empleado de la Obsba”, pero aseguró que “ya no lo es y ahora deberá dar cuenta de sus actos ante la Justicia”. Sobre este punto, Aníbal Fernández dio otra versión: “Son señores que trabajan para la Ciudad”, aunque aclaró que ese dato “no imputa al gobierno (porteño) en nada”. Aseguró que el hombre que aparece con pantalón rojo en las filmaciones “está identificado por Anses como empleado del Gobierno de la Ciudad y su papá o su tío es asistente en el club Boca Juniors”.

La voz, acerca del conocimiento que se tiene sobre los barras que el viernes atacaron a los ocupantes del predio, corrió ayer por todo el parque y se advertía el temor por vivir otra noche semejante, a pesar de la presencia masiva de gendarmes. “Se nos vinieron encima. Venían a matarnos. Tiraban en todas las direcciones. Nosotros tuvimos que retroceder, pero después nos organizamos y los hombres salimos a enfrentarlos, porque de lo contrario se iban a venir encima de las mujeres y de los niños”. Tiene 27 años, dice que se llama Juan, y desde hace 15 años se vino a Buenos Aires desde su Oruro natal. “Los sacamos corriendo porque éramos muchos, aunque no teníamos armas, sólo palos y algunas piedras, pero igual teníamos que defendernos o nos mataban.”

Juan está enojado con cierta prensa. “Dicen que somos vagos, que queremos tierra gratis, pero no es así. Nosotros queremos comprar nuestras casas. Más de una vez hicimos trámites en el IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad), pero cuando tenía un sueldo de 500 pesos, me pedían uno de 1000 y cuando llegaba a 1000 pesos, me exigían que fueran 2500. No queremos nada gratis, queremos pagar, pero los planes tienen que ser acordes a nuestras posibilidades. Sólo eso pedimos. Y una aclaración: los que estamos acá no sólo somos bolivianos y paraguayos, hay también muchos argentinos”, sostuvo Juan.

Ayer, a pesar de la lluvia, que entre las cuatro y las cinco de la tarde fue torrencial, casi nadie se movió de los terrenos. Por el contrario, había muchos más, asentados en chozas armadas con palos y manteles de plástico. Cerca de la noche, algunos ya se habían armado casitas precarias de madera y chapas. Alejandro Salvatierra, uno de los punteros del barrio, estimó que van a ser necesarias “unas tres mil viviendas” que servirían para crear “mil puestos de trabajo digno para muchos compañeros”. Las estimaciones, hasta anoche, decían que ya están asentadas en el predio entre 1500 y 2000 familias.

Algunos de los ocupantes, como Norma Cruz, se retiraron del sitio que ocupaban en el predio y retornaron a sus lugares de origen. “Muchos de nosotros estamos inscriptos desde hace muchos años en el Instituto de la Vivienda porque vivimos en la Villa 1-11-14, pero nunca tuvimos una respuesta a nuestro pedido. Por eso nos vinimos el martes a ocupar, pero tengo miedo de los gendarmes, porque siempre que aparecen nos desalojan y nos pegan. Tengo miedo porque acá estamos con nuestros hijos.”

De todos modos, la tarde-noche de ayer se presentaba pacífica. Hubo dos manifestaciones opuestas, una de apoyo a la toma y otra de rechazo, pero ninguna de las dos generó problemas. Unos mil militantes de izquierda intentaron llegar hasta el asentamiento, para solidarizarse con los vecinos de la toma, pero la Gendarmería los retuvo en la esquina de avenida Cruz y Escalada. Había banderas del PTS, de los empleados de Kraft y de los Subterráneos, de Cerámicas Stefani, Zanón y Brukman.

Con otras intenciones, en Cruz y Piedrabuena, vecinos de los barrios aledaños repudiaron una vez más la ocupación de tierras y pidieron el “inmediato desalojo”. Esta vez, sin barrabravas a la vista, los manifestantes cortaron la calle, hicieron ruido y se fueron a dormir.

 

Lo sabía, lo sabía, los mató la policía (metropolitana y federal)

SUTECBA, barras y punteres

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158530-2010-12-12.html

Como en los preparativos de la masacre de Ezeiza en junio de 1973, la asociación gremial de los trabajadores municipales participó en la movilización de esos civiles armados. Entonces se llamaba UOEM y hoy SUTECBA, pero su conducción sigue estando en manos de Amadeo Nolasco Genta y Patricio Datarmini. Para gatillar el conflicto, centenares de pobres de solemnidad fueron traídos en colectivos y camiones pagados por el esposo de Graciela Camaño desde Tigre, Pilar, Moreno, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora, sin que la estructura política y policial de la provincia de Buenos Aires lo avisara al Poder Ejecutivo. Como en el asedio a la Legislatura porteña en julio de 2004, barrabravas del fútbol vinculados con Macrì intervinieron en el desencadenamiento de la violencia. Como en uno y otro caso, la política y los negocios se cruzaron en forma espuria. El gobierno camporista de 1973 avanzó indefenso hacia su consumación porque no comprendió la deliberada manipulación de lo que sucedía, según los pasos de “La técnica del golpe de Estado”, descrita en 1931 por Curzio Malaparte.

La oferta electoral

En el lanzamiento de su candidatura presidencial, Macrì definió con precisión su oferta al electorado. Precedido por su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, responsabilizó a la política migratoria del gobierno nacional, que llamó permisiva y descontrolada, y propuso la disyuntiva entre atender las necesidades habitacionales, sanitarias y educativas de los porteños o de los extranjeros.

La presidente urgió la realización de las necropsias de los primeros muertos, para lo cual debió recurrir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, porque el Cuerpo Médico Forense remoloneaba sin premura; cotejó los resultados de esos peritajes con las versiones que divulgaban las policías Federal y Metropolitana; observó varias veces las secuencias filmadas por distintos canales de televisión. Durante las largas horas de silencio político, la única palabra oficial fue la de un vocero de la Policía Federal, sólo preocupado por defender la imagen institucional. Los mismos argumentos formaban parte del mensaje que se proponía leer el ministro que estaba a cargo de la Seguridad, Julio Alak. La presidente lo impidió. También recibió a los familiares del muchacho paraguayo Bernardo Salgueiro y de la chica boliviana Rosmarie Churra Puña, asesinados el miércoles. Algunos llegaron con el temor de verse involucrados en un show, pero CFK decidió que esos dolorosos encuentros íntimos transcurrieran sin fotógrafos ni periodistas, como ya había dispuesto cuando recibió a padres y hermanos de Mariano Ferreyra, el chico asesinado por una patota gremial en Constitución. No hizo lo mismo con los tobas agredidos por la policía de Formosa, lo cual marca una diferencia indefendible. En cambio, los recibió el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien mostró fotos en las que se veía a un indígena con un machete, a otro con un arma de puño y a un tercero con una carabina rudimentaria, los instrumentos de trabajo de esa etnia de cazadores y recolectores, que de ninguna manera pueden equipararse con el despliegue de un cuerpo especial de la policía formoseña, de entre 70 y 200 hombres según qué fuente se escuche. Macrì siguió repitiendo la versión policial, según la cual Salgueiro había muerto antes de que comenzaran los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, pese a que la declaración de la chica que lo acompañaba, Alejandra González, de 18 años, ante un funcionario de la seccional 52 de la propia Policía Federal, ratificada luego por sus familiares y otros testigos, indicaba en forma categórica que los disparos que le costaron la vida provinieron de las armas de las dos policías, formadas codo a codo sobre el puente que domina la villa 20. La policía informó al gobierno que Salgueiro tenía sólo un perdigón y que nadie más de su grupo había recibido impactos, lo cual avalaría la hipótesis de un disparo de tumbera. Pero la necropsia no habla de un perdigón único sino de genérica “posta de plomo de cartucho”, y un pariente de Salgueiro que iba junto a él fue herido en un brazo. De este modo, CFK terminó de formarse un juicio sobre lo sucedido y tomó decisiones llamadas a poner fin al autogobierno policial, una de las principales asignaturas pendientes de la democracia argentina.

 

La metropolitana

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158529-2010-12-12.html

El PRO alardeó sobre ese cuerpo de excelencia, que fracasó en toda la línea. Tiene 1800 o 2000 integrantes, según distintas versiones. En el brutal desalojo participaron menos de cien.

Unos pocos quedaron a cargo del parque y no fueron capaces de mantenerlo desocupado. Luego, Macri confesó impotencia y dejó una guardia testimonial, un puñado de patrulleros. El líder de PRO explicó que fueron desbordados.

La Metropolitana, se pretendía, era una “policía presencial”. Cuando hizo falta para separar a grupos ciudadanos antagónicos no destinó el 10 por ciento de sus efectivos y Macri clamó por la presencia de la Federal.

El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, fue más específico: quería la Infantería. La represión otra vez, arrogándose la potestad de conducir una Policía ajena, en parte para tirarle a Cristina Kirchner eventuales “costos” de desbordes.

La Metropolitana está, además, acusada de haber asesinado a Juan Castañeta Quispe. La culpa penal es rigurosa, debe probarse. Esto dicho, la voz de las víctimas merece escucha. Y el cargo es consistente con las bravatas lanzadas por la policía porteña, escuchadas por centenares de sus destinatarios: “Bolivianos de mierda, váyanse de acá que los vamos a matar”.

La Federal

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158529-2010-12-12.html

El desalojo fue una pésima operación. El operativo conjunto entre las dos Policías es una táctica desaconsejable, que siempre termina en cortocircuitos. No hay precedentes de cooperación ante una situación tan delicada y peligrosa. Tampoco hay protocolos vigentes que pauten modos de obrar.

La Federal fue violenta en su accionar, golpeó a mansalva a los ocupantes, disparó balas de goma con saña. Dos muertos consagran el fracaso y abren sospechas enormes. El fiscal a cargo de la pesquisa, Sandro Abraldes hizo lo debido: apartar a los federales de la investigación.

La inacción policial ulterior, por manda del poder político, también es una falta grave. Las usurpaciones, según las normas vigentes, son competencia de los tribunales porteños. Pero cuando un hecho deriva en crímenes comunes, cometidos a la vista de la ciudadanía, se exige intervención inmediata.

En verdad, se ha producido un resquebrajamiento respecto de una encomiable línea maestra del kirchnerismo, eficaz y virtuosa en los primeros años: no reprimir la protesta. Los actores le han tomado la mano, tiran de la soga a niveles extremos, la recurrencia del obrar estatal subleva a otros ciudadanos. En menos de dos meses, han muerto cinco personas en movilizaciones, lo que habla de una pérdida sensible de eficacia.

 

También aparecen punteros kirchneristas

http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=452262

Alejandro Salvatierra, puntero kirchnerista y delegado de las personas que ocupan el Parque, aseguró que las familias no abandonarán el predio hasta recibir “viviendas dignas” por parte del gobierno de la Ciudad, al que responsabilizó de “incitar” a las “bandas armadas” que actuaron en los últimos días.

Informe final – Diciembre de 2010

Elaborado por los siguientes miembros de la Mesa Ejecutiva de la Comisión:
Alegre, Gabriela Patricia
Gentili, Rafael Amadeo
Parrilli, Marcelo
Ruanova, Gonzalo Roberto
Sánchez Andía, Rocío

Tabla de contenidos
1 Presentación 2
2 Antecedentes 2
3 Actividades realizadas en el marco de la Ley 3255 4
4 Observaciones sobre los legajos revisados 7
5 Perfil de los altos mandos 11
6 Conclusiones 12

1 Presentación
El presente constituye el informe final de la Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana (PM), que funciona en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creada por Ley 3255 (modificada por Ley 3.416), está compuesta por los miembros de la Comisión de Seguridad, de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, y la Defensora del Pueblo de la Ciudad.

2 Antecedentes
La PM nace con la sanción de las leyes 2894 de Seguridad Pública, 2895 de creación del Instituto Superior de Seguridad Pública, y 2947 de creación del Estatuto para el Personal policial, en octubre y noviembre de 2008.
En junio de 2009, el Jefe de Gobierno de la Ciudad designa como primer Jefe de la PM a Jorge “Fino” Palacios. Ese nombramiento se produce a pesar de las críticas y advertencias de numerosas organizaciones sociales y de todo el arco opositor, atento a sus antecedentes (vinculados con los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, con el secuestro de Axel Blumberg, sus vínculos con el delito organizado y la justificación del terrorismo de Estado en su libro Terrorismo en la Aldea Global) y al muy probable procesamiento en la causa por encubrimiento en el marco de la investigación del atentado a la sede de la AMIA.
Desde el mismo momento de la conformación de la PM, tomaron estado público un conjunto de graves episodios vinculados a la ausencia de idoneidad para cumplir la función policial de varios de sus funcionarios y agentes. Puntualmente, se conocieron casos de funcionarios y agentes con procesamientos e imputaciones penales. Estos hechos derivaron en la renuncia, a muy pocos días de ser designados, del Jefe y Subjefe de la PM, y en la baja de varios altos mandos y oficiales.
Los episodios más resonantes se relacionan con la renuncia del Jefe de la PM, Jorge “Fino” Palacios (el Dto. 917/09 del 16 de octubre de 2009 acepta la renuncia a partir del 25 de agosto), a partir de los fuertes cuestionamientos de amplios sectores de la sociedad, organismos de derechos humanos y especialmente de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, por su rol de encubridor en la investigación de dicho atentado. Para ese entonces, el fiscal de la causa lo había imputado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la supuesta destrucción de pruebas y omisión de actuar en la persecución y represión de delincuentes. La renuncia se produce pocos días antes de su procesamiento.
En ese marco, toman estado público las denuncias que involucran a Jorge Palacios y al ex empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad, Ciro James, por las escuchas ilegales a diversas personas, entre ellas a Sergio Burstein, familiar de víctima del atentado a la AMIA. Las denuncias terminarían en el procesamiento y la detención de ambos, por asociación ilícita, falsedad ideológica y escuchas ilegales, en la causa que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, interinamente a cargo del Dr. Norberto Oyarbide. A la fecha de este informe, Palacios tiene procesamiento firme de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
Con la renuncia de Palacios queda a cargo de la PM el Subjefe Osvaldo Chamorro, quien renuncia el 24 de noviembre de 2009 (Dto. 1170/09), al conocerse que tenía en su poder datos patrimoniales y financieros de funcionarios del Gobierno y legisladores de la oposición, en el marco de la causa por escuchas ilegales. Al igual que otros altos jefes de la PM, Chamorro había sido pasado a disponibilidad en la que fue denominada la mayor purga de la historia de la Policía Federal Argentina (Resolución 670/PFA del 18 de mayo de 2004).
En el marco del escándalo por las escuchas ilegales, otro allegado del “Fino” Palacios es echado por el Jefe de Gobierno porteño: el ex comisario de la PFA Roberto Ontiveros, contratado como asesor en el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJyS). La baja fue confirmada por el ministro Montenegro, en ocasión de la concurrencia a la Legislatura el 19 de noviembre de 2009 para informar sobre los graves episodios que involucran a la PM.
El 11 de diciembre de 2009, ante las forzadas renuncias de Palacios y Chamorro, el Jefe de Gobierno porteño designa, mediante Dto. Nº 1101/09, a Eugenio Burzaco, un civil, al mando de la PM.
La investigación en la causa por escuchas ilegales no se detuvo en Palacios, Chamorro y James, ni tampoco con el procesamiento de dos magistrados de la Provincia de Misiones que habían permitido que las escuchas se realizaran. Por indicación de la propia Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, el 14 de mayo de 2010 el Juez Federal Norberto Oyarbide dicta el procesamiento de Mauricio Macri por encontrarlo penalmente responsable de tomar intervención en la asociación ilícita en carácter de miembro. Dicho procesamiento queda firme el 15 de julio de 2010 a partir de un nuevo fallo de la Cámara, dando lugar a una crisis institucional de extrema gravedad.
La posible existencia de una asociación ilícita dedicada al espionaje funcionando a partir de la más alta jerarquía de la PM (Jefe y Subjefe); la investigación judicial sobre la participación y el amparo del Jefe de Gobierno a la misma; y la sospecha de que la matriz emplazada por Palacios seguía instalada, a pesar de su forzada renuncia, a través de la incorporación de ex comisarios de la PFA vinculados a él, determinaron la necesidad de realizar una evaluación de las incorporaciones efectuadas y del proceso de altas policiales determinado por el Gobierno porteño.
Fruto de esta situación, el 19 de noviembre de 2009 la Legislatura sancionó la Ley 3255. Mediante dicha norma se creó la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras fuerzas de Seguridad a la PM, que en el plazo determinado (originalmente 90 días, prorrogado por Ley 3416 hasta el 15 de diciembre de 2010) debía elaborar informes detallados sobre el mencionado personal.
Tras varias postergaciones, la PM “sale a la calle” con 500 efectivos, en la Comuna 12, el 4 de febrero de 2010.
En paralelo, el 12 de agosto de 2010 la Legislatura votó la Resolución 321/10 la cual dispuso la creación de una Comisión Investigadora Especial (CIE), en los términos del artículo 83 inciso 3º de la Constitución de la Ciudad.

2.1 Bajas de personal policial desde la sanción de la Ley 3255
Las bajas de personal policial siguieron más allá de las renuncias de Palacios y Chamorro. Entre febrero y abril de 2010 se produjeron 22 bajas, incluidos un Comisionado General, un Comisionado Mayor y cuatro Comisionados. Las cesantías se determinaron a partir de las Resoluciones 194, 195 y 388, del MJyS, y constituyen una prueba más de la gravedad institucional que implica todo el proceso de conformación de la PM.
Los motivos de las bajas no se han podido conocer con precisión, ya que la Resolución que las establece nada dice al respecto, remitiendo a la nota suscripta por el Jefe policial que solicita la baja. Sin embargo, según declaraciones públicas de los máximos funcionarios del Gobierno porteño, se pudo saber que se trataba en todos los casos de policías que poseen antecedentes penales.
El más resonante fue el del Comisionado Miguel Ángel Fausto Colombo, responsable del área de Investigaciones de la PM. Su baja se produjo el 23 de abril del 2010, luego de que se difundiera públicamente su procesamiento en una causa que investiga la protección policial a tres prostíbulos. Según reconoció el jefe policial Eugenio Burzaco en ocasión de su exposición ante los diputados, el procesamiento de Colombo era muy anterior a su nombramiento en la PM.
Según informó Burzaco, el 24 de mayo de 2004 se le dictó un auto de procesamiento sin prisión preventiva. El 18 de agosto de 2009, el requerimiento de elevación a juicio oral fue efectuado por el fiscal de la causa, doctor Campagnoli. Los cargos en su contra fueron cohecho pasivo, encubrimiento agravado por ser funcionario público, participación en el delito de infracción (art. 17 de la Ley 12.331) e infracción al art. 274 del Código Penal, todos en concurso real.

2.2 Control y reasignación de competencias sobre la incorporación del personal
El escándalo político e institucional producido en la conformación de la PM, sobre todo en cuanto al personal proveniente de otras fuerzas, obligó al Gobierno porteño a tomar tres medidas.
• El 30 de marzo de 2010, por Resolución 266/10 del MJyS, se crea en dicho ministerio la Comisión de Revisión de Incorporaciones a la PM. La misma se integra por el Jefe de la PM, el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, el Auditor Externo Policial y el Director General de Recursos Humanos de dicha fuerza. Entre otras, la Comisión tiene como misión la revisión integral de los antecedentes presentados por el personal ingresado a la PM, proveniente de otras fuerzas de seguridad.
• El mismo día, por Resolución 267/10 del Ministro de Justicia y Seguridad, se reasignan las competencias para el manejo del ingreso del personal, poniéndolas fuera de la órbita de la PM. A partir de allí, queda a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública llevar adelante el proceso de selección, reclutamiento y admisión de aspirantes, responsabilidades hasta entonces a cargo de la Dirección de Personal que pertenece a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la propia PM (Dto. 55/10). Nótese que esta reasignación de competencias se realizó en violación del principio de legalidad, en tanto no se pueden modificar por resolución responsabilidades otorgadas por decreto.
• Por último, a través de la Resolución 17 JPM/10, el Ministro de Justicia y Seguridad dispuso que todos los agentes ingresados y los que se incorporen deberán firmar una declaración jurada en la que conste que no cuentan con antecedentes penales.

3 Actividades realizadas en el marco de la Ley 3255
3.1 Constitución de la Comisión
De acuerdo a lo establecido en la Ley 3255, el 24 de noviembre de 2009 se constituyó la Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la PM. La misma se integró de acuerdo a la conformación que, en ese entonces, tenían las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos.
La Ley 3255 establecía un plazo de 90 días para que la Comisión realice su cometido. No obstante, debido a la renovación del cuerpo legislativo, la Comisión suspendió sus actividades hasta tanto se conformaran las Comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos según la nueva integración del cuerpo.
Atendiendo a ello, en febrero de 2010 se realizaron dos reuniones informales con la participación de la Sra. Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini.
La primera con los legisladores Gabriela Alegre y Martín Borrelli, en la Defensoría. Ambos diputados aún no estaban designados como presidentes de sus respectivas comisiones. Se realizó un intercambio de ideas, a la espera de la constitución formal de las mismas en la Legislatura.
En una segunda oportunidad, ambos diputados y la Defensora concurrieron a la sede del MJyS donde se mantuvo una reunión con el Ministro Guillermo Montenegro, el Secretario de Justicia Dr. Daniel Presti, el Jefe de Asesores del Ministerio Dr. Horacio García y el Auditor Externo Dr. Gustavo Morón. Se conversó sobre la metodología de trabajo, el lugar para realizar la compulsa de legajos y las prioridades de revisión: mayores de 50 años, con cargos de conducción, luego demás cargos de conducción y finalmente los restantes miembros.
El 9 de marzo se realizó una primera revisión de legajos, de carácter informal. El MJyS ofreció 50 legajos originales sobre la mesa de trabajo. Los mencionados legisladores y la Defensora concurrieron con asesores y procedieron a su revisión. Como consecuencia de la misma, el 22 de marzo la Defensora remitió nota al Dr. Morón solicitando ampliación de información en dos casos. No se recibió respuesta formal, pero las dos personas sobre las que se requirió información fueron dadas de baja.
Ya con la nueva conformación legislativa, y elegidos los nuevos integrantes de las Comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos, la Legislatura sancionó la Ley 3416, que amplió el plazo de 90 días que establecía la Ley 3255, extendiéndolo hasta el 15 de diciembre de 2010, prorrogable por el máximo de un año.

3.2 Nueva integración de la Comisión, Mesa Ejecutiva, aprobación de Reglamento e Informes Preliminares
El 20 de abril de 2010 se volvió a constituir la Comisión, de acuerdo a la nueva conformación de la Legislatura. Allí se aprobó la conformación de su Mesa Ejecutiva y, el 26 de abril, el reglamento interno. La Mesa Ejecutiva quedó integrada por los diputados Marcelo Parrilli, Rafael Gentili, Rocío Sanchez Andía; Gonzalo Ruanova, Helio Rebot, Victoria Morales Gorleri, Enzo Pagani, Avelino Tamargo, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, Gabriela Alegre, el presidente de la Comisión de Seguridad, Martín Borrelli, y la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini.
La tercera reunión del pleno fue el 15 de agosto. Allí se resolvió remitir por nota al MJyS los primeros informes elaborados en el seno de la Comisión en los términos del art. 5° de la Ley 3255. Además, se solicitó por nota al Ministerio los puntos incluidos en el apartado 8º del informe de los bloques de oposición. Asimismo, se requirió la información solicitada por la Defensoría respecto de los legajos consultados. Por último, se decidió solicitar por nota a la PFA la remisión de los legajos de los cuatro superintendentes de la PM.
La Mesa Ejecutiva se reunió en dos oportunidades en la sede de la Legislatura: 5 de mayo y 1º de junio de 2010.
En la primera reunión se resolvió solicitar por nota al Ministerio el listado completo y actualizado de la totalidad del personal proveniente de otras fuerzas con mención de legajo, cargo y destino y el organigrama policial con indicación del personal designado en cada cargo.
Con la presencia de 11 representantes de todos los bloques de oposición, el 4 de agosto de 2010 fue presentado el Informe Preliminar, de acuerdo al art. 5 de la Ley 3255. Los diputados firmantes fueron: Gabriela Alegre, Juan Pablo Arenaza, Delia Bisutti, Rafael Gentili, Marcelo Parrilli, Diego Kravetz, Gonzalo Ruanova, Francisco Nenna, Rocío Sanchez Andía, Claudio Presman y Julio Raffo. En el mismo mes fueron dados a conocer los informes preliminares del PRO y de la Defensora del Pueblo. Dichos informes fueron enviados al MJyS el 20 de septiembre.

3.3 Revisión de legajos
El MJyS digitalizó los legajos del personal y propuso como modalidad de trabajo la proyección uno a uno en una pantalla gigante, con posibilidad de consultar el legajo en papel sólo en caso de dudas. El Ministerio propuso a la Mesa Ejecutiva días y horarios de consulta de acuerdo con la disponibilidad de salones.
La Mesa Ejecutiva se constituyó en catorce (14) oportunidades (27/4, 3/5, 12/5, 18/5, 19/5, 24/9, 28/9, 5/10, 12/10, 15/10, 19/10, 22/10, 9/11, 7/12 ) en la sede el Ministerio de Justicia y Seguridad con el objeto de proceder a la revisión de los legajos de los agentes ingresados a la Policía Metropolitana provenientes de otras fuerzas de seguridad y en una (1) oportunidad en la sede de la Legislatura, para cotejar, en fotocopias, cinco legajos pendientes de revisión y a solicitud de los miembros de la Mesa Ejecutiva.
De acuerdo con la propuesta del Ministerio, se comenzó por revisar los legajos digitalizados de los Comisionados y Superintendentes, en base a un listado otorgado por el Ministerio en el que figuran 44 personas designadas en el rango de Comisionados y 4 en el de Superintentendentes.
Posteriormente, se revisaron 68 legajos de inspectores y subinspectores provenientes de las Superintendencias de Investigaciones, de Comunicaciones y la División de Operaciones Especiales (DOEM).
La Mesa Ejecutiva revisó 112 legajos en total. De ellos, 52 son legajos de personal superior: 4 Superintendentes, 11 Comisionados Generales, 10 Comisionados Mayores y 27 Comisionados.

3.4 Solicitudes de información y requerimientos al MJyS
El 6 de mayo de 2010 se libró nota solicitando al MJyS la lista completa y actualizada del personal proveniente de otras fuerzas, con mención de legajo, cargo y destino. También se solicitó el organigrama de la PM con indicación del personal designado en cada cargo.
La nota, que tramitó por Registro 458.976-DGTALMJYS, obtuvo respuesta el 1º de junio. De la misma surge que el personal policial a esa fecha es de 926 agentes, incluidos los mandos superiores. Sin embargo la información aportada no es completa, faltando indicación del personal nombrado en cada cargo, según el organigrama.

3.4.1 Solicitudes de información realizadas al realizados al MJyS a partir de las conclusiones del Informe Preliminar
El 20 de septiembre se libra la segunda nota al MJyS requiriendo informes (Nota 186/2010). En ella se solicitó: a) detalle de las bajas de personal de la PM ocurridas desde su formación, con especificación de las causas en cada caso; b) criterios técnicos y parámetros que utilizó para incorporar personal con experiencia en otras fuerzas de seguridad; c) modalidad de empleo y contratación de los agentes de la PM y el personal que ocupa cada uno de los cargos de conducción del organigrama; d) aclaraciones sobre legajos en particular solicitadas por la Defensoría. Las solicitudes no tuvieron respuesta a la fecha del presente Informe.

3.4.2 Requerimientos realizados al MJyS como parte de las conclusiones del Informe Preliminar
a) Que intime a los agentes ya ingresados a completar la información requerida por el Ministerio que aún adeudan.
b) Que realice las gestiones que correspondan para que en todos los legajos de los agentes provenientes de otras fuerzas figure la foja de servicios.
c) Que requiera informes al Registro de Empresas de Seguridad Privada para conocer si alguno de los agentes es titular de empresas de seguridad privada o presta servicios en el rubro.
d) Que requiera informes a organismos del Estado y de la sociedad civil que entiendan sobre la problemática, acerca de los agentes ya ingresados, para conocer si estuvieron implicados en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
e) Que requiera informes a organismos del Estado y de la sociedad civil que entiendan sobre la problemática, acerca de los agentes ya ingresados, para conocer si estuvieron implicados en casos de gatillo fácil.
f) Que dicte normativa general que protocolice la incorporación de personal.
Ninguna de estas recomendaciones han sido contestadas por el MJyS, ni se conoce que se hayan implementado.
Respecto del requerimiento d) cabe destacar lo siguiente: en ocasión del trabajo de la Comisión Investigadora, brindó testimonio el Dr. Luis Hipólito Alen, Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ante una requisitoria, el Dr. Alen dijo que dicha Secretaría, antes de ascender a policías federales, confronta sus antecedentes con el Archivo Nacional de la Memoria para constatar que no hayan participado de la represión ilegal perpetrada por la dictadura. “De acuerdo a esos antecedentes, si es necesario, se requieren los legajos del personal que se trate, se los estudian y se comparan con el material existente. Si existe alguna mención de que esa persona estuvo involucrada en hechos de represión ilegal, violaciones de derechos humanos o atentados contra el orden constitucional, se informa y el Poder Ejecutivo no procede a darles el ascenso, la promoción o lo que fuere. Del mismo modo, también algunas provincias nos han solicitado en algunas oportunidades informes acerca del personal policial de las mismas, con el mismo criterio. La resolución siempre es igual. Eso no ocurrió en el caso de la Ciudad.” (versión taquigráfica del 15/11/2010)

4 Observaciones sobre los legajos revisados
4.1 Antecedentes vinculados a la prestación de servicios policiales
En algunos casos, los legajos contienen la foja de servicios del agente. En otros, sólo figura una certificación de servicios donde se registran destinos del personal pero sin detalle de fechas ni rango y cargo. Algunos legajos contienen una certificación de servicios que sólo incluye fecha de ingreso y egreso a la fuerza, omitiendo destinos, fechas, cargos y rangos. También se encontraron legajos sin ninguna de estas certificaciones.
La foja de servicios es un documento imprescindible para conocer la trayectoria de los agentes. Aun así, se verificó que en tres ocasiones se dieron altas sin que existiera en el legajo el correspondiente certificado de servicios, en cualquiera de sus formas.
Sin foja de servicios no es posible conocer de manera fehaciente la situación de revista a lo largo de la carrera policial en la fuerza de origen (servicio efectivo, pasivo, en disponibilidad), las razones de tal situación ni el tipo de retiro de la fuerza de origen (voluntario, obligatorio) y sus motivos.
Como vemos, la información contenida en los legajos resulta muy desigual y, en la mayor parte de los casos, insuficiente para conocer los antecedentes policiales de los aspirantes de modo que permitan realizar una evaluación seria.
La situación resulta agravada cuando se trata de personal policial que ha prestado servicios en el período de la dictadura (1976-1983). En esos casos, la sola presentación de certificado de prestación de servicios oficiales, en cualquiera de sus formas, resulta insuficiente para conocer el carácter de las tareas, a fin de saber fehacientemente si el personal aspirante cumple con los requisitos e impedimentos establecidos en la Ley de Seguridad Pública (Ley 2894), específicamente en el inc. f) del art. 46 que indica la obligatoriedad de “acreditar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función pública y a la función específica que reglamenta la presente Ley”.

4.2 Certificación de Reincidencia
La certificación de Reincidencia se acreditó en todos los legajos revisados a la fecha. Sin embargo, en tres ocasiones (dos de las cuales se trata de Superintendentes) este fue solicitado, y en consecuencia presentado a las autoridades del MJyS, después de la fecha de designación en la PM. Este hecho hace sospechar que la verificación de antecedentes penales que realizó el Ministerio, al menos en este caso, fue un mero trámite administrativo y no un requisito de acreditación de idoneidad.

4.3 Antecedentes disciplinarios en la fuerza de seguridad de origen
No existe acreditación de averiguaciones efectuadas por el Ministerio respecto de la existencia de antecedentes disciplinarios, del personal incorporado, en las fuerzas de seguridad de procedencia.
En contados casos figura un certificado de antecedentes, emitido por la División Información y Antecedentes de la Superintendencia de la Policía Científica, de la PFA.
La existencia de este documento aportado por los ingresantes, sin que mediara obligación administrativa, indica que era factible que el MJyS lo requiriera y que todos los ingresantes lo aportaran, como forma de acreditar sus antecedentes.
La certificación presentada por algunos agentes contradice la versión oficial del Gobierno de la Ciudad según la cual la PFA no prestó colaboración en la verificación de los antecedentes disciplinarios de sus agentes.
En el mismo sentido avanza la respuesta brindada por dicha fuerza en ocasión de la requisitoria del Ministro de Justicia y Seguridad, en relación a si existe constancia de la prestación de servicios del Sr. Gustavo Morón, Auditor Externo de la PM, en la PFA (copia de dichas actuaciones fueron enviadas a los despachos de legisladores el 30 de junio pasado, por el MJyS). En esta ocasión, dicha fuerza emite un informe respondiendo al requerimiento del Gobierno porteño.
De todos modos, las fojas de servicios remitidas en su momento por la PFA no contienen el detalle completo desde el inicio de la carrera del agente en la fuerza sino únicamente a partir del grado de inspector.

4.4 Incompatibilidades con la prestación de servicios de seguridad privada
No existe, por parte del Ministerio, verificación de incompatibilidades con la prestación de servicios de seguridad privada.
El art. 41º de la Ley 2894 de Seguridad Pública señala que “el personal con estado policial está sometido a un régimen de dedicación exclusiva, con expresa prohibición de servicio de policía adicional o cualquier otra actividad que fuera reputada incompatible, riesgosa o que pueda resultar en desmedro del rendimiento físico o psíquico de sus funciones”.
En el mismo sentido, la Ley 2947 que sanciona el Estatuto del Personal de la PM, en el inc. “c” del art. 7º señala la prohibición de “desempeñar otros cargos, funciones o empleos, en el ámbito público o privado, remunerados o no, excepto el ejercicio de la docencia en la forma que lo establezca la reglamentación, mientras permanezca en el servicio activo”.
Por último, la norma que regula los servicios de Seguridad Privada en esta Ciudad (Ley 1913) indica que los prestadores de servicios de seguridad privada y el personal contratado a tal efecto no deberán revistar como personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales ni de organismos de inteligencia.
Estas normas prohíben el ejercicio de la actividad de seguridad privada para los funcionarios policiales. La verificación de incompatibilidades se impone como norma obligatoria para todo aquel que aspire a ingresar a la institución policial. Máxime cuando, en varias oportunidades, a través de la información aportada por los curriculum vitae de los agentes, se verificó la existencia de actividad en el rubro de la seguridad privada, en el lapso que media entre el egreso de la fuerza de procedencia y el ingreso a la PM.

4.5 Aptitud psicofísica
La cláusula transitoria tercera de la Ley 2894 señala que los incorporados de otras fuerzas deberán acreditar aptitud psicofísica. La Resolución 1.197/08 del MJyS reglamenta tal obligación. No obstante esa normativa, no en todos los legajos se encuentra acreditada.

4.6 Curso de nivelación
La cláusula transitoria tercera de la Ley 2894 señala también que los incorporados de otras fuerzas deberán acreditar un curso de nivelación. Sin embargo, de la revisión efectuada no surge acreditación en ningún legajo de la realización del curso de nivelación.

4.7 Certificaciones obligatorias
No se pudo verificar la existencia de certificaciones de carácter obligatorio sobre incompatibilidades para efectuar designaciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad, tales como Programa Jefes/as de Hogar o ANSES.
Asimismo, en pocas oportunidades se acreditaron las certificaciones de Deudores Alimentarios y del Programa de Ciudadanía Porteña.

4.8 Otros antecedentes laborales
En muchos casos la baja en la fuerza policial de origen, en cualquiera de sus formas, se produce algunos años antes del ingreso a la PM. En esos casos es necesario verificar si hubo actividad laboral y de qué índole, entre la fecha de baja y el ingreso a la PM. En algunos casos puntuales, los curriculum vitae no proporcionan las observaciones necesarias para verificar el tenor de las actividades públicas desarrolladas por el personal policial antes de su designación.

4.9 Inexistencia de documentación de designación, escalafón y grado
En la mayoría de los legajos no se encontró la resolución de designación ni tampoco la de asignación de estado policial. Del mismo modo, en los legajos no figura ningún acto por el cual se les asigna grado y escalafón a los agentes.
El Capítulo IV “Carrera Profesional”, de la Ley 2947, define la forma de la carrera profesional. Este capítulo organiza la carrera profesional en dos especialidades, Investigación y Seguridad, y afirma una serie de principios: “profesionalización, eficiencia funcional, y capacitación” para desarrollarse. No se observó en los legajos, y tampoco en las contadas resoluciones de designación halladas, documentos que definan el escalafón al que fueron derivados los agentes. En virtud de información secundaria observada en el legajo, y en la nota 94 del 2010 -del 6 de mayo- enviada a esta Comisión por el MJyS, se accede a la especialidad de cada agente. A pesar de esto, no se tuvo acceso a las razones por las cuales los agentes fueron designados en determinada especialidad.
Lo mismo puede ser dicho para la determinación del “Grado”, Capítulo V de la Ley 2947. El artículo 18 de esta ley determina que las requisitorias para acceder a cada grado “están conformadas por las especialidades adquiridas, los conocimientos alcanzados, el desarrollo de las aptitudes y la eficiencia acreditada en el desempeño de la función que, en su conjunto y a los efectos de esta Ley, se denominarán competencias” y que “el acceso a las distintas fracciones se obtendrá mediante la acreditación de las competencias requeridas para cada uno de ellos”. No se ha podido observar documentos en el legajo, y tampoco en las resoluciones de designación, que acrediten las razones que determinaron la asignación de determinado grado a los diferentes agentes.
Mientras que el Capítulo VI de la Ley 2947 define tres criterios para la designación de cargos (formación profesional y capacitación; desempeño en la carrera profesional, y antecedentes funcionales y disciplinarios), no hay constancia oficial, o al menos pública, sobre cómo se determinaron tales designaciones.

4.10 Declaraciones juradas de no encontrarse bajo procesamiento judicial
Por Resolución 17 JPM/10 se estableció para los aspirantes a la PM la obligatoriedad de presentar una declaración jurada sobre la existencia de antecedentes penales. Se pudo constatar la presencia de dicha declaración en los legajos revisados de Inspectores y Subinspectores, pero no así en los legajos revisados de los Comisionados.

5 Perfil de los altos mandos
5.1 Incorporación de personal policial que revistó en fuerzas armadas o de seguridad durante la última dictadura militar
De la revisión efectuada sobre los 52 altos mandos de la PM se delinea un perfil policial que llama a la mayor preocupación. La información surge del análisis de la foja de servicios, en el caso de que fuera presentada, o del propio curriculum vitae, en su defecto.

• Sobre los 52 altos mandos, la amplia mayoría de ellos, concretamente 38, es decir un 73% del total, tuvo actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar; incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza.
Este antecedente es un dato insoslayable. Al respecto, es necesario asumir que la designación en cargos de conducción de agentes que han tenido experiencia policial en años de dictadura y violaciones a los derechos humanos no se condice con el perfil de policía que la ciudadanía requiere y esta Legislatura ha plasmado en las normas vigentes.
El caso del Comisionado Mayor Raúl Ricardo Ferrón, nombrado en la PM por Resolución 233 MJYSGC/10, ejemplifica ese perfil. Especializado en inteligencia, ingresó a la PFA en 1976. Según fuera denunciado por el Diputado Marcelo Parrilli, Ferrón participó de la detención ilegal de él y de otros miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en plena dictadura militar, integrando un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del Nunca Más, el operativo se realizó el 27 de febrero de 1981.
• En cuanto a la fuerza de origen, 43 de los 52 altos mandos, o sea un 82% del total, proviene de las filas de la PFA. Los otros 9 cargos de conducción se distribuyen del siguiente modo: 4 proceden de la Gendarmería Nacional Argentina, 3 de la Policía Bonaerense y 2 de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
• Asimismo, 9 de los 52 cargos de conducción revisados, es decir el 17%, fueron pasados a disponibilidad en el 2004 mediante la Resolución 670 de la PFA del 18 de mayo. Todos estos oficiales terminaron su carrera en los meses siguientes a esa Resolución.
La purga fue realizada durante la administración del Presidente Néstor Kirchner. Al anunciar la medida, el entonces Jefe de Gabinete de Ministros comunicó que el 50% de los oficiales separados tenía una causa judicial abierta o se les impulsaba un sumario administrativo.

5.2 Incorporación de personal policial con antecedentes en inteligencia
Un motivo de extrema preocupación es el perfil en inteligencia que revistan varios de los agentes incorporados. El caso más emblemático es sin duda el de Ciro James, quien, además de ser un eslabón clave de la maquinaria paraestatal de espionaje montada, era candidato a ingresar a la fuerza a partir de sus fuertes vínculos con el “Fino” Palacios y su formación y experiencia en inteligencia.
Sobre este particular, la CIE señala que se han relevado 27 casos de ingresantes con experiencia policial que provienen del escalafón de Inteligencia de la PFA: 25 de ellos corresponden a auxiliares de inteligencia de diferentes categorías y 2 son supernumerarios. Doce de ellos son destinados al área de Seguridad y Policía Comunitaria, ocho a Investigaciones y tres a Comunicaciones.
Asimismo, la revisión de legajos permitió verificar que varios de sus miembros están capacitados en “lucha antisubversiva”, “guerrilla urbana” e “inteligencia” en la época de la dictadura. Y otros han realizado adiestramientos en “combate al narcotráfico” y en “antiterrorismo” en los Estados Unidos e Israel. El cuadro se completa con la capacitación que recientemente han recibido dos agentes de la PM sobre “contraterrorismo y narcotráfico” en El Salvador, en el marco de un seminario organizado por la International Law Enforcement Academy (ILEA).
Este conjunto de antecedentes y especializaciones no se condice con las atribuciones que la PM posee en términos de persecución de delitos. Vale recordar que la Ciudad tiene competencias en contravenciones y otros delitos transferidos por el Estado Federal que nada tiene que ver con los delitos complejos y la criminalidad económica. Mucho menos se entiende el interés por la formación en inteligencia y contraterrorismo para una fuerza que ha sido pensada como comunitaria y de proximidad con los vecinos.

6 Conclusiones
6.1 Irregularidades en el procedimiento de la incorporación de personal policial
La Comisión puso en conocimiento del MJyS el Informe Preliminar elaborado por la oposición en septiembre pasado. En éste se observaron diversas irregularidades en el procedimiento de incorporación de personal policial (capítulo 5º) que atentan contra la necesidad de garantizar que los ingresantes cumplan con los requisitos de idoneidad y antecedentes que la función policial requiere. Entres ellos cabe destacar dos hechos: la ausencia en muchos casos, sobre todo en los legajos de los altos mandos, de la foja de servicios de la fuerza de seguridad de origen; y la ausencia en casi todos los legajos revisados del certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la fuerza de origen. El Ministerio nunca estableció la obligatoriedad de que los aspirantes presenten ambas certificaciones.

6.2 Inexistencia de criterios para la incorporación del personal policial con experiencia
No se conocen estudios o actos administrativos que indiquen que el MJyS haya contemplado una planificación estratégica de incorporación de personal policial con experiencia previa, para ocupar los cargos de conducción, basado en necesidades operativas y perfiles de distinta especialización, y en el marco del perfil policial diseñado por la normativa vigente.
La ausencia de criterios acordes con la ley de Seguridad Pública puede ejemplificarse con la incorporación, en mandos medios y oficiales operativos, de agentes con experiencia policial que provienen del escalafón de inteligencia de la Policía Federal. Estas especializaciones no se condicen con las atribuciones que la Policía Metropolitana posee en términos de persecución de delitos. Mucho menos se entiende el interés por la incorporación de agentes de inteligencia para una fuerza que ha sido creada como comunitaria y de proximidad.

6.3 Requerimientos no implementados ni contestados
El Informe Preliminar de la oposición realizó al MJyS una serie de requerimientos a fin de mejorar el proceso de incorporación de personal policial, y acreditar la idoneidad y los antecedentes necesarios para desarrollar la función policial. Los mismos se solicitaron no sólo para los futuros aspirantes sino para los ya ingresados. Entre éstos cabe destacar la necesidad de que el Ministerio realice averiguaciones en organismos públicos de derechos humanos acerca de la participación de agentes en la represión ilegal durante la dictadura.
Éstas y otras requisitorias de la Comisión no fueron contestadas ni implementadas por el MJyS, como consta en el testimonio ante la CIE del Dr. Luis Alén. El funcionario aclaró que tal averiguación de antecedentes constituye un procedimiento habitual en cada pedido de ascenso de las fuerzas federales, e incluso se han brindado informes sobre antecedentes de agentes policiales a distintas jurisdicciones provinciales que lo solicitaron.
Asimismo, a través del Informe Preliminar se solicitó al MJyS que se requieran informes al Registro de Empresas de Seguridad Privadas para conocer si alguno de los agentes es titular de ese tipo de empresas o presta servicios en el rubro. Sobre este particular el Ministerio no envió respuesta oficial, ni se pudo verificar que los informes solicitados se hayan requerido.
El incumplimiento de la normativa vigente sobre el particular queda en flagrante evidencia al corroborar que los propios Jorge Palacios (primer Jefe de la PM) y Osvaldo Chamorro (primer Subjefe) integraban la empresa de seguridad “Strategic Security Consultancy SRL”, tal como fuera investigado por la CIE.

6.4 Denegación al acceso a información
Cabe destacar la falta de colaboración brindada por el MJyS en lo que hace al acceso a la información para el desarrollo de las tareas de la Comisión. En particular, no se recibió ninguna respuesta a las solicitudes efectuadas por la Comisión el 20 de septiembre de 2010. Allí se requería: a) detalle de las bajas de personal de la PM ocurridas desde su conformación, con especificación de motivos en cada caso; b) criterios técnicos y parámetros que utilizó para incorporar personal con experiencia en otras fuerzas de seguridad; c) modalidad de empleo y contratación de los agentes de la PM y el personal que ocupa cada uno de los cargos de conducción del organigrama de la fuerza; d) aclaraciones sobre determinados legajos solicitadas por la Defensoría.

6.5 Perfil de conducción de la PM en contradicción con la ley
La tarea de la Comisión permitió dilucidar que más del 70% de los altos mandos -38 oficiales, entre Comisionados, Comisionados Generales y Comisionados Mayores- tuvieron actuación en fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar, incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza. Muchos de esos altos mandos revistaron en la tristemente célebre Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA, organismo que jugó un rol relevante dentro del aparato represivo que ejerció el Terrorismo de Estado.
Al respecto, creemos que la designación en cargos de conducción de agentes que han tenido actuación policial en años de dictadura y violaciones a los derechos humanos colisiona irremediablemente con las recomendaciones internacionales sobre el personal de las fuerzas policiales (Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley – Resolución Nº 34/169 de la ONU) y asimismo con el perfil de policía que la ciudadanía requiere y esta Legislatura ha plasmado en las normas vigentes.
Una fuerza de seguridad creada por el Poder Legislativo con una impronta preventiva, comunitaria y de proximidad con los vecinos se transformó, en manos del Poder Ejecutivo que encabeza el Ingeniero Mauricio Macri, en una policía conducida por oficiales carentes de las acreditaciones de idoneidad democrática y antecedentes que la función requiere.
A fin de sanear esta situación, y sin perjuicio de otras medidas que pueda proponer cada bloque político, consideramos imprescindible la remoción de la actual cúpula de la Policía Metropolitana y la designación de personal policial idóneo y con la acreditación de antecedentes en lo que hace al respeto a los derechos humanos.

Recomendación del diputado Marcelo Parrilli:
Por todo lo antedicho, a fin de modificar efectivamente la actual cúpula de la Policía Metropolitana, entre otras medidas consideramos necesaria la inmediata separación de los 38 altos mandos que hayan tenido actuación en fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar.

Miembros de la Comisión:

Alegre, Gabriela Patricia
Arenaza, Juan Pablo
Bisutti, Delia Beatriz
Gentili, Rafael Amadeo
Nenna, Francisco
Parrilli, Marcelo
Presman, Claudio Damián
Raffo, Julio
Ruanova, Gonzalo Roberto
Sánchez Andía, Rocío

Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 30, 2010

Tiempos de balances / los fríos números de la PM

http://www.lapoliticaonline.com/columnas/val/513/para-que-sirve-la-policia-metropolitana-(o-la-historia-de-una-idea-equivocada).html

Para qué sirve la Policía Metropolitana (o la historia de una idea equivocada)

La crisis desatada por la toma del Parque Indoamericano volvió al centro de la discusión las funciones de la policía de la Ciudad. Hoy Buenos Aires tiene una fuerza sin mandatos claros, con una bajísima participación en el combate del delito y que ocupa alrededor de la mitad de su tarea en realizar diligencias judiciales

Basaremos nuestro análisis en las estadísticas elaboradas por la propia Dirección de Análisis e Información Delictual de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre febrero ‐mes en el que la PM sale a la calle‐ y septiembre del 2010, inclusive. Por lo tanto, nos estamos basando en la información que la propia PM elabora sobre su trabajo cotidiano.

El primer dato que se desprende de las estadísticas oficiales que es la Policía Metropolitana ha intervenido en 168 delitos y 399 contravenciones/faltas, en esos ocho meses. Se trata de 21 intervenciones en delitos y 50 en contravenciones/faltas por mes. O sea, a razón de 0,7 delitos y 1,65 contravenciones/faltas por día.

Una intervención insignificante, si se tiene en cuenta que en la Ciudad se producen más de 600 delitos y 114 contravenciones/faltas por día.

Por otro lado, si se observa la otra función que cumple la Fuerza en tramitar oficios judiciales y, en general, en diversas tareas auxiliares de la Justicia, se puede ver que alcanza en estos trámites un promedio de eficacia similar al de intervención en el delito.

El resultado es una policía sin mandatos claros, con una bajísima participación en el combate del delito y que ocupa alrededor de la mitad de su tarea en realizar diligencias judiciales.

Respecto al personal, la Policía Metropolitana contaba durante este período con una dotación de casi 1.000 agentes, de los cuales la mitad estaba destinada a patrullar las calles. Si tenemos en cuenta el total de tareas realizadas por la policía en los ocho meses bajo análisis y lo comparamos con el total de personal policial obtenemos un promedio de 6 agentes por intervención.

La escasa cantidad de agentes (en relación a lo que una policía en serio necesita para la Ciudad) no termina de ser una explicación suficiente para el bajísimo nivel de intervención.

Por otro lado, según el Informe de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda del GCABA, este año, el gobierno Macri gastó en la Policía Metropolitana para la prevención y conjuración del delito y contravenciones/faltas, la suma de $ 218.325.007.

Proyectado para los ocho meses bajo análisis el presupuesto fue de $ 144.752.470, a razón de $ 598.151 por día. Si lo comparamos en relación con la cantidad de agentes policiales obtenemos que el gasto promedio mensual por agente es de $ 13.159,32.

Uno de los pocos cambios que impulsó Eugenio Burzaco al hacerse cargo de la jefatura de la Fuerza fue anunciar que iba a concentrar a la PM en una sola Comuna. De esta manera pretendía darle mayor visibilidad y eficacia a un plantel policial escaso. Por razones que nunca quedaron muy claras, eligieron la Comuna 12. Y a partir de diciembre de 2010, comenzaron a patrullar los barrios de la Comuna 15.

Sin embargo, analizando el asunto por Comunas atendidas, observamos que solo el 37% de los delitos y el 15% de las contravenciones/faltas fueron intervenciones en la Comuna 12. Y en relación con la Comuna 15, solo corresponden a esta Comuna el 8,33% de los delitos y el 2,51% de contravenciones/faltas del total de intervenciones de la PM en este período.

Este dato confirma una máxima macrista: anunciaras espectacularmente aquello que no vas a cumplir.

Evidentemente, para Macri anunciar que la PM va a comenzar a atender la Comuna 15 no implica que ello vaya a ser realmente así. En los hechos, la PM va a seguir dispersa por el territorio, sin una misión específica. Va a seguir paseando sus patrulleros y su marketing policial más ostensiblemente por las Comunas 12 y 15.

La primera conclusión que surge es que, sin lugar a dudas, la dispersión de tareas, temas y área territorial de actuación evidencian que no hay una política clara sobre qué hacer con esta Policía, cuáles son sus metas y qué mecanismos disponemos para que la sociedad pueda evaluar su cumplimiento.

Resulta interesante también confrontar la intervención de esta dudosa policía con las prioridades legislativas que en materia de seguridad pública ha formulado el gobierno macrista.

Mientras la administración Macri realiza anuncios espectaculares a favor de leyes más duras contra “trapitos”, “limpiavidrios” y personas que se trasladan en motocicleta para cometer delitos, su Policía registra una nula intervención en la prevención y conjuración de este tipo de hechos.

O sea, el mismo gobierno que reclama por los diarios leyes más duras contra estas prácticas, no utiliza su flamante policía para combatirlas.

Pero al parecer es más efectivo hacer una conferencia de prensa, con un cartel amarillo de fondo, para quejarse del gobierno nacional o de las fuerzas de la oposición que no “los dejan hacer” que diseñar una eficiente política de seguridad pública democrática y, en ese marco, definir las misiones y funciones de la policía.

Lo único que se nos ocurre agregar utilizando los datos oficiales que utiliza esta nota periodística es:

- En la Ciudad se producen más de 600 delitos y 114 contravenciones/faltas por día, entonces de acá sacamos un número de 714 violaciones a las normas.

- Gasta en promedio $598.151 por día.

Más de $835 por caso.

Sería más barato darles $500 a cada persona que denuncia un delito o una contravención que mantener a la policía metropolitana. Y seguramente las víctimas de los delitos o contravenciones recibirán una reparación mayor al daño recibido en la gran mayoría de los casos que en la persecución de “delincuentes” que son atrapados (10% 71 de cada 714 casos)

http://www.contactopolitico.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=5245&Itemid=311

Los bloques de la oposición piden la remoción de la actual cúpula de la Policía Metropolitana y la designación de personal policial idóneo y con la acreditación de antecedentes en lo que hace al respeto a los derechos humanos.

Miércoles, 29 de diciembre de 2010. Los bloques de la oposición – Encuentro Popular para la Victoria, Movimiento Proyecto Sur, Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, UCR y MST – pidieron al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la remoción de la cúpula de la Policía Metropolitana. Lo hicieron al presentar el informe final de la Comisión de revisión de legajos de la Policía Metropolitana creada por ley 3.255.
En sus conclusiones, los legisladores señalan que la designación en cargos de conducción de agentes que han tenido actuación policial en años de dictadura y violaciones a los derechos humanos colisiona, irremediablemente, con las recomendaciones internacionales sobre el personal de las fuerzas policiales y con el perfil de policía que la ciudadanía requiere y que la Legislatura ha plasmado en las normas vigentes.
El informe expresa que el gobierno de Macri no ha contemplado planificación estratégica de incorporación de personal policial con experiencia previa basado en necesidades operativas y perfiles de distinta especialización. Prueba de ello es la incorporación de agentes de inteligencia, cuando la ley de Seguridad Pública no habilita este tipo de tareas.
Asimismo, los legisladores denuncian graves y diversas irregularidades en el proceso de incorporación de oficiales con experiencia previa: la ausencia de foja de servicios y de certificaciones de antecedentes disciplinarios, entre otras. Agregan que el gobierno de Macri ha negado sistemáticamente el acceso a información pública vinculada a las tareas de la Comisión.
El informe finaliza requiriendo la remoción de la actual cúpula de la Policía Metropolitana y la designación de personal policial idóneo y con la acreditación de antecedentes en lo que hace al respeto a los derechos humanos.
Firman el informe que se adjunta: Gabriela Alegre y Francisco Nenna (Encuento Popular para la Victoria), Delia Bisutti, Rafael Gentili, Julio Raffo (Movimiento Proyecto Sur) Rocío Sánchez Andía y Juan Pablo Arenaza (Coalición Civica), Marcelo Parrilli (MST), Claudio Presman (UCR) y Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro).

http://www.kapapargentina.com/2010/06/kapap-aplicado.html

Kapap Argentina cuenta con varios alumnos que pertenecen a la recientemente formada Policia Metropolitana de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

El Kapap fue inventado por las Fuerzas Especiales israelíes, en 1941.

En ese entonces el Kapap no era un arte marcial, sino el conjunto de entrenamiento militar en diferentes técnicas de combate como tiro, comunicaciones, supervivencia, primeros auxilios, lucha cuerpo a cuerpo, etc. Es decir, que el término Kapap englobaba a todo el entrenamiento.

En lo que se refiere a la lucha cuerpo a cuerpo, el entrenamiento se basaba en una combinación técnicas extraídas de sistemas occidentales, como el boxeo y la lucha greco-romana, con entrenamiento en armas como el cuchillo, el bastón corto y el bastón largo.

En la década del 1970, se perfecciono el sistema de lucha cuerpo a cuerpo que contenía el Kapap y se lo denomino “Lochama Zehira” (O Lotar a secas), cuya traducción seria “Micro lucha”.

Ya en la década de 1980, para extender el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo a las unidades militares regulares y unificar doctrinas, se sistematizo la enseñanza del Krav Maga. Aun así, las unidades de las Fuerzas Especiales continuaron utilizando el Kapap/ Lotar.

Entre las unidades que continuaron utilizando el Kapap, esta la famosa Unidad Antiterrorista de elite “Yaman”, que suministró la información de los casos de estudio en los cuales se baso la investigación que permitió el desarrollo moderno del Kapap.

El Kapap es actualmente complemento de CQB (Close Quarter Battle). CQB se traduce como “combate a cuarto cerrado”. Normalmente implica el entrar en un edificio considerado hostil, recorrer todas sus habitaciones y limpiarlo de oposición, de acuerdo a un plan preestablecido, preservando la vida de posibles rehenes y produciendo el menor daño posible a las instalaciones.

El Kapap es un arte marcial moderno, que se caracteriza por la “evaluación y evolución”, es decir que sus técnicas se encuentran en continuo proceso de desarrollo. Es por ello que se considera al Kapap como un “concepto”, más que como un sistema de combate.

En el Kapap moderno se entrena el combate “hand to hand”, la resolución de agarres y estrangulamientos, el desarme de agresores armados y el empleo de bastón, cuchillo y armas de fuego. Todo ello con un condimento muy especial, el acondicionamiento físico y mental para soportar el estrés de un enfrentamiento en el cual esta en riesgo la vida.

Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 28, 2010

Percepción sobre la PM en la Comuna 12

http://www.adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12828&Itemid=31

Una encuesta realizada por el Comité de Seguimiento del Sistema de la Seguridad Pública determinó que, en líneas generales, la percepción de los vecinos de la Comuna 12 sobre el accionar de la Policía Metropolitana es positiva.

El Comité de Seguimiento del Sistema de la Seguridad Pública llevó a cabo una encuesta, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, para determinar cual es la percepción de los vecinos de la Comuna 12 sobre el accionar de la Policía Metropolitana (PM).

Se realizaron 568 encuestas: 68 en Coghlan (12%), 124 en Saavedra (22%), 127 en Villa Pueyrredón (22%) y 249 en Villa Urquiza (44%) para una población de 400.000 vecinos de la comuna.

El 69% de los encuestados respondió que la Ciudad es insegura y muy insegura. Mientras que el 10% cree que la Ciudad es segura. El 38% cree que la comuna es insegura, mientras que el 30% cree que la comuna es segura. El 31% señaló que los lugares más inseguros de la Comuna son el Barrio Mitre, las cercanías a la General Paz y zonas aledañas al Ferrocarril.

El 14% manifiestó que la principal causa de inseguridad en la Ciudad es la desocupación. El 14% cree que la principal causa de inseguridad en la Comuna 12 es la drogadicción y el alcoholismo. De las personas consultadas el 6,7% manifiesta que la principal causa de inseguridad en la Ciudad es la poca presencia policial mientras que el 10,54% cree que es la principal causa en la Comuna 12. En tanto, el 73,4% opina que la mayor presencia policial aumenta la seguridad.

Con respecto a la Policía Metropolitana, el 92,3% conoce su existencia, el 61,5% lo hizo a través Medios audiovisuales y un 13,7% por medios gráficos. Además, el 93,85% la observó, en forma personal, en el barrio y el 94% la observó patrullando.

De las personas que vieron a la PM en el barrio, el 33% la observó interactuando con los vecinos, el 13% realizando alguna otra actividad y el 10% actuando frente a un ilícito.

Al 50% les llamó la atención algún aspecto de la PM, destacándose positivamente los vehículos y el uniforme.

Por otra parte, el 17% dice haber tenido trato y el 83% dijo que fue bueno o muy bueno. El 45% considera que se encuentra vinculada y próxima a la comunidad y un 39% piensa que la PM no satisface las necesidades de seguridad del barrio.

Cuando la consulta es teniendo en cuenta la experiencia personal y la de sus vecinos con el personal de la Policía Metropolitana, el 39% dice que satisface las necesidades del barrio. El 31% dice tener confianza en la Policía Metropolitana y al consultar por la honestidad un 27% dice que la considera una fuerza honesta. (un 73% cree que es una fuerza deshonesta???)

El 38% de los encuestados dijo que la PM le brinda sensación de seguridad; el 70% evalúa positivamente la apariencia y el aspecto físico de los agentes de la PM; el 60%, su equipamiento, y el 40%, su presencia en la Comuna 12.

Ante la pregunta sobre la celeridad en la respuesta de la PM, el 76% no supo que contestar ya que no han tenido que recurrir a la misma para ningún hecho. (el 76% no sufrieron ningún hecho de inseguridad en casi un año pero sin embargo el 69% cree que Buenos Aries es una ciudad insegura???)

Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 28, 2010

El primer muerto en Soldati podría ser por balas de plomo de la Policía Metropolitana

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/videos-confirman-escopetazos-de-la-policia-en-villa-soldati

Videos confirman escopetazos de la Policía en Villa Soldati

Las Policía Federal y la Metropolitana utilizaron escopetas cortas y largas en el Parque Indoamericano, durante el intento de desalojo.

Los videos que tiene en poder la Justicia confirmaron que la Policía Federal y la Metropolitana utilizaron escopetas cortas y largas en el Parque Indoamericano el pasado 7 de diciembre, durante el intento de desalojo del predio en el que murieron dos personas.

Así surge del análisis que hizo el fiscal de instrucción Sandro Abraldes de las imágenes aportadas por los canales de televisión y la Policía Federal, que filmó el operativo con diversas cámaras, inclusive a través de un helicóptero.

Los voceros explicaron que en los videos se ve primero a oficiales de la Policía Metropolitana disparar Itakas sobre la gente en el puente, a la altura de la calle Remedios de Escalada, mientras el mismo accionar tuvieron después efectivos de la Policía Federal.

Según los registros, la primera víctima de los disparos, Bernardo Salgueiro, murió a las 19.50, momento más cercano a la intervención de la Metropolitana en el puente.

Resta cotejar otros informes de horarios, ya que en algunas imágenes no quedó constancia de la hora en que fueron tomadas.

“Ahora falta determinar si lo que dispararon fue plomo o balas de goma”, dijo un vocero sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Para eso el fiscal comenzó a trabajar con un pedido completo de pericias a la Gendarmería Nacional para determinar si los cartuchos hallados en el lugar corresponden a alguna de las 260 armas incautadas a ambas policías y que fueron utilizadas en el Indoamericano.

El calibre. Las pericias sobre las balas que mataron a Salgueiro y Rosemary Chura Puña concluyeron que se trata de un calibre 12 munición múltiple de cartucho de escopeta.

“El peritaje va a permitir cerrar el círculo porque tenemos los nombres de todos los policías que estuvieron en el lugar y las armas que utilizaron”.

Hasta hoy los testigos coincidieron en que oficiales de la Metropolitana y de la Federal dispararon armas de fuego y que no vieron a ningún civil con “tumberas”.

El fiscal también comenzó a analizar las grabaciones de las modulaciones de los handys que utilizó la Policía Federal en el intento de desalojo al parque Indoamericano.

Además de las muertes de Salguerio y Chura Puña, el fiscal Abraldes tiene a su cargo la investigación por el deceso de Emiliano Canaviri Alvare, ocurrido dos días después en el parque, y los incidentes del viernes 10 de diciembre, durante los cuales se denunció el fallecimiento de una cuarta persona pero no pudo ser confirmado.

Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 26, 2010

Informe 2010 de Derechos Humanos

http://www.diarioz.com.ar/nota-observatorio-de-derechos-humanos-graves-deficiencias-en-la-ciudad.html

Observatorio de Derechos Humanos: graves deficiencias en la Ciudad

El Observatorio de Derechos Humanos denunció “las graves deficiencias” del gobierno de la Ciudad.

El Observatorio de Derechos Humanos presentó su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires y denunció “las graves deficiencias registradas por el gobierno de Mauricio Macri a lo largo de este año”.

Entre las deficiencias señalaron “la desidia en las instituciones que componen el sistema metropolitano de Salud Pública en beneficio de empresas privadas; los métodos deslegitimadores de la escuela pública y el afianzamiento de mecanismos de expulsión de sectores de alta vulneración social hacía otras provincias”.

También denunciaron “la estigmatización y persecución a la población con mayores necesidades insatisfechas; la discriminación hacia las minorías y el crecimiento demográfico en situación de emergencia habitacional a partir de la ausencia de Estado a la hora de garantizar una vivienda adecuada para los sectores de mayor vulnerabilidad social”.

Según informó el Observatorio, en el informe se “denuncian los alarmantes casos de discriminación, provenientes del mismo jefe de Gobierno y sus funcionarios” y pone de ejemplo que “hace pocos días, habló de la `inmigración descontrolada´ de los países vecinos para explicar la situación vivida en Villa Soldati”.

Agregaron “las declaraciones públicas en un programa de televisión, cuando Mauricio Macri señalaba que `los de la Guardia Urbana no hacían nada, eran unos gorditos vestidos de verde´, apreciaciones que fueron denunciadas en su momento ante el INADI”.

En el capítulo sobre Igualdad, “se advierte que hay una vuelta anticonstitucional al concepto de `actitud sospechosa´, figura que le devuelve la facultad, a los agentes policiales, de detener a una persona por `portación de cara´”.

Entre otras cuestiones, el Observatorio detectó que “en 2010 las áreas de Emergencia Social y los programas para la tercera edad permanecieron cerrados durante quince días, argumentando falta de presupuesto”.

Un hecho que destacó el informe “es que en el Presupuesto 2011 se planea eliminar 95 millones de pesos de la partida anual que le corresponde al Hospital Garrahan”.

“Por lo todo lo señalado, el Observatorio cumple con su objeto de denunciar y actuar en pos de la vigencia de estos derechos que el Estado tiene la obligación de atender, generando condiciones para achicar la brecha de la desigualdad y garantizar una más amplia accesibilidad a los servicios de protección social”, señalaron.

El libro de 88 páginas fue presentado en el Auditorio La Tribu, en una charla de la que participaron la titular del Juzgado Tributario y Contencioso 9, Andrea Danas; la Directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, Susana Reyes; y la estudiante secundaria del Comercial 8, Florencia Cuenca.

InformeDDHH_2010

Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 26, 2010

Un poco de humor

Peligra la Navidad por culpa de Macri: Policía Metropolitana le retira el registro de conductor a Papá Noel.

http://www.tresbufonesmuertos.com.ar/2010/12/peligra-la-navidad-por-culpa-de-macri.html

Macri no para de tragarse bigotes. En esta oportunidad, un nuevo escándalo golpea las puertas de la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aparentemente, un oficial de la nueva Policía Metropolitana habría detenido al mismísimo Papá Noel, retirándole el carnet y procediendo al secuestro de su vehículo “por faltas múltiples a la normatíva de tránsito”.
Según nuestras fuentes, Papá Noel iba conduciendo su tradicional trineo tirado por simpáticos renos por una colectora de la autopista Dellepiane.  “Había ido a La Salada a comprar algunas cosas que me faltaban para las entregas que tengo que hacer en Navidad”, relató angustiado el hombre de rojo, “cuando un zorro me hace seña de luces  para que me detenga, y me entra a pedir un montón de papeles y yo me abataté”. El agente le habría pedido solamente el carnet y una identificación personal, pero al notar que era inmigrante ilegal y que sus mejillas sonrosadas sospechó algún tipo de intoxicación etílica, por lo que solicitó a Papá Noel que descendiera del vehículo. Luego del exámen correspondiente, procedió a la inspección del trineo. “Encontramos varias irregularidades, tanto en la documentación del sujeto como en el vehículo”, explicó el agente a nuestras fuentes, “El trineo no posee verificación técnica, matafuegos, ni apoyacabezas, funciona a tracción a sangre lo cual esta prohibido por ordenanza municipal, transportaba mercadería sin permiso y en horario restringido, y como si fuera poco  encontramos una luz antireglamentaria en la nariz del reno que dice llamarse Rodolfo.”
Diversas agrupaciones manifestaron su apoyo a Santa Claus, a quien a raiz de este suceso el Gobierno de la Ciudad decidió secuestrarle el trineo. Ante la masivas críticas que se avalanzaron sobre Macri, quien habría repetido otra vez el versito de la inmigración descontrolada, Rodriguez Larreta fue muy vehemente en la defensa de la actuación del oficial: “Hay que cumplir con la ley, esto tiene que quedar claro. Todos tienen que cumpllir con la Ley, sea Papá Noel o sea Mongo Aurelio”. Por su parte, en un comunicado de prensa especial, Mongo Aurelio se apresuró a aclarar que está cansado de pagar siempre y que “él sí cumple con la Ley, eh?”.
Se teme que este conflicto afecte también la llegada de los Reyes Magos, ya que los mismos revisten la idéntica situación de inmigrantes dedicados transporte de mercaderías mediante tracción a sangre, y encima uno es negro.

 

El gobierno porteño puso en junio de este año algunas cámaras de seguridad en Constitución.

Las imágenes sostenía Burzaco, servirán como pruebas en juicio, además previene y disuade…

Los saqueos de hace unos días demuestran lo contrario…

http://polimetropolitana.wordpress.com/2010/06/26/camaras-de-seguridad-3/

El plan del Gobierno porteño para inundar la Ciudad con cámaras de seguridad arrancará el próximo lunes en Constitución. Según adelantó el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco.

Para hacer operativos y permanecer en Constitución quizás necesitábamos los 500 policías (que hay actualmente en la calle)”, contó Burzaco.

Todas las imágenes serán monitoreadas durante las 24 horas por la Policía Metropolitana. Para facilitar la tarea de los “observadores”, las cámaras tienen un software que detecta comportamientos irregulares (por ejemplo, corridas en una plaza). Esa herramienta se puede programar de acuerdo a las necesidades del lugar. “Las imágenes sirven como pruebas en los juicios. Además, previene y disuade”, resume el jefe de Metropolitana.

Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 25, 2010

¿Los derechos humanos son para los delincuentes? ¿La seguridad no es un derecho humano?

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1334636

Los otros derechos humanos

Asociada hasta ahora casi exclusivamente a las víctimas del terrorismo de Estado, la noción de derechos humanos es cada vez más reclamada en relación con otras deudas del Estado. La brutalidad policial contra el reclamo indígena en Formosa y los recientes hechos en Villa Soldati, imponen una nueva agenda y obligan a redefinir prioridades
Por Laura Di Marco

Hay palabras sagradas que, de tanto usarlas -de tanto fatigar su sentido en la lucha doméstica por el poder- van perdiendo su peso real. Y hasta su significado político verdadero.

Es lo que parece estar sucediendo en nuestro país con el debate por los derechos humanos, que el Gobierno puso entre las prioridades de su agenda como signo distintivo de su gestión, pero que desde hace casi tres décadas se asocia casi exclusivamente con las víctimas del terrorismo de Estado.

Sin embargo, algo parece estar cambiando en los significados de esas banderas, por momentos demasiado manoseadas. Los muertos de Soldati, por ejemplo, forzaron a repensar, durante la última semana de locura, el verdadero alcance de las obligaciones de los Estados -tanto Nacional como porteño- para garantizar derechos básicos. E instalaron, también, preguntas nuevas: ¿el acceso a una vivienda digna, contenida en las promesas de campaña del gobierno porteño, no es, también, un derecho humano? O, bien: ¿cómo “nombrar” la ausencia del Estado nacional, como garante fundamental de la paz social, en los primeros días del conflicto? A fines de noviembre, y ante la represión policial a la comunidad Toba de Formosa que dejó dos muertos, heridos, y casas quemadas (aunque con evidente menor visibilidad que los hechos sucedidos en Capital), habían surgido otros interrogantes: ¿por qué un Gobierno comprometido con los derechos humanos miró para el costado ante este ataque o no saltó con igual indignación que ante el crimen de Mariano Ferreyra?

Temas que parecen tan disímiles como la libertad de expresión, los chicos desnutridos de Misiones o la seguridad son considerados hoy, por muchos actores sociales, parte de una agenda contemporánea de derechos humanos. Un ejemplo de estos días: el avance del gobierno de Hugo Chávez para regular los contenidosde Internet -básicamente, el intento de neutralizar voces críticas- mereció un alerta reciente de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ve peligrar la libre circulación de las ideas.

Entonces, ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de derechos humanos?

El constitucionalista Daniel Sabsay da un definición clara y simple: “Son todos aquellos espacios de libertad que le garantizan a una persona el desarrollo de una vida digna”. La palabra clave aquí parece ser “digna” porque esa dimensión -la de dignidad- incluye la garantía de muchos aspectos, como salud, vivienda o alimentación, e incluso la demanda de no vivir en un lugar contaminado, que hacen, también, a la calidad de vida. Por su parte, el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, destaca que a los derechos humanos siempre los viola el Estado, nunca un particular. “Lo demás, son delitos, donde debe intervenir la Justicia. Eso es lo que enseñamos en la Universidad y es una diferencia básica”.

Para el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, “para no perdernos, cuando hablamos de derechos humanos, debemos ceñirnos a una noción internacional: todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene un mínimo de derechos que ningún Estado puede desconocerle”.

Zaffaroni lo explica con más detalle: “No puede haber derechos humanos individuales sin los sociales y viceversa. Esto es simple: si me dan libertad y no me dan pan, usaré la libertad para reclamarlo y me lo tendrán que dar o me quitarán la libertad. Viceversa: si me dan pan sin libertad no podré controlar al que reparte, que al final se quedará con todo”.

La idea contemporánea sobre derechos humanos nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas, en 1948, después de los horrores del Holocausto. Sin embargo, y tal como señala Sabsay, esta cultura de derechos se fue desarrollando a lo largo del tiempo y a través de diversas generaciones. En el siglo 18 y 19, explica Sabsay, se produce la primera generación de derechos, donde predominan los individuales: el derecho a la vida, a comerciar, al trabajo, a profesar diversas religiones, etcétera. A fines, del siglo 19 y principios del 20, se consagran los derechos sociales, que protegen a los trabajadores y que coinciden con la doctrina social de la Iglesia (algunos lo llaman liberalismo social). En esta segunda generación, entra el derecho de huelga. Y en la tercera, los que hacen a la calidad de vida, que incluye los de incidencia colectiva. Esta última generación de derechos, apunta, básicamente, a humanizar las condiciones de la sociedad de consumo”.

Finalmente, Sabsay destacó que el acceso a una vivienda digna -eje del conflicto en Soldati- está consagrado en nuestro país en la Constitución de 1957. “Lejos de ser nuevo, es un derecho consagrado desde hace 53 años”. La reforma constitucional de 1994 elevó y reforzó esas garantías, con la adhesión a tratados y pactos internacionales”, explica. La Constitución de la Ciudad también es moderna y progresista, tanto que la brecha entre la ley y los hechos suele ser inmensa.

Precisamente, desde el macrismo, interpelado esta semana por los hechos del Indoamericano y las polémicas declaraciones de Mauricio Macri en torno a la inmigración, Daniel Lipovetzky, secretario de Inclusión y Derechos Humanos, recordó que, como la Declaración Universal fue escrita después del Holocausto, “es lógico que haya sido concebida entendiendo al gobierno, y al poder en general, como algo intrínsecamente peligroso, un poder que es necesario limitar. En nuestro país, en forma análoga a lo sucedido durante el nazismo, el Estado se puso patas para arriba cometiendo horrendos crímenes de lesa humanidad y utilizando todos los mecanismos establecidos para proteger a los ciudadanos en contra de ellos: es también lógico, entonces, que la idea de los Derechos Humanos se haya localizado en las antípodas del poder y del pensamiento conservador”.

A esta altura, tercia en la polémica otro constitucionalista, Gregorio Badeni: “La noción de defensa de los derechos humanos asociada casi exclusivamente a las víctimas del terrorismo de Estado responde a una concepción ideológica, que no acepta el Estatuto de Roma ni la Corte Penal Internacional. La violación de esos derechos puede provenir de grupos ajenos al gobierno local o enfrentados con él, que no tienen reparos en provocar el terror y atentados contra la población civil, tal como aconteció con los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA”

Víctimas, visibilidad y derechos

Hay muchos factores políticos, económicos, culturales y también muchos prejuicios que impiden “ver” ciertos crímenes, omisiones y falta de garantías básicas como lo que son: violaciones a los derechos humanos. Una razón importante la marca el codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Gustavo Maurino: “Nuestras capacidades culturales para comprometernos con los ideales de la igualdad, respeto por la diversidad cultural e inclusión están en proceso inicial de construcción. Tengamos presente que en nuestro país las mujeres fueron tratadas como incapaces hasta hace pocas décadas, los pueblos originarios recién recibieron el reconocimiento de su identidad cultural en 1994, las personas con discapacidad fueron legalmente tratadas como parias y librados a su propia suerte individual hasta hace pocos años, por citar sólo algunos ejemplos. Es decir, la ‘cultura de derechos’ todavía tiene un gran desafío para desarrollarse”.

El tema de la visibilidad social de un conflicto -es decir, el espacio que se le dedica en el debate colectivo- es otro punto a tener en cuenta. Como dice Pérez Esquivel: “De la represión a los pueblos originarios de la comunidad Toba Qom, de la comunidad La Primavera, en Formosa, se habló dos o tres días y desapareció de los medios. Existe discriminación racial en estos temas. Y, en este caso, el Gobierno nacional miró para un costado porque la represión se produjo en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, su aliado político”.

Hace unos días, Julio Montero, presidente de Amnistía Internacional Argentina escribió una carta de lectores sobre este tema en la que decía: “Lamentablemente, durante el fin de semana, mientras el ministro [Florencio Randazzo] pensaba sobre el asunto, tres menores tobas de La primavera aparecieron muertos al costado de una ruta cercana. Mucha gente de la comunidad dice que tenían golpes y piensan que se trata de un crimen. El Poder Ejecutivo sigue sin responder y sin asumir compromisos. Mira para otro lado”.

Y remata Montero: “Este gobierno dice tener un firme compromiso con los derechos humanos. Este es un buen momento para que demuestre que sostiene ese compromiso incluso cuando las violaciones de derechos humanos son perpetradas por sus aliados políticos”.

La asociación entre progresismo o izquierda y derechos humanos también es susceptible de prejuicios. Lipovetzky, en nombre del macrismo, responde a esta pregunta. ¿Se puede ser de centroderecha y tener una agenda sustentable de defensa de derechos humanos?

“La asociación de los Derechos Humanos con el progresismo y la izquierda responde a otro momento histórico, pero en la actualidad es una visión anacrónica. Los Derechos Humanos no necesitan sostenerse desde ningún sector político en particular, deben y necesitan sostenerse desde todos y cada uno, por ello, el ejercicio colectivo de la memoria se hace imprescindible. Un ejemplo de compromiso es que durante nuestra gestión se ha brindado reconocimiento por primera vez desde 1983 a los empleados municipales desaparecidos”, dice.

Igual que el gobierno nacional, también el macrismo miró para el costado en Villa Soldatti, echándoles la culpa a diversos blancos (punteros kirchneristas, inmigrantes desbordados, etcétera) y omitiendo hacerse cargo, por ejemplo, de las promesas inclumplidas de urbanización de villas y construcción de viviendas sociales.

Como reflexiona Maurino: “La Nación y la Ciudad asumieron la obligación de garantizar progresivamente el acceso a vivienda digna; pero en todo nuestro país el acceso a la vivienda está radicalmente librado al mercado inmobiliario y financiero. En sociedades brutalmente desiguales, sin crédito para los sectores más pobres, ese modelo libertario de regulación tiene fallas estructurales que siempre impedirán el acceso a este bien fundamental de la dignidad y la autonomía que es la vivienda”.

Al parecer, los Estados tienden a demorar y evitar el reconocimiento público de sus obligaciones constitucionales porque ello implicaría que su margen de discrecionalidad política se limitara y quedara sujeta a reclamo, control y rendición de cuentas.

Como dice el directivo de ACIJ: “En relación con la vivienda -pero también con la salud, la alimentación, etcétera- los gobiernos se comportan aún como si las políticas públicas fueran un asunto de buena voluntad y no de obligaciones incondicionales y prioritarias”.

Pero, ¿qué sería tomarse en serio los derechos humanos?

“Una redefinición significativa de la estructura presupuestaria de los gobiernos y sus prioridades de inversión y gasto público”, dice Maurino.

Claro que, como explican todos los especialistas consultados, desde distintas disciplinas, los derechos tienen sus jerarquías -que remiten al bien jurídico a proteger: un ránking de prioridades, donde la vida está indudablemente al tope de la lista- y no hay que confundir preferencias sociales -como podría ser no querer vivir cerca de una villa- con derechos sociales.

Sabsay tercia en este punto: “Los vecinos de clase media de Soldati, que estuvieron 30 años para construir su casa, tienen derecho a quejarse. Y quizá haya algo de racismo en su reclamo, pero lo que básicamente hay es una demanda hacia el Estado, que incumplió sus compromisos”.

Pero, ¿y qué sucede cuando un derecho básico está incumplido, y se lo quiere hacer cumplir compulsivamente, por la fuerza de los hechos, la violencia o la extorsión?

Badeni es el encargado de responder esta vez: “El acceso al goce de los derechos se debe realizar por vías lícitas, y jamás violando el orden jurídico de un Estado de Derecho. La violación de la ley para satisfacer un derecho al margen de la ley acarrea la violación de los derechos de quienes cumplen con ella”.

En una palabra: la nueva cultura de derechos parece ir pegada a una ampliación de la consciencia social e institucional que permita “ver” a “los otros” como igualmente valiosos. Y finalmente, con esa consciencia colectiva más desarrollada y engordada, construir un Estado que pueda cobijar la vida digna.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1334728

Pretexto para autoritarismos

La noción dominante de derechos humanos parece indicar que éstos están destinados sólo a ciudadanos blancos, universitarios y de clase media. Algo así por lo menos parece sugerir una respuesta que el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni dio durante una entrevista.

“Ramón Camps no inventó la picana, usó lo que ya existía. ¿Por qué no se produjo el mismo escándalo antes? -se preguntaba Zaffaroni-. Evidentemente, en la dictadura se avanzó sobre un sector activo en política, de clase media, con un segmento universitario, y por ello se lo reconoce como genocidio. Todo depende del sector social y de la capacidad para hacerse oír públicamente, de la voz del sector que sufre la represión.”

¿Y la seguridad no es un derecho humano? Zaffaroni responde, esta vez: “El derecho a la seguridad no existe. Hay que tener cuidado con autonomizar conceptos y clonar derechos, porque se termina en el totalitarismo. Hay derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad sexual, a la propiedad, etc. Pero no existe un derecho abstracto a la ´seguridad´, que vuela como un espíritu autónomo, como un alma sin cuerpo que acaba encarnando en cualquier cosa y que permite priorizaciones que siempre fueron los pretextos de todos los autoritarismos”.

http://espacioiniciativa.com.ar/?p=1213

Eugenio Raúl Zaffaroni: “quizás (Macri) crea que la solución deviene de electrificar los 5.000 Km. de frontera que tenemos, macro-licitación mediante”. Entrevista exclusiva de Iniciativa

¿Qué análisis hace de lo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires en torno al conflicto en el Parque Indoamericano?

Hacer una evaluación o diagnóstico de lo ocurrido, en este momento, sería irresponsable. Sí resulta chocante el discurso de Mauricio Macri. Creo que es sumamente peligroso y, desde cierto punto de vista, cuando alguien apela a ese tipo de discurso es porque realmente no tiene otro. Por otra parte, el contenido del discurso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es falso en todos los sentidos. Le atribuye a la vigente Ley de Migraciones la responsabilidad de lo que está sucediendo, lo cual es absolutamente incorrecto porque las olas inmigratorias de los países vecinos que hemos tenido se dieron en vigencia de la “Ley Videla”. Desde 2001 no tenemos olas migratorias en el país. Ha habido algún ingreso pero no es significativo. En vigencia de la ley restrictiva, que propugnó Videla, la consecuencia fue un serio problema de seguridad. Como era imposible obtener la radicación (esto lo pude verificar siendo Interventor del INADI) la gente venía igual y, en consecuencia, teníamos un millón y medio de habitantes de los que no sabíamos de dónde venían, ni qué hacían. Eso es un problema de seguridad porque entre ellos teníamos 5000 dominicanas explotadas sexualmente e indocumentadas. Y, por supuesto, no venían nadando. Es un poco difícil venir de Republica Dominicana a nado.

Si los norteamericanos no pueden controlar su frontera con México, con toda la tecnología a su alcance, yo no se lo que Macri pretende, quizás crea que la solución deviene de electrificar los 5.000 Km. de frontera que tenemos, con una macro-licitación mediante.

¿Y con respecto al discurso xenófobo?

Es absurdo imputarles delito a los inmigrantes cuando no hay sobre-representación de extranjeros en nuestros índices de condena y prisionización. Es decir, los porcentajes de condenados y prisionizados que tenemos son inferiores a los porcentajes de población extranjera que tenemos, y menos aún de bolivianos. Cabe resaltar que la colectividad boliviana, lo sabemos muy bien, es una colectividad muy laboriosa. La mitad de las hortalizas que comemos las producen ellos. Y gran parte ya no son bolivianos, son argentinos.

Creo que lo ocurrido en los últimos días tiende a la fabricación de un chivo expiatorio.  Por su parte, comparar o pretender militarizar el control de las villas e invocar a Lula, es una aberración. Podré estar de acuerdo o no sobre la política en Rio de Janeiro respecto de las favelas, pero a cualquiera le basta mirar el mapa de Rio y compararlo con el nuestro para darse cuenta de que el problema es distinto. En Rio, las favelas están en los morros y al lado se encuentran los barrios residenciales. Si uno va a comprar un departamento en un barrio residencial de esta ciudad, tiene un precio si mira a la favela y otro si no lo mira. En ese contexto, puede pasar que uno esté leyendo el diario y reciba o escuche un balazo. Las favelas están distribuidas en todo el territorio de la ciudad y al lado de zonas residenciales, lo cual es una fuente de conflictividad. En Argentina, las villas miseria o barrios precarios están alejados, no tenemos una villa miseria del otro lado de la calle Quintana. Por lo tanto, no podemos comparar la dimensión de una situación y la otra, ni tampoco el tiempo. Los favelados llevan cuatro generaciones. Se podrá criticar o no lo que se está haciendo en Rio pero no es que Lula haya militarizado las favelas sino que son intervenciones de tipo puntual con el objetivo de urbanizarlas y sacarlas del dominio de las mafias, de los justicieros locales. Si está bien o mal deberá ser discutido en Rio, pero esos son sus objetivos.

¿Y con respecto a la represión?

El discurso de la gestión de la ciudad es absurdo al pretender violar una ley que tanto nos costó conseguir en cuanto a que no intervengan las fuerzas armadas en este tipo de situaciones. Las mismas deben ser resguardadas en las tareas que les corresponden. Hablo de la tarea de defensa y de intervención ante catástrofes ecológicas en donde son las que tienen mayor capacidad operativa para neutralizar riesgos y consecuencias.

Lo ocurrido en el Parque Indoamericano, si no responde a una total ignorancia, responde a una intención sumamente peligrosa. Me refiero al peligro de generar un chivo expiatorio culpando a la colectividad boliviana como si fuese la responsable de todo lo que nos pasa. El camino que sigue es un camino de victimización y hay que tener cuidado porque hay palabras que matan.

No faltaron especulaciones políticas, ¿Qué opina?

En política, y esto lo digo sin ningún partidismo, tiene que haber límites éticos elementales. Creo que todos los partidos políticos tienen que manifestarse en este sentido y defender esta Ley de Migraciones porque las manifestaciones xenófobas ensucian la política.

No hay más soluciones que tratar de perfeccionar las instituciones, de democratizarlas. Se necesitan acuerdos y en ese sentido no hay otro camino que el del diálogo. Creo que todo conflicto que se resuelve con violencia es porque está mal planteado.

¿Qué opinión le merece el cambio discursivo en materia de seguridad?

El discurso de la seguridad, de la tolerancia cero, no es un discurso que hayamos inventado en Argentina. Que nadie se crea el inventor del embudo. Es un discurso que viene de los EE.UU. y se planetariza. En rigor de verdad, esto comienza en los años setenta y se acentúa más marcadamente a partir de los años ochenta, con el discurso de Reagan y de todas las administraciones republicanas. En alguna medida responde a cambios internos de ese país. Los presidentes, hasta Reagan, salían del senado, de la administración federal. A partir de los setenta, momento en el que se desprestigia el gobierno federal (previa derrota en Vietnam y previo papelón cuando intentan recuperar los rehenes en Teherán), los presidentes comienzan a ser ex gobernadores que trasladaron al gobierno federal una modalidad que era propia de los estados. El procurador general es elegido por el voto directo generando una especie de demagogia vindicativa del Ministerio Público para dar el salto a la gobernación del estado o a la política nacional. Esta demagogia consistía en mostrar como enemigos públicos de la seguridad a los jueces. Empieza a retroceder el poder de los jueces a favor del Ministerio Público a partir de un sistema que cada vez se va haciendo más terrible, que consiste en condenar a todo el mundo a través de negociaciones perversas (En la práctica lo sufren los afrodescendientes, que los agarran por la fuerza y les dicen “vos violaste. Firmá que es un estupro”, a lo que contestan que ellos no hicieron nada, y la respuesta es “no hiciste nada? Vas a ir a juicio, te va a defender cualquier abogado y andá a saber qué te pasa”). Lo que sucede en EE.UU. es que el jurado funciona en el 3% de los casos, el resto se resuelve condenando sin juicio. Esta política vindicativa que era muy propia de los estados, se traslada al gobierno federal y, como resultado de todo esto, empieza un crecimiento loco del sistema penal. Hasta ese momento EE.UU. era un país con índices normales de prisionizacion, incluso por debajo de la media normal. De repente, con estos cambios, pasan a tener 2 millones y medio de presos (que es el número aproximado que tienen ahora). A partir de finales de los ochenta, por primera vez, más del 50% de la población penal es negra. Esto implica, para los EE.UU., una inversión en el sistema penal de alrededor de 200.000 millones de dólares por año. Número que supera la deuda externa de nuestro país. Hay un desplazamiento de los recursos destinados a áreas sociales hacia programas de seguridad y cárceles. Al mismo tiempo se da la destrucción del Estado de Bienestar y el desarrollo de un “Estado Gendarme”, mínimo, que cuida la seguridad y nada más. Y por ende, hay un cambio de imagen. Del ciudadano medio trabajador, se pasa al ciudadano medio víctima. Empiezan a crearse las víctimas que tienen las condiciones de empatía para convertirse en héroes.

Y esas víctimas se convierten en un espectáculo televisivo…

Una persona atravesada por el dolor puede decir cualquier cosa. Y el rol mediático de la víctima se convierte en un riesgo para la democracia, por los mensajes disfuncionales. Al mismo tiempo, la utilización mediática de la víctima es un acto de crueldad que no tiene límites. Se toma a la víctima en un momento de exteriorización y se la fija de forma tal que no puede elaborar el duelo y, por ende, no puede recuperar su salud mental. Toda víctima tiene un trauma, normalmente se genera un problema de culpas, irracional pero inevitable. Se empieza a pensar “si yo hubiera”, “si yo estaba”, “yo podría haber hecho”. Eso se exterioriza. Si se lo fija en ese momento, se impide el paso siguiente en el que la pérdida se convierte en nostalgia. Al no permitírsele el duelo, se la fija como una victima héroe, y la culpa se sigue acumulando de tal forma que la víctima se vuelve disfuncional. La carga de culpa la lleva a un discurso disfuncional. Este es un proceso mundial, pero es un modelo irreproducible, no podemos tener dos millones de presos ni afrontar el mismo nivel de gasto.

El esquema televisivo se reproduce en todas partes, ¿no es cierto?

Lo que se planetariza es la publicidad de esas imágenes. No solo se planetariza con noticias, con una criminología mediática mágica, con la insistencia, con la reiteración de la noticia roja. Si no hay noticia se insiste con la del día anterior, y se genera la sensación de que hay una mayor cantidad de delitos. Y cuando hay homicidio impactante uno nota la cara de contento de quien lo trasmite. En medio de propagandas de mujeres en bikini o de ropa interior erotizante, de repente cambia el tono y, con seriedad, se anuncia el gran crimen: alguien mató a su abuelita con el árbol de navidad. Pero no solo se da esto, hay una forma de propaganda que es más insidiosa. Hablo de las series policiales. Si uno se pone a hacer zapping va a ver más muertes ficticias de las que hay de verdad en todo un año en el país. Es una banalización que muestra el triunfo del psicópata que no tiene miedo y que resuelve violentamente el conflicto. El héroe tiene hiperactividad, no siente el dolor, eso es lo que se vende.

Se han anunciado medidas concretas en materia de seguridad, como la creación de Ministerio de Seguridad y del Observatorio del Delito y la Violencia ¿Qué opinión le merecen?

No me gusta usar la palabra seguridad. Prefiero utilizar riesgo de violencia física o de integridad física.

Hace un tiempo venimos hablando del Observatorio y, por suerte, ahora se está haciendo realidad. Lo mínimo que necesitamos es tener un cuadro de situación. Sin información no podemos resolver esta problemática. Conforme a los datos existentes en materia de delitos, nuestro país está entre los más bajos de la región. Levemente por debajo están Uruguay y Chile. Tenemos un índice de delitos del país más bajo que el de la ciudad de Nueva York. Pero eso dice poco y tampoco debemos conformarnos.

Hoy no tenemos perfil de criminalización, ni está establecido el tipo de riesgo de criminalización. El riesgo de violencia física tiene que ser monitoreado por barrio y, para eso, hay que dedicarse a investigar. Si de lo que se trata es de modificar conductas, de generar conductas menos violentas, se debe indagar. Es algo elemental, nada se puede prevenir si no se sabe lo que pasa. Dado este paso, se debe orientar el presupuesto a la problemática detectada.

Es necesario preguntarse qué queremos prevenir con un helicóptero: ¿violaciones?, etc. Debemos saber que queremos prevenir. No nos podemos manejar por tipos penales. Hay diferentes tipos de homicidios y no es lo mismo el homicidio intrafamiliar que uno que se da en ocasión de robo. También es distinto un disturbio de personas alcoholizadas a la salida de un boliche, que un homicidio patológico. Distintos tipos de delitos implican prevenciones distintas. Un homicidio patológico, no lo previene nadie.

¿Qué nos puede decir acerca de la represión a la comunidad Qom que ocurrió en Formosa?

Yo creo que técnicamente cualquier represión que se haga, por parte de policías, con armas de fuego debe responsabilizarse penalmente. Hay técnicas policiales de disolución o de fuerza que no implican el uso de armas de fuego.

También llama la atención el poco tratamiento mediático. Sabemos que hay una construcción de la realidad que se da a través de los medios. Las noticias se seleccionan.

¿Cree que se dan las condiciones para el tratamiento y la aprobación del aborto?

Es un tema muy extenso. Creo que hay un problema serio que es el de saber cuantos abortos tenemos. Hay cálculos de toda naturaleza y se dice que equivalen a un 20% de los nacimientos que se producen. Por ende, el número de abortos es masivo. Creo que tenemos que preguntarnos como bajamos ese número a partir de una política de reducción de daños.

Hoy se discute qué se va a hacer con el Código Penal, si se va ampliar o no. Si es impune o no. También se discute la indicación médica durante las primeras semanas y la ampliación del ámbito de las causas de justificación o de exculpación del aborto. Queda claro que ningún código penal permite que una mujer se haga un aborto a los 8 meses porque se le da la gana. La importancia práctica que esto tiene se vería reflejada en las mujeres carentes de recursos que podrían acudir a los hospitales evitando un alto número de muertes de mujeres que se practican el aborto en condiciones sépticas.

Por su parte, la previsión penal, en el resto, no tiene incidencia. De los años que llevo como Juez, creo que por mis manos deben haber pasado menos de 10 casos. Por consiguiente, quiere decir que el Código Penal no sirve para nada en cuanto a la prevención del fenómeno.

Lo que creo es que, algún día, hay que sentarse y ver de este “Aconcagua de fetos” (que no son de papel) que tenemos que ver como hacer para reducir el número a la mitad, a un cuarto. Con políticas sanitarias, con educación sexual, con asistencia a las madres solteras, y con todo tipo de programas necesarios.

El aborto dominante no es el de comodidad, sino el de necesidad. Esto requiere de políticas sociales, salir del esquema de todo se resuelve con el poder punitivo. Y el aborto es el caso más emblemático. La indiferencia penal por el aborto es absoluta, con intereses de los aborteros de que no cambie nada. En la CABA cualquier mujer de clase media sabe donde acudir. Entonces, se piensa que hay que perseguir a las clínicas y aumenta el precio del aborto. Esta no es la política que se debe seguir.

¿Cómo ve al país y al proceso de integración regional?

Posiblemente tengamos algunas dificultades, posiblemente haya tropiezos, pero realmente la perspectiva actual del país y de la región la veo de forma más positiva de lo que la he visto a lo largo de toda mi vida. Hace muchos años que no teníamos un espacio como el que estamos teniendo en la región, en este momento.

¿Sigue siendo un promotor del parlamentarismo? ¿Lo considera posible para el país?

Lo sigo siendo, por otro lado no apruebo los semis-presidencialismos, le tengo mucho miedo a los “semis”. Cuando dicen que hay que recortar el hiperpresidencialismo hay que tener cuidado porque el que gobierna tiene que tener poder, ya sea elegido por el pueblo directamente o por el parlamento. Lo peor que puede ocurrir es que se paralice el sistema.

Creo que son varios los puntos a favor del parlamentarismo. En primer lugar se soluciona el problema de rigidez del presidencialismo en cuanto a la duración de los mandatos. En segundo lugar, un gobierno parlamentario es fuerte porque gobierna con la mayoría parlamentaria. Tercero, condiciona a dos fuerzas o coaliciones. Una para gobernar y otra para posicionarse como alternativa. Evita, también, la dispersión. Contrarresta la atomización de los partidos y produce, con el tiempo, dos partidos o coaliciones duraderas. Por otra parte, es mayor la tentación por arrebatarle el poder a una persona que a una mayoría parlamentaria. Además, permite mayores controles y fomenta alianzas programáticas que se diferencian de las que se dan en los presidencialismos, bañadas de sospechas al estilo del caso de “La Banelco”. Por otra parte, si uno ve el mapa, sí, hay presidencialismos en África, pero así les va. En América Latina tampoco nos ha ido muy bien.

Pero por supuesto, se deben clarificar otros factores. Creo que, hoy, nosotros podríamos ir hacia un parlamentarismo. Ahora, si me preguntan que opino para el caso de Bolivia, le diría que no, porque antes hay que hacer un cambio estructural muy grande en el cual se debe incorporar al 70 % de la población. Tampoco se lo hubiera recomendado a Perón en el año 1945. Argentina no tiene un 70 % de la población excluida. Hay exclusión, sí, pero lo que hay que hacer es continuar con el progreso social, dinamizarlo. Como no tenemos que hacer grandes cambios estructurales, en estas circunstancias, opino que sí podemos ir hacia un parlamentarismo.

Tenemos que tener un sistema que afronte de mejor forma las crisis políticas. No podemos evitarlas, pero sí lograr que se resuelvan como tales. Nos debemos un sistema que afronte las crisis sin muertos de por medio. Por otra parte, se dice que no tenemos experiencia. Primero, me parece un argumento conservador. Si hace doscientos años predominaba esta forma de pensar, la historia sería distinta. En segundo lugar, este argumento no es cierto. Antes la crisis de 2001, la salida fue parlamentaria. Entonces, si realizamos esta experiencia en la crisis ¿por qué no en momentos normales?

http://elnoticialista.blogspot.com/2010/12/marcelo-sain-la-federal-nunca-fue.html

Marcelo Sain: “La Federal nunca fue objeto de ningún tipo de reforma”

El conflicto en Villa Soldati tiene varias explicaciones posibles y tuvo como protagonistas a varios actores, visibles y ocultos. ¿Cómo ordena usted las piezas para analizar lo que sucedió durante estos días?
Primero hay que mencionar una dimensión política y social. Creo que el conflicto, en sí mismo, no fue planeado por ningún actor. Era un conflicto que estaba latente y que contó con dos gobiernos ausentes, el nacional y el de la Ciudad, sin información precisa de las condiciones que desembocaron en el conflicto, lo cual facilitó las cosas. El gobierno de la Ciudad, porque no forma parte de sus prioridades atender a estos sectores marginales. Tiene otras prioridades. Por ejemplo, constituir una gestión de acuerdo a su condición de clase y hacer negocios. Y el gobierno nacional porque tiene un enorme desprecio por la Ciudad. Por eso el desinterés, el abandono. Cuando estalla el conflicto por un reclamo real de la gente, los dos gobiernos desconocían la magnitud del problema y no tuvieron mecanismos de gestión social.
¿Descarta la hipótesis de los infiltrados y de sectores “montados” en el conflicto?
El conflicto no se generó por actores manipulados políticamente ni por infiltrados. Ahora, que se han montado sobre el conflicto, no hay dudas. Pero se montaron luego. Para analizar esto hay que reconstruir la cronología de los hechos. La primera intervención estatal sobre el conflicto inicial es un operativo conjunto de la Policía Metropolitana con un sector de la Federal. Principalmente, de comisarías. No fueron las unidades de control de grandes manifestaciones, que están más entrenadas y capacitadas en ese tipo de tareas, las primeras que llegaron. No, operaron las comisarías. Por eso digo que se trató de una patrulla perdida. No fue ni un operativo planificado por la dirección política del Gobierno. Como se dice en la jerga, se cortó la línea policial por abajo. Esto explica el intento de desalojo catatónico y la situación de violencia extrema, inexplicable y con muertos.
La “patrulla perdida” que señala, ¿se escapa al control o fue premeditada por algún sector de la fuerza?
No lo sé. Pero esas cosas, en una estructura jerárquica y vertical, no son casuales. Evidentemente había intención de producir esta situación de crisis. Quizá haya algunas internas dentro de la institución que hagan posible este tipo de acciones. Hay que tener en cuenta que las diferencias, en el seno de la policía, no se dirimen en una mesa de negociación, en una paritaria, en una huelga o en una toma del lugar de trabajo. Las diferencias se dirimen con este tipo de acciones en la calle, haciendo o dejando hacer. Esto fue siempre así.
¿Podría ser un mensaje concreto al poder político?
Primero, a la cúpula. Después, al poder político y a todos aquellos que pretendan meter mano dentro de la institución. Lo más importante para la Federal es la reproducción de la propia corporación. Después sí vinieron todas las operaciones políticas habidas y por haber. Inclusive, como quedó registrado en la prensa durante estos días, con dirigentes y punteros del PRO. Pero que hayan participado dirigentes sociales que responden al Gobierno no habla mal del Gobierno. Es más, no tiene que ser objeto de ningún tipo de acusación mediática. Al contrario, eso es lo que debía haber existido desde el comienzo: articulación política y social. Un gobierno que se dice peronista no puede no tenerla.
¿Cómo analiza lo que siguió después?
La segunda intervención, con la Gendarmería y la Prefectura, en un contexto de violencia creciente, fue correcta. No hace uso de la fuerza y genera un contexto de tranquilidad que permitió la negociación política y social. Al final, se termina resolviendo porque están las fuerzas de seguridad garantizando el contexto de paz social que permite el diálogo y el acuerdo político. Eso es lo que correspondía. Pero fue tarde y porque fue tarde se desencadenó la crisis. Lo más importante es que esto pone en evidencia, y ésta es la gran novedad de los hechos de Soldati, que la política de darle poder al jefe de la Policía Federal para que gestione la seguridad pública en la Ciudad es inviable y políticamente muy costosa. En el contexto de una campaña electoral esto puede significar el esmerilamiento de la autoridad de la Presidenta en el ejercicio del gobierno, lo cual sería grave.
La cuestión de fondo, según usted, sigue siendo la conducción civil y recortar al máximo los márgenes de autonomía que las fuerzas de seguridad suelen darse.
Exacto. Hay una creencia ilusoria de que dándole el poder a la policía se puede hacer una gestión de la conflictividad eficiente. Los hechos de Villa Soldati dan cuenta de la inviabilidad del pacto y la delegación con la cúpula de la Federal. Pero esto no es novedad. En el último tiempo se reiteraron hechos que lo demuestran. En noviembre del año pasado, la muerte de un joven en un recital de Viejas Locas, a quien apalearon y dejaron abandonado. Después, el conjunto de denuncias de desalojos violentos en concomitancia con el gobierno de la Ciudad. Hay una denuncia de noviembre de este año por parte de la Defensoría del Pueblo y una causa abierta por apremios y el uso de picana. Está el caso de los hijos de Herrera Noble y la malversación del procedimiento para saber la verdad sobre sus identidades, con la intención de obstruir la labor de la justicia e impedir el análisis genético. Y está el asesinato de Mariano Ferreyra. Hubo sicarios parasindicales, es cierto; pero me cuesta creer que la Federal sólo liberó la zona. Todo esto ya marcaba que el Gobierno tenía que hacer algo.
¿Hay que descartar la hipótesis de una disputa entre la Federal y la Metropolitana?
No creo que venga por ahí. Creo que la Federal está viviendo una profunda crisis de identidad, alentada por el hecho de que hace muchos años que la actual cúpula obstruye los ascensos superiores y eso provoca un enorme malestar dentro de la institución. La Federal nunca fue objeto de ningún tipo de reforma. Ni siquiera de una mirada crítica por parte del mundo de la política. Durante cuarenta años fueron la policía del poder, la guardia pretoriana.
El gobierno nacional decidió crear un Ministerio de Seguridad y poner al frente a Nilda Garré. En ese sentido, es un gran avance, ¿no?
Es tomar el camino correcto. Se toma de manera tardía, pero es el correcto. Primero, creo que la Presidenta reconoce que es insostenible seguir dándole el manejo de la seguridad a la cúpula de la Policía Federal. Y ratifica la necesidad de que sea la política la que conduzca las cosas, y eso es bueno de por sí. Ahora, gestionar políticamente la seguridad supone tres grandes desafíos que son complejos, particularmente en este contexto. Primero, supone la elaboración de un cuadro de situación real sobre conflictos, violencias y delitos. Segundo, supone establecer una estrategia de modernización institucional, porque el Estado no cuenta con los recursos necesarios para gestionar la seguridad. Tercero, supone estrategias de intervenciones como la prevención social del delito, el control policial y la política criminal. El gran problema y el gran desafío que tiene Nilda Garré, en este momento, es que la estructura con la que se va a conformar el Ministerio de Seguridad es la antigua Secretaría de Seguridad Interior.
¿Por qué lo dice?
Porque es una burocracia profundamente deficitaria, que no tiene ninguna de las competencias institucionales adecuadas para de-sarrollar esos tres desafíos. O sea, al mismo tiempo que debe desarrollar estos ejes, tiene que ir construyendo el dispositivo mediante el cual ponerlos en práctica. Reitero: en un contexto de coyuntura crítica. Es una tarea muy distinta a la que ha desarrollado en el Ministerio de Defensa.
¿A qué se refiere, específicamente, con coyuntura crítica?
En las Fuerzas Armadas había tiempo entre repensar y hacer los cambios, porque no existían hipótesis de confrontación bélica. No se requería de las Fuerzas para resolver conflictos regionales, por ejemplo. En cambio, en materia de seguridad pública, de un día para el otro, tenés que gestionar conflictos de gran envergadura. O sea, en seguridad todo es coyuntura conflictiva. Además, el setenta por ciento de los generales, de los brigadieres, son cuadros de gestión. Hay ahí una burocracia experta y bien formada. Por el contrario, en un comisario tenés un potencial delincuente. Además, hay un montón de actores dentro del sistema que van a resistir el cambio porque tienen privilegios con ese statu quo.
Y esa resistencia al cambio puede operar sobre los conflictos.
No me cabe la menor duda. Pueden operar sobre el conflicto social existente o crear una situación de conflictividad, inventar delitos, generar olas de inseguridad y alentar situaciones de secuestros o asaltos. El desafío es mayúsculo. Reitero: no se cuenta con un aparato burocrático-institucional adecuado para gestionar eficientemente la seguridad. Hay que construirlo, al mismo tiempo que se tiene que gestionar.
¿Con esto se disciplinaría “hacia abajo”?
Eso es otro precio. Ahí se necesita una estrategia de intervención muy grande. Uno controla la institución policial cuando controla ciertas cosas. Primero, los pases y ascensos. Segundo, la planificación y la ejecución presupuestaria. Tercero, el circuito operacional, con lo cual hay que poner los pies en el barro. Y eso supone que la gestión político-institucional se comprometa a full con ese circuito. Cuando hablo de circuito operacional me refiero a la producción de inteligencia criminal, la planificación y el desarrollo operacional y el desarrollo logístico de la fuerza. Y en cuarto lugar, el manejo del control de funcionalidad de la institución policial que ya no puede estar en manos de la propia cúpula policial. Tiene que ser externo, como es el caso de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria. Pero la modernización del sistema de seguridad no solamente requiere pensar en el tema de la Policía Federal. Hay otros desafíos, menos visibles que el de Soldati, pero mucho más tangibles.
¿Por ejemplo?
En los últimos veinte años quedó totalmente desvirtuado el rol de la Gendarmería como policía de frontera, por ejemplo. Es una policía intermedia de impronta militarizada que sirve, justamente, para el control de fronteras, en un contexto en el cual la porosidad de las fronteras se convierte en algo sensible. Sin embargo, perdió espacio en su labor específica y ganó espacio en el control de grandes manifestaciones. Con la Prefectura pasa lo mismo. Ganó roles importantes en materia de seguridad preventiva en lugares absolutamente insignificantes a la seguridad pública, como Puerto Madero, donde existen quinientos prefectos por turno mirando cómo pasa la gente, mientras se tiene una enorme carencia de recursos humanos en el sistema operacional de la Mesopotamia. Esto también tiene que ser puesto en tela de juicio. Lo que hicimos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria puede servir de modelo.
¿En qué sentido?
Ahí tuvimos definiciones muy marcadas sobre estas cosas. Por ejemplo, las policías sólo están para el control del delito. En el diseño institucional que hicimos descartamos cualquier tipo de funciones ajenas a eso. Esa es una definición de un perfil de fuerza que bien podría ser emulable en el resto de las fuerzas. ¿Es razonable que la Federal sea todavía quien expida cédulas de identidad y pasaportes y que eso le demande cerca de tres mil policías? ¿Por qué razón no se unifica con el Renaper (ndr: Registro Nacional de las Personas) y liberamos a esos policías para que estén trabajando en la calle?
¿Por qué?
Hay una sola razón. Porque es la policía del poder y le interesa tener la base de datos más sofisticada sobre la población argentina, que sólo puede hacer uso ella misma. Ningún órgano del Estado, ni siquiera la Justicia puede tener acceso a esa base de datos. Otro tema: es increíble que todavía el país no tenga un dispositivo unificado de control de la criminalidad organizada. Estas cosas también tienen que ver con el rediseño del sistema de seguridad federal y van más allá de la situación de crisis que se generó en estos días.
Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 25, 2010

Infantería porteña (2)

En infantería porteña hacíamos un raconto de las contradicciones sobre este grupo de choque de la policía metropolitana que tenían tanto el jefe de gobierno, el ministro de seguridad y el jefe de la policía. Y los cambios de discursos a través del tiempo.

http://polimetropolitana.wordpress.com/2010/12/21/infanteria-portena/

Ahora, y gracias a un miembro de la fuerza que nos escribe, podemos decir lo siguiente:

El carro hidrante que compraron para un cuerpo que no existe se encuentra en la Central ubicada en la calle Jorge Newbery y Guzmán (enfrente del cementerio de Chacarita) esperando a ser utilizado, al momento cuentan solo con uno.

Según nuestra fuente aprovecharon a hacer compras en condiciones que no se podían hacer ahora por las dudas que el PRO no ganara las próximas elecciones.

Con respecto al uso de infantería en el Parque Indoamericano, los que actuaron fue el DOAR (División de operaciones de alto riesgo), antiguamente llamado DOEM, que tiene una capacidad operativa muy pequeña, cuenta con buzos tácticos, comandos de ejercito y de diferentes policías del país con lo cual falta unificación de criterios.

El tema de la Guardia de Infantería, para formar un grupo de este tipo (elite) lleva mucho tiempo y mucho presupuesto y ni hablar de personal que al dia de hoy superamos por muy poco los 2000. De nada serviría una Infantería con menos de 200 hombres, lo que provocaría una merma en los policías de calle.

No obstante esto, existe!!! pero no cuenta con mas de 30 efectivos, de los cuales se encuentran GEOF Y HALCON entre otros. Creo que hasta dentro de dos años no habrá Infantería pero si efectivos de calle cumpliendo dicho rol, ya que desde lo del Indoamericano se entrenan en técnicas específicas para la función de infantería.

Por otro lado con toda el agua que corrió debajo del puente… está claro que teníamos razón cuando en http://polimetropolitana.wordpress.com/2010/07/25/no-termina-el-uso-marketinero-de-la-policia-metropolitana-mentiras-oficiales/ criticábamos por marketinera y vacía la decisión de poner el DOEM (Actual DOAR) en la villa 1.11.14

Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 24, 2010

Con las tomas y los saqueos, la inseguridad dejó de ser un tema

http://espacioiniciativa.com.ar/?p=1244

La inseguridad como construcción discursiva

Por David Bono

Se encienda la televisión, se lea la primera plana del diario o se escuche un matutino radial, el tema que siempre impera es la inseguridad. Aparentemente, este sería el tema que aqueja a todos los argentinos y no los deja en paz.

Si bien todos los días existe una “víctima diaria” de la inseguridad, la cual se pasea por todos los estudios de televisión, móviles en vivo y redacciones periodísticas habidas y por haber, llama la atención la liviandad con la que se aborda esta temática.

La denominada “inseguridad”, aparentemente sería el problema por el cual la gente, cuando sale de sus casas, no cree que volverá viva. Obviamente, esto es una manipulación mediática del fenómeno.

Con la llegada del neoliberalismo en la década del 70\80, las comunicaciones, así como numerosos aspectos de la vida, se mercantilizaron. Las víctimas de los hechos ilícitos, dejaron de ser personas que sufrían un daño emocional como consecuencia de un delito, y se transformaron en estrellas televisivas que ocupaban todas las pantallas en el “prime time”. Esta necesidad permanente de crear hechos, llevaron a los noticieros y agencias de noticias al armado cotidiano de una víctima, la cual debe expresar su repudio por los delincuentes, los cuales preferentemente deben ser jóvenes, pobres y en caso de ser inmigrantes estaríamos ante el delincuente ideal del imaginario argentino.

El pobre, como tal, también ha sido estigmatizado y posteriormente mercantilizado. Las noticias sobre la pobreza y la desigualdad, plagan las pantallas de la televisión, y parecería que los periodistas hasta se deleitan mientras ven un chico desnutrido en el interior, esta imagen fue la constante durante la crisis del 2001. Ese mismo pobre que era mostrado como el emergente de una sociedad desigual e inequitativa, fue posteriormente el responsable de todos los crímenes de “gente honrada”. Aparentemente, la era de la informática y las facilidades que acarrea la tecnología, generó en la juventud un escepticismo crónico, eliminando el esfuerzo y la proyección, como rezaban los matutinos “la juventud estaba perdida” y “esto antes no pasada, antes era mejor”.

Dudo que el grandioso Horacio, cuando escribía que “todo tiempo pasado fue mejor”, conociera la tasa de homicidios en Roma, donde La Subura era el barrio más peligroso y los homicidios políticos florecían por doquier, no creo que ningún romano convocara bajo el lema de “la mano dura”, la cárcel y la baja en la edad de imputabilidad (Roma tenía cárceles) marchas multitudinarias, más bien había linchamientos callejeros. Exacto, en Roma, cuna de la civilización occidental.

En nuestro país, la mediatización de la inseguridad como un evento multiespecacular generó la necesidad de noticias diarias que acaparen la atención. Pero como todo fenómeno comercial, este también es absolutamente temporal: esta semana ocurre una violación al día, la que viene el secuestro express, y la otra el homicidio mientras estacionamos el auto, luego, y como si fuera una moda, las noticias se reciclan  vuelven a aparecen en la televisión con el mismo patrón.

El discurso del odio, que acarrea lógicas racistas y xenófobas, llevó en nuestro país a que un hombre, cuyo reclamo era aparentemente “genuino”, reuniera 150.000 personas en Plaza de Mayo. Obviamente, con el tiempo, el reclamo perdió legitimidad, y el desmantelador profesional de empresas,  Blumberg, desapareció de las pantallas.

De la mano de la prédica xenófoba, donde el pobre es ladrón por naturaleza, llegó al poder Mauricio Macri, quien prometía con sus actitudes cuasi lombrosianas – aunque dudo que conozca la existencia de Lombroso – la represión de la delincuencia, mediante la creación de la Policía Metropolitana. Demás están los supuestos de ineficacia  y corrupción que supuestamente su lógica empresarial eliminarían, el problema está en el nombramiento de personajes nefastos de la Policía Federal más corrupta, con vinculaciones con la Dictadura Militar del 76 y el montaje de una red de espías clandestinos. Hoy, la Policía Metropolitana cuenta con 2000 agentes y un acaudalado presupuesto – que exime las picanas Taser – aunque su ineficacia e inexistencia compite con las mismas características del Jefe de Gobierno.

Los medios llevan a la opinión pública a creer que mediante la baja en la imputabilidad y el encierro en cárceles de todos los delincuentes, cualquiera haya sido el delito, solucionan el problema, pedimos más cárceles para más menores, cuando la lógica no es esa.

La política de seguridad norteamericana, donde las cárceles son privadas y, como la mayoría de las cosas en el capitalismo, son un negocio, la población carcelaria crece exponencialmente a fin de aumentar las arcas de las empresas encargadas a tal fin. Así como nosotros criminalizamos a los pobres, preferentemente inmigrantes, ellos hacen lo mismo con la población afrodescendiente. A su vez, esto tiene correlación en la sociedad civil, donde prácticamente todo norteamericano tiene armas de fuego de su propiedad. De hecho, el Tea Party, quien se opuso fervientemente a Obama en las últimas elecciones parlamentarias, predica que es una necesidad y todo ciudadano debería tener un arma, Sarah Palin, ex contrincante de Obama en las elecciones presidenciales, es de la Asociación del Rifle – que nuclea a la derecha recalcitrante estadounidense – y se dice “cazadora profesional”.

Este mismo sistema de “cárcel para todos y porque si”, se intentó extender hacia el continente como política social, cultural y económica. El hacinamiento que sufren numerosos presos en los países de Latinoamérica es la consecuencia lógica de esta política.

Del mismo modo, nuestro país parecería ser una “boca de lobo”, donde todo puede suceder. Pero si comparamos las estadísticas con otras ciudades del mundo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 4,92 homicidios cada 100.000 habitantes, mientras Nueva York 5,6 Montevideo 6,4 Santiago de Chile 9,56 Miami 14, 7 y Río de Janeiro 39,7 un buen dato en estos momentos en los que tanto se habla de la favelización de la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, queda demostrado como las grandes metrópolis loadas desde los estudios televisivos tienen una tasa de homicidios culposos mayor al de nuestro país.

Con respecto a la gente que prefiere tener armas en su casa, nuestro país tiene cifras maravillosas. La política de desarme logró que se canjearan 97.000 armas de fuego por dinero, y el organismo que en 2002 poseería 83.000 solicitudes de portación, en 2008 tuvo cerca de 25.000, es decir, prácticamente una reducción de más del 70%, paradójico porque según los medios la inseguridad crece día a día.

Tal vez lo más aberrante del discurso mediático fue cuando asesinaron al florista de Susana Giménez – fue un crimen pasional perpetuado por strippers – y salió con su tristemente célebre “el que mata tiene que morir”. Por suerte, el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 2, establece que los países que han abolido la pena de muerte no podrán reinstaurarla, episodio lamentable de la historia argentina cuando fue reinstaurada en 1978.

Resulta sumamente interesante conocer los datos estadísticos que elabora el Servicio Penitenciario, a no ser que los medios también descrean de la justicia. En 2009 en la Argentina fueron perpetuados 4574 homicidios, de los cuales sólo el 30% fueron dolosos, el resto fueron culposos en accidentes de tránsito. Cada 100.000 habitantes, hubo 5,45 muertos por homicidio doloso y 10,37 por culposo.

Ahora bien, de los 1234 homicidios dolosos que se inscriben en el Sistema de Alerta Temprana, fueron imputadas 1160 personas, de los cuales el 93% eran hombres, y el 3% policías.  Es decir, que en primera instancia queda absolutamente descartada la hipótesis de la inutilidad de la justicia y la falta de castigo a los culpables. De esos homicidios, el 51% fueron efectuados en la vía pública, lo cual delata una posible merma en el personal policial que debe patrullar las zonas, pero esto se encuentra caracterizado por la profunda corrupción existente en la Policía Federal desde la última dictadura. De todos modos, es interesante señalar un dato: el 74% de los crímenes no tuvieron una motivación ulterior (como robo o violación), es decir que se derrumba el discurso construido alrededor de los intentos de violación y asesinato.

En materia de homicidios culposos por accidentes de tránsito, se cometieron 2111 hechos con 2402 víctimas, de las cuales más de la mitad fallecieron a causa de una colisión de dos vehículos. A su vez, a esto se suma que el 95% aconteció en condiciones climáticas normales, es decir que queda explicitada una merma en el control de la seguridad vial.  El motivo del choque, en el 85% de los casos, fue la inexistencia de semáforo. A modo ilustrativo es interesante destacar que más de la mitad es en rutas y autopistas y el 40% en calles o avenidas. De los muertos, el 79% son varones y el pico máximo se registra en la población de 25 a 34 años, en el rol de víctimas y victimarios.

Estos datos son meramente ilustrativos y de ellos se desprenden dos conclusiones: en primer lugar, existe un déficit en materia de políticas viales, lo cual fue advertido por los gobiernos nacional y provinciales, y se han tomado medidas al respecto, pero de todos modos, todavía no contamos con datos específicos del año 2010. La otra idea que surge es la mentira mediática: si bien existe inseguridad y ocurren hechos delictivos a diario, es falso creer que se cometen miles de violaciones, robos y asesinatos de manera sistemática cada hora.

Los medios de comunicación lograron un mecanismo absolutamente perverso, transforman a la víctima en un actor, les presentan un escenario preferentemente truculento a fin de montar un espectáculo que les permita “vender” su mercadería: la información.

Aquí no sólo está en juego el derecho de los ciudadanos a la información, la cual debe ser real y confiable, sino la credibilidad de los medios de comunicación y sus intereses comerciales. La inseguridad es una construcción discursiva que parte de un supuesto de realidad y alcanza límites inauditos en el crecimiento exponencial de la audiencia. La paranoia de la población es realmente útil a los efectos de introducir nuevamente el discurso neoliberal del Estado mínimo garante de la seguridad individual, eliminando las construcciones colectivas y estigmatizando a las fuerzas de seguridad por su corrupción, la cual surge a raíz del mismo neoliberalismo y que se encuentra inmerso en cualquier estructura de poder jerárquica y permeable.

A modo de conclusión, resulta sumamente importante destacar tres aspectos en la construcción del relato: los intereses de los medios, la criminalización de los pobres y los inmigrantes, y el discurso neoliberal. La libertad de mercado y el vaciamiento del rol social de los medios como comunicadores y “denunciantes” de las irregularidades y abusos del poder, quedó opacado por los intereses desenfrenados de sus propietarios. Esto se ve acompañado de la necesidad de un “perejil”, que en este caso son los pobres y los inmigrantes, a quienes el neoliberalismo propugna, genera y rechaza, obviamente los resultados nefastos de la aplicación de las política de inequidad intentan ser ocultados de la manera más enriquecedora, culpando al pobre por ser pobre y al inmigrante por ser inmigrante, ambos fenómenos generados principalmente por la lógica capitalista y la globalización. En último lugar, el discurso de la eficiencia estadual, en contraposición de la inutilidad de un Estado interventor, al cual se intenta opacar con la autoconvocatoria vecinal, que consecuentemente genera un desprestigio institucional – hoy demostrada su falsedad con la creación del Ministerio-  lleva al común de la población a un descreimiento absoluto de las lógicas estaduales e institucionales, socavando un profundo abismo entre las lógicas democráticas participativas y la imposición mercantilista de la realidad.

Posteado por: museodegrandesnovedades | diciembre 24, 2010

Palermo 50 – Soldati 0

50 policías por un rumor parece mucho.

50 policías para detener una toma del rosedal parece muy poco.

De todas maneras, habiendo datos objetivos que indican que se había anunciado las tomas del indoamericano y la disposición de ningún policía en los días previos, es un indicador del aumento de la brecha lograda entre lo que este gobierno llama zona norte-zona sur.

Lo que es una constante es la búsqueda de la solución de los problemas sociales con represión sin ni siquiera intentar otra cosa previamente.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1336316

Operativo ante un rumor sobre la toma del Rosedal

Ante el rumor de nuevas usurpaciones de terrenos que podrían producirse hoy por la noche en el Rosedal de Palermo, el gobierno de la ciudad y la Policía Metropolitana dispusieron un operativo especial para prevenir nuevas tomas del espacio público.

“Va a haber Policía Metropolitana distribuida a esa zona atenta a lo que pueda ocurrir; estamos al tanto de ese rumor y de tantos otros que hablan de propiciar el caos el 24 a la noche”, dijo ayer una alta fuente de la policía porteña La Nacion.

El operativo contempla la asignación de unos 50 agentes de esa fuerza y de unos 30 patrulleros en Palermo, según indicaron fuentes oficiales. “Al rumor le damos la entidad que tiene un comentario de este tipo, pero estamos muy preocupados y muy atentos a lo que pasa, no sólo en la ciudad, sino también en el resto del país, donde este tipo de prácticas también están ocurriendo todos los días”, indicaron en el gobierno porteño. “Es cierto que sólo es un rumor, pero se enmarca en un contexto que sigue siendo muy inquietante”, se agregó.

Todo comenzó esta semana, después de los incidentes producidos en el club Albariño de Villa Lugano. cuando Juan Domingo Romero (“Jala”), un conocido habitante de la villa 31 y propietario de una radio en ese asentamiento, comentó al aire que habría un plan para ocupar tierras del Rosedal de Palermo el 24 por la noche.

Después de difundir esa información, que fue inmediatamente publicada por La Nacion al día siguiente, “Jala” fue objeto de una amenaza seria. Y ahora tiene miedo.

Según denunció Romero, anteayer recibió una carta escrita con un collage elaborado a partir de recortes de titulares de diarios en el que se lo amenazaba:

“Ortiva, buche de la televisión; hijo de puta, no somos de la villa, pero sabemos dónde vivís”.

Inquieto por el tono de la carta, intentó encuadrar el rumor acerca de una eventual usurpación del Rosedal, según su visión, en una disputa de poder. “Yo no sé cómo es la puja política entre el gobierno de la ciudad y el nacional, pero el rumor que me llegó es que una columna K quiere embarrarle la cancha a Mauricio, y eso que yo soy opositor a Macri”, explicó Romero, que protagonizó este año cortes en la autopista Illia para quejarse por las políticas del gobierno porteño en la villa.

“Jala”, como se lo conoce, es uno de los habitantes históricos del asentamiento de Retiro, donde funciona su radio El Milenio Continua y donde también es presidente de la asociación civil Los Principitos.

La semana pasada, Romero también dijo que los ocupantes del predio usurpado al borde de las vías del Ferrocarril San Martín, lindero de la villa, habían comenzado a vender lotes “en 10.000 pesos cada uno”. De esta manera, el referente de la villa reveló la existencia de un supuesto negocio inmobiliario detrás de las usurpaciones. Ese asentamiento sigue en pie.

“La verdad es que me equivoqué en largar ese rumor de las usurpaciones en el Rosedal al aire porque ahora me tienen amenazado”, dijo el referente social de la villa más conocida de la Argentina. “Vino un chico que trabaja acá y me comentó que había escuchado de su tía, que vive en una casa tomada, que existía ese plan para el 24 a la noche y yo lo comenté al aire”, añadió.

Según Romero, las versiones hacían referencia a una ocupación del Parque Tres de Febrero, supuestamente protagonizada por habitantes de casas tomadas e inquilinatos de la ciudad.

“Quiero dejar en claro que nunca hablé de que gente de la villa 31 iba a usurpar esos terrenos: el comentario es sobre personas que viven en casas tomadas e inquilinatos, pero no de la villa, eh”, dijo Romero, dado que sus vecinos le pidieron la aclaración.

En sus interpretaciones, “Jala” indicó que los habitantes de la villa están en mejores condiciones que quienes viven en una casa tomada, porque tienen la posibilidad de ingresar en un registro para una futura vivienda o un subsidio.

“Ante la necesidad, esa gente se prende en este tipo de cosas”, explicó.

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